Hoy más de 80 mil personas que entre 2024 y 2025 intentaron ingresar al Reprocann siguen en espera, según datos oficiales del gobierno argentino. La cifra se desprende de un informe firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y entregado al Congreso, donde se reconoce que hubo 72.439 trámites sin resolver en 2024 y otros 8.270 sumados este año. En paralelo y en el primer año de gestión de Javier Milei, la tasa de rechazo creció de 0,64% a 5,12%.
El total histórico y en vigencia del registro que permite cultivar y transportar cannabis en Argentina todavía se desconoce. La falta de transparencia, información pública y las declaraciones confusas desde el gobierno libertario llevaron, según sostienen especialistas, a que las personas no se quieran inscribir y, en el mejor de los casos, apuesten a los registros y proyectos de registro que florecen en las provincias frente a la inacción de Nación.
Los números oficiales de Reprocann paralizado
Según escribieron en el informe de gestión de Reprocann 2022, ese año un total de 137.630 personas intentaron ingresar a Reprocann. Y entre ellas, 4.913 fueron rechazadas, dejando una tasa de rechazo de 3.7%.
En 2023 no tuvo informe de gestión. Al menos público. Tan solo una gacetilla de prensa del Ministerio de Salud de la Nación el día 420 (20/4/23) en Argentina.gob.ar para anunciar la extensión de los permisos a tres años, donde se hablaba de “más de 200 mil pacientes aprobados para cultivo controlado”.
Ante la falta de información en 2024 integrantes de la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo (FACC) pidieron trabajar junto a la Auditoría General de la Nación (AGN) para evaluar la transparencia, cumplimiento y efectividad del programa de cannabis, pidiendo conocer con precisión estadística, presupuesto, recursos humanos, criterios y orden de aprobación, tiempos de espera, acciones para impulsar investigaciones en distritos, entre otras variables contempladas en la ley y las resoluciones que le siguieron. En AGN dieron lugar a las organizaciones, anunciaron el plan de trabajo por todos sus canales institucionales y redes sociales, pero hasta la fecha no produjeron ninguna información pública al respecto.
A septiembre de 2025 tampoco hay un informe público de Reprocann sobre lo que pasó en 2024, pero según reconocieron desde Nación semanas atrás, un total de 96.334 personas intentaron ingresar a Reprocann el año pasado. El informe, firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondía preguntas de diferentes legisladores sobre políticas de Nación, incluidas las del registro de cannabis y las políticas productivas ligadas a la planta.
En el informe del gobierno libertario precisaron que fueron aprobados 23.742 registros, hubo 153 rechazos y 72.439 quedaron en espera. También contaron que en lo que va de 2025 fueron aprobados 2.447 registros, rechazados 132 (elevando la tasa de rechazo de 0.64% a 5.12%) y sumando 8.270 más personas en espera. Si se suman 2024 y este año, siempre según datos oficiales, hay más de 80 mil personas que pidieron entrar en Reprocann y todavía no tuvieron respuesta.
“Hoy hay personas que les cortaron la posibilidad de seguir su tratamiento o iniciarlo en la revisión de un trámite que no debería tardar más de 45 días”, explica a Revista Mate, Brenda Maier, integrante del Observatorio de Cannabis de la Universidad de José C. Paz. “Hay mucha gente que no quiere estar en el Reprocann por temor a estar expuestos a las políticas de seguridad del gobierno. En vez de cuidar a la población, lo único que hacen es expulsarlas y que prefieran estar en la ilegalidad”, agrega Maier.
¿Cuántas personas están habilitadas en Argentina con Reprocann? A pesar de que legisladores le preguntaron de forma oficial por el Congreso a las autoridades nacionales por el dato, no hubo una respuesta del número total.
Declaraciones y confusión
El dato más actualizado de una fuente oficial sobre la cantidad de personas en Reprocann data del 13 de febrero de 2024. “Desde el gobierno de Alberto Fernández dieron 300 mil permisos para sembrar más 30 mil que podían sembrar para venderle remedios a otros”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich frente a las cámaras de TN para luego agregar: “Vamos a dar todo de baja. Vamos a empezar de cero, porque, digamos, hecha la ley hecha la trampa”.
La declaración de Bullrich, que había invocado al ministro de Salud, Mario Lugones y a Roberto Moro, secretario de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, sugería que el gobierno de Milei iba a frenar los permisos, algo que prontamente tomaron los diferentes portales de noticias como hecho casi consumado. A pocas horas, e incluso con la confirmación del vocero Manuel Adorni de que no se iba a cerrar, sino “reformular desde cero”, diferentes personas de las organizaciones cannábicas comenzaron a librar una lucha mediática para explicar la legalidad de los permisos y, nuevamente, contar cómo beneficia la planta a la vida de miles de personas en Argentina.
