Esta es una historia de insistencia burocrática. Decirlo así puede resultar aburrido pero a veces los derechos se consiguen presentando papeles una y otra vez hasta que de repente hay una carpeta, un expediente, que cambia todo. La protagonista es una abogada rosarina y, si esto fuera una película, arrancaría con ella entrando al edificio de los Tribunales Federales de bulevar Oroño. Matilde Bruera, ex defensora pública y ex diputada provincial, estuvo detrás del Fallo Arriola, un hito para el activismo por la reforma de las políticas de drogas, y fue también quien logró que por primera vez en Argentina soldaditos que vendían drogas encerrados en un búnker fueran declarados víctimas del delito de trata de personas.
Bruera empezó a trabajar en la Justicia federal de Rosario en 2004. Tenía 49 años y venía de un cuarto de siglo ejerciendo el derecho penal en el ámbito privado. Como militante social, había peleado por la autonomía del Ministerio Público de la Defensa para fortalecer el acceso a la Justicia de las personas más vulnerables. Fue una de las que celebró cuando las defensas públicas autónomas entraron en la reforma de la Constitución de 1994. Y ahora estaba ahí, dispuesta a aplicar lo que había promovido toda la vida: una defensa de calidad, el mejor servicio público para los que menos tienen.
Apenas entró vio que había una estrategia común entre los defensores. Cada vez que una persona caía detenida por tenencia de drogas para consumo la norma era pedir una probation para que quedara liberado de la causa.
A Bruera la estrategia defensiva no le parecía mal pero sabía que la probation era en sí misma un castigo. Había que pasar un año limpiando baños, pintando un club o haciendo alguna otra tarea comunitaria por el solo hecho de que te encontraran con un poco de droga en los bolsillos. Y había algo más: si volvían a caer no tenían esa chance. La probation era por única vez.
Bruera sabía también que la tenencia para consumo no es delito en Argentina. Así decía el fallo de la Corte Suprema de la Nación conocido como Bazterrica que en 1986 consideró inconstitucional la penalización por la tenencia de estupefacientes. Es cierto, después había venido el fallo Montalvo que lo contradijo y retrocedió varios pasos, incluso con algunos disparates jurídicos. En un tramo argumentaba que quien tenía drogas para consumo personal era un peligro para la humanidad porque contagiaba.
Más allá de los fallos, Bruera estaba convencida de que tenían que seguir otro camino distinto a la probation. Y se lo planteó a la jefa de los defensores.
–Tirémonos a la inconstitucionalidad, por ahí logramos sentar precedente–le dijo y ella le respondió que sí.
Desde ese momento desplegó la insistencia. Cada causa que le llegaba por tenencia para consumo la mandaba a la Corte Suprema de la Nación. Pero los años pasaban, las causas se acumulaban y no llegaba ninguna respuesta.
Un día, Bruera viajó a Buenos Aires y se cruzó con Raúl Zaffaroni, que en ese entonces era uno de los ministros del tribunal superior.
–Le pregunté cuál era la posición de la Corte porque no paraba de mandar casos y nunca se pronunciaban. Y Zaffaroni me respondió que ya tenían un dictamen escrito pero el problema era que todos las causas que le llegaban ya estaban prescritas.
Las causas de tenencia para consumo caducan a los dos años. Por eso Bruera insistía con la inconstitucionalidad y no la probation. Les explicaba a los acusados que no perdían nada: en la espera el caso prescribía y no tenía que hacer un trabajo comunitario que, de nuevo, era un castigo por algo que no era un delito.
–Y ahí apareció Arriola.
Bruera no se acuerda de los detalles. Era uno de tantos expedientes que había mandado a Buenos Aires. Pero tenía un requisito fundamental: no estaba prescripto. Y ahí, en agosto de 2009, la Corte lo tomó y se pronunció.
–El fallo Arriola dice algo básico. El consumo en Argentina no está penalizado. Vos para consumir tenés que tener, si no tenés no poder consumir. Entonces no se puede penalizar la tenencia para el consumo si el consumo no es un delito. Y el consumo no está penalizado ni se puede penalizar porque cada uno tiene derecho a consumir lo que quiera en este país. El derecho no se mete en la vida privada de las personas.
Arriola fue clave en la lucha contra la persecución de los consumidores y sentó un precedente fundamental para la Ley 27.350 de Cannabis Medicinal, sancionada en 2017. Pero la criminalización no terminó.
