“La primera inteligencia artificial de América Latina para orientar a padres y docentes en temáticas de salud mental”, anunció el 26 de marzo el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos en una reunión abierta y con amplia cobertura mediática. Dos días después los funcionarios a cargo salieron a realizar varias aclaraciones pues -lejos de tener el recibimiento que quizá ese gabinete proyectó- la noticia generó un repudio unánime de organismos muy diferentes entre sí.
Más de 20 organizaciones entrerrianas y hasta de alcance nacional se pronunciaron señalando múltiples argumentos que ponen en evidencia las paradojas de este flamante anuncio. Entre ellas, la Federación de Psicólogxs de la República Argentina, la Asociación Argentina de Salud Mental, los colegios profesionales de psicología, terapia ocupacional y trabajo social, dos sedes de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria de Entre Ríos, la asociación de psiquiatras de la provincia, facultades y cátedras de las universidades públicas regionales, asociaciones gremiales tanto de salud como de educación, referentes del campo así como el colectivo de trabajadorxs organizadxs a través de la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos.
Un detalle no menor: una semana antes de estrenar esta noticia, se había conformado la nueva comisión del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental de Entre Ríos, un organismo que la propia Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 -y las respectivas leyes provinciales- creó, justamente, para monitorear y asegurar que el diseño de las políticas públicas en materia de salud mental se realice de acuerdo con estándares éticos y técnicos de calidad y con perspectiva de derechos humanos. A su vez, este organismo garantiza la pluralidad de voces en la construcción de respuestas en clave de salud mental.
En esa primera reunión, se presentaron las entidades participantes que representan a usuaries y familiares del sistema de salud, sindicatos, ámbitos académicos, asociaciones y colegios profesionales.
En esa primera reunión, convocada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos y que contó con la presencia del secretario de Salud y del director general de Salud Mental, se destacaron los principales ejes de intercambio abordados: “los avances en la conformación de la Comisión Interministerial de Salud Mental; el acceso a condiciones de trabajo por parte de las personas usuarias de servicios de salud mental; y las condiciones laborales de quienes prestan funciones en centros de salud y hospitales de la provincia”.
Siete días después, prácticamente todos los sectores representados en este Consejo, y muchos más, se expresaron en rechazo a la noticia de Ori, “la primera inteligencia artificial de América Latina para orientar a padres y docentes en temáticas de salud mental”.
Esta cronología tal vez un poco tediosa nos abre varias preguntas: ¿Por qué el Ministerio de Salud de Entre Ríos decide avanzar en el diseño y puesta en marcha de una respuesta en materia de salud mental de forma inconsulta? ¿Por qué, habiendo numerosxs especialistas en la provincia formados y sensibilizados en salud mental, salud pública y derechos humanos, convocaron a un consultor de afuera? ¿Cuánto costó el diseño y la implementación de esta IA? ¿Y cuánto está invirtiendo este gobierno provincial en materia de salud pública y salud mental? ¿Y en políticas educativas para acompañar la tarea docente? ¿Por qué tuvieron que salir a aclarar tantas veces de qué se trata esta innovación?
“¿Por qué el Ministerio de Salud de Entre Ríos decide avanzar de forma inconsulta?”
Y también, ¿qué argumentos se desplegaron entre quienes nos pronunciamos en rechazo a esta herramienta? Desplegaremos estos argumentos, y quizá con ello podamos responder varias de estas inquietudes.
La salud mental en el ojo de la tormenta
Pero antes, nos interesa recuperar una pregunta que puede no ser obvia para quienes están un poco alejados de los debates en estos territorios -funcionarios de gobierno incluidos-. Y es, ¿por qué una ley que regula el campo de la salud mental necesita de organismos que velen por su cumplimiento?
Antes de la Ley N° 26.657, a nivel nacional contábamos con la Ley N° 22.914 de internaciones psiquiátricas. No teníamos ningún instrumento jurídico que hablara en otra clave que no sea: deficiencia mental, toxicomanías, internaciones. En 15 artículos, de los cuales varios eran de contenido administrativo, pretendía resolverse un asunto de tanta complejidad como todo lo que implica pensar -e implementar- políticas públicas en salud mental.
