Eugenia Cozzi investiga las violencias y los mercados de drogas ilegalizadas en la provincia de Santa Fe desde 2008. Con un foco especial en Rosario: la ciudad anómala del país con los índices de homicidios más bajos de la región. Hasta 2023, en la cuna de la bandera la tasa de asesinatos quintuplicaba la media nacional.
Su recorrido inició en un proyecto sobre abordaje de homicidios en el Ministerio de Seguridad, que entonces era la Secretaría de Seguridad Interior (SSI). Trabajó en relación a la ciudad de Santa Fe que, por aquellos años, tenía una tasa de asesinatos superior a la de otras. Rosario todavía no sobresalía.
Luego fue Directora de Planificación y Evaluación de la Secretaría de Seguridad Comunitaria (2009-2011) en la provincia de Santa Fe. “La característica de los homicidios, que no es una particularidad de Argentina ni de Rosario”, explica Eugenia, “es que la mayoría de los muertos y los agresores son jóvenes varones de sectores populares. Hay una concentración de la victimización letal en este grupo social”.
Cozzi dejó la gestión para dedicarse a investigar violencias, delitos e ilegalismos de jóvenes de sectores populares con una beca doctoral en antropología (UBA) por el CONICET. Además, realizó su maestría en Criminología (UNL) con una tesis titulada: “De juntas, clanes y broncas: Regulaciones de la violencia altamente lesiva entre jóvenes de sectores populares en dos barrios de la ciudad de Santa Fe” que discute con algunos estudios que plantean cierta “desregulación” de la violencia en la Argentina reciente.
Los homicidios en la ciudad de Rosario crecieron muy rápido desde 2014 y bajaron abruptamente en 2024: se redujeron un 65%. Según la investigadora, fueron muchos los actores, estatales y no estatales, que colaboraron en la construcción de la imagen de una “ciudad narco” durante esa década. Para ensayar razones de la baja de asesinatos, Cozzi alude como primer punto a la ley de microtráfico, luego de advertir sobre la imposibilidad de pensar en una causa-efecto ya que “son procesos sociales complejos”, y analiza la implementación de “una batería de medidas” por parte del gobierno provincial.
La ley de microtráfico habilitó a la policía provincial a perseguir la comercialización de pequeñas cantidades de drogas. Para eso, estableció un criterio de priorización: apuntar a las zonas calientes, donde se concentra la violencia altamente lesiva. En este diálogo, elabora explicaciones posibles sobre “la pregunta del millón” —¿Cómo se logró bajar los asesinatos?— y señala políticas ineficaces en la reducción de la conflictividad, como el fuerte “control poblacional” que ejerce la policía en toda la ciudad de Rosario y en particular sobre jóvenes de barrios populares.
En los últimos años, Cozzi se volcó a investigar en clave de género las dinámicas de los mercados de drogas ilegalizadas y el año pasado publicó un artículo sobre parientes y emprendedoras, un trabajo etnográfico sobre la forma de participación de mujeres en el mercado local ilegal de drogas en la ciudad de Rosario. En los siguientes párrafos contará, entre otros asuntos, sus hallazgos sobre los roles de género y las asimetrías de poder al interior de estas economías ilegales, porque para discutir “el paradigma prohibicionista, pensando en la regulación, será clave tener en cuenta todas estas desigualdades”.
Julia Pascolini: Varios varones encarcelados por delitos contra la propiedad privada me han dicho que “ya no hay códigos”, refiriéndose a los jóvenes que cometen delitos ¿Qué construcciones se hacen de la juventud vinculada a los mercados de drogas ilegalizadas?