—Arriola no se cumple y nunca se cumplió. Son pocos los jueces que respetan el fallo de la Corte. Pero además la criminalización empieza antes, con la Policía. Y Santa Fe es el gran ejemplo de eso.
* * *
Matilde Bruera se crió en el centro de Rosario, en la zona de San Juan y Mitre, cuando todavía funcionaba el Mercado Central donde hoy está el Centro Cultural Fontanarrosa. El barrio era muy popular, con comercios que vendían desde gallinas y conejos vivos hasta barra de hielo para heladeras. La plaza Sarmiento funcionaba como una especie de terminal de ómnibus a cielo abierto y alrededor había hoteles de pocas estrellas, trabajadoras sexuales callejeras y campesinos que copaban la sede de la Federación Agraria. Era adolescente cuando vio desde el balcón a jóvenes universitarios corriendo de un lado a otro en el Rosariazo de 1969. Para ella hay algo de su personalidad que se tejió ahí, en esas calles, con el estudio de abogacía de su papá delante de la casa.
–Rosario siempre fue complicada. Es una ciudad portuaria y está en un cordón de 25 puertos, desde Timbúes hasta San Nicolás. No es novedad que sea un lugar de delito. Todos los lugares portuarios son similares a las fronteras: generan contrabando.
Cuando empezó a ejercer como abogada le llegaban muchos casos de homicidios ocurridos en el puerto. La mayoría eran en situaciones de peleas con armas blancas, delitos a los que no se le daba importancia en las estadísticas. En los últimos diez años eso cambió. Entre 2013 y 2024, Rosario se convirtió en la ciudad con la tasa de homicidios más alta del país, con 21 asesinatos cada 100 mil habitantes, y más de 250 muertes violentas por año, la mayoría de varones jóvenes de las zonas más pobres de la ciudad.
“Todo delito organizado siempre está vinculado a sectores de poder, tanto políticos como económicos. La característica del narcotráfico es la cantidad de dinero que mueve. Y para eso necesitás acuerdos. En Rosario y en cualquier lado.”
Detrás, hay varias explicaciones. La ciudad creció en los primeros 2000 al ritmo de los commodities de cereales y el boom de la construcción mientras la desigualdad generada en los años noventa la fragmentó con más de cien barrios populares sin servicios básicos ni integración urbana. El aumento del consumo por la reactivación económica llegó también el desarrollo de un mercado de drogas ilegales a partir de puntos de venta en los barrios más pobres. Y cómo actuó el Estado fue fundamental.
Algunos analistas ponen el quiebre con la llegada del Partido Socialista a la gobernación y a un desmanejo de la Policía Santafesina en el control del delito, otros suman cómo actuó la Justicia, tanto provincial como federal. Un factor extra fueron las políticas sociales cambiantes y a veces erráticas.
–Todo delito organizado siempre está vinculado a sectores de poder, tanto políticos como económicos. La característica del narcotráfico es la cantidad de dinero que mueve, el valor de la mercadería es ínfimo, lo que se cobra es todo el circuito ilegal. Y para eso necesitás acuerdos. En Rosario y en cualquier lado.
En sus años en la Justicia Federal, Bruera vio de cerca varias causas por narcotráfico. Desde soldaditos de búnker o camioneros que venían de Paraguay con kilos de cocaína y que caían en causas que parecían armadas por la Policía hasta grandes cargamentos de droga que se presume salieron de puertos cercanos a Rosario y fueron detectados en puertos de Portugal, Barcelona y Países Bajos. En el caso del tráfico internacional, las autoridades de seguridad de esos países incluso advirtieron a Argentina para que controlara sus puertos. Los jefes o dueños de las empresas rara vez caían presos. Eran los capitanes del barco o los trabajadores de menor rango los imputados.
Pero Bruera explica que los índices de violencia de Rosario no tienen que ver con ese tráfico a gran escala, multinacional que circula por la Hidrovía Paraná-Paraguay, sino con el microtráfico para el consumo de la ciudad y sus alrededores. La violencia de la última década involucra a bandas locales por el control del territorio y la venta al menudeo. Igualmente, no descarta una conexión. La droga de exportación puede involucrar pagos a la Policía y a todo el proceso de circulación, lo que genera una protección que beneficia al circuito del narcotráfico en la ciudad.
—Son negocios diferentes que coexisten.
En el caso del tráfico a menor escala, el de consumo de la ciudad, Bruera explica que en la Justicia federal pasó lo mismo. Nunca se investigó de manera profunda más allá de los eslabones más bajos de la cadena.
