Allanamientos, plantas secuestradas, detenciones, cogollos que se pudren sin poder ser peritados y causas que se extienden durante años. La película del sistema penal argentino frente a las personas que usan o cultivan sigue esta ineficiente y triste secuencia que termina, en la mayoría de los casos, con pocas condenas y muchas consecuencias para las personas: pérdida de trabajo, vínculos, salud.
Para reconstruir las escenas perdidas que van desde el inicio de una causa hasta su cierre, la investigadora Florencia Corbelle publicó en la revista Delito y sociedad de la Universidad Nacional del Litoral del año pasado un artículo llamado Procesamientos judiciales a personas que cultivan y producen derivados de cannabis en Argentina (2010-2020).
El trabajo analiza 49 casos ocurridos en una década atravesada por el crecimiento del debate público sobre la política de drogas, el último gran intento de reforma de la ley de drogas y la aprobación de la ley de cannabis medicinal en Argentina. Si, todo eso pasó en los mismos 10 años.
La base sobre la que investigó Corbelle surgió de registros del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa), el Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA) y el colectivo Libertad a presas y presos por cannabis (LPPC). De los 49 casos relevados, 42 derivaron en causas judiciales que involucraron a 64 personas en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y once provincias.
La investigadora combinó análisis de expedientes, entrevistas a personas afectadas, familiares y defensores, y el seguimiento de la cobertura periodística. Al final de todo, solo 17 causas llegaron a juicio y apenas 8 terminaron en condena, en su mayoría mediante juicios abreviados, pero ninguna surgió de un debate oral completo.
Lo que si registró Corbelle, y coincide con el relevamiento de las organizaciones cannábicas argentinas de 2025 del que escribimos en este artículo, es que más de la mitad de las personas estuvo detenida al menos algunos días y cerca de un tercio atravesó prisión preventiva. La mayor parte de los expedientes terminó en sobreseimientos, archivos, prescripciones o falta de mérito.
El trabajo de Corbelle, de gran detalle a pesar de la corta extensión que tienen este tipo de publicaciones para revistas científicas, reconstruye cómo se armaban estas causas y qué deja el paso por el sistema penal en personas que, en muchos casos, no estaban vinculadas al comercio ilegal sino al consumo personal, el autocultivo o la producción con fines terapéuticos y solidarios.
Armar una causa por autocultivo
Siempre según describe Corbelle en el artículo, el recorrido de las causas por la ley de drogas en Argentina suele empezar con un allanamiento o una requisa policial. En varios casos, el origen es una denuncia anónima, una observación informal o una intervención basada en indicios débiles. A partir de ese procedimiento inicial, el sistema penal debe construir una hipótesis de delito.
En la etapa de instrucción, donde muy pocas veces las defensas piden la nulidad de la investigación por más irregular que haya sido, el foco se pone en tres cuestiones: si la sustancia secuestrada es ilegal, qué cantidad hay y cuál era su destino.
Como la ley de drogas actual no fija cantidades que diferencien con claridad consumo, tenencia o comercialización y es ambigua, el proceso se apoya en peritajes que, las veces que pueden hacerse, miden el contenido de THC, calculan dosis potenciales (no sin un sesgo importante respecto a las dimensiones de “una persona promedio”) o evalúan la capacidad germinativa de las semillas. Eso si pueden por el estado de lo que la Policía recolectó como evidencia.
Desde esa parte de la trama el proceso se dedica a definir si la persona era usuaria o vendía, llamando testigos, pidiendo pericias médicas, etc. El camino hacia el juicio que nunca llegará se construye más sobre quién es esa persona que sobre un hecho concreto.
“El eje se corre del acto para poder esclarecer en cuál de las opciones propuestas por la ley cabe mejor el actor. Lo que se pone en tela de juicio, antes que el hecho, es la subjetividad del imputadx”, escribió Corbelle.
En los casos analizados por la investigadora las cantidades incautadas suelen ser reducidas y no aparecen elementos típicos del comercio ilegal, como redes de distribución, registros de ventas o movimientos de dinero. Pero sí las acciones propias de las personas usuarias y cultivadoras para sí u otras personas. Con el paso del tiempo, las causas pierden fuerza o directamente se caen.
Entonces, ¿para qué todo esta historia?