Eugenia Cozzi: En el libro “De ladrones a narcos” lo que analizo son tres generaciones de ladrones y cómo comienzan a participar en el rubro narco. La historia empieza en los ’90 y esos primeros ladrones hablan de que los mercados ilegales eran una actividad totalmente residual en el mundo del delito popular y que estaba mal vista. Después, hacia mediados de 1990 o los 2000, se da una etapa de transición donde el mercado de drogas ilegalizadas comienza a expandirse. Sobre todo, hay una transformación en la forma de terminar de procesar y vender la cocaína a nivel local. Lo que yo analizo en el libro son tres cuestiones. La primera es cómo se van transformando las jerarquías al interior del mundo del delito ligado a la expansión del rubro narco. La segunda es cómo va cambiando la forma de vincularse con la policía y las fuerzas de seguridad. Y tercero los usos de la violencia. En las tres generaciones aparece la idea de ruptura de códigos. Los viejos de la primera generación, que cuando yo los investigué tenían 50 años, decían: “Nosotros teníamos códigos, los pibes ahora no tienen códigos, usan la violencia de una manera que los rompe”. Y ahí aparecen los criterios de victimización. ¿Qué violencia es legítima? ¿Qué despliegue de violencia permite construir el prestigio, honor y cuál te hace un atrevido, un mamarracho, un cachivache? Para que haya una ruptura tiene que haber códigos, criterios. El mundo del delito popular está profundamente regulado. En las tres generaciones hay códigos, hay regulación y también rupturas.
JP: ¿Y de qué forma aparecían esas rupturas?
EC: Cuando ellos empezaban a contar sobre sus experiencias con los usos de la violencia aparecían rupturas: un uso de la violencia que estaba por fuera de lo permitido, de acuerdo con sus propios criterios. Es un mundo profundamente regulado, aún en la actualidad. Si eso no fuera así, las características de los homicidios serían cualitativamente diferentes, más allá de que se rompen códigos y hay hechos resonantes que se producen por fuera de ellos. Pero aparecen rechazados, te convierten en un cachivache, en un atrevido. Podés ser famoso o “carteludo” —tener “cartel” es una posición de poder ligada al despliegue de violencia— por generar temor, pero no sos ni respetado ni prestigioso. Eso aparecía en las distintas generaciones. Al mismo tiempo, hay una experiencia de la muerte joven que se ha ido sedimentando a lo largo de las décadas. Y eso también reconfigura subjetividades. La posibilidad de morir o de que mueran tus amigos, tus hermanos. Pensá que es una década de homicidios donde murieron muchos jóvenes. Son 250, 300 homicidios por año y además esos homicidios están distribuidos en la ciudad de una manera muy desigual. Y después tenés dinámicas de violencia que pueden ir cambiando. Por ejemplo, cuando algunos grupos se consolidan, ligados a la expansión del mercado de drogas, a cierta consolidación de vínculos con la policía, mandan a otros a hacerlo. Es la tercerización de la violencia. O también, el uso de la violencia para amedrentar a partir de balaceras.
“Rosario tiene políticas de mano dura con ciertos niveles de aceptación social a pesar de contar con un fuerte activismo en contra de la violencia policial.”
JP: ¿Y qué impacto tienen esas muertes violentas de jóvenes en la sociedad?
EC: En principio, la necesidad de construir certidumbres. Es una acumulación de experiencias de muertes violentas que reconfigura la subjetividad de los propios pibes, pero también de la comunidad. En este momento, Rosario tiene políticas de mano dura con ciertos niveles de aceptación social a pesar de contar con un fuerte activismo en contra de la violencia policial. Eso es producto de la saturación de la violencia. ¿Cómo se explica que ciertas prácticas no se problematicen tanto y cómo en otro momento hubieran sido intolerables? Recuerdo que, en algún momento haciendo campo en algunos barrios populares post pandemia, había personas, además de referentes históricos muy comprometidos con colaborar con los pibes más rotos, que te decían: “No, es imposible” —trabajar con jóvenes tan atravesados por el despliegue de la violencia—.
JP: ¿Qué correlación hay entre las respuestas punitivas y el número de homicidios del último periodo?
