Después de exponer el colapso operativo del Reprocann, con decenas de miles de solicitudes de personas esperando autorización para continuar con sus tratamientos, el Estado nacional finalmente entregó información actualizada.
La respuesta no llegó como parte de una política de transparencia: MATE presentó un pedido de acceso a la información pública, tal como permite la ley nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública. El documento, fechado en noviembre de 2025 y firmado por Jefatura de Gabinete, no solo confirma el diagnóstico inicial, sino que amplía su magnitud: 105.392 trámites están pendientes de evaluación entre 2023 y 2025.
El informe también incorpora un dato que no aparecía desde 2022: una breve mención a las condiciones de salud más frecuentes por las cuales las personas solicitan el permiso: dolor crónico, ansiedad, insomnio o bruxismo. Pero la utilidad del dato es limitada. A pesar de haber sido solicitado, el informe no incluye datos sobre sexo, edad, territorio, frecuencia de uso ni trayectoria médica de quienes requieren cannabis medicinal.
“No se cuenta con esa información, ya que no es un requisito necesario para la gestión operativa del programa”, respondieron desde el gobierno de Milei, aun cuando sin esas variables mínimas no es posible reconstruir quiénes dependen del programa, cómo se distribuyen sus necesidades terapéuticas en el país ni qué sectores de la población podrían estar quedando afuera del sistema.
El informe sí deja un dato contundente: 115.836 registros vigentes, la gran mayoría, siempre según la información de Nación, que cultivan para sí. Solo 6.276 registros son de personas vinculadas con cultivadores solidarios. Pero nuevamente, y al preguntar por la cantidad de personas vinculadas a las 117 ONG aprobadas en el programa, Nación respondió que no es un dato necesario para el sistema. Lo mismo al ser consultada por cómo se reparten geográficamente en el país, algo que sí estaba consignado en el informe del programa de 2022.
La respuesta oficial confirma que el Reprocann funciona hoy como un registro para administrar autorizaciones y no como una herramienta de seguimiento de la planta como herramienta terapéutica en crecimiento en el país. En tiempos libertarios, ese recorte administrativo —y no sanitario— explica por qué la información llega incompleta y fragmentada, y por qué no es posible conocer el perfil de quienes esperan definiciones.
Trámites pendientes de evaluación en Reprocann
Siempre según el informe entregado a Revista Mate, entre 2023 y 2025, Nación reconoce 105.392 expedientes sin resolución. La cifra no explica cuántos de esos trámites deberían haberse resuelto de manera prioritaria ni cuántos corresponden a personas que ya estaban en tratamiento y quedaron sin cobertura legal. Tampoco diferencia entre solicitudes nuevas y renovaciones. Lo claro es que el sistema arrastra retrasos estructurales que se profundizaron en 2024 y continuaron en 2025.
Hoy la perspectiva indica que unas 200 mil personas que fueron a buscar al Estado para que les deje usar la planta con fines medicinales y a la mitad le dijeron que no sin explicaciones.
La situación se vuelve aún más compleja con las exigencias nuevas que comenzaron a implementarse en las últimas semanas, entre ellas, la obligatoriedad de que profesionales de la salud acrediten formación específica en cannabis medicinal para poder indicar tratamientos.
En paralelo, las organizaciones cannábicas y personas usuarias comenzaron a difundir y socializar un canal oficial para reclamar por la celeridad en la evaluación de los expedientes: el 0800 222 1002 (opción 2) o el correo programacannabis@msal.gob.ar. Quienes tienen trámites en espera suelen recomendar —y el propio funcionamiento del Reprocann lo vuelve necesario— que el primer contacto sea siempre con el o la profesional de salud que realizó la vinculación, porque es allí donde muchos expedientes quedan detenidos por requisitos nuevos, subsanaciones pendientes o validaciones que el sistema no notifica adecuadamente.
Sin información sobre territorio, edad, género o diagnóstico, es imposible saber si existe un patrón en las exclusiones, si se están afectando más a una parte de la población que a otra, en una herramienta que de por sí no está garantizada en toda la salud pública del país. O si se rechazan proporcionalmente más solicitudes de personas mayores o quienes buscan un permiso por una patología no aceptada por Nación, algo que nunca terminó de quedar en claro desde la llegada del gobierno de Milei.
La ausencia de datos completos impide entender qué está pasando con los rechazos, que en 2023 fueron 88, en 2024, 153 y en 2025 fueron 3.516.
Reprocann: Acceso información pública by dar7o7daniel7echever