“El objetivo de este tipo de acciones es la detención de las personas y la incautación de estupefacientes para comunicar a los vecinos y, en general, a la sociedad que se está combatiendo el narcotráfico, aun cuando las condenas son escasas por la morosidad del sistema penal, la escasa cantidad de sustancia y la ausencia de más pruebas sobre comercio”, señala Corbelle y alerta sobre los costos de mantener la actual ley de drogas: los operativos policiales, los peritajes, las detenciones y los años de trámite judicial.
Para Corbelle, en la aplicación de la ley de drogas se dilapidan recursos públicos persiguiendo y criminalizando personas cuyas causas terminan en la nada, pero que sí tienen graves consecuencias en sus vidas. Su investigación menciona impactos negativos en lo económico, laboral, familiar y de salud que persisten aun cuando el expediente se cierre sin condena.
Según la investigadora, es habitual que estás personas sufran pérdidas de trabajo, endeudamiento para afrontar la defensa, interrupción de tratamientos médicos, conflictos familiares y efectos psicológicos posteriores a los allanamientos forman parte de un daño que el sistema produce pero no repara. Y en algunos casos, aleja a las personas del activismo que suele servir de red de contención para quienes son criminalizados y criminalizadas por usar drogas en Argentina.
Revista Mate dialogó con la autora de la investigación.
:- ¿Qué sentías que era necesario documentar con este artículo que noera tenido en cuenta en el debate por una nueva ley de drogas?
Lo valioso de este tipo de investigaciones es que revela que las prácticas de la Justicia y las fuerzas de seguridad no son aisladas sino recurrentes y en todo el país. Si bien se inicia con una base de datos de las organizaciones cannábicas, verificamos que se repiten las mismas formas. Es un aporte para quienes quieren trabajar en una regulación integral y no cuentan con datos que no aparecen en las estadísticas oficiales.
Para las personas que pudieron contar lo que vivieron también puede haber sido reparador. Muchas atravesaron los primeros años en soledad, cuando el activismo recién comenzaba. Las organizaciones cumplieron un rol clave de acompañamiento legal, público y mediático.
Además, las consecuencias fueron económicas, vinculares y de acceso a la salud. Un allanamiento en un momento crítico de una enfermedad puede poner en riesgo la vida. De hecho, tres personas del relevamiento ya fallecieron.
:- ¿Qué fue lo que más te impresionó al conocer estos casos?
Me impactó la violencia de algunos allanamientos y el impacto en los proyectos de vida. Casi la mayoría de las personas entrevistadas sufrió síntomas de estrés postraumático. Muchas perdieron trabajos, vínculos, oportunidades académicas o parejas. Y aunque la causa luego se caiga, ese daño muchas veces es irreversible.
:- ¿Qué ocurre con quienes cumplieron prisión preventiva y luego no fueron condenados?
Hubo personas que estuvieron en prisión preventiva en unidades penitenciarias y otras en sede policial o con arresto domiciliario. En algunos casos se restituyó el material secuestrado, pero en general no hay reparación. Algunas personas evaluaron iniciar demandas, pero suelen ser procesos difíciles y con pocas chances de prosperar.
Además, quienes pasaron años detenidos muchas veces aceptan juicios abreviados porque garantizan una salida más rápida que esperar un debate oral.
:- ¿Serviría fijar cantidades en la ley?
La ambigüedad actual otorga mucha discrecionalidad al Poder Judicial, pero el problema también es que no se cuestiona el accionar de las fuerzas de seguridad. Incluso cuando la defensa pide la nulidad por irregularidades, esos planteos suelen ser desestimados.
En la práctica, el esfuerzo se dirige a demostrar quién es la persona y no qué hizo. En otros países, fijar cantidades no redujo la persecución. Una alternativa es avanzar hacia una regulación integral del cannabis, con límites administrativos pero sin criminalizar su superación.
:- ¿La persecución aleja a las personas del activismo?
No fue la mayoría, pero sí un número importante. Algunas personas decidieron bajar su exposición o dejar de participar, especialmente en localidades pequeñas donde habían quedado identificadas como referentes y sentían que eran un blanco permanente.
Reducir riesgos y daños, siempre
Si sufriste algún tipo de violencia policial o institucional, podés denunciarla en la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) o en el servicio público de defensa de tu distrito.
Si tenés registro en trámite o aprobado en Reprocann es importante que, además de las constancias virtuales descargadas en tu dispositivo móvil, tengas siempre con vos copias físicas, incluidas el carnet.
Para evitar problemas con las fuerzas de seguridad por la ley de drogas en Argentina, podés leer este artículo.
