El 8 de abril, Jasveen Sangha, la dealer conocida como “Ketamine Queen”, fue condenada a 15 años de prisión federal por haber sido la principal proveedora de ketamina a Matthew Perry. La jueza Sherilyn Peace Garnett siguió el pedido de los fiscales: Sangha había vendido al actor, a través del intermediario Erik Fleming, los 51 viales de ketamina que en octubre de 2023 terminaron en manos de Kenneth Iwamasa, asistente personal del actor. Iwamasa fue quien inyectó las tres dosis del día final.
Sangha es la última pieza del relato dominante: una red de provisión ilegal mató al protagonista de Friends. Pero el informe forense del Departamento de Medicina Forense de Los Ángeles al que accedió Revista Mate sostiene un relato distinto.
Lo que dice la autopsia
La concentración de ketamina en la sangre de Perry al momento de la muerte fue de 3.540 ng/mL. La misma oficina forense aclara, en el documento, que el rango de concentraciones para anestesia general en quirófano es de 1.000 a 6.000 ng/mL. La cifra de Perry está dentro de ese rango, no por encima.
A eso hay que sumar la tolerancia construida por años de uso y por la terapia de infusión intravenosa que el actor venía recibiendo para tratar la depresión. La última sesión legal había sido una semana y media antes de la muerte. La dosis letal estimada en la literatura científica ronda los 11,3 mg/kg, unas diez veces la dosis anestésica. Perry estaba lejos de ese umbral.
El informe identifica los efectos agudos de la ketamina como causa primaria, pero lista tres factores contribuyentes: ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y efectos de la buprenorfina. La autopsia también detectó dos benzodiacepinas que el relato mediático rara vez incluye: lorazepam en niveles no tóxicos y clonazepam por su metabolito en sangre. Varios depresores del sistema nervioso en simultáneo, en un hombre solo, dentro de un jacuzzi con agua caliente.
Andrew Stolbach, toxicólogo médico de Johns Hopkins que revisó el informe para Associated Press, fue claro: la cantidad de ketamina era suficiente para que Perry perdiera la conciencia y la capacidad de mantenerse fuera del agua. “Usar drogas sedantes en una piscina o jacuzzi, especialmente solo, es extremadamente riesgoso, y tristemente, acá fue fatal”, declaró. El propio forense lo dijo: el ahogamiento fue parte de la causa, no un detalle accesorio.
El relato mediático y la sustancia como agente
Nada de esto entró en los titulares. La cobertura, con la DEA comparando la prescripción de ketamina con los primeros días de la epidemia de opioides, instaló una sola causa: la sobredosis. Los otros factores quedaron sepultados en el cuerpo del informe.
El gesto importa porque la muerte de Perry se transformó en argumento regulatorio. Las clínicas de ketamina para tratamiento de salud mental quedaron bajo sospecha, aún con evidencia robusta en la depresión resistente al tratamiento. La causa penal avanzó como si Perry hubiera sido un paciente envenenado por su entorno médico, cuando en realidad había roto el marco terapéutico para conseguir más ketamina de la que su médico habitual le proveía. Pagó hasta 55.000 dólares al doctor Salvador Plasencia, hoy condenado a 30 meses, por fuera del circuito legal.
La incoherencia prohibicionista
Hay un punto que el caso revela y rara vez se nombra. Perry no murió en un consultorio bajo supervisión médica. Murió haciendo un uso abusivo de una sustancia, mezclada con otras, en su casa, solo. Si en lugar de ketamina hubiera consumido alcohol hasta el coma etílico y se hubiera ahogado en el mismo jacuzzi, nadie estaría buscando al dueño del bar que le vendió la botella esa tarde. Tampoco al fabricante. Tampoco al amigo que se la alcanzó.
Pero con una sustancia ilegal, la cadena de responsabilidad se reconstruye hacia atrás como si la propia droga tuviera voluntad. La dealer recibió 15 años de pena. El intermediario espera condena por hasta 25. El asistente personal, hasta 15. El argumento jurídico es que estos eslabones causaron la muerte. El argumento implícito es que la sustancia, por ser ilegal, mata. Y que cualquiera que la haga circular es cómplice del daño.
El régimen prohibicionista necesita esa ficción para sostenerse. Distingue entre sustancias buenas y malas no por su perfil farmacológico, sino por el estatus legal. Una muerte por mezcla de depresores que incluye alcohol es una tragedia personal. Una que incluye ketamina o cocaína es un crimen colectivo.
Musk, Perry y el mismo gesto invertido
Cuando Elon Musk publicó que usa ketamina para tratar su depresión, una parte de la opinión pública leyó: si Musk la usa, es buena. Cuando Perry murió con ketamina en sangre, la lectura fue inversa: la ketamina lo mató. Las dos lecturas son falsas. Las sustancias no son solo sus beneficios ni sólo sus riesgos.
La ketamina es una herramienta con perfil de seguridad alto en contextos controlados y con margen estrecho cuando se combina con otros depresores, se usa solo o se usa en el agua. Lo que mató a Perry no fue una droga: fue un combo de depresores, un cuerpo enfermo, el jacuzzi y la ausencia de una red de cuidado. Lo que sostiene el titular de “sobredosis de ketamina” es otra cosa: la conveniencia política de sostener el estigma hacia las drogas que ilegalizó la prohibición.
