Las personas encuestadas narraron cómo trabajan las fuerzas de seguridad: allanamientos sin orden judicial, requisas en la vía pública, detenciones arbitrarias, robos y coimas, entre otras tantas irregularidades. Incluso con personas inscriptas en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).
Entre 2022 y 2023, una encuesta permitió a 256 personas de diferentes partes de Argentina contar sus experiencias con las fuerzas de seguridad siendo usuarias de cannabis. La encuesta, ideada por tres organizaciones cannábicas (AUPAC, Ciencia Sativa y Acción Cannábica), cosechó datos y relatos claves para señalar la lógica punitiva y debatir políticas públicas en torno a la planta.
El prohibicionismo, las policías y su violencia como rutina
El 63% de las personas encuestadas dijo que al menos una vez fue requisada, demorada, detenida o involucrada en un allanamiento por tener cannabis; dice el informe con los datos que procesó la antropóloga e investigadora en política de drogas, Florencia Corbelle. Según respondieron, eran usuarias desde hacía más de 5 años y en su mayoría obtenían cannabis de su autocultivo. 2 de cada 3 tenían el Reprocann vigente o en trámite.
Siempre según contaron en el informe, los encuentros más frecuentes con las fuerzas de seguridad se dieron en la calle, los parques o en los controles policiales de la ruta. Casi la mitad (45%) dijo que ese encuentro llevó a que le privaran de la libertad al menos por algunas horas. Y casi la totalidad respondió que fue víctima de violencias: abuso policial, tortura, robo, amenaza, humillaciones, exposición pública, entre otras.
Una de las personas encuestadas contó que la requisaron agentes de Drogas Peligrosas, le secuestraron su aceite de CBD, 10 gramos de flores y debió pasar 18 horas detenida. “Convulsioné dentro de una celda con otros presos comunes”, detalló.
La espectacularidad de los allanamientos fue uno de los aspectos más señalados: despliegues desproporcionados de efectivos, uso de armas largas, escraches en medios locales y titulares amarillistas que presentan a la persona que cultiva como “un narco”.
Esta práctica de las fuerzas de seguridad venía siendo documentada por Corbelle en el artículo “Procedimientos policiales a personas que cultivan y producen derivados de cannabis en Argentina (2010-2020)”. En ese relevamiento se describe que el 15% de los casos registrados fueron procedimientos ilegales y que en más de la mitad de los allanamientos legales hubo robo de dinero, objetos y hasta plantas de cannabis.
El nuevo relevamiento, que toma un período con el Reprocann en vigencia, no es diferente. En 56% de los casos narrados hubo irregularidades graves: allanamientos sin orden judicial, robos de dinero, celulares o plantas, pedidos de coima para evitar la judicialización y armado de causas.
En los procedimientos en la vía pública, muchas veces los efectivos actuaron sin identificación y bajo amenazas. “La ley de drogas se usa para levantar operativos y justificar despliegues policiales que no persiguen grandes delitos, sino el control social de quienes eligen el cannabis”, señalan en el informe que realizó Corbelle.
“Me retuvieron mi medicina por alegar que estaba en formato ‘porro armado’, y que no estaba autorizado para transportar en dicho formato, sino en frasco. Amenazaron con llevarme preso”, dijo un encuestado anónimo.
“Entrando a una fiesta me dicen que aun con Reprocann no puedo ingresar el gramo de marihuana que tenía. El policía no sabía absolutamente nada del Reprocann. Decía que yo tenía autorizado transportar, pero cigarros armados”, contó otro participante.
Uno de los datos más contundentes del relevamiento es el papel que jugó el Reprocann en el encuentro con las fuerzas de seguridad. Aunque el 67% de las personas encuestadas estaba inscripta o en trámite, esperando aprobación del Ministerio de Salud, esto no impidió que fueran igualmente detenidas, requisadas o allanadas. A veces, por portar más cantidad de la permitida; otras, porque el trámite aún estaba en proceso; y en muchos casos, simplemente porque los policías desconocían o desoían la normativa.
Cicatrices en nombre de la moral
El 96% de las personas usuarias de cannabis respondió que el encuentro con las fuerzas de seguridad le trajo consecuencias en su vida:
- Discriminación y estigmatización social (66%)
- Conflictos familiares (49%)
- Dificultades económicas (30%)
- Ruptura de vínculos (26%)
- Problemas de salud (26%)
- Pérdida de trabajo (25%)
- Discriminación y estigmatización académica (23%)
- Discriminación y estigmatización deportiva (13%)
- Otro tipo de impacto como “miedo, secuelas psicológicas, traumas, angustia, estrés, aislamiento, abandono del espacio público como lugar de esparcimiento, robos, pérdida de tiempo, acoso policial, impedimento de salir del país, e imposibilidad de abastecer a las personas para las que producían” (13%).
