El 27 de octubre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el Decreto 1138, una medida que autoriza la venta de flor seca de cannabis con fines medicinales en farmacias, un paso que parecía inalcanzable hace apenas una década y que, sin embargo, llega después de varios intentos fallidos, promesas truncas y años de tramitomanía.
La norma reconoce por primera vez a la flor seca como “producto terminado”, lo que permite su comercialización en establecimientos farmacéuticos habilitados, siempre bajo prescripción médica. Con este cambio, Colombia dejará de ser un país que solo exporta cannabis o lo trata como materia prima: luego de la reglamentación podrá producir, vender y consumir internamente con control sanitario.
El decreto que desde hace semanas capta la atención de la comunidad cannábica internacional, establece una ventana de dos años de exclusividad para productores nacionales con licencia. Solo capitales colombianos —micro, pequeños y medianos cultivadores— podrán abastecer el mercado interno durante ese período. El objetivo es proteger y reconocer a las economías locales y reducir las barreras históricas de acceso al mercado legal, muchas veces inalcanzables por los costos o la complejidad burocrática.
Además, el gobierno dio cinco meses a los ministerios de Justicia, Salud y Agricultura, junto al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), para definir los estándares técnicos: niveles permitidos de tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD), empaques, guías de buenas prácticas, trazabilidad de los productos y protocolos de venta.
En teoría, antes del 27 de marzo de 2026 las farmacias podrían comenzar a dispensar flores de cannabis con fines terapéuticos. Pero, como suele ocurrir cuando se trata de cannabis, entre el decreto y su puesta en marcha hay mucho trabajo por hacer.
Promesas de una nueva relación con la planta de cannabis
En el papel, la medida parece atender a una demanda histórica del movimiento cannábico y del sector productivo. En la práctica, la ejecución dependerá de un engranaje estatal que ha demostrado lentitud y descoordinación. Oswaldo Beltrán Torres, periodista especializado en drogas y director del podcast Mínima Dosis, lo explica con una mezcla de entusiasmo y escepticismo: “Faltan los requisitos técnicos. Aquí el gobierno lo único que hace es reglamentar y le tira la pelota a los ministerios para que ellos hagan las cosas técnicas. Todavía falta ver el contenido de CBD y THC para la flor, una guía de buenas prácticas y un mecanismo de trazabilidad. Lo que se teme es que haya barreras en la implementación, trámites burocráticos o que el siguiente gobierno tumbe el decreto”.
Petro atraviesa la segunda mitad de su mandato y el desgaste político del gobierno es evidente. Su gobierno no ha logrado construir mayorías estables en el Congreso y en 2024 su coalición sufrió un revés clave: se cayó el debate de reforma constitucional para regular el uso adulto de cannabis. Ese fracaso anticipa el clima en el que se moverá este decreto: un Ejecutivo con iniciativa, pero sin los votos suficientes para blindar sus reformas.
Beltrán apunta también a los desafíos culturales. Aunque la ley se circunscribe al uso medicinal, las resistencias sociales siguen siendo fuertes. “Durante muchos años, por la tradición colombiana, hubo incluso un comercial que decía la mata que mata. Eso nos dañó mucho —dice—. Las discusiones tienen que ser muy bien articuladas porque la mentalidad sigue siendo muy prohibicionista”.
El decreto colombiano se inscribe en una línea de continuidad con el cambio de enfoque que Petro impulsa desde su llegada al poder. En 2023, su gobierno derogó las multas por porte de dosis mínima de drogas –Colombia permite desde 1986 la tenencia para consumo personal con precisión de peso y sustancia–, una decisión que desarmó la política punitiva impuesta durante el gobierno de Iván Duque y que había permitido a la policía incautar marihuana incluso en cantidades legales.
Aquella decisión, tal como escribió Guillermina Ferraris en este artículo, marcó el punto de inflexión de una política de drogas menos policial y más sanitaria. La nueva regulación sobre la flor de cannabis medicinal profundiza esa dirección: apuesta por la regulación, la salud pública y la inclusión de productores locales, más que por la represión.
