Hablar de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) es señalar el andamiaje conceptual que dio sustento a las dictaduras militares y a los procesos de militarización antidrogas en los países latinoamericanos.
Esta doctrina de seguridad pasó por evoluciones que le cambiaron el apellido: de seguridad nacional, hemisférica, continental o regional, pero sin quitarle su identidad: la idea de que existen “enemigos internos” que justifican el avance de los borcegos y las armas largas en el patrullaje de las calles de nuestra región.
El nacimiento de movimientos insurgentes en Latinoamérica fue la excusa para que se implanten dictaduras con gobiernos militares —apoyados y entrenados por Estados Unidos— que combatieron al enemigo “subversivo”. Los resultados son conocidos.
En Argentina la dictadura cívico-militar terminó con el saldo de 30.000 desaparecidxs. Asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de bebés y persecución política. Terrorismo de estado. La justicia argentina calificó el proceso como un genocidio y en el Juicio a las Juntas Militares se dictaron nueve condenas a jerarcas de las Fuerzas Armadas (FFAA) por llevar a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico-militar que arrancó con el golpe de 1976.
La guerra contra las drogas también sirvió de excusa para militarizar Latinoamérica con resultados letales. Lo que conecta a las dictaduras latinoamericanas con la militarización contra las drogas y el Comando Sur del ejército norteamericano “son los intereses del saqueo permanente que tiene Estados Unidos”, dijo a Mate el periodista de investigación Carlos Del Frade, que también es diputado de la provincia de Santa Fe.
Colombia, México, Honduras, El Salvador y Guatemala son los países que durante las últimas décadas usaron y usan sistemáticamente a las Fuerzas Armadas para el combate al crimen. Estos países registran las peores violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en América Latina luego de las dictaduras.
Si nos vamos a México, desde que militarizó su guerra contra las drogas en 2006, los asesinatos se multiplicaron. En Ciudad Juárez se contaron 340 asesinatos entre 2006 y 2007. Esa suma se disparó a más de 1.300 en 2008 y para 2010 ya alcanzaban los 3.000 asesinatos anuales. El acumulado hasta hoy da un total de 330.000 personas asesinadas.
En Colombia las desapariciones forzadas que realizaron las Fuerzas Armadas, los grupos insurgentes y las bandas criminales se cuentan de a miles. El Registro Único de Víctimas de Colombia releva que al menos 47.259 personas fueron víctimas directas de desaparición forzada y otras 123.113 fueron afectadas de forma indirecta entre 1985 y 2018.
“No hay ningún caso en América Latina, África o Asia donde la intervención de las FFAA haya mejorado la seguridad pública o la violencia”
“No hay ningún caso en América Latina, África o Asia donde la intervención de las FFAA haya mejorado la seguridad pública o la violencia”. Lo dice Rut Diamint, investigadora principal del CONICET (jubilada), especialista en relaciones cívico-militares y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella, en diálogo con Mate.
Pero volvamos al eje: ¿Cuál es el hilo que conecta dictaduras y militarización antidrogas en Latinoamérica? Veamos.
Qué es la doctrina de seguridad nacional (DSN)
Si nos vamos a buscar el origen del concepto de SN tenemos que viajar en el tiempo hasta llegar a 1947, año que el congreso de Estados Unidos aprueba la National Security Act (Ley de Seguridad Nacional).
Esta norma organizó un reordenamiento del aparato militar estadounidense y creó dos instituciones clave para su agenda de política exterior en tiempos de la Guerra Fría: el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia Central de Inteligencia, más conocida como CIA.
La DSN sirvió a EE.UU. para consolidar su dominación sobre Latinoamérica, después de convertirse en la hegemonía global tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es una doctrina subsidiaria de una estrategia geopolítica mayor, con un capítulo especial para Latinoamérica.
En palabras del especialista en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlián, la “gran estrategia” (grand strategy) de Washington en tiempos de la Guerra Fría tenía el objetivo de contener el avance del comunismo y las ideas de izquierda en el mundo.
Esta gran estrategia tenía un plan para las fuerzas armadas de Latinoamérica, que no entrarían en combate directo contra la URSS. El papel de los militares en nuestra región era otro: “luchar y doblegar al “enemigo interno” –el “comunismo” local– que era concebido como la extensión en la región del expansionismo soviético”, escribe Tokatlián.
Las ideas de Seguridad Nacional pueden entenderse como parte de la larga historia del estado de excepción. Para Giorgio Agamben, el “estado de excepción” significó la entrada del ejército en la esfera civil moderna para el enfrentamiento a las amenazas externas e internas, mientras, en paralelo, las garantías constitucionales de la ciudadanía quedan suspendidas.
Para el campo de las ciencias políticas, la Seguridad Nacional (SN) es un significante vacío. El politólogo Ernesto Laclau habla de los significantes vacíos como contenedores sin contenido, palabras que se cargan de sentidos intercambiables. Con este enfoque vemos que la SN es un concepto maleable, que se puede cincelar a la medida de los proyectos intervencionistas de Estados Unidos y las agendas militaristas de los gobiernos regionales.
En La guerra en las palabras (2022), Oswaldo Zavala cita al historiador Greg Gardin (2007), que analiza la presidencia de Truman en EE.UU. como la instalación de “un coherente sistema de administración extraterritorial (…) el cual permitía a los Estados Unidos, en el nombre de la lucha el comunismo y promoviendo el desarrollo, estructurar relaciones políticas y económicas internas con países aliados de forma que permitía acumular más y más poder para ejercitar un control efectivo sobre reservas de petróleo, oro, minerales, y otros recursos primarios, todo libre de la carga del colonialismo formal”.
