En menos de tres semanas, Estados Unidos hundió cuatro embarcaciones en aguas internacionales del Caribe atribuyéndolas al Tren de Aragua, al Cartel de los Soles y a supuestas rutas venezolanas de cocaína.
El presidente Donald Trump anunció el primer bombardeo el 2 de septiembre: una lancha “proveniente de Venezuela” destruida y 11 muertos. Días después comunicó nuevos ataques, elevando el saldo letal a 17 personas y reivindicando una doctrina de “disuasión por destrucción” contra lo que denomina “narcoterrorismo”.
No hay, hasta ahora, pruebas públicas de que llevaran drogas ni de que representaran una amenaza inminente. Sin embargo, en este nuevo giro de la “guerra a las drogas”, América Latina vuelve a contar muertos producto de ataques ordenados desde la Casa Blanca.
De la interdicción a los misiles
Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Trump, afirmó que la interdicción “no funciona” porque los carteles aceptan perder un pequeño porcentaje de su carga como costo del negocio. La interdicción es el conjunto de operativos navales o aéreos para interceptar, detener y confiscar embarcaciones sospechosas, normalmente a cargo de guardacostas o fuerzas de seguridad, y con un objetivo policial más que militar. Si se los “destruye”, dice Rubio, sí se los disuade.
Esa es, en términos políticos, la nueva oferta de fuerza: una versión hipermilitarizada de la misma guerra declarada hace medio siglo y cuyo rotundo fracaso parece no ser suficiente para terminarla. El giro ahora no es tanto el objetivo, sino el método y su puesta en escena: en lugar de capturas con cadenas de custodia, explosiones en video desde drones y un lenguaje abiertamente bélico.
La mirada de Martín Schapiro
El abogado especialista en relaciones internacionales Martín Schapiro explica en exclusiva para Mate que “el primer punto importante es que se producen en aguas internacionales. La legalidad es difusa, pero no se realizan directamente sobre la soberanía de otro país”. Aún así, subraya que “es un accionar sumamente cuestionable desde la propia legislación estadounidense, porque se usa fuerza letal contra barcos que no representaban un peligro inminente y que podrían haber sido abordados de manera mucho menos gravosa”.
Consultado sobre los motivos estratégicos detrás de las acciones de Estados Unidos, el periodista de Cenital y Futurock señala tres capas de lectura: “Primero, es presión sobre el gobierno de Venezuela, al que está fuertemente enfrentado. Segundo, un mensaje a las naciones de América Central y el Caribe respecto de la presencia estadounidense. Y tercero, un mensaje dirigido a México respecto de la disposición de los Estados Unidos de actuar sobre grupos criminales”. En sus palabras, es parte de una estrategia de “presencia hemisférica muy clara, que se expresa a través de herramientas económicas, militares y de presión diplomática”.
El punto mexicano es central: “Claudia Sheinbaum ha endurecido la política de combate a los grupos del narcotráfico respecto de López Obrador, pero rechazó en términos no ambiguos cualquier acción armada de los Estados Unidos en territorio mexicano sobre grupos narcocriminales”.
Entre la presión bélica y las trampas del prohibicionismo
Si bien existen elementos que facilitan la narrativa de Trump, como los casos de Hugo “El Pollo” Carvajal o Clíver Alcalá, juzgados en Estados Unidos por narcotráfico y que muestran vínculos entre figuras del gobierno venezolano y economías ilícitas, el árbol no debe tapar el bosque. La principal ruta de cocaína hacia Norteamérica pasa por el Pacífico y México, no por el Caribe, y la crisis de sobredosis está motorizada por la adulteración masiva con fentanilo y otras sustancias en el abastecimiento de drogas local. Traducción: el teatro del Caribe no ataca el corazón de la crisis sanitaria estadounidense.
En paralelo, el presidente Nicolás Maduro aprovecha el cuadro. Tras el operativo de Brasil que interceptó una avioneta con marihuana proveniente de Venezuela el 11 de septiembre, se defendió asegurando: “En Venezuela sigue siendo ilegal y será ilegal. No caeremos en la moda estúpida de legalizar ninguna droga”. En la misma conferencia apuntó contra Washington: “En Estados Unidos producen la supermarihuana sintética, y es legal. No tienen moral”.
Paradójicamente, Maduro es víctima de la misma guerra contra las drogas que lo señala como enemigo, y a la vez se jacta de sostener un prohibicionismo fallido. Venezuela podría explorar alternativas más eficaces y humanas, como la despenalización de la tenencia y la regulación legal del cannabis —capaz de diversificar su economía y reducir daños—, ero opta por reafirmar un modelo que solo perpetúa la violencia, el estigma y el subdesarrollo.