De la fiebre del “oro verde” a la tramitomanía
Para entender el impacto del nuevo decreto hay que retroceder al 2016, cuando Colombia aprobó la ley 1787 que dio marco legal al cannabis medicinal. En ese entonces se hablaba del “oro verde”, una promesa de reconversión productiva que, sin embargo, derivó en un entramado de licencias costosas, burocracia interminable y un mercado interno inexistente; porque la ley nunca habilitó ni reglamentó la venta local de productos de cannabis medicinal.
Luisa María Patiño, abogada y fundadora de Legislarte, fue testigo de ese proceso. Desde su firma asesoró la primera exportación comercial de flor psicoactiva en 2021 y más de sesenta proyectos productivos en el país. “En ese momento se hablaba del oro verde. Se generó una especulación gigante, con licencias que se vendían por millones de pesos. Muchos hipotecaron sus casas creyendo que se iban a hacer ricos”, dice y completa: “Pero la regulación prohibía exportar flor y el mercado interno no existía. Pensamos la industria como si fuera farmacéutica y no agroindustrial. Desvinculamos la planta del campo y eso encareció todo 80 veces más”.
Según explica Patiño, la primera gran reforma llegó con el Decreto 811 de 2021, que corrigió errores graves del marco inicial: permitió la exportación de flor, redefinió al pequeño cultivador y eliminó restricciones injustas contra personas con antecedentes penales vinculados al narcotráfico. “Era una cadena perpetua disfrazada de norma. Por fin se reconoció que quienes cultivaron históricamente la planta no podían seguir siendo excluidos del nuevo mercado. Pero la tramitomanía sigue igual: en Colombia todo requiere un proceso, una ventanilla, un sello. Regulamos no para permitir, sino para prohibir a punta de trámites”, señala la abogada.
A pesar de los avances, Patiño advierte que el sistema financiero continúa cerrado para la industria. Los bancos locales no abren cuentas a empresas de cannabis por su vínculo con entidades estadounidenses, y solo el BBVA —de capital europeo— acepta algunas operaciones bajo controles estrictos. “Sin bancarización no hay industria”, resume.
Entre la norma y la realidad
El decreto de octubre busca corregir ese desfase histórico: abrir el mercado interno y reconocer la flor como producto medicinal. Pero la historia de la regulación del cannabis en Colombia está llena de buenas intenciones que nunca llegaron al territorio. La abogada insiste en que el éxito dependerá de una implementación que mire la realidad rural y no un modelo importado: “Cuando se pedía una licencia en el Cauca, los funcionarios decían que no podían ir a visitar el predio porque era una zona roja. Sin esa visita no había licencia. Entonces la transición a economías lícitas fue imposible. Si vamos a regular, tenemos que hacerlo basados en la realidad del país, no en lo que quisiéramos que fuera”.
Esa brecha entre la norma y el territorio se mantiene. Aunque Colombia llegó a tener más de nueve mil licencias, hoy apenas un centenar de empresas siguen activas y ninguna ha recuperado su inversión. La mayoría produce para exportar extractos o cosméticos con bajo contenido de THC, mientras el mercado nacional sigue vacío.
Productores de cannabis con atención en la reglamentación
Para quienes producen la planta en Colombia, el decreto abre una oportunidad largamente esperada, aunque no exenta de incertidumbre. Nikolai Vega, representante de la cadena productiva de cannabis de Cundinamarca (el departamento donde está Bogotá) y de la mesa cannábica Mariacachaca, celebra el anuncio con cautela y explica: “Desde todos los gremios se recibe de una manera muy positiva. Estábamos esperando esta noticia desde hace años. Pero también hay incertidumbre por los vacíos del decreto. Es fundamental que los ministerios y organismos como el ICA y el INVIMA estén bien articulados para implementar la regulación en los próximos cinco meses”.