No teníamos, o sí pero sólo en algunas provincias, algún ordenador que conceptualizara y proyectara qué hacer con todas aquellas personas y grupos sociales que pudieran atravesar algún padecimiento subjetivo, o bien qué hacer para proteger nuestra salud mental. No teníamos tampoco una herramienta jurídica que protegiera a las personas con consumos problemáticos de ser catalogadxs como delincuentes y desde allí justificar encierros y condenas disfrazadas de medidas curativas o educativas bastante siniestras.
Recién en 2010 logramos un consenso: la Ley Nacional de Salud Mental, que por estos días el vocero presidencial y Jefe de Gabinete notificó que será reformulada. Ya nos detendremos sobre este punto. Solo adelantaremos que el proyecto que este Gobierno Nacional pretende aprobar, retira el artículo que menciona la designación de presupuesto. Justito lo que desde el mismo Gobierno Nacional citan como justificativo para no cumplir con las leyes de emergencia aprobadas y ratificadas en 2025.
Pero vuelvo. Entonces, decía: ¿por qué esta ley necesita de organismos que velen por su cumplimiento? Tales como el mencionado Consejo Consultivo Honorario o el Órgano de Revisión nacional y sus equipos locales. Porque desde que hablamos de salud mental, y cada vez hablamos más en estos términos porque quizá algunos tabúes cayeron, sus prácticas e instituciones son terreno fértil para que cualquiera diga, piense y haga lo que le viene en gana.
Por eso necesitamos mecanismos de protección de los principios rectores de esta ley, así como espacios democráticos de participación que supervisen lo que los gobiernos municipales, provinciales y nacional de turno proponen en nombre de la salud mental. Mecanismos que intentan hacer perdurar procesos ya iniciados, algunos más enraizados, otros más incipientes, que fortalecen la red integral de servicios en la comunidad para que se proyecte como una verdadera política de Estado.
Durante muchos, demasiados años, estas prácticas e instituciones del campo de la salud mental estuvieron a la orden del día para perpetrar abusos y violaciones a derechos humanos en nombre de la salud, el tratamiento y el bienestar. El informe Vidas Arrasadas publicado en 2007 por el Centro de Estudios Legales y Sociales fue la antesala para discutir pluralmente qué hacer con las otrora instituciones del encierro y con todo lo que hay que abrir para cerrar los manicomios; un informe que muestra crudamente las condiciones en las que han vivido miles de ciudadanos argentinos.
Quisiéramos pensar que ese informe ya quedó atrás.
Sin embargo, tenemos nuevos informes que expresan estadísticas alarmantes, que señalan el recrudecimiento de padecimientos en amplios sectores de la población, sin un Estado que hoy pueda bregar porque esos padecimientos sean atendidos de forma integral.
Para focalizar en Entre Ríos, la provincia duplica la tasa nacional de suicidios y en algunas localidades se llega a cuadruplicar la incidencia de esta problemática que deja muchísimos efectos en los lazos íntimos y no tan próximos. El incremento de suicidios consumados por personal de las fuerzas policiales también es un dato que se registra en aumento en los últimos años, con la complejidad que supone que quienes portan un arma reglamentaria y están en tareas de “seguridad ciudadana”, estén al borde del colapso. Sumamos un problema vinculado, que no es reciente pero que en estos años no ha mermado, que son las muertes violentas por abuso de la fuerza policial, en contextos de crisis por salud mental.
Quienes trabajan en el subsector público de salud vienen compartiendo preocupaciones en torno a la crisis alimentaria que afecta a muchas personas usuarias de los servicios, así como la emergencia habitacional en las ciudades. Los consumos problemáticos vienen siendo a edades cada vez más tempranas y, cuando se trata de sustancias ilegales, en calidades cada vez más dañinas para la salud. La parálisis durante 2025 de programas nacionales como Reprocann también dejó sin protección a usuaries que podían acceder así a tratamientos oportunos, acompañados y no perseguidos por la -siempre a la orden del día- inercia criminalizadora que también empaña por momentos al sector de la salud.