Una raya divide a la región
El gobierno de Javier Milei, cuyo futuro inmediato depende casi exclusivamente de que Estados Unidos le habilite nuevas partidas de endeudamiento, se alineó rápidamente con Washington, declarando al Cartel de los Soles como organización terrorista y adoptando la retórica del “narcoterrorismo” a través de sus voceros. Argentina se sumó así a un grupo de países —República Dominicana, Perú, Paraguay y Ecuador— que apoyaron la designación. El bloque funciona como aval simbólico para la doctrina estadounidense, aunque sin participación militar directa.
Del otro lado, gobiernos como Brasil y Colombia denunciaron los ataques como intervenciones ilegales. El propio Gustavo Petro fue tajante en su discurso de este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Los misiles sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del Mar Caribe, quizás algunos colombianos. […] Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del tren de Aragua que nadie quizás conozca aquí su nombre. Eran caribeños, posiblemente colombianos. Y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye el funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes, que simplemente querían escapar de la pobreza.”
La legalidad (y el derecho a la vida) bajo fuego
Más allá de las narrativas en pugna, el debate jurídico es contundente. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó los ataques como “ejecuciones extrajudiciales” y recordó que “el derecho internacional no permite a los gobiernos asesinar sumariamente a presuntos traficantes”.
Human Rights Watch coincide: los hechos no se dan en un conflicto armado, por lo que rige el derecho internacional de los derechos humanos. En ese marco, los Estados deben minimizar el daño y preservar la vida, utilizando fuerza letal sólo si es “estrictamente inevitable” y ante peligro inminente. Nada de eso se acreditó. Por el contrario, se exhibieron explosiones sin intento previo de abordar o detener.
La espectacularidad de los videos difundidos por Trump contrasta con el vacío legal que describen los expertos. Schapiro agrega que Estados Unidos ni siquiera es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), lo que vuelve “sumamente cuestionable” la legalidad de su acción en aguas internacionales. Y aún bajo su propio derecho interno, el uso de poderes de emergencia para ataques letales contra barcos que “no representan un peligro inminente luce difícil de justificar cuando existían medios mucho menos gravosos para la vida humana”.
Historia, tragedia y farsa
La guerra contra las drogas, uno de los pilares de la hegemonía política y cultural de Estados Unidos en el siglo XX, declarada por Richard Nixon en 1971, dejó décadas de militarización, criminalización, violaciones de derechos humanos y resultados completamente opuestos a los que decía perseguir. El Plan Colombia se exhibió como modelo de éxito, pero a costa de miles de muertos, endeudamiento externo, desplazamientos y fumigaciones masivas, entre otras violaciones de derechos humanos.
Lo novedoso hoy es la crudeza. Antes había lenguaje encubridor y protocolos de justificación; ahora hay videos en redes sociales y frases como “los perseguiremos, los mataremos” desde cuentas oficiales. La regulación militarizada de los mercados de drogas prohibidas empezó con la alianza entre las dictaduras genocidas latinoamericanas, la CIA y grupos traficantes de cocaína desde 1960 en adelante. La historia pareciera repetirse, pero en clave de farsa: el guion de siempre, pero filmado con drones de última generación.
El discurso de Petro en la ONU, como pocas veces en ese foro, expuso con nitidez la hipocresía de la guerra contra las drogas: “Los narcotraficantes viven en otra parte y no es en la América Latina. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas sin ellos tener una sola arma para defenderse. Los narcotraficantes viven en Nueva York, aquí mismo, a unas cuantas cuadras y en Miami y hacen acuerdos con la DEA donde les permiten traficar en África, en Europa, Rusia o China, pero no en los Estados Unidos”.
Es urgente que el nuevo ordenamiento mundial reconozca los daños generados por los Estados Unidos a las naciones periféricas y se atreva a discutir lo obvio pero incómodo: muchas de las personas ejecutadas sumariamente podrían estar vinculadas a economías ilícitas, pero esas mismas economías son producto del prohibicionismo que dice combatirlas.
Karl Marx escribió en “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. En América Latina ya vivimos la tragedia prohibicionista: muertes, corrupción, mercados de sustancias adulteradas regulados por la violencia y persecución contra quienes usamos drogas. Hoy, mientras la hegemonía global estadounidense se desgasta, y el capitalismo muta a una versión tecno-feudal, la farsa consiste en vender este remake como si fuera novedad.
Con mejores tecnologías para viralizar la injusticia y discursos de acero que se resquebrajan frente a la evidencia, la farsa se vuelve insoportable: ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando una guerra infinita en nombre de un mundo sin drogas impuesto por una potencia en decadencia que multiplica la muerte y el sufrimiento de millones?