EC: Esa es la pregunta del millón. El dato es que hubo una reducción de los homicidios del 65%. La provincia de Santa Fe tiene muy buenos datos sobre homicidios, eso te permite hacer análisis de la última década. No se puede pensar en causa/efecto porque son procesos sociales complejos. Hay que pensar qué se hizo diferente a lo anterior y qué efecto tuvo en la reducción de la conflictividad. Hubo una batería de medidas del gobierno provincial a partir de las cuales podemos ensayar explicaciones en relación a la reducción de la conflictividad violenta. Una fue la ley del microtráfico. Esa ley cuenta, por ejemplo, con un artículo que refiere al cese del estado antijurídico. Es la posibilidad de derrumbar un punto de venta de drogas sin mucha carga probatoria. Nosotros estamos reconstruyendo cómo se está implementando esa ley. Lo que aparece, es que establece criterios de priorización: ¿qué hechos se van a priorizar para ser investigados? Aquellos que involucren a la violencia altamente lesiva. Identifican un punto de venta de droga en el que a su alrededor haya heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, homicidios y priorizan esa investigación. Ellos tienen registro de aproximadamente 50 derribos de ranchitos, lugares muy precarios. Y al mismo tiempo hay un relato de vecinos, vecinas y jóvenes de los barrios que te dicen, “desde que se fueron ‘tales’, el barrio está más tranquilo”.
“Hicimos un relevamiento comunitario de prácticas policiales para documentar el control poblacional en barrios populares. Antes del 2023 había 10 detenciones a la semana por averiguación de identidad, ahora hay 60 o 70 en un día.”
JP: ¿Qué otros factores pueden tener incidencia en la baja de los homicidios?
EC: También puede tener que ver la circulación de armas de fuego y municiones y la crisis económica. Para que haya circulación de armas de fuego, tiene que haber dinero circulando. Después, hay una serie de operativos que para mí no son tan eficaces en la reducción de la conflictividad: el control poblacional a través de una presencia policial mucho más ostensiva, a partir de la modificación del Artículo 10° de la Ley Orgánica Nº 7.395 de la Policía de la provincia de Santa Fe. Hablamos de detenciones por averiguación de identidad a la que se le agregaron causales. Estuvimos trabajando sobre esto e hicimos un relevamiento comunitario de prácticas policiales para documentar sus efectos en barrios populares. Lo que vemos es que, si antes del 2023 había 10 detenciones a la semana por averiguación de identidad, ahora hay 60 o 70 en un día. Hay un control poblacional cotidiano. Los pibes te dicen: “me detuvieron más de una vez en el día” o “me detuvieron tres veces en la semana”. A la Defensa Pública le empezaron a llegar las actas de las detenciones por averiguación de identidad e iniciaron un habeas corpus para discutir esta facultad policial.
JP: ¿Cómo funcionan esas detenciones?
EC: A veces, a los jóvenes los detienen en el barrio, a media cuadra de su casa. Los llevan a la comisaría del centro para hacer el trámite de averiguación de identidad y después los largan. Capaz que tienen que volver caminando, dos horas desde el centro hasta el barrio, porque no tienen la SUBE. No es una cuestión de sanción, sino una forma de organización del personal policial. Imagínate que estás yendo a trabajar, te detienen, vas a la comisaría, volvés a las dos horas y esto pasa tres veces por semana. Esa medida de control poblacional en términos de reducción de la conflictividad, creo que es de las menos eficaces, más allá de la “sensación de tranquilidad”. Una de las cosas que la Defensa Pública preguntó en la audiencia que se hizo por un habeas corpus fue: ¿cuántos pedidos de captura vigente había de esas 4.000 detenciones? El porcentaje es ínfimo.
“Al ser una actividad que está criminalizada —vender drogas—, sin dudas hay que negociar con el actor que está en territorio como representante de la estatalidad: la policía. ‘Vendé pero no generes quilombo’.”
JP: ¿Y cómo influyó el control al interior de las cárceles?
