La ley de drogas 23.737 prohíbe informar cómo usar drogas, trabando una estrategia básica para disminuir daños. Considera culpables a las personas hasta que se demuestre lo contrario, invirtiendo el principio de inocencia que caracteriza a los estados democráticos. Castiga la tenencia para consumo personal sin distinción de cantidades, siendo más prohibicionista que el régimen internacional y la mayoría de países de la región.

La 23.737 es la expresión local de un complejo entramado global de prohibición de prácticas culturales con fines geopolíticos. Una biopolítica de control de los cuerpos y una continuidad del colonialismo sobre los territorios. La ley de drogas nunca fue sobre drogas, sino sobre la persecución de personas.

Para apagar las velas de un cumpleaños que no merece celebración, convocamos a 35 especialistas de diversos campos que reclaman una modificación en la ley penal sobre drogas. Estos son su argumentos.

Luis Acosta

La Ley de Drogas responde a la imposición de una agenda global, donde la ONU preocupada por la moral del mundo intenta establecer una serie de medias políticas que deben llevar los países adelante para que la ‘lucha’ contra este ‘flagelo’ que ellos plantean sea eficiente. Aunque en realidad lo que se busca es la pérdida de autonomía y autodeterminación de los pueblos, una característica propia de la de la Independencia. Con el paso del tiempo, estas políticas lograron establecer una forma de comercialización de estas sustancias en donde el mercado ilegal se ha hecho cargo a través de la violencia, el prohibicionismo lo único que ha logrado es proteger a las mafias y generar consumos de productos de pésima calidad que tienen obviamente un impacto en la población.
Tenemos que avanzar hacia una legislación que responda a las particularidades de cada país. Pensar que esto se resuelve de manera global es absurdo. En Europa no se consume paco, está acá que se purifica la pasta base de cocaína.

Luis Acosta es Biólogo, doctorado en el Grupo de Neurociencias de Sistemas instituto IFIBIO-CONICET, asesor en la coordinación de alimentos salud y biotecnología GVT-CONICET.

Carolina Ahumada

La ley 23.737 es insuficiente frente a los desafíos actuales del uso de sustancias. Es fundamental avanzar hacia la descriminalización de la tenencia para consumo personal y adoptar un enfoque de salud pública y derechos humanos que priorice el bienestar de las personas que usan sustancias psicoactivas. Incluir y legitimar el testeo de sustancias es esencial para reducir riesgos y salvar vidas. Además, fomentar la incidencia política de pares y escuchar a las organizaciones de la sociedad civil garantiza que las políticas sean adecuadas y respetuosas de los derechos humanos. Solo así podremos avanzar hacia un sistema más justo y efectivo.

Carolina Ahumada es Socióloga y asistente de las áreas de incidencia política e intervención de Intercambios Asociación Civil.

Fer Albornoz y María Rachid

La comunidad LGBT+, en especial las personas trans, ha sufrido las consecuencias de políticas de drogas punitivas que perpetúan la persecución, criminalización y estigmatización. Aún en 2024, los pabellones de personas trans en las cárceles federales, están repletos de casos por la Ley 23.737, siendo la tenencia para consumo el principal motivo de detención, profundizando su exclusión y vulnerabilidad social, dos de los mayores factores de incidencia en el promedio de vida de 35 años que sostienen.
Esto muestra que la criminalización no es el camino, que empeora aún más la calidad de vida de los grupos históricamente vulnerados, y por eso desde la Federación Argentina LGBT+ siempre luchamos por la derogación de la Ley 23.737, y desde la Marcha del Orgullo volveremos a exigir: “Legalización de la marihuana. Despenalización de la tenencia simple de las sustancias psicoactivas. No a la persecución de usuaries”.

Maria Rachid es Presidenta de la FALGBT+ y Responsable del Instituto contra la Discriminación de CABA.
Fer Albornoz es Secretario de Salud Mental y Consumos de la FALGBT+.

Aramis Amaris

La desarticulación de los eslabones menos visibles y más complejos de la cadena delictiva es en definitiva lo que genera una verdadera afectación a los mercados de drogas ilegalizadas junto al desbaratamiento de sus fuentes de financiación. En todo el país, entre 2017 y 2021, se dictaron 58 sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos y el 59 % de ellas con ilícitos precedentes vinculados a la narcocriminalidad. Quienes se ocupan del direccionamiento de la persecución y la gestión de la política criminal, desde los ejecutivos, los sistemas judiciales y las agencias policiales, según los lineamientos de la vetusta Ley 23.737, continúan persiguiendo a quienes asumen los roles más bajos, fungibles, visibles y riesgosos: personas pobres, racializadas, migrantes nacionales o internacionales con dificultades para insertarse al mercado de trabajo formal como las mujeres trans y travestis pero también mujeres y varones de los sectores populares, que encuentran una alternativa de subsistencia en la venta de drogas ilegalizadas. Hay que avanzar en las políticas regulatorias y descriminalizantes no solo en materia de cannabis sino también en el resto de las sustancias.

Aramis Amaris es Abogada, docente de la Universidad nacional de La Plata (UNLP), investiga procesos de criminalización de mujeres trans y travestis y es columnista de Revis Mate.