–Ahí se veía el pacto. Todos los casos que llegaban al federal eran pirinchos, vendedores de barrio. No digo que no haya que sacarlos porque te condicionan la vida de esos lugares, pero no es narcotráfico, es la última boca de expendio. Y además es lo que la Policía lleva a la Justicia.
Para ella, la Justicia provincial también actuó como garante del negocio, alcanza con analizar de cerca los juicios a las grandes bandas como Los Monos o Esteban Alvarado, donde ve que hubo irregularidades en todo el proceso.
A fines de 2024 el gobierno de Santa Fe, en manos del radical Máximo Pullaro, informó una baja del 65 por ciento de los homicidios respecto al año anterior. Para mediados de 2025 los números seguían siendo bajos, aunque mostraban un incremento del 20 por ciento respecto al año anterior.
El gobierno provincial argumentó la baja en una serie de medidas sostenidas por un paquete de leyes que la Legislatura provincial aprobó en los primeros meses de gestión. Entre otras normativas está la Ley de Microtráfico, que va en sintonía con la desfederalización de las causas por narcotráfico a pequeña escala. La mitad de las provincias argentinas ya tiene leyes similares. Para Bruera, la Ley de Microtráfico ni ninguna de las otras leyes explica la baja. Al contrario, favorecen el tráfico de drogas.
–La ley de microtráfico va contra Arriola y es encubrimiento del narcotráfico. Es un mamarracho que ya ha fracasado en las demás provincias del país. Si uno recorre los barrios y habla con la gente el tráfico está absolutamente liberado. Con esta ley lo que se logra es una caja chica que maneja la Policía, que es la que autoriza quien vende en el territorio.
Para Bruera a casi dos años de la sanción no solo hay más microtráfico que antes, sino que hay doble persecución: tanto la Justicia provincial como la federal van detrás de lo mismo y ninguna investiga y persigue el tráfico a gran escala.
–La única forma de perseguir el narcotráfico es a través de la ruta del dinero. Y es ahí donde ves que no solo el Estado no actúa si no que favorece. Mientras, la Policía maneja el microtráfico, tanto en Santa Fe como en otras provincias. Y los que caen siguen siendo los eslabones más bajos y los consumidores.
A fin de 2024, desde el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe informaron que en el primer año de aplicación de la Ley de Microtráfico investigaron a 5.700 personas por venta minorista de droga y solicitaron el derribo de 45 búnkeres en toda la provincia. Hicieron 500 allanamientos, 900 audiencias, 833 personas fueron imputadas y 100 condenadas. Es decir, poco menos del 20 por ciento de las personas investigadas en un primer momento arrastraron las suficientes pruebas para una imputación y apenas un 1.75 por ciento tuvieron una sentencia.
–Eso te demuestra que es una persecución arbitraria. Pero se suma algo más: la mayoría de las condenas en la Justicia provincial y federal son por juicio abreviado. Eso también influye en que no se investigue el tráfico de drogas, porque se acuerda una condena y listo. Con la reforma del Sistema Penal de 2014 optamos por el juicio oral y público pero no hay juicios.
La Ley de Microtráfico habilitó también las detenciones de la Policía a pie. Es común caminar por Rosario y que uniformados en duplas pidan DNI a cualquier persona. En el último años, varios abogados constitucionalistas salieron en los medios a aclarar que no es obligatorio llevarlo encima. Bruera agrega que la Defensoría Provincial presentó un hábeas corpus donde relevó 4.000 detenciones entre las cuales había una sola persona con un pedido de captura.
Para Bruera la Ley de Microtráfico habilitó tres maniobras: le dio una caja a la Policía que puede administrar los uniformados de a pie deteniendo a cualquiera por la calle. La segunda es que frenó el proceso de despenalización del consumo que inició tanto el fallo Arriola, que sentó jurisprudencia y exhortó al poder legislativo a avanzar en una normativa, como la Ley de Cannabis Medicinal. Y la tercera es que profundizó la fractura de las causas.
–¿Cuál fue históricamente la maniobra de la Policía para encubrir los casos de narcotráfico? Dividir las causas, mandar un pedazo a un juzgado y otra parte a otro. ¿Cómo puede ser que un delito que está definido teóricamente como cadena de comercialización nunca se investiga en cadena? Siempre se investiga al que vende. Por más que digan que trabajan coordinadamente, si no subís a mayor escala nunca se investiga al proveedor.