EC: En las cárceles se está dando una restricción de derechos en el ámbito carcelario, sobre todo a presos de alto perfil. Con la idea de cortar la comunicación hacia el exterior, lo que se produce es una restricción en materia de derechos. Todo esto me genera varias preocupaciones: una es la sostenibilidad en el tiempo de este tipo de medidas. Y la otra es ¿con qué actores las estás trabajando? Teniendo en cuenta, por ejemplo, los problemas de la policía o del servicio penitenciario. Al mismo tiempo se sigue vendiendo y se siguen comprando —drogas—. Podríamos preguntarnos ¿qué tipo de regulación del mercado hay? “Mientras que no genere muertos, no nos interesa perseguirlo”. Lo dice la propia ley. Al ser una actividad que está criminalizada, clandestinizada, sin dudas hay que negociar con el actor que está en territorio como representante de la estatalidad: la policía. “Vendé pero no generes quilombo”. ¿Quién puede decir vendé o no vendas? El estado. Ahí se negocia, se producen acuerdos. Si me preguntás por qué bajó el índice de homicidios: no lo sé, pero existe una batería de elementos que pueden permitir ensayar algunas explicaciones.
JP: Hubo una reducción general de los homicidios, ¿pero qué pasó con las muertes de mujeres?
EC: Del 2020 al 2021 la muerte de varones siguió siendo más o menos igual y lo que hizo disparar la tasa en 2022, fue la muerte de mujeres. Son muertes que se producen en contextos muy similares a como venían siendo asesinados los varones. Uso de armas de fuego, en espacios públicos. Es decir, no es una violencia del ámbito privado. Hay algunas explicaciones ligadas a una transformación cualitativa de las formas de participación femenina en el mercado ilegalizado de drogas y eso hizo que estuvieran más expuestas a este tipo de situaciones. En 2024, la reducción de homicidios del 65% es mayor en varones que en mujeres. Ahora encontramos que es el momento de mayor esplendor de la respuesta punitiva, porque además tiene estatus legal, pero la tasa de encarcelamiento en la provincia de Santa Fe viene subiendo desde el principio de la década. El aumento de personas presas con condenas cada vez más altas, hace que actores con cierto poder estén presos.
JP: Que los varones estén presos, ¿modifica el rol que ocupan las mujeres?
EC: No necesariamente, sin dudas reconfigura las formas de construir poder desde adentro hacia afuera de la cárcel, y también genera modificaciones en relación a quiénes se encargan de las actividades. Ahí aparecen algunas mujeres ocupando lugares, porque los varones están presos o muertos. Pero también vemos a otras mujeres que siempre participaron de estas actividades y otras aún más jóvenes que participan de manera más autónoma. “Yo quería tener mi propio emprendimiento”, “yo quería vender para mí, no para otro”. Es muy heterogénea la cuestión. El hecho es que hay un aumento de mujeres muertas y se trata de muertes que se producen en contextos muy similares a los de las muertes de varones. Más allá de todo, los agresores siguen siendo varones.
JP: ¿Qué más cambió en el rol que ocupan las mujeres en el rubro del mercado de drogas ilegalizadas?
EC: Hay que observar el aumento de las mujeres presas, sobre todo el aumento de las presas de alto perfil, que de todas formas siguen representando el 3% de la población penitenciaria total. También, las mujeres aparecen con más frecuencia en noticias periodísticas. En 2020 realizamos una investigación con mujeres con interés en dos preguntas. Una tenía que ver con cómo las burocracias penales entendían que debían incluir la perspectiva de género en sus prácticas, línea que no avanzó. La que sí avanzó fue a través de entrevistas a presas y a presas de alto perfil. Nuestra pregunta era si los mensajes feministas posteriores al Ni Una Menos habían impactado en este espacio social híper masculinizado, en donde quienes participan son varones, quienes ocupan posiciones de poder son varones. Varones con una característica masculinidad tradicional/patriarcal, de dominación del otro, de despliegue de la violencia y demás.
“La gran mayoría de las mujeres participa de una manera subordinada. Igual que los jóvenes: en los peores puestos, peores pagos, con mayores riesgos de persecución penal y violencia.”