Martín Armada

Hace 35 años Argentina estaba en condiciones de debatir una despenalización. La ley 23.737 atentó contra esa posibilidad y nos sumergió en décadas de criminalización y descomposición institucional. Hay que entenderla como una decisión que respondió tanto a intereses geopolíticos como de corporaciones locales con su correspondiente anclaje moral. El debate para cambiar el rumbo requiere tener presente múltiples aspectos que van del respecto a los Derechos Humanos hasta la soberanía política.

Martín Armada es el editor general de la Revista THC e integra el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa).

Francisco Armentano

¿Somos el resultado evolutivo del uso de hongos y drogas? ¿Las grandes civilizaciones fueron diseñadas en estados alterados de conciencia? ¿Son seguros los psicoactivos? Es un arduo debate colectivo que nos debemos. Lo que sí nos urge plantear como arbitrario, violento y anacrónico es este diseño militarizado de control actual que no pretende acabar con las consecuencias de sus usos, sino optimizar la fiscalización y el comercio de sustancias en general; que no está diseñado realmente para garantizarnos educación y seguridad frente a los potenciales peligros de estas drogas, sino para que no seamos nosotros un potencial peligro de alteración. Y esa asociación arbitraria que nos rotula sistémica y judicialmente debe terminar. Para los ciudadanos, las medicinas y los hongos. Para todos.

Francisco Armentano es Profesor de Historia, docente, activista e investigador independiente. Forma parte del Ateneo de Psilocibina, Proyecto NODO y la Red Miceliar.

Diana Barreneche

Ya son 50 años de criminalización en Argentina (desde la 20.771 de 1974) y 35 años desde la 23.737. Ambas han demostrado ser ineficaces para preservar la salud pública, muy por el contrario, ha sido sistemática la vulneración de derechos de las personas usuarias de sustancias.
Tanto en sus derechos Individuales, sociales como colectivos.
Ante los cambios normativos en Cannabis medicinal y cáñamo industrial y la gran oportunidad de pensar en un sistema regenerativo e inclusivo con políticas publicas que acompañen y reparen algo del inmenso daño que se ha cometido con el paradigma prohibicionista reflejado entre otras cosas en leyes como la 23.737. La vida, la salud, la libertad, el trabajo y el medio ambiente han sido dañados durante décadas y el costo es inconmensurable. La modificación de la 23.737 es un mínimo indispensable y necesario para pensar en una industria (o varias) realmente generadora de progreso y riqueza para la nación.

Diana Barreneche es abogada especialista en ambiente y presidenta de Proyecto Cáñamo.

Andrés Bacigalupo

Dentro de las múltiples reformas que merece esta ley dedico especial atención a la necesidad de reformar las escalas penales de los delitos de comercio, entrega, suministro o facilitación en pequeñas dosis destinadas al consumidor y que prevén penas de 4 a 15 años de prisión si no mediaren agravantes. Este artículo fue incorporado por la Ley 26.052 y su objetivo fue la creación de esta figura penal coloquialmente denominada “narcomenudeo” en el plan nacional de “desfederalización” del microtráfico de drogas, y asimila la pena a aplicar a las mismas acciones de comercio a gran escala, sin distinción alguna.

Nació al calor de una gran reforma penal vivida en el año 2005, y terminó generando masivas tasas de encarcelamiento, una agudización de la persecución penal sobre los sectores sociales más vulnerables, a la vez que favoreció -en las provincias que la implementaron- una mayor impunidad de la escalones más elevados del narcotráfico. Ha sido muy cuestionada por amplios sectores de la doctrina ya que no respeta el principio de lesividad y proporcionalidad de la pena por menor afectación al bien jurídico; hoy en día la decisión final sobre su constitucionalidad se encuentra a la espera de ser resuelta por la Corte Suprema en numerosos expedientes que han llegado hasta su despacho.

Andrés Bacigalupo es abogado penalista, integrante de la Asociación Pensamiento Penal y columnista de Revista Mate.

Soledad Barruti

En una sociedad tan adictiva, alienante, violenta y violentada, que tiene tantos productos y sustancias destinados a acallar nuestra capacidad sensible, a desconectarnos de nuestro cuerpo, a hacer que nuestra mente entre en un estado de voracidad insaciable de cosas que nos destruyen… es muy curioso que muchas cosas que llamamos drogas están prohibidas, aunque servirían justamente para sacarnos de esos lugares.
Que eso sea inaccesible o prohibido, que esté patologizada esa búsqueda tiene todo el sentido para una sociedad que nos necesita en este estado zombie. Se ha decidido llamar drogas a cosas que no lo son y han permitido otras que sí deberían ser llamadas así y por lo menos advertidas en su consumo. Esa matriz tiene leyes que lo amparan y para salir de ahí necesitamos recuperar muchísima información, que afortunadamente está cada vez más desplegada. Gracias a distintas personas, que autocultivan, que producen, se conectan con eso desde sus diversas profesiones y disciplinas. Y deciden romper con ese espacio de hegemonía, de laboratorios e industrias. Cuando una ley es injusta lo más justo es no obedecer.

Soledad Barruti es periodista y autora de los libros Malcomidos y Malaleche. Actualmente organiza el ciclo de encuentros “Todos los hongos son mágicos”.