Vega dice que la norma debería ser inclusiva y reconocer el trabajo previo de las grandes y pequeñas empresas que han sostenido la industria, muchas de las cuales sobreviven con stock acumulado por falta de canales de venta. “Hay empresas grandes que han hecho desarrollo y exportan flor a Europa o Norteamérica. Ellas deben liderar la transferencia de conocimiento a las comunidades y nuevos actores. Pero también el Estado debe asegurar que los pequeños cultivadores no queden afuera por los costos o las exigencias técnicas. Esa es la clave”, insiste el dirigente.
Finalmente, pone el foco en otro punto crítico: la falta de formación médica. “Hoy los pacientes deben recurrir a tutelas para acceder a su medicina. Hay muy pocos médicos que recetan cannabis porque no lo ven en sus planes de estudio. El gobierno tiene que capacitar a los profesionales de salud si quiere que esta norma funcione”, advierte. De hecho, buena parte de profesionales de la salud cursan presencial o virtualmente ofertas académicas en otros países. Entre otros, Argentina.
El movimiento cannábico también en guardia
Del lado de las organizaciones sociales, el anuncio se vive con expectativa pero también con desconfianza. Ana Cristina Ramos, referente de Mujeres Cannábicas de los Andes (MUCA), celebra el espíritu de la medida, aunque teme que la reglamentación no llegue a tiempo: “Hay pocas expectativas de que el reglamento esté listo antes de que termine el mandato de este gobierno y podamos disfrutar de una ley que beneficie a la comunidad. Hay muchas ganas de movilizar y empezar a generar puntos de venta y espacios seguros, pero sabemos cuál es la postura de la oposición y de muchos sectores que todavía creen en el prohibicionismo”.
Para Ramos, la discusión no puede reducirse al plano técnico. Se trata de un debate cultural de fondo: quiénes pueden acceder, cultivar y decidir sobre la planta. “Durante años, las comunidades cultivaron en la ilegalidad y hoy siguen siendo miradas con sospecha. El reto no es solo vender flor en farmacias, sino construir una política que respete la historia del cannabis en los territorios”, plantea.
El movimiento cannábico colombiano, que desde hace más de una década organiza marchas, ferias y clubes de cultivo, ve en este decreto un paso intermedio hacia la regulación del uso adulto, un tema que Petro ha insinuado en varias ocasiones, pero que aún no tiene consenso político.
Regular no es prohibir
Colombia llega a este punto después de casi diez años de leyes, decretos y correcciones que, según Patiño, nunca lograron consolidar una política coherente. La abogada insiste en que el país sigue regulando “desde los ojos del miedo”. Y agrega: “Las reglamentaciones en Colombia se hacen para prohibir. Tenemos leyes sin reglamentar, como la del cáñamo, que lleva años esperando. Falta un cambio de paradigma: pasar del control al acompañamiento”, dice.
El debate no es menor. Mientras Uruguay, Canadá y Alemania avanzan en modelos integrales de regulación, contemplando el uso adulto, Colombia sigue atrapada entre la promesa de una industria verde y la sombra de la guerra contra las drogas. El nuevo decreto podría ser el puente entre ambos mundos: una regulación sanitaria que reconozca la realidad de los territorios y devuelva legitimidad a quienes históricamente cultivaron la planta.
En las calles de Bogotá, Medellín o Cali, el cannabis ya circula hace tiempo por fuera de las farmacias. Existen clubes, coffee shops y dispensarios informales donde las personas usuarias acceden a la flor sin receta ni licencia. Vega lo reconoce: “La comunidad ya implementó su propia regulación. Hay clubes y sitios donde se puede tener acceso al cannabis de manera segura. El Estado llega tarde. Veremos cómo lo hace”.
El desafío, entonces, no es solo normativo, sino político: ¿podrá el Estado incorporar esa realidad sin criminalizarla? ¿Será capaz de construir confianza con los productores y personas usuarias? ¿Qué rol ocuparán profesionales de la salud?
Como resume Patiño: “No se trata solo de habilitar licencias o abrir farmacias, sino de cambiar la mirada con la que el Estado y la sociedad se relacionan con la planta”.