Desde febrero hasta agosto de 2024 no hubo más pronunciamientos ni declaraciones del gobierno nacional sobre Reprocann. Como es habitual en la gestión libertaria, habría que esperar al Boletín Oficial. Con la resolución 3132/24 Nación modificó el registro limitando el cultivo solidario a dos personas y estableciendo una serie de condiciones a las organizaciones que proveen del material vegetal y sus derivados a las personas inscriptas.
Entre los cambios de la nueva resolución se estableció que en las comisiones directivas de las ONG los integrantes no podían tener antecedentes penales vinculados a la ley de drogas; y que quienes quieran prescribir deben haber completado una diplomatura o maestría en uso de cannabis medicinal. Nada fue modificado de la parte de pacientes en cuanto a cantidad de plantas o capacidad de transporte. En este artículo lo analizábamos en profundidad.
El desmanejo con la información sobre Reprocann no ocurre en el vacío, en un videojuego o dentro de una planilla de cálculos. Impacta en la vida de las personas que usan la planta y que continúan siendo perseguidas por las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial. Incluso si cuentan con Reprocann habilitado. De hecho, y tal como te contamos en este artículo, 2 de cada 3 personas usuarias de cannabis en Argentina fueron requisadas, demoradas, allanadas o detenidas por la policía entre 2022 y 2023, aun teniendo registro de uso medicinal. Casi todas dijeron haber sufrido consecuencias como la interrupción de sus tratamientos, la pérdida de trabajo y la estigmatización, entre otras.
“Es un contexto peligroso porque existe una ley que creó Reprocann, resoluciones y una política sanitaria que en vez de abrirse a las personas que la necesitan las expulsa. Y no es una percepción personal. Hoy existen 15 universidades en Argentina que brindan capacitaciones en cannabis porque la ciencia está respondiendo a una demanda de las personas. ¿Dónde está el gobierno?”, opina y se pregunta Brenda Maier, desde el Observatorio de Cannabis de la Universidad José C. Paz.
Pero esto no termina. Y menos en los números.
Reprocannes por distrito
La paralización del sistema nacional Reprocann por la llegada del gobierno de Milei dejó a muchos pacientes y familias en riesgo. En un fiel reflejo de cómo se maneja Nación en otras políticas, su ausencia llevó a las organizaciones cannábicas, política partidaria y gobiernos provinciales a encontrar alternativas. Algunas aún en discusión.
La primera gran respuesta al gobierno libertario vino desde el sur. En octubre del año pasado, Chubut aprobó la “Ley Salomé” –nombre de una paciente de cannabis medicinal de esa provincia– para crear su registro de pacientes. Popularizado como “ReproChubut” el sistema patagónico habilita lo mismo que el registro nacional, pero solo rige para el territorio de Chubut. Quien salga de ese distrito de viaje puede enfrentar problemas con las fuerzas de seguridad.
La ley chubutense también creó la Agencia Chubutense de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal (ACCICANN), con autoridad para supervisar toda la cadena productiva, asegurando trazabilidad y control. Por ahora, la norma no fue reglamentada ni se encuentra operativa.
La segunda provincia en crear su registro fue Mendoza. En abril y con votaciones en ambas cámaras provinciales con casi la totalidad de votos afirmativos, crearon el Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial que permite lo mismo que el registro nacional y, al igual que Chubut, sienta las bases para el eslabón que permite el cannabis medicinal: el trabajo de las organizaciones, la investigación, la producción y la industria frente al congelamiento y luego cierre de ARICCAME. La iniciativa mendocina también espera su reglamentación, aunque fuentes vinculadas a la reglamentación anticipan que podría publicarse en los próximos días.
En los últimos meses distintos distritos aceleraron discusiones y proyectos para enfrentar el problema del Reprocann nacional. Tal fue el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), San Juan y Neuquén. En la provincia de Buenos Aires la gestión de Kicillof creó el Programa Provincial de Cannabis Terapéutico por resolución para garantizar el derecho a la salud de las personas usuarias del cannabis con fines terapéuticos, ofreciendo acompañamiento, evaluación y acceso dentro del sistema público de salud. Si bien no se trata de un registro de pacientes, si busca que organizaciones e instituciones comunitarias trabajen con profesionales de la salud pública para garantizar tratamientos con la planta y sus derivados.
En Entre Ríos, la reciente creación del Observatorio de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial está impulsando la redacción de un proyecto de modificación de la pionera ley 10.894, que en 2021 se aprobó por unanimidad en ambas cámaras y logró la sanción del primer registro provincial que permite el autocultivo con fines medicinales, terapéuticos y paliativos del dolor. Esa ley, cuatro años después, tampoco fue reglamentada.
Semanas atrás en Salta la Cámara de Diputados provincial dio media sanción al Registro Provincial de Pacientes Cannábicos, conocido como Reprocann Salteño, que crearía tres registros diferenciados: uno para pacientes, otro para organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la investigación, y un tercero para laboratorios, universidades y centros científicos. La propuesta prevé también regular la dispensa con receta médica dentro de un sistema controlado y trazable, integrado al Sistema Federal de Salud (SAFESA).
