Un proceso con marchas y contramarchas
La norma (expediente n° 24.455) atravesó un proceso legislativo durante 2020 que culminó al llegar a la Cámara de Senadorxs, donde luego de tironeos internos por desfase de intereses, el proyecto terminó trabado. La discusión era si se le daba o no un cariz productivo a la ley, que había sido concebida desde el acceso a la salud, más que para la regulación de la actividad comercial.
Esa discusión llevó a que el proyecto sea nuevamente presentado con otro número de expediente (n° 24.789) y cambios cosméticos. Pese a los planteos de la oposición sobre la legitimidad de la jugada, el proyecto avanzó, siendo aprobado por unanimidad el 14 de abril en la cámara baja.
Aunque el interbloque Cambiemos votó positivamente el proyecto en lo general, se abstuvo de votar algunos artículos y propuso modificaciones en otros. La diputada Ayelén Acosta (PRO) destacó que el proyecto no deja en claro “cómo se controla la calidad del aceite de cannabis medicinal al que acceden los usuarios”.
Más adelante, la diputada lanzó sus dudas sobre las justificaciones que deben presentar las asociaciones civiles u ONG para inscribirse en el registro de cultivadorxs y sobre “el alcance del abastecimiento solidario” que ocurriría a través de estas organizaciones sociales.
Sobre el cierre de su alocución, la legisladora focalizó en el artículo 24, que hace referencia al testeo o análisis de los derivados de cannabis para uso terapéutico: “El testeo debe ser obligatorio y el Estado es el que debe realizarlo y garantizarlo”. Una mirada que choca con el espíritu del proyecto que busca ampliar derechos. En palabras de Silvia “Nené” Moreno (CREER), una de las autoras de la ley, “tenemos la fiel convicción de que el testeo debe mantenerse como un derecho y no como una obligación”.
Luego de la media sanción, Diputados giró el proyecto a la Cámara de Senadorxs, donde siguió su curso por la Comisión de Salud, Medio Ambiente Humano y Drogadicción, que le dio dictamen favorable.
Finalmente, llegó al pleno del Senado durante la 5° sesión ordinaria de la Cámara alta. Allí fue aprobado de forma unánime en lo general pero con rechazos del bloque Cambiemos a algunos capítulos del proyecto. Los votos negativos fueron en consonancia con los planteos que realizó el mismo bloque en la Cámara de Diputadxs. Votaron en contra de los capítulos 1°, 2°, 4° (por su art. 10), 5° (por sus artículos 12, 13, 14, y 15), 8° (por contener el art 21) y el 9° (por el art. 24).
¿Qué cambia?
En principio, Entre Ríos ahora cuenta con su propia Ley de Acceso al cannabis terapéutico, medicinal o paliativo del dolor. Andrés Bacigalupo, coordinador del grupo técnico de redacción de la ley, remarcó que “la ley prevé que los usuarios puedan inscribirse en un registro con base de datos totalmente confidencial. Se les otorga una certificación de usuario medicinal, para que sus plantas de cannabis se encuentren protegidas y garantizadas de cualquier intento de secuestro o imputación penal por parte de la autoridad”.
Otro punto que prevé el proyecto es la formación integral y obligatoria para trabajadores del Estado en materia de cannabis. Según se detalla en el artículo 18 de la ley, la Autoridad de aplicación “deberá convocar a un grupo interdisciplinario compuesto por especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil para brindar capacitaciones obligatorias en materia de cannabis para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, incluido el Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y Entes Autárquicos”.
En la farmacia o en la casa
Como vías de acceso que funcionan en paralelo, se habilita la venta en farmacias de formulaciones magistrales que allí se preparen y se prevé que les usuaries tengan autonomía para acceder al cannabis por vía del autocultivo. En díalogo con REVISTA MATE, Gustavo Gabbi, integrante de APAC comenta que “está previsto que se pueda contar con una certificación para validar la autorización al autocultivo, algo que es elemental en un contexto como el actual de criminalización”.
Gabbi también detalló que el proyecto “contempla la posibilidad de hasta 3 domicilios para autocultivar o proveer solidariamente a un tercero y no establece un límite de plantas”. Este artículo fue ampliamente debatido pero se sustenta en las complicaciones del cultivo y la necesidad de materia vegetal suficiente como para tener un backup ante insectos, plagas, hongos, cogolleros, errores en el cultivo, etc. Para sostener realmente una terapia, es clave disponer de la medicina en situaciones que pueden ser críticas.
La redacción autoriza a asociaciones civiles y fundaciones para poder cultivar abasteciendo solidariamente a sus socies. Sobre este punto Gustavo afirma: “que estén autorizadas a cultivar para sus asociados es interesantísimo por la característica comunitaria de esa acción”.
El activista de APAC, remarcó la importancia de que todas estas vías estén contempladas, “al autorizar autocultivo, cultivo solidario y cultivo comunitario de organizaciones se estaría autorizando y garantizando de esa manera el acceso a la salud de un montón de personas que ya se proveen de esta forma, pero en la clandestinidad por la ilegalidad y la persecución”.
El artículo 24 intenta resolver la falta de información sobre la calidad de los aceites u otros derivados del cannabis. Lejos de una obligación que trabe el acceso al cannabis, el testeo se presenta como un derecho para les usuaries que precisan información certera sobre los compuestos presentes en los fitopreparados cannábicos.
Favorecer a la economía regional y social
En algunas provincias como Jujuy o Misiones, se legisló para autorizar únicamente el cultivo medicinal a través de la creación de una empresa mixta con participación estatal. En Entre Ríos, se deberá favorecer la protección de las economías sociales, populares y regionales. Sobre este punto, Gustavo Gabbi adelantó que “cooperativas y mutuales tendrán la posibilidad de cultivar. La verdad es muy importante que se abra esta puerta, para que exista un fomento a los pequeños y medianos productores”.
La ley entrerriana abre el juego a la producción estatal, habilitando la constitución de empresas mixtas con mayoría estatal. También autoriza a los organismos de ciencia y tecnología dependientes de otros niveles de gobierno, laboratorios públicos y centros de investigación, a cultivar a través del otorgamiento de licencias. Explícitamente se restringe la participación de sociedades comerciales, a excepción de las farmacias que podrán preparar aceites.