El incremento de personas en situación de calle y familias completas sin techo se agudiza cada día. Recordemos solo en Paraná que durante el último invierno murieron dos
personas que vivían en la calle, un hombre de 67 años y un joven de 32 años. El ReNaCALLE (Relevamiento Nacional de Personas en Situación de calle) de 2023 realizado en Paraná indicaba 157 personas en esta situación, 22 de ellas menores de 18 años. Cifra que se triplicó en pocos meses, dato aportado por el único equipo de salud mental que trabaja en uno de los refugios municipales.
En otro informe de 2025, un grupo de compañeres psicólogues de la RISaMC (Gastón Acuña Avram, Josefina Purgat y Melina Albornoz) sistematizaron datos a partir de las estadísticas de la única guardia activa en salud mental en toda la Provincia, con sede en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná. Sitúan allí las condiciones actuales del sufrimiento, registrando números que reflejan el aumento exponencial de las urgencias en salud mental. Uno de los focos actuales del malestar que señala este informe está ligado a las preocupaciones por lo laboral y lo económico. Cito textual: “No llego a fin de mes”, “No sé qué va a pasar”, “Me quedé sin trabajo”, “Necesito una licencia”, “Trabajo todo el día, no doy más”, “Salgo de trabajar y me dedico a manejar un Uber”, son solo algunas de las presentaciones que actualmente llegan a la guardia, al tiempo que aumentan cuantiosamente las noticias del horror que atraviesa a la gente en situación de calle, llegando al extremo de lo mortífero.
Advierten que esta situación, “recrudece un panorama ante el que, como profesionales de la salud, también nos encontramos con que ya no hay ley a la que apelar. Aquellas premisas que han encauzado la lucha de tantos años para hacer posible una Salud Mental con perspectiva de derechos no encuentran asidero posible en el contexto de un plan liberal extremo que se lleva por delante cualquier ley y solo devuelve desidia. Es aquí que nos preguntamos –y me sumo a esta pregunta– cuál es el norte a seguir”.
Desde diferentes sectores de la salud, así como desde las escuelas, universidades, trabajadorxs de la economía informal, trabajadorxs jubiladxs, de la cultura y del sistema científico-productivo, se vienen expresando reclamos que toman la forma de emergencias: este sistema, así como está planteado, no da más. Sus trabajadorxs no dan más, sus usuarixs no dan más, las familias no dan más, las personas con discapacidad no dan más, les pibes no dan más, lxs docentxs no dan más, lxs viejxs no dan más.
Casi nadie queda afuera de esta lista.
Y quiénes sí quedan afuera, o zafan por un pelito, sería maravilloso que pudieran no desconocer que estos acuciantes problemas de una amplia mayoría son un problema de todos. Como dicen nuestros lemas por la desmanicomialización: “la salud mental no es cosa de locos, es cosa de todos” y “sin salud mental no hay salud”. Traigo, también, una frase de Ramón Carrillo, primer Ministro de Salud que tuvo este país y que bien vendría releer de vez en cuando:
Frente a las enfermedades que genera la miseria,
frente a la tristeza, la angustia
y el infortunio social de los pueblos,
los microbios, como causas de enfermedad,
son unas pobres causas.
Es cierto que hoy casi nadie acordará con aquella ley que dejamos atrás al sancionarse la Ley Nacional de Salud Mental. Casi nadie estará de acuerdo en hablar de deficientes mentales, o señalar que lo único que se puede hacer para abordar estas problemáticas es la internación compulsiva y sin horizontes de vuelta a la comunidad. No queda bien decirlo. Es incorrecto, atrasa.
Ahora bien, las críticas que señalamos en Ori nos permiten poner en escena y des-velar diferentes formas de seguir haciendo como sí trabajamos democráticamente, y haciendo como sí nos importara la salud mental de las juventudes, con discursos científicos que tecnifican procesos sociales complejos y camuflan respuestas biomédicas en nombre de la innovación.
