Un gobierno que desarma políticas sanitarias acaba de hacer algo que la salud pública argentina venía evitando hace quince años: regular los vapeadores. Analicemos antes de celebrar o repudiar automáticamente. La resolución 549/2026 levantó la prohibición de importación y comercialización que regía desde 2011 en un país donde el 35,5% de estudiantes de escuela secundaria ya probó un vapeador alguna vez en su vida, según el último estudio de SEDRONAR.
La regulación llega con la firma de un gobierno que redujo el presupuesto de prevención del tabaquismo de 303 a 12 millones de pesos en dos años. La medida puede ser, al mismo tiempo, una mejora respecto de una prohibición que no funcionaba y una victoria silenciosa para la industria tabacalera que viene presionando por este modelo en toda la región.
La resolución hace cosas concretas y, en general, sensatas. Establece un límite máximo de 20 mg/ml de nicotina en los líquidos, prohíbe todos los saborizantes excepto tabaco, obliga a una advertencia sanitaria que ocupe el 50% de cada cara del envase, restringe la publicidad y exige declaración jurada de composición a importadores y productores.
Por primera vez en quince años existe un marco que permite controlar qué se vende, con qué pureza, a qué edad. Eso es mejor que la prohibición anterior, que delegaba el mercado al contrabando que llena vitrinas en los kioscos. La resolución no dice nada sobre el destino de los impuestos recaudados, que podrían destinarse a campañas de prevención, al fortalecimiento de programas de cesación tabáquica y a esfuerzos de reducción de riesgos y daños.
La nueva norma es una regulación del mercado, pero sin una política sanitaria consecuente.
Vapeadores: ¿puerta de entrada o de salida?
El argumento más fuerte del discurso prohibicionista actual sostiene que el vapeo es la “puerta de entrada” al cigarrillo convencional. Distintos artículos de los últimos días lo atribuyen a una investigación del CEDES. Conviene mirar de cerca esa evidencia porque la estructura del argumento es conocida: se usa hace décadas la idea de la marihuana como puerta de entrada.
Hay un estudio longitudinal real del grupo del CEDES, pero es mexicano: Lozano y colegas, publicado en 2017, siguió a los mismos adolescentes durante veinte meses y encontró que quienes habían probado cigarrillos electrónicos tenían más probabilidades de probar cigarrillos después. Más probabilidades, no causa. Que dos cosas aparezcan juntas no significa que una produzca la otra: en verano se vende más helado y se queman al sol más personas en la playa, pero el helado no causa las quemaduras.
Hoy sabemos que los cigarrillos electrónicos pueden ser una puerta de salida. No la primera opción, pero sí efectiva. Así lo muestra la revisión sistemática más reciente que se publicó en enero de 2025 y concluyó que los cigarrillos electrónicos con nicotina ayudan a dejar de fumar más que los parches y los chicles tradicionales. Esa revisión fue hecha bajo el método Cochrane (una síntesis sistemática de todos los estudios científicos publicados) que llegó a una conclusión que tiene la jerarquía más alta de evidencia confiable.
Un 35% de pibes en educación secundaria que vapeó alguna vez es un dato para prestar atención. Lxs adolescentes son una población vulnerable y la nicotina es una sustancia adictiva. Estos resultados son la demostración del fracaso del enfoque prohibicionista.
La presión de las tabacaleras
No se puede pasar por alto el trabajo de Salud con Lupa, The Examination y El Clip documentando en 2024 cómo Philip Morris International transfirió 140 millones de dólares a la Fundación para Un Mundo Libre de Humo, organización que financió a su vez a una red iberoamericana de “asociaciones de vapeadores” agrupadas bajo ARDT Iberoamérica, incluyendo capítulos locales en Colombia, México y otros países de la región. El lobby existe, está documentado, mueve guita y busca incidencia.
Hay evidencia de la influencia del lobby tabacalero en la región, pero no hay elementos aún para afirmar que esta regulación sea producto directo de ese lobby tabacalero en Argentina. De todas maneras, tenemos que preguntarnos por qué un gobierno que desfinancia la prevención del tabaquismo adopta justo el modelo regulatorio que la industria viene pidiendo en la región.
Los argumentos de reducción de daños fueron adoptados por la industria tabacalera. Nos tenemos que hacer una pregunta inevitable: Una regulación que controla el mercado a la medida del actor interesado más poderoso pero abandona la política sanitaria, ¿será más efectiva que los quince años de prohibición que acaban de fracasar? Lo veremos en los próximos años, pero mientras tanto podemos mirar las experiencias internacionales.
Lo que funciona en otros países
Regular en lugar de prohibir tiene respaldo en la experiencia de varios países. Suecia redujo el tabaquismo del 15% al 3,7% en quince años combinando reducción de daños y disuasión fiscal: en noviembre de 2024 subió 9% el impuesto a los cigarrillos y bajó 20% el del bolsitas de nicotina. En diciembre del mismo año, el Parlamento sueco adoptó formalmente la reducción de daños como política de Estado a nivel sanitario.
Nueva Zelanda alcanzó las tasas más bajas del mundo occidental con 6,8% de prevalencia, y aún con cambios del gobierno recientes, mantiene: la prohibición de desechables, las restricciones a la venta cerca de escuelas y el acceso a vapeadores regulados para fumadores adultos.
Ninguno de esos países llegó ahí prohibiendo. Llegaron integrando regulación legal, impuestos diferenciales, campañas masivas y sistemas de salud pública que ofrecen alternativas. La regulación reciente en nuestro país tomó una sola parte: las reglas para el mercado.
Argentina recorrió un camino que probó su fracaso durante 15 años y ahora apuesta por una regulación del mercado sin política sanitaria. Lo que falta es ubicarse en el medio del espectro de las políticas de drogas, donde están Suecia, Nueva Zelanda y Reino Unido: regulación estricta, inversión sanitaria y campañas preventivas. Reducción de daños como política pública integral.