JP: ¿Y qué aparecía en esas entrevistas en relación al feminismo?
EC: Cuando había una pregunta sobre feminismo te decían, “Ah, ¿vos decís lo de la violencia de género?”. “Sí, qué sé yo”, “No sé, puede ser”. No había un relato que las interpelara en términos de sus trayectorias vitales. Pero lo que sí encontramos, y en sintonía con los pocos estudios que hay sobre mujeres en América Latina, es que se trata de una participación extremadamente heterogénea. La gran mayoría participa de una manera subordinada. Igual que los jóvenes: en los peores puestos, peores pagos, con mayores riesgos de persecución penal y violencia. Eran “soldaditas”. Pero en esas soldaditas también hay variedad. La que vende para otro, la que tiene el kiosquito en su casa, hay diferentes formas de venta al por menor. Pero, de todas formas, se trata de los eslabones de la cadena. Después, otras aparecían más vinculadas a tareas logísticas, porque para que haya venta en un lugar, esa mercancía tiene que llegar hasta ahí. Entonces, se genera una cadena de distribución o de administración de los puntos de venta.
JP: Y en esos mercados de drogas ilegalizadas, ¿de qué forma producen poder esas mujeres?
EC: Unas pocas mujeres participaban de manera autónoma u ocupando posiciones de poder. Algunas, las ocupaban por el lazo de parentesco con un varón que estaba preso o muerto; eran las esposas, las hijas, las hermanas o las madres de ese varón. Las que construyeron poder de forma autónoma planteaban: “Yo quería tener mi propio emprendimiento”. Me interesa mucho cómo las personas que participan de este mercado describen sus actividades. Todo el tiempo las sacan del mundo penal y las inscriben en la economía popular. Estas minas, que empezaban a vender por su cuenta decían: “Yo quería tener mi propio emprendimiento”. Y el ladrón de los ’90 decía: “Nosotros no éramos una asociación ilícita, éramos una cooperativa de distribución”. En la venta de drogas al por menor aparecen también otras formas de ganarse la vida. Una economía de subsistencia, más allá de que algunos logran ubicar cierto poder, recaudar, tener una casa de dos pisos en un barrio donde son todos ranchos.
“La forma en que los jóvenes caracterizan un trabajo informal y uno en el mercado de drogas ilegalizadas es muy similar: aparece la idea de ‘te tratan como esclavos’.”
JP: ¿Y qué cuestiones aparecen en el análisis de esas subordinaciones al interior de los mercados de drogas ilegalizadas?
EC: Hay pibes que contaban que estuvieron 8 horas en el punto de venta de droga, cumpliendo un horario para que otro generara una ganancia. Ganancia a partir de la cual les paga, o quizás no les paga, porque existe una deuda. La forma en que los jóvenes caracterizan un trabajo informal y uno en el mercado de drogas ilegalizadas es muy similar: aparece la idea de “te tratan como esclavos”. Hay un caso en la justicia federal de Rosario en que encontraron a unos jóvenes dentro de un búnker y fueron sobreseídos por ser entendidos como víctimas del delito de trata y por reducción a la servidumbre. Es importante reproducir información acerca de cómo es este mercado, ¿quiénes son los actores? Sobre todo, porque si en algún momento tenemos la oportunidad de discutir seria y profundamente las políticas de drogas, el paradigma prohibicionista, pensando en la regulación, será clave tener en cuenta todas estas desigualdades. ¿Qué pasó con la regulación del uso medicinal del cannabis? ¿A quiénes se persigue? ¿Quiénes lucran? Es un mercado con mucha desigualdad en su interior. Es más productivo pensarlo como un mercado ilegal antes que como “crimen organizado”.
JP: ¿Y cómo operan las nociones de masculinidad en el despliegue de la violencia al interior de estos mercados ilegalizados?