Jaime Buchuk

La Ley de drogas argentina debe ser derogada por su espíritu ortiva y sus nefastas consecuencias sociales. La penalización de la tenencia para consumo personal, fue instaurada en 1974 la misma semana que se sancionó la Ley antisubversiva. La represión política y la persecución de opositores fue derogada hace mucho, pero la criminalización de usuarixs fue reforzada en 1989 y sigue aún vigente.
¿Quieren solucionar la inseguridad y las adicciones graves? Sigamos el ejemplo de Portugal en 2001: despenalizar al usuarix. ¿Quieren investigar? Dejemos importar insumos controlados ¿Quieren dar trabajo? Dejemos de importar semillas, trabajar a las ONGs y cooperativas y exportar flores a las empresas ¿Quieren mejorar el abordaje en neurociencias? Brindamos capacitación y herramientas en psicodélicos. ¿Quieren una sociedad mejor? Dejémonos de joder.

Jaime Buchuk es Médico especialista en Psiquiatría y Endocannabinología. Docente de Posgrado en Cannabis y Salud. Co-fundador del Grupo Educannar.

Gabriela Calzolari

En primera medida queremos reformar la Ley 23.737 de drogas porque las personas tenemos derecho a la libre elección de lo que hacemos con nuestros consumos y nuestro cuerpo, establecido por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Incluso tenemos fallos en nuestro país que hacen alusión a ese derecho. En segunda medida, esto también tiene un enfoque de salud porque el cannabis es una de las sustancias más consumidas en nuestro país e incluso en el mundo y al no estar regulado, como sucede en Uruguay o Alemania, las personas usuarias son obligadas a recurrir a mercados desregulados, en donde muchas veces no se consigue la sustancias de calidad y puede llegar a tener algún tipo de adulteración. Además, es clave incorporar un enfoque de reducción de daños para acompañar a las personas que puedan desarrollar un consumo problemático.

Gabriela Calzolari es Licenciada en Biología y fundadora de la ONG Ciencia Sativa.

Florencia Cicchitti

La Ley 23.737 criminaliza a los usuarios de sustancias psicoactivas, sin respetar la libertad individual ni implementar políticas de salud pública y reducción de daños. No distingue entre el consumo recreativo y problemático, tratando a todos los usuarios como criminales y vulnerando su derecho a decidir sobre sus vidas. Además, el criterio para clasificar drogas como legales o ilegales se basa más en factores históricos y culturales que en evidencia científica. Esto resulta en un doble estándar, penalizando sustancias con menor daño potencial como los hongos psilocibios, mientras que drogas más peligrosas como el alcohol son legales. La prohibición también limita la investigación científica sobre sus beneficios terapéuticos, perpetuando un círculo vicioso. Es urgente reformar la Ley 23.737 para adoptar un enfoque de salud pública que respete la soberanía individual, proteja a la sociedad y nos permita disponer de herramientas maravillosas al servicio de la salud mental.

Florencia Cicchitti es médica psiquiatra y Co-directora del Centro de Psicoterapias con Psicodélicos de Argentina (CEPPA).

Florencia Corbelle

El marco normativo en materia de sustancias psicoactivas ilegales es sumamente contradictorio. Diversas leyes y resoluciones reconocen los derechos de las personas usuarias y los beneficios del cannabis. No obstante, la ley de drogas continúa habilitando la persecución, criminalización e internación compulsiva de personas que usan y cultivan cannabis y otras sustancias, violando sus derechos humanos.

Florencia Corbelle es Doctora en Antropología (UBA) e investigadora asistente del CONICET. Es autora del libro “El activismo político de los usuarios de drogas: de la clandestinidad al Congreso Nacional”.

Eugenia Cozzi

El modelo prohibicionista que rige en nuestro país habilita la arbitraria regulación policial del mercado de drogas ilegalizadas, persiguiendo algunos eslabones más débiles de la cadena y acordando con otros, incidiendo así en la configuración que adquiere esta actividad. Una regulación legal permitiría, en cambio, fijar criterios de control más claros y objetivos.

Eugenia Cozzi es Abogada y Doctora en Antropología (UBA). Autora del libro “De ladrones a narcos. Violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento”.

Carlos del Frade

Los 35 años de la ley de estupefacientes vienen bien para remarcar que eso fue una construcción política que hizo Estados Unidos a través del gobierno menemista para imponer, con la excusa del combate al narcotráfico, un control social sobre las poblaciones juveniles. Poniendo el eje en los consumidores y no en el verdadero corazón del negocio que es el tránsito del dinero, que va por arriba y no por abajo. Por eso después vinieron otras leyes como la ley de narcomenudeo, que generó un mayor poder para las policías provinciales e igualmente se siguió con el desarrollo del negocio del narcotráfico por arriba a través del lavado dinero y los sistemas financieros que terminan produciendo la recepción del 30% de su caudal a través del narcotráfico y el contrabando de armas. Es muy importante volver a debatir estas cuestiones: no hay combate en serio el narcotráfico porque el sistema es y necesita del narcotráfico como uno de sus principales elementos constitutivos, junto al negocio del petróleo, los medicamentos, las armas y la trata de personas y entonces, por eso se hacen estas leyes que en realidad siempre apuntan hacia abajo generando la continuidad del negocio.

