“Hay personas que no caminan en paz por la calle. Transitan con una paz devaluada, constantemente puesta en duda o sospecha”. Así comienza el informe ¿Paz para quién?, un registro comunitario sobre las prácticas policiales y de las fuerzas de seguridad en barrios populares de Rosario durante el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025.
El trabajo coordinado por la doctora en Antropología Eugenia Cozzi, releva testimonios, datos y experiencias que describen cómo se consolidó un modelo de persecución cotidiana, qué estrategias desarrollan las personas para evitar ser hostigadas y qué redes sociales e institucionales se activan para contener esas violencias.
El estudio, presentado la semana pasada en Rosario, fue hecho por un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) junto a la Multisectorial contra la Violencia Institucional (MCVI) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).
Participaron 146 personas, en su mayoría jóvenes, en 11 encuentros realizados en seis barrios —Tablada, Triángulo y Moderno, Alvear, Toba Oeste, Las Flores Sur y Empalme Graneros—, gracias al trabajo de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Evita, el Movimiento Popular Nuestramérica y el programa Nueva Oportunidad, una política de inclusión y capacitación en oficios creada en 2013 y reeditada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
El relevamiento incluyó un trabajo en los espacios de la red de Casas Atención y Acompañamiento Comunitario de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (CAAC – SEDRONAR) orientada al trabajo de las problemáticas de consumos, que tienen convenios con la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD) del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe.
“El relevamiento documenta los efectos concretos de las políticas punitivas en personas de carne y hueso que viven en barrios populares. Ya no solo se trata de detenciones cuando estas personas van al centro de la ciudad, sino que ocurren cerca de sus casas e incluso las trasladan a comisarías en otro punto de la ciudad”, dijo a Radio Universidad Cozzi, coordinadora del informe, docente e investigadora de la Facultad de Derecho y becaria postdoctoral del Conicet.
Consecuencias y conflictos del pedido por “más seguridad”
En sus 66 páginas, el relevamiento sobre prácticas policiales en barrios populares de Rosario describe cómo la violencia estatal cae en los mismos cuerpos y territorios hasta volverse parte de la trama cotidiana.
Jóvenes de entre 15 y 30 años, en su mayoría varones, son quienes sufren detenciones arbitrarias, requisas abusivas y hostigamiento a diario: cacheos al azar, amenazas veladas en allanamientos, demoras por no portar DNI. “La policía hace lo que quiere con los pibes y no hay justicia”, resume un joven de 18 años en el informe.
Ante esa realidad, las estrategias para sobrevivir en la calle se volvieron parte de la rutina para los barrios populares de Rosario. Muchas personas evitan circular de noche o salir en grupo. Algunas se cambian de ropa para no levantar sospechas y si van al centro de la ciudad usan ropa de trabajo, como de albañilería, para evitar el control policial. Otras tantas hasta caminan con documentos antiguos al DNI actual por las dudas. Y hay quienes caminan por calles más iluminadas o con cámaras, no porque se sientan con protección, sino porque ahí la Policía se cuida más de revelar cómo opera.
En tiempos libertarianos, la libertad, dicen quienes fueron parte del relevamiento, se mide por la cantidad de veces que pueden llegar a casa sin ser demorados.
“Ya sabemos por dónde no pasar, cuáles son las esquinas donde paran los patrulleros”, contó un joven de Tablada. Otro admitió que evita ir a comprar si lleva gorra o mochila, porque sabe que eso alcanza para ser revisado. Las chicas, por su parte, relataron que caminan con el celular en la mano grabando, como forma de resguardo ante una posible requisa. Como dijo una tallerista del barrio Las Flores: “Acá aprendimos a cuidarnos de la policía antes que del peligro del barrio”.
“Acá aprendimos a cuidarnos de la policía antes que del peligro del barrio”.
En el caso de los allanamientos, el pedido de que les muestren la orden judicial es una herramienta utilizada para intentar evitar que ingresen ilegalmente al domicilio, algo más que refuerza la distorsión entre lo que deberían hacer las fuerzas de seguridad y lo que efectivamente hacen.
Sobre ese vínculo y la posibilidad de denunciarlo, desde la UNR y la MCVI apuntaron a la importancia del trabajo de las organizaciones sociales e instituciones estatales del barrio para ayudar en situaciones que violentan sus derechos. Principalmente, porque explicaron que las personas, tanto adultas como jóvenes, deciden no denunciarlas por experiencias anteriores donde la Policía tomó represalias.
El nuevo esquema de seguridad en Rosario reactivó la tensión, naturalizó el control social y la fractura entre la juventud y las figuras del Estado, una combinación que en Argentina tiene largas y tristes historias en tiempos dictatoriales y democráticos. Todo en nombre de la paz. Pero, ¿Para quién?
Portar rostro o un “certificado” para caminar
El endurecimiento de las políticas de persecución en nombre de la paz durante el primer y segundo año de la gestión de Pullaro no sucedió sin una red simbólica que las sostuviera. Además de una serie de estrategias dirigidas a controlar a los medios de comunicación, el gobierno provincial modificó en abril de 2024 el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe, ampliando sus facultades para detener personas por “resistencia a ser identificadas en la vía pública”.
La reforma, presentada como una herramienta para reforzar la prevención del delito, derivó en una práctica extendida de detenciones por portación de rostro. Al poco tiempo, los defensores públicos en Rosario recibían entre 70 y 80 notificaciones diarias por aprehensiones bajo este artículo, cuando antes el promedio era de apenas diez.
