Perros que huelen mochilas, cientos de policías, drones, controles rigurosos en los ingresos. No son operativos para desbaratar a una red de narcotráfico, es la versión adaptada de los grandes despliegues del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para perseguir y criminalizar, en este caso, a personas que asisten a fiestas electrónicas.
Bajo el lema “el orden no se negocia”, solo en cuatro grandes fiestas (Creamfields 2025, dos fechas de Sunsetstrip y Heiss Festival, todas en 2026) el Gobierno de la Ciudad desplegó casi 1200 policías de divisiones especializadas para la detención de 3 personas por presunta comercialización. La información surge de un pedido de acceso a la información presentado en conjunto por la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
¿Cuál es el sentido de estos operativos de saturación policial en los espectáculos masivos? Incautar sustancias que las personas llevan a las fiestas para su consumo personal.
Este tipo de intervenciones no solo son inconsistentes, sino que producen problemas más graves de los que supuestamente trata de contener. En el ámbito de las fiestas electrónicas no existen antecedentes de hechos de violencia o situaciones conflictivas que permitan caracterizarlas de ese modo. Los principales desafíos están vinculados a garantizar condiciones adecuadas de seguridad, prevención y cuidado para quienes participan de estos espacios.
La reducción de daños arranca de una constatación que las políticas represivas prefieren ignorar: la gente consume sustancias exista o no una ley que lo prohíba, y ahí el Estado tiene dos caminos: uno es perseguir a quien consume; el otro es trabajar para que consuma con menos riesgo. Las personas usuarias no son objetos de control, son sujetos de derecho, y la experiencia acumulada en distintos países muestra que lo que efectivamente cuida no es el miedo, sino el acceso a información y asistencia.
Según la información brindada por el Ministerio de Seguridad, las intervenciones en las cuatro fechas mencionadas arrojaron un saldo de 566 personas requisadas, 527 personas demoradas, 530 actas por tenencia para consumo personal y solo 3 personas detenidas por conductas presuntamente relacionadas con el delito de venta al consumidor.
Se trata, como evidencia la proporción de casos, de montar un show con fuerzas especiales Antidrogas, de Investigaciones y cuerpos de control como Orden Urbano y Seguridad Comunal para perseguir a quienes llevan sustancias para autoconsumo, algo bastante habitual y hasta constitutivo de estas fiestas.
¿Cómo elige la policía a quién detener en la puerta de estos eventos? En la respuesta oficial al pedido de acceso a la información, sostienen que las intervenciones se basan en la “observación directa” de “conductas, actitudes o circunstancias objetivas” por parte del personal actuante, o en las “marcaciones efectuadas por canes detectores especializados”.
Estas explicaciones señalan una discrecionalidad que colisiona con el artículo 91 del Sistema de Seguridad porteño, que exige indicios objetivos y fundados para privar de la libertad a un ciudadano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los casos Fernández Prieto y Tumbeiro, fue contundente al respecto: las requisas sin orden judicial basadas en “olfato policial” no son prevención, sino prácticas discriminatorias y arbitrarias.
Y a esta arbitrariedad se suma una incongruencia legal: mientras que el fallo Arriola de la Corte Suprema de la Nación (2009) protege el consumo personal como un ámbito privado garantizado por la Constitución, la Ley 23.737 permanece inalterada, y las personas usuarias de sustancias son el blanco principal. Durante 2025, más del 70% de las causas por infracción a la ley de drogas ingresadas al Ministerio Público de la Ciudad fueron por tenencia para consumo personal que, finalmente, fueron archivadas por el Poder Judicial.
Entre 2025 y 2026 hubo denuncias por requisas violentas, personas retenidas sin una explicación clara, uso de la fuerza, asistentes a quienes no les permitieron retirarse del predio y el caso de un joven que denunció haber sido tirado al piso por varios policías y obligado a borrar los videos que había grabado del operativo. Sin embargo, al responder el pedido de información, el Gobierno, a pesar de reconocer la existencia de estas denuncias, informó que ninguno de esos casos había terminado con sanciones disciplinarias para los agentes involucrados.
Otro problema de este tipo de intervenciones policiales es que incentivan prácticas de consumo más riesgosas. El Gobierno de la Ciudad reconoce que los operativos no cuentan con un abordaje sanitario y no contemplan los efectos de la intervención policial en las formas de consumo.
Esto no es un dato menor: la persecución no borra el consumo, lo empuja a peores condiciones. El descarte apresurado de sustancias, el consumo de altas dosis antes del ingreso, la separación de grupos de cuidado y el miedo a pedir asistencia médica son consecuencias que esta lógica ignora. De esta manera, se omite un punto central de las fiestas electrónicas: la necesidad de propiciar espacios de consumo basados en la reducción de daños y riesgos.
Lo que hace esta lógica policial no es reducir el riesgo: lo traslada. Lo saca de la vista del Estado y del mercado y lo pone directamente sobre el cuerpo de quien consume. El riesgo de una sustancia nunca depende solo de su composición, depende también de cuánto dura el evento, cuánto calor hace, cuánta agua hay, cuánto se durmió, con qué se mezcló y si hay alguien cerca a quien pedirle ayuda sin miedo.
La tragedia de Time Warp, un evento que en 2016 cobró la vida de cinco jóvenes y dejó varios hospitalizados, expuso con crueldad la negligencia empresarial y la desidia estatal. Este caso demostró que el acceso al agua, la falta de ventilación, la sobreventa de entradas, la calidad de la atención médica, la ausencia de espacios de descanso, la violencia de la seguridad privada y la presencia policial intimidatoria en los ingresos son factores clave para controlar y proveer un ámbito más cuidado de consumo para las personas que asisten a estos eventos.
La experiencia en Argentina y en el mundo muestra que la presencia de promotores, la distribución de información situada, la escucha directa de las experiencias de las personas usuarias y la discusión abierta sobre adulteración, mezclas y cuidados, así como la implementación de análisis de sustancias en eventos, son medidas centrales para mitigar los riesgos de los consumos. Ese es el estándar que Time Warp dejó pendiente, y todavía lo estamos esperando.
En nuestro país ya hay organizaciones haciendo este trabajo en el territorio: sistematizando consultas, analizando sustancias, construyendo información concreta sobre lo que circula en cada contexto. Es conocimiento que una lógica exclusivamente punitiva no puede producir, porque para producirlo hay que estar cerca de la gente, no persiguiéndola. La violencia institucional deja de ser un problema aparte y se vuelve parte del problema sanitario: alguien que le tiene miedo a la policía no va a pedir ayuda si se descompensa. Junto con Revista Mate, desde ARDA armamos la guía “No te Regales”, pensada para que la gente sepa qué derechos tiene frente a una requisa y pueda registrar los abusos cuando pasan.
Entretanto, los operativos en las fiestas electrónicas funcionan como una vitrina de intimidación, requisas e incautaciones, algo tan absurdo como pescar en una pecera.
Victoria Darraidou es coordinadora del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional del CELS / Barbara Juarez es abogada del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional del CELS / Pablo Ferreyra es Secretario de Comunicación de ARDA.