Carlos del Frade es periodista de investigación, autor de múltiples libros sobre el fenómeno del narcotráfico y actualmente es legislador provincial en Santa Fe.

Mariano Fusero

Argentina mantiene vigente una de las legislaciones de drogas más dañinas, vetustas y anacrónicas de la región y el mundo, que apunta su represión hacia personas que consumen sustancias o que participan en su comercio minorista como mera estrategia de supervivencia económica, desechando investigaciones trascendentes sobre tráfico y lavado de activos. Los fundamentos de dicha legislación se encuentran en contextos de fragilidad institucional que nuestra democracia aún no supo revertir. Decenas de legislaciones de Estados de la región y el mundo han optado hace décadas por abordajes más sensatos, humanos y eficaces para abordar el consumo de drogas, como ser la despenalización de los consumos, la regulación de sustancias y la reducción de riesgos y daños. A pesar de decisiones judiciales en nuestro país con una vigencia ininterrumpida desde hace 15 años (Fallo Arriola) y legislaciones avanzadas como del año 2010 (Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones) y de 2014 (Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos), gobierno tras gobierno han priorizado la demagogia punitiva por sobre los derechos de las personas que consumen. Es que la demagogia y marketing punitivo siguen siendo transversales en la política argentina para captar la simpatía de un electorado desinformado y adormecido por la cultura de la prohibición.

Mariano Fusero es Abogado y Presidente de RESET – Politica de Drogas y Derechos Humanos. 

Valentín Gurrera

El uso de sustancias psicoactivas ha sido constante en la historia humana, cumpliendo roles importantes en la vida social, cultural y espiritual. Sorprendentemente, no hay evidencia de problemas de consumo a gran escala antes de la modernidad. Factores como la síntesis de sustancias más potentes, la revolución industrial y la sociedad de consumo han contribuido a la crisis actual. El aumento en el abuso de sustancias se atribuye a la pérdida del contexto tradicional en el que se usaban, convirtiéndolas en un fin en sí mismo en lugar de una herramienta dentro de un contexto más amplio.
A propósito de todo esto, una ley que restringe y reprime el uso de plantas, hongos y sustancias en general que son parte indisociable de la evolución de nuestra especie, omitiendo (¿intencionalmente?) el hecho fundamental de que “el problema de las drogas” es eminentemente contextual, social y político, y no producto del consumo en sí, es una ley que, como mínimo, necesita ser replanteada. Por supuesto, a no ser que la intención sea perpetuar el mismo paradigma que es causa directa del problema.

Valentín Gurrera es Licenciado en Psicología, acompañante de procesos terapéuticos asistidos con Enteógenos y miembro de CEPPA.

Isbelio Godoy

Es importante despenalizar y empezar a trabajar en la regulación. Hay que hacer un proceso legislativo acorde para dar la discusión sobre la regulación al menos hoy de algunas drogas. Tenemos que trabajar la complejidad de las drogas con mucha interdisciplinariedad. Y para el caso de los enteógenos, si hablamos de hongos, podemos esperar a que Estados Unidos quiera hacer algunos cambios o empezar a levantar un poco la soberanía y elegir nosotros como queremos encarar esa reforma. Para el caso de ciertos enteógenos es necesario trabajar una ley de medicina tradicional que responda a las BioCulturas, a sus propias prácticas, que eso genere un paréntesis para el uso, manejo, formación de practicantes y por supuesto la figura que van a tener esos enteógenos respecto a la ley. Es interesante el ejemplo de Bolivia con la hoja de coca, que eligió salirse de los acuerdos internacionales de drogas, quitar la hoja de coca y luego volver a ingresar. Sin esperar a ver qué dicen los jefes coloniales. Desde Argentina lo interesante es pensar, más allá de lo deseable, qué es lo posible.Tenemos que entender el paradigma bajo el cual se encuentra Argentina y que la discusión va a avanzar en la medida de lo posible. Hay que pensar estrategias que van a depender mucho de la fuerza popular. En base a la evidencia científica, a los tratados de derechos humanos y a los tratados con respecto a la medicina tradicional que nos permiten jugar para ver cómo vamos a dar esa discusión con respecto a lo que pasa en Argentina y qué conversación tolera la sociedad hoy en día.

Isbelio Godoy es practicante de medicina tradicional andina amazónica, investigador en Laboratorio LINCEpd (UNQ) y artista.

Silvia Inchaurraga

La Ley argentina 23.737 ha demostrado ser más tóxica que las drogas. Ha criminalizado y sigue criminalizando a múltiples usuarios, adictos y dependientes a las drogas. Ha generado y sigue generando detenciones policiales, causas judiciales e internaciones compulsivas que avalan la falacia de que “el encierro cura”. Esta Ley tóxica deslegitima y contradice a la Ley 26.657 de Salud Mental que debiera haberla debilitado.
La promesa incumplida de disuadir del consumo toma cada vez mayor visibilidad social con el aumento de las adicciones, la diversificación del mercado de las drogas, la baja en la edad de inicio de los consumidores, el crecimiento exponencial de los daños con drogas cada vez mas dañinas y peligrosas, sustancias que en la clandestinidad advienen en venenos, sustancias no aptas para el consumo humano.
En el haber de la Ley 23.737 hay daños subjetivos y sociales y de su nivel de toxicidad no hay viaje de vuelta. No son números, sino vidas. Vidas y muertes. Vidas arruinadas por el estigma de la detención o la cárcel, cuadros clínicos cronificados y sobremedicados en “centros de rehabilitación” y clínicas monovalentes sin auténticos tratamientos que la complejidad requiere.

