Terence Mckenna se preguntaba qué tipo de hongo queríamos ver al final de la historia, si el nuclear o el psicodélico. Hoy asistimos a la manifiesta y contradictoria confluencia de ambos tipos de hongos, brotando y estallando al mismo tiempo.
Y es que a un día del aniversario del descubrimiento de la LSD, quizá con esta efeméride en mente, Donald Trump firmó el pasado 18 de abril una orden ejecutiva promoviendo la investigación con psicodélicos para tratamientos de salud mental, especialmente orientada a veteranos de guerra, con menciones especiales a la ibogaína (principio activo de la planta africana Tabernanthe iboga).
Si bien esta fue una de las promesas de campaña impulsada por Robert Kennedy Jr. (actual Secretario de Salud), no se trata de una acción aislada. Para entenderla hace falta un mapa más complejo, donde la crisis por opioides, las guerras —con sus innumerables veteranos damnificados— y los intereses económicos del polo tecnológico entran en juego.
La escena de la firma condensa ese mapa en una sola imagen. En el Salón Oval, rodeando a Trump: Joe Rogan, quien según sus propias palabras le envió un mensaje sobre la ibogaína y recibió como respuesta “Suena bien. ¿Querés aprobación de la FDA? Hagámoslo”; Marcus Luttrell, el ex Navy SEAL cuya historia en Afganistán fue la base de Lone Survivor y hoy referente del lobby pro-ibogaína; Bryan Hubbard, CEO de Americans for Ibogaine; y los funcionarios del gabinete sanitario: RFK Jr., Marty Makary (FDA) y Mehmet Oz (CMS). Cultura pop, veteranos de guerra y burocracia sanitaria, todo en el mismo cuadro.
Lo primero a aclarar es que Trump no legalizó nada. Ibogaína, psilocibina, MDMA y LSD siguen en la Lista I de sustancias controladas, junto a la heroína. El camino hasta aquí tampoco fue lineal: a fines de 2024, la FDA rechazó la solicitud de uso de MDMA para el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Lo que la orden sí hace es priorizar, acelerar y financiar la investigación —50 millones de dólares, con fondos ya existentes— y abrir una vía de reclasificación para cualquier sustancia de la Lista I que complete con éxito los ensayos de Fase 3. El avance más concreto: la FDA emitirá “vouchers de prioridad nacional” para psicodélicos con designación de Terapia Innovadora, lo que puede traducirse en aprobaciones en semanas en lugar de años. Es la primera vez que el organismo ofrece ese mecanismo para este tipo de sustancias.
De las clínicas en México al Salón Oval
Varios estados norteamericanos ya habían adherido a proyectos de ley de investigación sobre ibogaína antes de que Trump firmara; los últimos fueron Kentucky y Colorado. La tendencia no es nueva ni rupturista. Lo que Trump hizo fue asumir y sellar un compromiso políticamente estratégico con actores que ya movían las fichas: empresarios, gobernadores y, sobre todo, veteranos de guerra —los protagonistas centrales del relato sobre psicodélicos y salud mental hoy, y de la idiosincrasia yanqui en general.
¿Por qué la ibogaína y no otro psicodélico? Porque es la sustancia con la que los veteranos vienen tratando sus padecimientos —TEPT, depresión, ideas suicidas, problemas de consumo— por fuera de las leyes estadounidenses, como respuesta autogestionada ante la falta de soluciones oficiales. Clínicas como Transcend Clinic Cancún, Ambio México y SoulCentro Costa Rica reciben veteranos año a año. Operan en grises legales donde no es raro que se produzcan malas praxis que más de una vez conducen a la muerte.
La ibogaína fue estudiada principalmente en el tratamiento de adicciones, pero algunos reportes señalan mejoras en síntomas de TEPT vinculadas a experiencias introspectivas intensas y a efectos neurobiológicos sobre sistemas dopaminérgicos y glutamatérgicos. Su perfil de riesgo es mayor que el de otras sustancias —específicamente por riesgos cardíacos— lo que ha limitado su aplicación clínica y dificultado su estudio en suelo estadounidense. Empresas como Gilgamesh Pharma (adquirida por AbbVie en 2025) vienen desarrollando derivados sintéticos como la GM-3009, con un perfil cardiovascular más seguro. Gilgamesh cerró este año una ronda de financiación de 60 millones de dólares. El capital farmacéutico no esperó a que Trump firmara nada: ya estaba posicionado.