Los microbios, pobres causas. Ori, una pobre respuesta
Cuando el Ministerio de Salud de Entre Ríos presentó a Ori, una herramienta de IA para que docentes y referentes familiares adultos consulten frente a problemas de salud mental que pueden afectar a los y las adolescentes como población destinataria de esta app, a los días consideraron oportuno -y cito textual- “realizar una serie de aclaraciones respecto a su finalidad, alcance y lugar dentro de la estrategia integral de salud mental que se lleva adelante en la provincia”. Y añadieron que “el gobierno reafirma que las respuestas deben ser múltiples, articuladas y sostenidas en el tiempo. En ese marco, ORI se integra como un recurso adicional dentro de un conjunto más amplio de políticas públicas, sin pretender centralidad ni exclusividad”.
“(…) las respuestas deben ser múltiples, articuladas y sostenidas en el tiempo (…)”
He aquí la cuestión: ¿cuáles son esas otras respuestas múltiples, articuladas y sostenidas en el tiempo? ¿ese conjunto más amplio de políticas públicas está entre nosotres?
Desde antes de asumir en diciembre de 2023, el por entonces candidato a Ministro de Salud -Dr. Guillermo Grieve- mencionó repetidas veces en sus actos de campaña el “Plan Entrerriano de Salud”. Menos de un año después, asumió quien hoy está a cargo de la cartera sanitaria -Dr. Daniel Blanzaco-. En 2025, luego de muchos meses de espera, integrantes de diferentes instituciones públicas de salud mental de la provincia tuvimos ocasión de encontrarnos con los altos funcionarios en una audiencia en la que presentábamos una serie de urgencias del subsector. Allí, también, pedimos que nos presenten el “Plan Entrerriano de Salud” que aún se mantenía puertas adentro de las oficinas del nivel central.
Sus ejes: salud mental, atención primaria de la salud y salud digital.
Ese mismo día, en esa misma audiencia, frente a la amenaza de interrupción de contratos de compañeras de uno de los pocos equipos de salud mental de un centro de atención primaria de la salud fuera de Paraná, el Ministro señaló que el problema está en que “ustedes (el equipo) crean necesidades que luego no se pueden sostener”. Los vecinos de la localidad habían pedido otra audiencia para que se atienda a la continuidad de este equipo que desde hacía años estaba a disposición de una construcción territorial, en comunidad, en red con sus habitantes.
Cuán lejos quedó la brújula de “dónde hay una necesidad nace un derecho”. ¿Creamos necesidades o alojamos preocupaciones? ¿Creamos necesidades o atendemos urgencias? ¿Creamos necesidades o tejemos redes que develan opresiones históricas y otras bastante actuales? Y en todo caso, ¿qué es lo que ya no se puede sostener?
Las hábiles estrategias de comunicación en materia sanitaria de esta gestión de gobierno, llevan a disfrazar de “Plan Entrerriano en Salud” acciones fragmentadas, sueltas, esporádicas, superficiales, sin planificación estratégica y, sobre todo, sin un miramiento por lo que llamamos los determinantes sociales de la salud: techo y vivienda, alimento, descanso suficiente, espacios para el disfrute, trabajo y no en cualquier condición, espacios de salud accesibles y próximos son la columna vertebral de lo que un sistema de salud debe prever si se piensa desde la estrategia de atención primaria.
Un Plan Entrerriano -y un gobierno provincial- que desconoce el acceso a paritarias justas, que proyecta una reforma previsional que recorta derechos, que continúa apoyando a un gobierno nacional que abiertamente viene a destruir la salud pública y sus laburantes. Más aún, un Plan Entrerriano que no aumenta el plantel de trabajadorxs que puedan acompañar en presencia y en equipo las trayectorias de salud de las personas, que no pelea por mayor presupuesto para fortalecer el primer nivel de atención, que ni siquiera logra conservar los pocos dispositivos de salud mental con base en la comunidad, que omite los mecanismos de control ciudadano y lanza innovaciones de espaldas a sus actores; es un plan bastante improvisado justo en un tiempo que requiere los máximos esfuerzos por revertir los alarmantes índices de sufrimiento grave en nuestra provincia.