Silvia Inchaurraga es Doctora en Psicología, Máster en Drogadependencias y Secretaria general de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA).

Ignacio Juré

Mientras no establezcamos parámetros específicos y medibles que determinen la legalidad de algunas drogas por sobre otras, debemos aceptar que como sociedad estamos prohibiendo, es decir quitando libertades, en base a prejuicios. ¿Qué criterios usamos para prohibir una sustancia? ¿Daño físico que genera? ¿Potencial de adicción? ¿Destrucción del entramado social? ¿La verdad es que no existen tales criterios? No hay evidencias científico médicas que justifiquen bajo parámetros claros prohibir unas sustancias y permitir otras. Podríamos hablar de que el alcohol es mucho más dañino para individuos y sociedad que drogas ilegales como el cannabis, pero no se trata de demonizar una sustancia y endiosar otra sino de entender que las drogas son poderosas herramientas y como tales traen riesgos y beneficios. La prohibición solo impide que las conozcamos detalladamente para usarlas de la mejor manera posible.

Ignacio Juré es Doctor en Biología, Médico, columnista en Revista Mate y divulgador de @Tomateloconciencia.

Lucía Levenberg

La ley en los términos en los que está planteada demostró a lo largo de estos 35 años que tiene más problemas que soluciones. Desde la bioética médica es muy difícil respetar el principio de autonomía de la persona, si muchas de las herramientas que nos aporta la naturaleza están penadas por la ley tanto en su uso, como en su educación y su indicación. Por otra parte. El manto de estigmatización y vergüenza tiene un impacto negativo y traumatizante sobre la salud mental de las personas y eso aumenta la complejidad de los escenarios de acceso a la salud. Por otra parte obstaculiza la posibilidad de investigar con sustancias novedosas e innovadoras como pueden ser los psicodélicos. Y se ubica a cualquier profesional que quiera trabajar con esto en un lugar de clandestinidad. Por todo esto tenemos que reformar esta ley por una que tenga una perspectiva de derechos más amplia, y que nos ayude a abordar las grandes problemáticas salud mental que estamos teniendo.

Lucía Levenberg es Médica especialista en Psiquiatría, integrante de Educannar y Coordinadora Psiquiátrica del Equipo Libertador.

Piero Liebman

Esta ley que rige en Argentina hoy es el principal impedimento para que se pueda desarrollar una industria lícita del cannabis, que realmente ponga en valor el conocimiento que la industria hoy ilegalizada tiene. En Argentina se ha generado mucho valor agregado en torno al cannabis, a partir del conocimiento de los cultivadores y de los breeders por esta ley no puede desarrollarse en un marco normal. Un ejemplo es la Ley 27.669 de cannabis productivo, la cual en ningún punto plantea la derogación del régimen penal, suponiendo que se va a poder establecer una cadena de valor regulada en la cual continúa vigente la prohibición. Y así los sectores productivos dentro de esa cadena van a tener que optar entre una inversión económica o guardar dinero para una defensa penal por si las cosas no le salen bien. Hoy hay un consenso generalizado de que la industria del cannabis puede hacer un aporte importantísimo a la Argentina en términos de ingreso de divisas y generación de empleo genuino, pero no se está desarrollando todo lo que podría porque no se puso en discusión esta cuestión penal. Y no se pone en discusión este punto, cualquier sistema de ampliación de derechos en torno al cannabis va a ser imperfecto porque pone al cultivador de una planta bajo un régimen penal que puede terminar en una restricción de la libertad totalmente ilegítima.

Piero Liebman es abogado especialista en regulaciones de Cannabis y dirige el estudio jurídico Liebman & Asociados.

Patricio Liddle

La 23.737 dilapida recursos en políticas prohibicionistas que fracasan en sus objetivos, violan derechos y maximizan la violencia. Esos fondos deben redirigirse a salud, educación y a democratizar la justicia y las fuerzas de seguridad. Esta ley es producto de la desinformación mediática, por lo que debemos construir una nueva desde de la discusión social, basada en la evidencia y los derechos humanos.

Patricio Liddle es Economista, periodista, Secretario de organización y desarrollo institucional de ARDA y columnista en Revista Mate.

Maximiliano Lofredo

Podría poner un montón de argumentos por los cuales la ley de drogas está mal y tiene muchos errores. Pero digamos que muchas drogas que están en la lista de sustancias prohibidas como la psilocibina, el LSD, la mescalina, DMT, MDMA tienen uso psicoterapéutico con una eficacia altísima para tratar ciertos problemas por ende ahí ya hay una contradicción con que estén prohibidas para para su uso médico. Pero el argumento más contundente es que en la década del 2000 el investigador David Nutt hizo un estudio donde se clasificaron las drogas en 16 factores según su peligrosidad y entre las drogas más peligrosas se encontraban el alcohol y la nicotina, tanto para el usuario como para la sociedad y esas drogas son legales. Entonces, ya partimos de algo que es completamente irracional e injusto por ende habría que revisar todo. Porque si vos vas a ilegalizar las drogas que en esa lista son lasa más seguras y vas a poner como legales las drogas que son más inseguras, ya partimos de algo completamente irracional.
Si vamos a ilegalizar ciertas ciertas drogas por un tema de que pueden generar adicción, entonces otras cosas que pueden generar adicción deberían ser ilegales, como por ejemplo, el juego, el sexo y la masturbación. Entonces creo que de nuevo ahí estamos ante una contradicción importante a nivel social.