La reforma de la Ley Orgánica de la Policía, presentada como una herramienta para reforzar la prevención del delito, derivó en detenciones masivas por portación de rostro.
A partir de julio, el SPPDP comenzó a sistematizar miles de actas policiales y detectó un patrón: las detenciones no respondían a sospechas reales, sino a la necesidad de cumplir con cuotas diarias ordenadas por el Ministerio de Seguridad. En solo un mes se registraron 4 mil aprehensiones, y el 34,6 % correspondía a personas en situación de calle. Otro 20 % había sido detenido más de una vez en ese mismo período.
El aumento de detenciones coincidió con otro dato estructural: la duplicación de la cantidad de personas en situación de calle en Rosario como en otras grandes ciudades de Argentina. Según registros municipales, las intervenciones del Estado local pasaron de 5.516 en 2023 a 9.635 en 2024, y se estima que unas 800 personas viven hoy en la vía pública. Ese salto refleja los efectos de la crisis económica y la pérdida de ingresos durante el primer año del gobierno de Javier Milei.
Frente al aumento de aprehensiones en vía pública, la hipótesis de los defensores a mediados de 2024 era que la Policía detenía para “hacer número”. Entonces, desde el SPPDP y otras organizaciones se presentó un Habeas Corpus colectivo en agosto de 2024. La medida fue rechazada en primera instancia con el argumento de que se trataba de una herramienta legítima de prevención policial. Un mes más tarde, al apelar, los defensores ya contaban el doble de casos: más de 8.000 detenciones. La Cámara sostuvo la constitucionalidad de la norma, pero advirtió que su aplicación era arbitraria y fijó un criterio interpretativo: solo puede demorarse a alguien cuando la “resistencia a identificarse” se combina con una “sospecha fundada de delito”.
Siempre según el informe de la UNR y la MCVI, la persecución y las personas demoradas no bajaron mucho en los meses siguientes, pero surgió una inédita y surreal herramienta para evitar problemas con la Policía: el certificado o “pase”. De acuerdo con el relevamiento en los barrios, este papel es entregado a la persona que fue demorada en comisaría e identificada para que, si la vuelven a encontrar en la calle, no tengan que trasladarla e ingresarla al sistema. El “certificado” lleva fecha, hora y nombre de la persona identificada y aclara que quien lo porte “no debe ser controlada nuevamente en las próximas 72 horas”.
El contexto que habilitó las políticas de persecución
El 18 de diciembre de 2023, la ministra de Seguridad de la Nación presentó en Rosario el Plan Bandera, junto al gobernador Pullaro y al intendente de la ciudad. El programa articuló un comando unificado de fuerzas federales —Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y PSA— para reforzar el control territorial en nombre de la “paz”. En su primer semestre de funcionamiento, el plan realizó más de 600 mil controles de personas, lo que equivale a la mitad de la población rosarina. La ciudad se transformó en un laboratorio de vigilancia.
La justificación del oficialismo para hacerlo se apoyó en un diagnóstico de violencia urbana. Entre 2012 y 2023, la tasa de homicidios en Rosario alcanzó un pico de 23 cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional. En 2024 la cifra cayó a 6,84, una baja del 65 % respecto del año anterior. Sin embargo, esa mejora estadística no se tradujo en una percepción de mayor seguridad. El relato político convirtió la excepcional caída de los homicidios en argumento para profundizar el modelo de control.
Además de cambiar el código policial, el gobierno de Pullaro logró que la provincia adhiriera a la ley de desfederalización del narcomenudeo, que transfirió a la justicia provincial los delitos de tenencia y comercialización de estupefacientes en dosis destinadas a las personas consumidoras y habilitó el derribo de puntos de venta de drogas bajo la figura de “cese de estado antijurídico”.
En un año, la provincia contabilizó y publicitó en redes sociales el derribo de 45 búnkeres demolidos en Santa Fe. Sin embargo, el informe de la UNR y la MCVI advierte que los derribos, al menos en Rosario, no resolvieron los conflictos ni la venta de drogas, sino que la desplazaron: los kioscos se rearman a cielo abierto en otras esquinas o cambian de domicilio a las pocas horas.
Cauces
El informe rosarino y sus resultados sobre las prácticas policiales se encuentra con otro relevamiento reciente sobre cómo trabajan las fuerzas de seguridad en Argentina. En ese caso, producido por tres organizaciones cannábicas y elaborado por la investigadora Florencia Corbelle, que entre 2022 y 2023 tomó más de 200 testimonios de personas usuarias de cannabis que casi en su totalidad confirmaron que tuvieron consecuencias negativas como perder el trabajo, ser estigmatizadas por sus círculos sociales o, incluso, robos al encontrarse con el aparato de seguridad estatal. Y el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) tampoco fue un freno para esos atropellos, tal como contamos en este artículo.
Reducir riesgos y daños, siempre
Si sufriste algún tipo de violencia policial o institucional, podés denunciarla en la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) o en el servicio público de defensa de tu distrito.
Si tenés registro en trámite o aprobado en Reprocann es importante que, además de las constancias virtuales descargadas en tu dispositivo móvil, tengas siempre con vos copias físicas, incluidas el carnet.
Para evitar problemas con las fuerzas de seguridad por la ley de drogas en Argentina, podés leer este artículo o descargar la guía “No te regales”.