Para muestra basta un botón
Ya fuimos esbozando varios argumentos de por qué Ori provocó estas repercusiones. Faltaría señalar algunas más:
- privatiza el malestar y sobrecarga a adultxs que hoy también se encuentran atravesados por el malestar: padres, madres, docentes,
- supone que hay una red afectiva adulta que está pudiendo mirar y prestar atención sensible al malestar de niñxs y adolescentes,
- desconoce las revisiones que se están haciendo en términos de la digitalización de la vida en los y las jóvenes, que está provocando problemas de consumo de plataformas digitales a edades cada vez más tempranas así como otros efectos de la sobreexposición a las pantallas,
- brinda recomendaciones generales a problemáticas tan diversas como son aquellas vinculadas al campo de la salud mental,
- cuando orienta hacia la búsqueda de atención profesional, no puede garantizar dos claves de acceso: la atención oportuna, esto es que llegue a tiempo, y la continuidad de los cuidados, es decir, que haya una red que pueda disponerse en el acompañamiento a vidas difíciles o sufrientes.
Hacen proliferar, así, versiones de la salud mental que insisten en posicionarse desde perspectivas que privatizan los problemas. Propuestas que prometen tranquilidad y orden; que explican las raíces del sufrimiento en cuestiones meramente individuales o familiares; que no reconocen las inequidades en el acceso a redes de cuidados efectivas; o que desprecian las redes comunitarias al desfinanciarlas y precarizarlas cada vez más.
Hay argumentos para traer a esta discusión que son incluso más elementales: la herramienta no fue sometida a mecanismos de control para insumos en salud, tampoco esclarecen cómo es el tratamiento de la confidencialidad de datos sensibles, sabiendo que detrás de una IA no hay solamente equipos de salud sino toda una empresa que diseña, gestiona y administra los datos.
Traigo otra escena, a propósito del tan mentado “Plan Entrerriano de Salud”. Recordemos que uno de sus pilares es la atención primaria de la salud: días después del lanzamiento de Ori, desde las redes sociales del Ministerio de Salud Provincial publicaron un reel que mostraba al Dr. Blanzaco y otros directores y secretarios yendo en lancha a una “Jornada territorial de atención integral” en zonas isleñas de la provincia. En el video -sin sacarse los chalecos salvavidas- comentaron que “hicieron atención primaria de la salud”, “realizaron vacunación a grupos de riesgo” y “detectaron casos de anafilaxia”, entre otras acciones.
Que un Ministro de Salud viaje a colocar una vacuna no es una buena noticia. Trae destellos de la imagen de Javier Milei envuelto en un traje de astronauta tras la inundación que afectó fuertemente a Bahía Blanca (dato de contexto: el presidente vetó la ley de emergencia para reconstruir las pérdidas en esa localidad). Que la Directora de Atención Primaria del nivel central vaya a “hacer atención primaria” no es algo para publicar: la APS es una estrategia que debe tranversalizar al sistema de salud, no es ir un rato a conversar con la gente, dar una charla a docentes, tomar la presión o capacitar a la policía en un seminario de algunas pocas clases. Eso es subestimar todo lo que implica un abordaje territorial, intersectorial y participativo.
APS significa, entre muchas otras cosas, que existan equipos interdisciplinarios en los diferentes niveles del sistema de salud que puedan trabajar de forma sostenible, cercana, generando mecanismos de referencia y contrarreferencia, acompañando proyectos de la comunidad y ampliando los horizontes de deseo de los grupos con quienes se vinculan.
Necesitamos un Ministerio que escuche a quienes habitan los territorios y a quienes trabajan en el cotidiano del sistema de salud para que planifiquen algo que vaya más allá de una IA para padres y docentes.