Maximiliano Lofredo es Psicólogo y Sexólogo clínico. Cofundador y Codirector de CEPPA.

Denise Moruzzi

En el año 2019, junto a mi hija de 19 años recién cumplidos, sufrimos el atropello de la ley 23737. Teníamos sólo 3 plantas, el día 29 de abril allanaron mi casa. En ese momento Jorge Macri era intendente de Vicente López y en asociación con la ministra de seguridad Patricia Bullrich, utilizaban drones y habían empapelado la ciudad con el lema “vamos a terminar con el narcotráfico”. Como me vieron mamá soltera, pobre y vulnerable, era la presa ideal.  El día 18 de junio, casi dos meses después del allanamiento, tocaron las puertas a las 10 de la noche, salimos con mi hija y a ella la esposaron y mi hijo, de quién éramos su única familia, nos vió salir y no supo más de nosotras ni yo de él por 22 días. Se quedó en casa sólo, abandonado, con miedo, con frío y sin saber qué hacer.
5 años después de lo vivido, la ley 23.737, sigue exactamente igual, tenemos el Reprocann pero es sólo un parche para quien puede pagarlo. No nos da la libertad de vender nuestros productos, porque otra vez, ése negocio es de los ricos y los hijos del poder, cómo por ejemplo en Jujuy, dónde el Sr. Morales, tiene hectáreas de marihuana, la cual vende, con la total aprobación de la ley y el poder, mientras que en mi caso, arruinaron mi vida y la de mi familia por sólo 3 plantas y las secuelas son atroces.

Denise Moruzzi preside el colectivo Presas y presos por cannabis.

Juan Palomino

La Ley 23 737 es sin lugar a dudas una de las leyes más injustas que se han sancionado en la Argentina. A 35 años no tenemos nada que celebrar ya que el Congreso de la Nación tiene una deuda histórica con los usuarios y personas criminalizadas por esta ley, que sólo ha servido como un mecanismo de control social principalmente de las clases más vulnerables o de las disidencias. Podemos ver en el ámbito del cannabis, que esto ha llevado a enormes injusticias y a que tengamos que adoptar el “basta de presos por plantar” porque aunque parezca ilógico hace 35 años, y más también, que hay personas que son criminalizadas por consumo, tenencia, o comercialización de cannabis con penas de 4 a 15 años. Con lo cual estamos hablando de una de las escalas penales más altas para un delito que dice proteger la salud pública, lo cual hoy por lo menos en lo que respecta al cannabis, resulta bastante inconsistente. Porque contamos con una ley que dice que el cannabis es una cuestión de salud pública como es la ley 27.350 como así también como una con una ley que dice que no solo es una cuestión de de salud pública, sino que también es de interés económico que es la ley industrial 27.669. En Argentina con todo el desarrollo que se ha ido dando en estos últimos tiempos resulta imprescindible una modificación de esta Ley y una reclasificación del cannabis, ya que no hay una industria posible que vaya a fluir si los sujetos alcanzados por la misma aún pueden ser criminalizados.

Juan Palomino es Abogado especialista en derecho cannábico y Socio Fundador del Estudio420.

Ariel Parajón

La Ley 23.737 expresa un fracaso, una deuda y una hipocresía. Fracasó en alcanzar los objetivos prohibicionistas de evitar que circulen sustancias y disminuya el consumo; hoy hay más cantidad y diversidad de sustancias, más complejas, lo cual aumenta los riesgos y daños. Tampoco soluciona el problema de la violencia, sino que se agudizó. Además es ineficiente en el plano sanitario, ya que la criminalización y el estigma alejan a los usuarios del sistema de atención, por eso decimos que la ley de drogas daña el derecho a la salud de nuestro pueblo. Por otra parte, también expresa una deuda de la democracia y de la política en tanto violenta derechos humanos básicos, colabora con la pérdida de soberanía nacional y permite al crimen organizado penetrar y corromper instituciones elementales para la vida en comunidad. Por último, expresa también una hipocresía porque niega la dimensión del placer, un factor clave a la hora de acompañar personas que usan drogas.

Ariel Parajón es Politólogo, militante, especialista en política de drogas e integrante del Colectivo de Reflexión de los Consumos.