Teorías de la evolución del enemigo interno
Con la guía de la DSN, los países de la región combatieron al “comunismo” como enemigo interno entre las décadas de 1960 y 1980. Si nos limitamos a la Argentina, las doctrina antisubversiva francesa y —principalmente— estadounidense, son claves para entender el objetivo de la dictadura cívico militar en su “lucha contra la subversión”.
Así como el comunismo fue el primer enemigo, la seguridad nacional encontró nuevos targets. Para el escritor Oswaldo Zavala, la SN es un concepto que “opera como la condición misma del delito, pues es el generador simbólico de ‘enemigos’ configurados por instituciones políticas de Estados Unidos”, que se intersecta con las ideas de gobiernos de la región.
Poco a poco, la lucha anticomunista entronca con la guerra a las drogas. En la década de 1980, los narcos aparecieron como los flamantes enemigos internos. En Qué hacer con las drogas (2017), Tokatlián, dice que en esta década “la guerra contra las drogas se convirtió en una cuestión de seguridad nacional tanto para los Estados Unidos como para varios países de Latinoamérica”.
Latinoamérica fue sumamente receptiva con los discursos y políticas de seguridad de Estados Unidos. El “Proyecto Hemisférico” del Tío Sam consistió en “una plataforma de intervención a largo plazo, construida a partir de mecanismos de cooperación internacional, diplomacia, acuerdos sobre seguridad y cumbres de gobierno de alto nivel”, describe Zavala.
El continente fue sede de 12 acuerdos sobre seguridad y defensa hemisférica unos años más tarde. En 1995 se creó el Comité de Seguridad Hemisférica en la Organización de Estados Americanos (OEA) y hacia 1998 ya saludamos a la “Estrategia Antidrogas del Hemisferio”, gestada por mediación de la propia OEA.
Entre los 80 y 90 se dieron marchas y contramarchas. En los años de transición a la democracia en América del Sur, la separación estricta entre tareas policiales y militares fue alentada por EE.UU. Pero, como explica Tokatlián, “en los años noventa la mezcla de tareas se hizo visible debido al mismo impulso de los Estados Unidos. Después del 11/9 y ante el auge de las llamadas nuevas amenazas —esa presunta gran conjunción de males (terrorismo internacional, crimen organizado transnacional, drogas ilícitas, proliferación de armas de destrucción, entre otros)— las fronteras entre seguridad interna y defensa externa se fueron desdibujando y los ejércitos del área se transformaron, según Washington, en crime fighters”.
En este contexto, fueron lobistas y agencias gubernamentales de EE.UU., como el Comando Sur, quienes elaboraron y difundieron la doctrina de las “nuevas amenazas”. La idea de las “nuevas amenazas” da lugar a “la militarización de la seguridad interior, a la securitización de agendas sociales como la pobreza y las migraciones, o a ambas cosas a la vez”, desarrolla La guerra interna, un informe especial del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En este sentido, afirma el informe, las nuevas amenazas implican “una continuidad con la doctrina de seguridad nacional”.
En la visión de norteamérica, “los militares de América Latina no tienen una función, no participan de conflictos. Entonces, ya que no hay una amenaza clara, lo que pueden hacer son tareas de tipo policial y esto lo vienen planteando desde el inicio del 2000”, describe Diamint.
En todos estos procesos hay una continuidad: la hegemonía sobre la región de EE.UU., el intento de borrar la línea entre seguridad y defensa, la cesión de facultades de fuerzas policiales a actores militares, y la formación y financiamiento del Comando Sur del Ejército de los EE.UU..
Antes que la DSN, lo que persiste hasta hoy, son los intereses del Tío Sam. Así lo entiende Enrique Font, abogado, docente e investigador de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario: “Para mí mantienen vigencia los intereses norteamericanos sobre la región y creo que son cada vez más intensos porque ya no son solo de los gobiernos, sino también son fuertemente corporativos”.
Para el criminólogo, cuando bajó la espuma de la Guerra Fría en los 90, lo que apareció en reemplazo de ese enemigo para justificar la injerencia norteamericana en asuntos de países de América Latina, pasan a ser “las nuevas amenazas: el terrorismo, la narcocriminalidad, los daños al medio ambiente, el tráfico de personas, el tráfico de armas”. Y con las nuevas amenazas, dice Font, se intenta volver a usar las Fuerzas Armadas en tareas domésticas.
El diputado provincial de Santa Fe, Carlos del Frade, entiende que la DSN fue reconvertida. Por eso nos dice que “la segunda etapa de la seguridad nacional fue la doctrina de seguridad continental elaborada en los años 90, que tenía como eje ya no al subversivo político, sino al narcoterrorista”.
Ahora despejemos el apellido de la doctrina de seguridad: sea nacional, continental, regional o hemisférica. Lo que nos queda es una agenda de política exterior de EE.UU. que abreva, en palabras de Oswaldo Zavala, en “un proyecto hemisférico” que da curso a una plataforma de intervención a largo plazo.
En el espectro cromático del verde militar, aparecen matices. Por ejemplo, la especialista en relaciones cívico-militares Rut Diamint no ve una continuidad de la DSN hasta hoy. Para ella: “Hablar del narcotráfico como una amenaza terrorista es una lógica norteamericana, pero no es la lógica de la DSN, que estaba muy vinculada al avance del comunismo”.
Intentando marcar puntos de contacto con la mirada de este artículo, Rut concede que la continuidad entre las dictaduras militares y la militarización de la guerra contra las drogas en Latinoamérica, es la preeminencia de EE.UU en el intento por desdibujar la división entre seguridad y defensa.
