A diez años de Time Warp, hay que decirlo sin vueltas. Lo que pasó aquella noche no fue un accidente aislado ni una excepción trágica. Quienes estuvimos ahí lo sabemos no sólo por lo que se contó después, sino por lo que ya se sentía esa misma noche.
Fue la expresión extrema, brutal y visible de una forma de organizar la noche que en buena medida sigue vigente. Una forma de lucrar con miles de personas en contextos de alta exigencia física y psíquica, negando sistemáticamente algo obvio: en las fiestas se consume alcohol y otras sustancias psicoactivas, y desconocer eso, lejos de eliminar los riesgos, los agrava.
Diez años después, el balance no puede medirse sólo por el recuerdo de las cinco vidas perdidas ni por la conmoción pública que produjo la tragedia. Hay que mirar también qué cambió de verdad y qué no. Qué aprendió la sociedad, qué aprendieron quienes organizan fiestas, qué hizo el Estado con esa experiencia y qué lugar ocupan hoy las personas que usan drogas en esa conversación. Y ahí el saldo es incómodo, porque hubo más aprendizaje social desde abajo que transformación institucional desde arriba.
Algo cambió, sí. Pero las reglas de juego siguieron igual, y los cambios fueron absorbidos por el mismo sistema que produce riesgo.
Lo que sí cambió: una conciencia que creció desde abajo
Si uno compara el presente con 2016, es claro que hoy existe una mayor conciencia pública sobre ciertas malas prácticas en eventos masivos. Mucha más gente mira con atención cuestiones que antes podían pasar desapercibidas como el acceso al agua, la falta de ventilación, la sobreventa de entradas, la calidad de la atención médica, la ausencia de espacios de descanso, la violencia del personal de seguridad o la presencia policial intimidatoria en los ingresos.
También hay una circulación mucho más amplia de información entre pares sobre mezclas riesgosas, adulteración de sustancias, señales de alerta y cuidados básicos. En parte, eso tiene que ver con una década de trabajo sostenido por organizaciones de reducción de daños, activistas, comunicadores y escenas que se animaron a discutir estos temas de frente.
Pero sería un error confundir ese aprendizaje social con una transformación estructural del modo en que el Estado y el mercado gestionan la noche. Porque ahí, en el centro del problema, la continuidad pesa más que la ruptura.
La impunidad como forma de gestión
Time Warp dejó al desnudo una trama de negligencia empresarial, desidia estatal y oportunismo político que nunca fue verdaderamente desarmada. Más bien ocurrió lo contrario. Con el paso del tiempo, buena parte del sistema político y mediático logró administrar aquella tragedia como un escándalo del pasado, una especie de capítulo cerrado de una tragedia causada por jóvenes que se excedieron.
Pero el proceso judicial fue opaco para la enorme mayoría de la sociedad, difícil de seguir incluso para quienes estaban involucrados en el tema, y no produjo una verdad pública a la altura de lo ocurrido. No sirvió para instalar con claridad qué responsabilidades empresariales y estatales hicieron posible aquella noche ni para transformar esas condiciones de fondo. La “justicia” , una vez más, funcionó como un mecanismo para clausurar el tema antes que como herramienta de esclarecimiento.
Ese es uno de los grandes problemas de la memoria sobre Time Warp. Se la recuerda, muchas veces, como una tragedia provocada por “las drogas”, por “el exceso” o por “el descontrol juvenil”, y no como lo que también fue: el resultado de una estructura de negocio y de regulación que produce riesgo de manera sistemática.
En esa lectura moralizante, las sustancias aparecen como causa autosuficiente y las personas usuarias como responsables principales de lo ocurrido. En cambio, quedan en segundo plano quienes organizan eventos con criterios de maximización de ganancias, quienes habilitan, controlan o miran para otro lado, y quienes siguen sosteniendo marcos legales y operativos que empeoran la relación de las personas con los consumos.
El agua “gratis” y la trampa de los pisos mínimos
Tal vez uno de los ejemplos más claros de esta falsa idea de progreso sea el tema del agua gratuita en fiestas, boliches y festivales. Desde hace años, ciertos espacios políticos o institucionales presentan la disponibilidad de agua gratis como si fuera una gran conquista civilizatoria, casi una innovación nacida del aprendizaje posterior a Time Warp.
Pero la realidad es que el que haya agua gratuita en eventos donde se lucra con personas que bailan durante horas y donde se consume alcohol y otras sustancias no es una verdadera conquista, es un estándar mínimo e indispensable que nunca debió estar en discusión.