David Rojkin

La perspectiva total de la legislación, principalmente aquellos tipos penales vinculados a conductas como la tenencia o el consumo que anticipan la punibilidad a conductas de peligro abstracto como el art. 5 y el 14, justificando la persecución y criminalización del usuario vulnerando derechos humanos básicos garantizados por tratados internacionales con jerarquía constitucional asociados a la libertad, la autodeterminación y la salud.
La ley de drogas debería reformarse porque es la única manera de reemplazar el paradigma prohibicionista abstencionista vigente, que persigue y criminaliza al usuario de sustancias ilegalizadas con una perspectiva punitivista, por un abordaje sanitarista y humanista, propio de la reducción de daños, que priorice reconocer a los usuarios de drogas como sujetos de derecho, cumpliendo así con aquellos tratados internacionales a los que adhirió y optando por promover políticas que protejan, promuevan y mejoren la salud publica y respeten nuestros derechos humanos.

David Rojkin es Abogado, Presidente de Conectar Asociación Civil e integrante de Conectar Med.

Federico Rosetti

Esta ley es pasible de ser criticada en muchísimos niveles: ético, jurídico, antropológico, científico y hasta el mismo sentido común en una visión amplia. Atenta contra las libertades individuales y colectivas de explorar la conciencia, de consagrar y congraciarse con los espíritus de las plantas, de hallar respuestas a preguntas y malestares que nos hacemos en nuestro mezquino estado de conciencia ordinario que no alcanza a vislumbrar otras perspectivas propias de aquellos estados ampliados que habilitan ciertas sustancias. No todo es lo mismo: estupefacientes, estimulantes, depresores, delirantes, psicodélicos tanto el presente cuerpo de evidencia científico como las pragmáticas milenarias de pueblos y culturas de todo el mundo nos hacen saber que no existe tal cosa como “la droga”, hay enormes diferencias funcionales, estructurales, de uso, de cantidades y de contexto. Esto la ley decide soslayarlo metiendo todo en la misma bolsa y sumiendo en la oscura ignorancia a informaciones específicas de cada planta o cada molécula que podrían ser de sumo valor terapéutico, experimental o científico. Ilegalizar una planta, ¿qué cosa más absurda?

Federico Rosetti es Psicólogo, acompañante terapéutico, editor de Libros Enteogénicos y columnista de Revista Mate.

Emilio Ruchansky

La ley de drogas, como trabajador de prensa surge y se refuerza en un operativo de prensa bastante importante. Hoy sabemos que muchos de esos operativos son armados por la propia policía. Hemos visto casos de decomisos donde una parte de la droga se le planta a otra persona. Hemos visto desde el jarrón de Coppola en adelante, muchísimas cosas. Los medios de comunicación han jugado un rol muy importante. No han podido disputar la fuente, o sea, han seguido la versión oficial de la información policial, incluso tratándose de pequeñas cantidades para consumo personal. Ha habido casos probados en la Justicia, donde la policía armaba causas para progresar en el escalafón de la fuerza. Pasó en el barrio porteño de Constitución, donde se detenía al voleo a vendedores ambulantes pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico Borda y se les plantaba marihuana y después llamaban al diario crónica, que siempre sacaba la nota. Hay una conjunción mediática que sigue sosteniendo esto y utilizando la información policial sin ningún tipo de crítica ni preguntando más. Así vemos allanamientos que muchas veces son realmente shows.

Emilio Ruchansky es periodista especialista en política de drogas, coordinador del Acuerdo por la Regulación legal y autor del libro “Un mundo con drogas”.

Daniel Alejandro Ruso

La Ley de drogas cumple treinta y cinco años de ineficacia. Su persistencia en el tiempo adquiere un valor como analizador social más que como una herramienta legislativa en sí misma.
¿Qué es lo que se mantiene entonces con su vigencia?
Distingo, al menos, cuatro órdenes. En primer lugar, la vigencia de la actual ley de drogas evidencia la participación activa de nuestro Estado en la construcción de un mercado que genera fortunas incalculables en base a la restricción intencional de acceso a un producto. En segundo lugar, la Ley 23.737 es responsable de una escalada de violencia feroz e innecesaria. La restricción de acceso a un producto en un mercado de alta demanda se traduce en disputas sangrientas en torno a la distribución y comercialización de las mercancías. El lavado de activos quita de los billetes los restos sanguinolentos que quedaron adheridos durante las transacciones directas. En tercer lugar, esta legislación mantiene un sinsentido presupuestario. Los Estados destinan cuantiosos recursos en una acción que no tiene ningún resultado aceptable. Aun cuando se realicen grandes decomisos de drogas, lo incautado representa tan solo un grano de arena en el desierto. Asimismo, las cárceles se pueblan y abarrotan de personas que participaron en las operaciones de menor envergadura comercial. Por último, la penalización de la tenencia para consumo favorece la amalgama de la figura del usuario con la del delincuente, lo que potencia efectos de estigmatización que se traducen en barreras de acceso a los dispositivos asistenciales.

Daniel Alejandro Ruso es Psicólogo, Doctor en Salud Mental Comunitaria (UNLa). Docente-investigador y autor del libro “Cuidar a la fuerza”.

Belén Vera

Desde Con.Sumo.Cuidado creemos que la ley 27.737 debe reformarse para que el consumo de drogas empiece a ser abordado como lo que es, un tema de salud pública, y deje de ser abordado desde la justicia o la moral. La realidad nos ha mostrado una y otra vez que la criminalización del consumo personal de drogas no contribuye a la reducción del consumo ni al tratamiento de personas con problemas de consumo, dificulta enormemente la implementación efectiva de políticas de RRDD, como el testeo de sustancias y la información sobre consumo seguro, nos expone constantemente a denuncias y situaciones incómodas a quienes intentamos implementar la RRDD y genera barreras para que las personas usuarias de drogas busquen y reciban asesoramiento adecuado.