Necesitamos un Ministerio que cuide las condiciones de quienes diariamente acompañan infancias y juventudes, restituyendo programas que han sido exitosos como el Plan ENIA, fortaleciendo espacios que son valiosos como la Red Puentes, reconociendo las tareas docentes y otras tareas de cuidados que hoy están, también, colapsadas y desbordadas.
Necesitamos un Ministerio que piense la formación de sus recursos humanos de forma estratégica, así como pudo pensarlo el Ministerio de Salud de PBA con su Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” acompañada por referentes de la talla de Mario Rovere, reconociendo lo que sí hay, así como apostando a que las fronteras de lo posible se corran para que las respuestas no sean, siempre, las mismas rancias respuestas de quienes poco imaginan una salud pública de calidad. Respuestas hoy disfrazadas de innovación y modernización.
Necesitamos un Ministerio, y un gobierno provincial, que deje de apoyar abiertamente a un gobierno nacional cuya máxima autoridad de la cartera sanitaria, el Ministro Mario Lugones, entre tantos desastres disolvió el Consejo Federal de Salud (COFESAMA) desde 2024, espacio federal que tenía como propósito trabajar en el desarrollo de políticas nacionales de acceso a la salud. A pesar de estos embates, recientemente se publicó un informe con participación de 16 provincias, que realizan un diagnóstico situacional de la extrema crisis del sistema de salud mental. Entre Ríos, la gran ausente. Santa Fe tampoco aportó.
Este informe concluye con “la urgencia de defender el carácter federal de la salud en Argentina y garantizar el rol del Estado Nacional en la protección del derecho a los cuidados y atención en salud mental, el espíritu solidario e integrado de las políticas en salud”.
Entre los desafíos centrales se destacan: “reforzar la salud pública como un bien social y un pilar de la equidad y la igualdad; asegurar financiamiento específico para enfrentar la crisis en salud mental; visibilizar los esfuerzos provinciales y la gravedad del deterioro actual; atender con prioridad la situación de niños, niñas y adolescentes; integrar los subsectores del sistema de salud para afrontar el problema de la fragmentación; profundizar la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y las reformas sanitarias con enfoque comunitario (…) La respuesta futura deberá ser integral, federal y con base en la comunidad, priorizando la protección de las infancias y juventudes”.
No todo pasado fue mejor ni todo futuro es deseable
Las críticas hacia el lanzamiento de Ori como parte de una política sanitaria en evidente retroceso y colapso, no están basadas en un enfoque anti-modernización. No estamos contra las tecnologías, no estamos contra la utilización de las herramientas digitales en sí. Podrían optimizar procesos administrativos, accesibilizar algunos recursos, facilitar la activación de redes, planificar a mediano y largo plazo con lecturas situadas y realistas de cómo estamos.
Lo que sucede es que en nombre de la modernización del Estado se inventan o proponen herramientas que poco tienen que ver con las realidades diversas, plurales, complejas que atraviesan a una provincia como Entre Ríos. Y en un asunto tan delicado y sensible como es la salud mental de sus jóvenes.
Además, la pregunta del millón: ¿qué viene a complementar Ori? Dejamos bastantes pruebas de que no se ha avanzado en ninguna línea, y lo que sobrevive es a costa del sufrimiento de sus trabajadorxs y las esperas cada vez más extensas para quienes parece que pueden esperar. Seguir esperando.
Tampoco pensamos que, entonces, hay que volver atrás. ¿Volver a qué? A propósito del reciente estreno del documental “Nuestra Tierra” (2025), la cineasta argentina Lucrecia Martel dice en una entrevista radial con audacia y profundo sentido crítico, también provocador:
Yo no estoy a favor de resistir nada, yo pienso que lo que hay que hacer es ser como ¿viste? a mí un bicho que me gusta es la rata. La rata no se pone en contra de la ciudad. Dice ‘a ver, dónde me puedo ir a vivir, al albañal, listo, armo ahí mi nido’. Hay que encontrar caminos impensados, yo pienso que es eso. Porque si querés resistir es que querés volver a algo, y yo a nada del pasado quiero volver porque me parece que existen posibilidades mucho mejores que las que ya hemos conocido. Es una fantasía, es una ilusión. Entonces yo no quiero resistir nada.