Además, ni siquiera alcanza con verificar si “hay agua”. Hay que mirar cómo se garantiza ese acceso. Porque una vez más, en muchos eventos vemos la creatividad empresarial puesta al servicio del recorte y la especulación: puestos de hidratación en lugares poco visibles, pocos puntos para miles de personas, escaso personal atendiendo, colas larguísimas, vasos muy pequeños que entorpecen una hidratación real, o la venta de agua en lata en vez de botella para impedir que la gente pueda rellenarla en baños o canillas.
Son detalles que revelan una lógica de fondo. La salud y el bienestar de quienes asisten siguen subordinados al margen de ganancia, especialmente en el caso de las personas usuarias de drogas. La prevención se acepta sólo hasta el punto en que no altere demasiado el negocio.
Pero en paralelo, muchas productoras y organizadores de eventos aprendieron a incorporar un lenguaje del cuidado pero sin abandonar una lógica material de desprotección. Y eso también forma parte del saldo de esta década: una parte del mainstream nocturno intentó apropiarse superficialmente de ciertos códigos de la reducción de daños, pero performativamente, sin asumir sus consecuencias políticas.
Se habla de cuidado, pero se sigue negando el consumo. Se habla de prevención, pero se sigue pensando al asistente más como cliente a exprimir que como sujeto de derechos. Se habla de experiencia, pero se sigue diseñando esa experiencia sobre sacar ventaja económica de vulnerar necesidades básicas para la salud.
Prohibicionismo intacto: castigo, clandestinidad y más riesgo
En el terreno de las políticas de drogas, la continuidad es todavía más brutal. A diez años de Time Warp, no cambió absolutamente nada en lo esencial. La Ley 23.737 sigue intacta. El paradigma prohibicionista que persigue y castiga a personas usuarias sigue siendo la respuesta dominante del Estado argentino.
Las policías provinciales y la federal continúan desplegando operativos anti-drogas en ingresos a fiestas y festivales con una opacidad alarmante: se vulneran derechos básicos, se producen requisas arbitrarias, se humilla a asistentes y, sin embargo, casi nunca hay transparencia sobre el objetivo real de esos procedimientos, su eficacia concreta o su eventual impacto sobre redes de narcotráfico. Hemos visto también varios intentos de “prohibir las fiestas electrónicas” en algunas provincias, todo indicando que se trata, más bien, de una escenificación punitiva antes que una respuesta seria de políticas públicas.
Lo más grave es que hoy ya no se puede justificar eso en nombre de la ignorancia. Existe evidencia científica suficiente para afirmar que determinados operativos policiales en contextos recreativos no reducen riesgos, sino que pueden aumentarlos. El miedo a ser detenido o expuesto empuja a muchas personas a consumir de apuro antes de entrar, a esconder sustancias de formas más peligrosas, a no pedir ayuda a tiempo ante un malestar y a desconfiar de cualquier intervención institucional.
Es decir, el prohibicionismo no sólo vulnera derechos, sino que también produce peores condiciones para la salud pública. Sin embargo, en Argentina seguimos atrapados en la ficción de que más control policial equivale automáticamente a más cuidado.
Ahí aparece otra continuidad importante de estos diez años: la consolidación del discurso de la responsabilidad individual como coartada. Todo recae, una y otra vez, sobre la persona que consume. “Informate”, “medite”, “cuidate”, “no te excedas”. Parte de esos mensajes puede ser útil, claro. Nadie discute la importancia de la educación entre pares y la construcción de herramientas de autocuidado.
El problema empieza cuando ese discurso se usa para correr del centro la discusión sobre las condiciones estructurales del consumo. Como si la única variable relevante fuera la decisión individual y no el entorno material, normativo y comercial en el que esa decisión se toma. Como si el riesgo dependiera solamente de una mala elección personal y no también de la calidad del aire, la disponibilidad de agua, la hostilidad policial, la ausencia de información confiable, la adulteración de sustancias o la precariedad de la asistencia sanitaria.
En los márgenes, otra forma de construir la noche
Frente a ese panorama, quizás la ruptura más interesante de esta década no haya ocurrido en el centro sino en los márgenes. Especialmente después de la pandemia, fue creciendo en distintas provincias del país un circuito de fiestas, productoras y escenas pequeñas que empezó a tomarse más en serio los derechos y las necesidades de quienes asisten a los eventos. No porque esos espacios sean moralmente superiores o estén libres de contradicciones, sino porque en muchos casos tuvieron la honestidad política de partir de asumir la verdad básica de que el consumo de drogas existe y que negarlo no lo hace desaparecer. Cualquier estrategia de cuidado tiene que asumir esa realidad.