Belén Vera es Dra. en Psicología y responsable del colectivo Con.Sumo.Cuidado.

Ivana Sol Vigilante

La despenalización del cannabis es esencial para garantizar el acceso seguro a usos medicinales y promover su investigación sin temor a represalias injustas. También liberaría al sistema judicial de causas menores, mientras que la prohibición, ineficaz hasta ahora, solo ha fortalecido al narcotráfico. Regular el cannabis otorgaría mayor control, derechos individuales y beneficios económicos, resolviendo el problema de fondo. Despenalizar el cannabis es esencial para abordar el problema de fondo en la Ley de Drogas. Aunque la legalización en ciertos contextos representa un avance, no podemos conformarnos con soluciones parciales. El objetivo final debe ser que el cannabis deje de ser considerado un estupefaciente, ya que la legalización parcial solo aplica parches y no resuelve la problemática estructural.

Ivana Sol Vigilante es Abogada, fundadora y CEO del estudio jurídico Legal Weed.

Enzo Tagliazucchi

Lo que yo tengo para decir tiene que ver con la dificultad para hacer investigación científica con drogas. No hay pautas claras al respecto que estén contempladas en la regulación vigente, por lo que la investigación depende de excepciones que son difíciles de conseguir y pasan más por la voluntad política que por lo institucional. El problema se acentúa cuando uno observa que otros países del mundo (y también de la región) ya están facilitando la investigación con ciertas drogas (como por ejemplo, psicodélicos y cannabis), lo cual va a tener como resultado final retrasar estos desarrollos que son estratégicos para el futuro del país.

Enzo Tagliazucchi es Doctor en Física, Investigador independiente del CONICET (INFINA), Docente universitario y director del COCUCO Lab.

Mariana Zarankin

Es necesario reformar la ley de drogas porque estamos frente a una pandemia de salud mental y los psicofármacos convencionales en muchos casos no logran ayudar. En los casos que sí, sus efectos adversos, entre ellos la desconexión emocional, puede resultar muy invalidante para las personas. Los psicodélicos acompañados por profesionales idóneos y un abordaje psicoterapéutico adecuado, pueden generar mejorías sintomáticas, mayor conexión emocional y cambios en el bienestar general. Para eso necesitamos información, experiencia, ciencia y seguridad.

Mariana Zarankin es Médica especialista en medicina interna y psiquiatría. Dedicada a la psiquiatría integrativa, psicoterapia psicodélica y cannabis medicinal.

Gustavo Zbuczynski

Con el orgullo de presidir la organización civil que comenzó denunciando públicamente la necesidad de modificar esta legislación y, habiendo transitado una declaración de inconstitucionalidad en el año 2009 por parte de la Suprema Corte de Justicia y una gran discusión del Congreso de la nación sobre el tema en 2012, se me ocurren varias reflexiones: En primer lugar, se hace notorio que la política nacional no está a la altura de imponerse sobre los designios de algunos poderes con los que no quiere enfrentarse. Estos van desde quienes diseñan desde el exterior las políticas de nuestros países, hasta algunos poderes locales que ostentan intereses con el tema. Estos socios locales van desde sectores de la política, la justicia y fuerzas de seguridad hasta organizaciones sociales y eclesiásticas (de todos los credos) que ofrecen servicios financiados por el Estado que se nutren por el sostenimiento de las políticas públicas Prohibicionistas-Abstencionistas. Modificar esta ley es fundamental para terminar, de una vez por todas, con todos los males que produce y que van desde el alejamiento de las personas usuarias de drogas a los sistemas sociosanitarios con las consecuentes violaciones a los derechos de la población usuaria, hasta los peores daños que ocasiona la regulación ilegal a través de políticos, jueces y fuerzas de seguridad corrompidas por este negocio fomentado por la prohibición.

Gustavo Zbuczynski es Licenciado en Psicología. Psicoanalista. Presidente de ARDA.

Maximiliano Zeller

La actual legislación sobre sustancias psicoactivas se basa en una categorización arbitraria y sin fundamento científico. Los estudios demuestran que los prejuicios que intentan justificar la prohibición (delincuencia, daño irreversible a la salud, adicción, inmoralidad) no se sostienen. De hecho, prácticamente todas las sustancias ilegalizadas presentan menos riesgos que el alcohol o el tabaco.
La ilegalidad genera graves consecuencias sociales: mayores riesgos por falta de controles de calidad. criminalización y estigmatización de usuarios, violación de derechos humanos, financiamiento del crimen organizado, corrupción policial, judicial, gubernamental y del sistema bancario/financiero.
Hubo leyes pasadas que discriminaban por orientación sexual o etnia y hoy nos horrorizan, pero aún no se ha logrado tomar conciencia sobre la cruel discriminación de la ley 23.737 hacia los usuarios de sustancias ilegalizadas.

Maximiliano Zeller es Filósofo, docente universitario y Coordinador del Grupo Filo-Psicodélicos (SADAF).