Crisis en salud, salud en crisis
La crisis de los opioides —morfina, fentanilo, heroína, oxicodona, metadona— dejó cientos de miles de muertes por sobredosis en las últimas décadas y expuso la crueldad del lucro por sobre la salud pública. No es un episodio aislado: el uso de benzodiacepinas alcanza hasta el 10% de la población en algunos países, el de antidepresivos (ISRS e IRSN) se triplicó en los últimos 25 años, y el 10% de niños y adolescentes fueron diagnosticados en EEUU con TDAH, por lo cual más de 6 millones se encuentran medicados con Adderall y Ritalin, entre otros. La expresión de la crisis sanitaria no puede ser más clara.
El sistema de salud estadounidense combina programas públicos —Medicare, Medicaid— con un amplio predominio de seguros privados. Sin cobertura universal, el resultado es desigualdad en el acceso y costos prohibitivos. En ese mercado, la industria farmacéutica ocupa un rol central: Pfizer, Johnson & Johnson y Eli Lilly consolidan una facturación anual de 180.000 millones de dólares, el 12% de la producción farmacéutica global. Son ellas las que definen qué se investiga, qué se aprueba y qué se descarta.
En ese tablero aparecen ahora nuevos jugadores. Organizaciones como MAPS impulsaron durante la última década ensayos clínicos con MDMA para TEPT. Empresas biotecnológicas como MindMed captaron inversiones millonarias para desarrollar tratamientos basados en psilocibina, LSD y moléculas derivadas. El interés económico no es lateral: en las 48 horas posteriores a la firma de Trump, las acciones del mercado psicodélico subieron entre 15% y 25% para empresas como Compass Pathways, AtaiBeckley, GH Research y Cybin. El mercado no esperó al ensayo clínico para dar su veredicto.
Curar la guerra con la guerra
Hay una contradicción que la orden ejecutiva no nombra pero que organiza todo el escenario. Mientras Trump impulsa formalmente las terapias con psicodélicos para tratar el TEPT en veteranos, el mismo entramado estatal sostiene la infraestructura militar más extensa del mundo: un presupuesto de defensa que supera los 800.000 millones de dólares anuales, más de 170.000 efectivos desplegados en el exterior, presencia en más de 70 países y cientos de intervenciones militares desde mediados del siglo XX.
Las guerras de Irak y Afganistán dejaron más de 7.000 soldados estadounidenses muertos, pero también cientos de miles de víctimas civiles, con estimaciones que superan el medio millón de fallecidos. Son esas guerras —y las que vendrán— las que producen los cuerpos que la orden ejecutiva promete reparar.
La promoción de terapias para el trauma de guerra no convive accidentalmente con la persistencia de las condiciones que lo generan. Es la lógica del sistema: una maquinaria que necesita curar a sus soldados —para evitar el costo político del suicidio masivo, para devolverlos al ciclo productivo— sin tocar las causas que los rompen. El documento señala que más de 6.000 veteranos se quitan la vida cada año, aproximadamente 17 por día. Son también 17 razones diarias para no leer esta orden ejecutiva sin leer, al mismo tiempo, el presupuesto del Pentágono.
La guerra que no termina
Es comprensible que quienes vienen promoviendo un cambio en el paradigma de la salud se vean esperanzados. Pero fuera del marco de las regulaciones médico-empresariales, apenas si hay escala de grises para los usuarios de sustancias psicodélicas: prohibición, persecución, estigma, cárcel, muerte.
Las guerras se seguirán librando, contra pueblos enteros y también “contra las drogas”; recordemos la intervención militar en Venezuela y el secuestro de su presidente con la excusa no confirmada del Cártel de los Soles. Una cruzada que en verdad es contra las personas que usan drogas, o las cultivan, o que en medio de vulnerabilidades estructurales las comercializan como estrategia de supervivencia. La orden ejecutiva de Trump no les habla a ellas. Les habla al mercado.
Frente a una cultura que individualiza la herida, nuestra respuesta no puede ser más aislamiento ni más segmentación, sino más comunidad. Porque si el trauma fragmenta, la salida es re-vincular. Y eso implica asumir, como pueblos y comunidades, algo tan simple como profundo: nadie sana solo.