A partir de ahí, se abrieron posibilidades que el circuito mainstream todavía se resiste a habilitar. El trabajo de organizaciones como ARDA —que viene sosteniendo un enfoque de reducción de daños desde hace décadas— y de experiencias más recientes como PAF!, surgida en el contexto posterior a Time Warp, permitió empezar a construir intervenciones más directas en los territorios de la fiesta. La presencia de promotores, la distribución de información situada, la escucha directa de las experiencias de las personas usuarias y la discusión abierta sobre adulteración, mezclas y cuidados fueron ganando lugar en estos espacios.
En paralelo, también se fueron consolidando herramientas de acceso a la información construidas desde abajo. Durante años, iniciativas como ArgenPills funcionaron como uno de los pocos recursos públicos y accesibles para conocer sobre sustancias y sus riesgos, y a partir de Time Warp ampliaron notablemente su alcance. Más recientemente, desarrollos como ToxiBot muestran cómo esa misma lógica de reducción de daños sigue evolucionando, incorporando tecnología para acercar información en tiempo real a quienes la necesitan.
Ese mismo proceso permitió avanzar, en condiciones muy específicas, hacia la implementación de análisis de sustancias en eventos. En muchos casos, fueron las propias fiestas del under las que generaron los mínimos de confianza y seguridad necesarios para que organizaciones como ARDA y PAF! pudieran llevar adelante estos dispositivos, frente a la imposibilidad de hacerlo en circuitos masivos atravesados por la lógica punitiva y la negación del consumo.
Por eso, si hoy hay más conversación pública sobre reducción de daños, más asistentes capaces de identificar prácticas abusivas y más espacios dispuestos a ensayar otras formas de organizar la noche, no es por iniciativa del Estado ni del gran negocio del entretenimiento. Es, sobre todo, resultado del trabajo sostenido de organizaciones, activistas, escenas pequeñas y personas usuarias que decidieron intervenir ahí donde otros prefirieron seguir mirando para otro lado.
Ninguna utopía: la reducción de daños ya es política pública en otros lugares
La comparación con otros países ayuda a ver con más nitidez la magnitud del atraso argentino. No porque haya que idealizar experiencias ajenas, sino porque muestran que lo que aquí se presenta como inviable o irresponsable ya existe y funciona en otros lugares.
En Uruguay, por ejemplo, la reciente articulación entre la Junta Nacional de Drogas y la organización de reducción de daños Imaginario 9 para impulsar análisis de sustancias en fiestas marca un camino posible a partir de reconocer a las personas usuarias como interlocutoras legítimas, ofrecer herramientas concretas de cuidado y asumir que la información salva más vidas que el castigo.
En Nueva Zelanda, el análisis de sustancias cuenta con respaldo legal y regulación estatal. En países de América Latina como Chile, Colombia, México o Brasil también existen experiencias sostenidas de reducción de daños y analisis de sustancias que parten de una premisa sencilla: cuando el Estado deja de tratar a los usuarios como enemigos, se vuelve más posible intervenir de manera inteligente sobre los riesgos reales.
Argentina, en cambio, sigue aferrada a una matriz que fracasó en cada uno de los términos que se autoimpuso. No disminuyó la oferta de drogas, no eliminó los consumos, no protegió mejor la salud de la población y no redujo la violencia asociada al mercado ilegal. Lo que sí hizo fue sostener un régimen de persecución selectiva, de estigmatización y de producción de daño evitable. Y eso se ve con especial crudeza en la noche, donde conviven la voracidad empresarial, la hipocresía estatal y la desprotección del público.
La memoria de Time Warp en disputa
A diez años de Time Warp, entonces, el saldo no puede expresarse en una consigna tranquilizadora del tipo “algo aprendimos”. La pregunta que debemos hacernos es quiénes aprendieron, qué aprendieron y para qué sirvió ese aprendizaje. Porque si hubo un saldo positivo, no vino principalmente de quienes tenían poder para cambiar las reglas, sino de quienes se organizaron para disputar esas reglas, para sobrevivirlas y para producir otras respuestas posibles.
Y ese saldo positivo, no vino del corazón del sistema, sino de sus bordes. No vino de la justicia, sino de la memoria insistente de quienes nos negamos a aceptar la hipocresía de la “Súperman” y de señalar a usuarixs de drogas como chivos expiatorios. No vino del prohibicionismo, sino de quienes se animaron a discutirlo incluso cuando hacerlo seguía siendo incómodo.
Time Warp no debería recordarse sólo como una tragedia del pasado, sino como una advertencia sobre el presente. Mientras la política siga tratando a las drogas como problema moral y penal antes que como cuestión de derechos y salud pública, mientras el negocio de la noche siga privilegiando la rentabilidad por encima del cuidado, y mientras las personas usuarias sigan siendo perseguidas en lugar de escuchadas, las condiciones que hicieron posible aquella noche siguen plenamente vigentes.