Durante los allanamientos muchas personas sufrieron pérdidas que no volvieron a recuperar. “Me robaron herramientas que me costaron 8 años de trabajo comprar, además de ahorros en dólares, euros y pesos”, describió una persona.
Finalmente, a un tercio de las personas encuestadas les abrieron una causa y el 80% agregó que esas causas, que insumen importantes recursos del Estado, terminaron en sobreseimiento, archivo o prescripción. Entre otras variables, por los fallos que marcaron la inconstitucionalidad de las penas por consumo de drogas de venta ilegal: Bazterrica y Arriola.
Cuando el relato le da vida al dato
Las causas abiertas que recoge el relevamiento pueden leerse en el contexto de las estadísticas que publica la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Entre 2011 y 2024 se registraron 151.734 causas iniciadas por infracción a la ley de drogas, específicamente por delitos de tenencia: flores, prensado, semillas o plantas (los artículos 5º A y D de siembra o almacenamiento, y el artículo 14º de tenencia simple y tenencia para consumo personal). De ese total acumulado, el 70% fueron por consumo personal, el 14% por tenencia simple, el 6% por tenencia de plantas y el 3% por tenencia de semillas.
El 77% de esas más de 150 mil causas iniciaron por tareas de prevención de las fuerzas de seguridad, es decir, por motus propio. El resto llegaron por denuncias en comisarías o al Poder Judicial. Por eso, es clave poner el foco en las fuerzas de seguridad y las directivas políticas que siguen.
Varias personas dijeron que las fuerzas de seguridad no presentaron orden de allanamiento ni llevaron testigos para los procedimientos. “Me contaron plantas de más”, respondió una persona dentro del relevamiento.
En más de una década y con diferentes signos políticos y distintas políticas de seguridad, la persecución siguió el mismo camino y proporción. Puede verse una salvedad: en 2020, cuando la pandemia por COVID-19 impuso restricciones de circulación, bajaron las causas por consumo personal.
El relevamiento confirma lo que muchas organizaciones vienen denunciando hace años: la ley de drogas funciona como una herramienta de control social que criminaliza a quienes cultivan para su salud, a quienes usan cannabis en la intimidad, a quienes portan una flor o un porro en el bolsillo. Estas son las consecuencias reales de la persecución que se sostiene, con Reprocann o no, aunque las causas se caigan en los tribunales. Entonces, ¿cómo seguimos?
Además del retrasado debate por una reforma en la ley de drogas en Argentina, es clave que las autoridades de las fuerzas de seguridad se capaciten y sepan qué procedimientos seguir cuando la persona tiene Reprocann. En 2021 circularon comunicaciones internas entre las policías de Buenos Aires y luego de Santa Fe, por mencionar ejemplos.
Más adelante, en Santa Fe y a cuenta de la adhesión a la ley de desfederalización, desde la fiscalía aseguraron que capacitaron a fuerzas de seguridad y fiscales con la orden de no detener a personas con poca cantidad de droga encima. La decisión corrió en paralelo a los derribos de los mal llamados “búnkers”, difundidos por el gobierno provincial en redes sociales y medios de comunicación nutridos por la pauta oficial.
Desde que terminó el relevamiento en 2023 hasta hoy, mucho cambió. Un nuevo signo político lidera el Ejecutivo, aunque con Patricia Bullrich nuevamente como ministra de Seguridad. Sí: la autora de la campaña “Argentina sin narcotráfico” que ostenta fotos figurando contenta al lado de unas pocas plantas de cannabis.
Una vez más, pero ahora repitiendo “El que las hace las paga” y con un ensañamiento especial contra el Reprocann. En esta Argentina con promesas de libertades que avanzan, vale preguntarnos cuándo será el momento de reconocer la que reza el artículo 19º de la Constitución Nacional: “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.
Reducir riesgos y daños, siempre
Si sufriste algún tipo de violencia policial o institucional, podés denunciarla en la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) o en el servicio público de defensa de tu distrito.
Si tenés registro en trámite o aprobado en Reprocann es importante que, además de las constancias virtuales descargadas en tu dispositivo móvil, tengas siempre con vos copias físicas, incluidas el carnet.
Para evitar problemas con las fuerzas de seguridad por la ley de drogas en Argentina, podés leer este artículo.