Recordamos las reflexiones de Alicia Stolkiner, referente del campo de la salud pública y la salud mental en Argentina, quien en diferentes conversaciones nos ha despabilado con no caer en la trampa de pensar que “todo pasado fue mejor”. Los activismos transfeministas lo sabemos. Los activismos discas locos también. En el pasado fue posible el modelo de la prescindencia, el encierro manicomial, la persecución al colectivo LGBTIQ+. Ahora bien, no tener una mirada nostálgica de la historia no es equivalente a olvidar o subestimar los hitos que señalaron otros caminos posibles, que disputaron -y disputan- otras reglas de juego, que se animaron -y animan- a subvertir este orden de las cosas.
Por eso, sí podemos -y quienes nos gobiernan tienen una responsabilidad aún mayor- volver sobre las experiencias que han mostrado que hay otros modos de hacer las cosas, y que existen formas de diseñar estrategias que toman en cuenta las necesidades, y también los derechos, de quienes requieren espacios y redes de cuidados en salud mental.
Y necesitamos proteger, hoy otra vez, la Ley Nacional de Salud Mental como un piso común no negociable. El proyecto que impulsa el Ejecutivo Nacional, el mismo Poder Ejecutivo que está incumpliendo leyes y desconociendo sentencias judiciales que lo obligan a financiar lo que establecen las declaraciones de emergencia en discapacidad y para el sistema universitario, deroga un piso de derechos construido por la Ley N° 26.657 y se aparta de los estándares de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, desplazando el eje desde el apoyo y la autonomía hacia el control, la coerción y la institucionalización.
Desde la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos, y en consonancia con otros colectivos comprometidos con la salud desde una perspectiva de derechos humanos, hemos dejado documentado que:
La Ley Nacional de Salud Mental expresa que -del presupuesto para la cartera sanitaria- los Estados Nacional y Provinciales deben destinar al menos un 10% para salud mental. Nuestra Provincia, desde 2010 a esta parte, nunca cumplió con el presupuesto mínimo, ni siquiera llegando al 2% de lo establecido.
Entonces, ¿cómo evaluar -y en esa evaluación, criticar- una ley si no se promueven las condiciones efectivas para su implementación? ¿Por qué insistir en la modificación de la LNSM -modificación que, además, implicaría un retroceso en los modos de nombrar, explicar y responder a nuestras necesidades-, si esta misma Ley ha demostrado, cuando se ejecuta, efectos más que valiosos en las personas, sus entornos, las comunidades y los equipos de trabajo?
Y por eso insistiremos todas las veces que sea necesario que no es con menos ley, sino con más y mejor implementación, que podremos atender -primero- a esta emergencia. Aunque quienes trabajamos hace años en estos territorios bien sabemos que necesitamos, sobre todo, de compromisos genuinos, partidas presupuestarias razonables, acciones intersectoriales sostenidas y mesas interministeriales que den respuesta a la complejidad de nuestros problemas.
Salud mental es que todxs tengamos un lugar en el mundo. Aunque Trump lo quiera hacer volar por los aires o nuestros gobernantes pretendan dejarnos sin agua, sin río, sin bosques y a esta altura, sin dignidad. Amplifiquemos los lugares para conversar, debatir y proponer otros modos de responder a esta crisis global; que no sea cediendo en nuestros horizontes de sentido por una salud mental que pueda construirse desde y con las comunidades.
NO se vayan.
El mundo se va a poner
ESTÚPIDO Y FATAL
en cada uno de sus rincones
No hay donde huir.
inviten a sus amigxs a conspirar
en una tarde de verano
sobre la POTENCIA del colapso.
No hay donde huir.
Este suelo al sur del mundo
será la tumba del imperialismo
y última frontera de defensa
de HUMANIDAD.
Conspiremos nuevos cantos
Contra esta era estúpida y fatal.
Prensa La Libertad, Buenos Aires (Argentina)
26 de octubre de 2025