EC: Para eso, es necesario producir más datos. Pero un día, durante la investigación, nos invitaron al barrio a comer unas hamburguesas —escena relatada en el libro “De ladrones a narcos”—. En un momento, le preguntamos a uno de los jóvenes si su pareja iba a participar de la comida. Dijo que no y al rato, con mucha vergüenza, contó que la noche anterior la había golpeado. Éramos mujeres las que le estábamos preguntando. En ese preciso instante, apareció otro grupo de jóvenes que había ido a buscar pelea con los que estábamos nosotras y se produjo un enfrentamiento a golpes entre el que había golpeado a su novia la noche anterior y otro. Esos mismos pibes que todo el tiempo alardeaban sobre cómo desplegaban su violencia contra otros iguales. Algunas mujeres intervinieron para separarlos, la tía de uno, la amiga de otro, y el conflicto terminó.
JP: ¿Y qué lectura hacés de esa situación?
EC: Ese hecho me sirvió para pensar la violencia entre varones y la violencia desplegada sobre mujeres. Hay una que es una violencia más horizontal, de demostración de valentía y coraje como prueba de masculinidad. En cambio, la otra es una violencia del orden de la dominación que se despliega porque puede desplegarse, porque está legitimada. El género es una dimensión a tener en cuenta en las investigaciones sobre violencia y delitos. Hay pocas investigaciones que tengan en cuenta esa variable, tanto para pensar masculinidades como feminidades, disidencias y demás. Esta violencia de dominación también aparece en el despliegue de los narcos contra los pibitos. La cuestión a pensar es cuándo hay paridad y cuándo hay desigualdad en las posiciones de poder. ¿Es una violencia horizontal o una violencia vertical? La violencia desplegada por las fuerzas de seguridad es vertical. Lo mismo sucede con la desplegada por una persona de peso en el mundo del delito popular sobre otra que tiene una participación sumamente subordinada.
“Todos queremos ser reconocidos y que nos valoren. ¿De qué forma estos jóvenes son reconocidos? A partir de un uso de la violencia contra un par que ha sido construido socialmente como matable.”
JP: ¿Cuáles son las características de la violencia expresiva en Rosario?
EC: Tiene que ver con la historia de la criminología crítica, y lo usamos para hablar de una violencia que no es puramente instrumental. Es una violencia que se despliega para demostrar, para construir cierto prestigio alrededor del uso de la violencia. Como cuando los pibes nos decían: “Acá no hay una guerra narco. Acá los pibes se quieren hacer ver”. Los jóvenes se hacen ver haciendo uso de los materiales socialmente disponibles para lograrlo. Todos queremos ser reconocidos y que nos valoren. ¿De qué forma estos jóvenes son reconocidos? A partir de un uso de la violencia contra un par que ha sido construido socialmente como matable. A su vez, la violencia puramente instrumental también tiene una dimensión expresiva. Creo que el mercado de drogas ilegalizadas a nivel local tiene tres características. Es una actividad territorializada: se necesita un territorio para poder vender y por ende hace falta construir una autoridad local. Es una actividad jerarquizada: hay jefes y empleados, porque es un mercado ilegal en una economía capitalista. Es una actividad generizada -del género-. ¿Quiénes son los que más participan? ¿quiénes son los que ocupan ciertas posiciones de poder?
JP: ¿A qué te referís con que un pibe sea “matable”?
EC: Está ligado a un proceso social complejo por el cual las victimizaciones que sufren son de algún modo aceptadas o permitidas, hay una desatención social, política, policial, judicial y mediática de sus muertes. Sus muertes no suelen ser investigadas y sancionadas adecuadamente, ni generan demasiada alarma social. Los homicidios en Rosario generan alarma social cuando suceden por fuera de las avenidas, cuando hay un uso de la violencia que llama la atención. La mayoría de las muertes de pibes en barrios populares no genera demasiada alarma, salvo cuando hay un aumento cuantitativo significativo o se producen en lugares o de formas diferentes a las usuales, o mueren personas que son construidas como “víctimas inocentes”. Estos jóvenes comparten esos criterios de victimización. No son extraterrestres, son jóvenes que conviven en este contexto social y cultural.