El debut de la Ley de Microtráfico santafesina mostró esa persecución desmedida. La primera causa que se abrió fue a un discapacitado y a una jubilada acusados de entrar a la cárcel marihuana para sus hijos presos. Pasaron el Año Nuevo de 2024 detenidos por primera vez en sus vidas.
Arriola no se cumple, dice Bruera, porque cada juez hizo lo que quiso con ese fallo. En la justicia Federal adquirieron la línea de no perseguir a consumidores pero el control de constitucionalidad es difuso, depende de cada juez y cada territorio.
–Pero además la persecución arranca con la Policía. ¿Por qué se persigue la tenencia para consumo y nunca se deshabilita? Porque la tenencia para consumo es y siempre fue la caja chica policial.
Bruera explica que mientras hay más persecución de los consumidores y los eslabones más bajos en los últimos años se sancionaron una serie de legislaciones penales y normativas administrativas que favorecen la impunidad de los delitos económicos como el lavado de activos y dan vía libre al tráfico a gran escala. La reforma de la Ley de Sociedades durante el gobierno de Mauricio Macri permitió crear sociedades anónimas casi sin ningún requisito.
–Un ejemplo es que Los Monos crearon 44 sociedades en un día.
Suma a la lista la Ley de Blanqueo de Capitales del gobierno de Javier Milei y un decreto que declaró inconstitucional la Cámara de Casación que incluyó a través de una resolución del Ministerio de Seguridad una amnistía para las asociaciones ilícitas creadas para evadir impuestos.
–Patricia Bullrich está legislando penalmente por resolución ministerial, lo cual es inconstitucional.
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“Más del 80 por ciento de las causas penales de Argentina están en manos de defensores públicos, lo que muestra que el sistema penal es una sistema de persecución de la pobreza.”
Matilde Bruera lleva el pelo blanco y habla desde un bar en el centro, a media cuadra de la casa. Le gusta dar las entrevistas ahí, en una de las ventanas que da a la calle, porque es silencioso. Trabajó como defensora pública hasta 2016. La última etapa fue en Casación en Comodoro Py. Para ella, ser defensora pública es como trabajar en un hospital: se puede atender bien a la gente y que no tenga costo para ellas.
–Siempre bregué por una defensa pública accesible a todas las personas porque sino defensa penal solo llega a los que pueden pagar, cuando estamos hablando de la defensa de las garantías. Más del 80 por ciento de las causas penales de Argentina están en manos de defensores públicos, lo que muestra que el sistema penal es una sistema de persecución de la pobreza.
Entre 2019 y 2023 fue diputada provincial por el peronismo, donde siguió denunciando esa máquina de persecución de la pobreza. En sus años de defensora, hubo un caso que para ella fue emblemático. Lo recuerda mucho más que Arriola. Estaba en la Justicia federal de Rosario cuando empezaron a llegarle cada vez más causas de personas detenidas vendiendo en un búnker.
–Eran los pibes que te traía la Policía. Adolescentes con muy pocos recursos simbólicos, analfabetos, muy marginales, con problemas de consumo y mucha vulnerabilidad. Algunos no podían ni hablar. Los búnker eran en sí mismos un lugar de explotación. Los chicos estaban encerrados, no podían salir, hacían sus necesidades adentro en un tacho.
Fue entonces cuando Bruera planteó que esos pibes eran víctimas del narcotráfico, no imputados. Ella había defendido a una mujer boliviana detenida en Argentina como mulita: traficaba droga de una frontera a la otra dentro de su cuerpo. Bruera había logrado su absolución. También había trabajado con otro defensor, Gabriel Ignacio Anitua, que había conseguido un fallo donde se consideraba a las mulitas víctimas de trata. Y tomó esos precedentes para hacer un planteo.
–La Ley de Trata tiene un artículo que dice que cuando una persona comete un delito en el contexto de trata no es punible. Se hizo para proteger a las mujeres prostitutas. Y se me ocurrió usarlo para los soldaditos.
Lo planteó varias veces y al principio los jueces se agarraban la cabeza. Hasta que un día un fiscal lo tomó y dio un dictamen favorable. Fue el único caso que salió. Todos los empleados del poder judicial la llamaban para felicitarla y ella les respondía a todos lo mismo.
–Viste que no estoy tan loca.
Ahora, cuando escucha discursos de baja de imputabilidad promovidos por el gobierno nacional y apoyados por el gobernador Pullaro, piensa que son una locura.
–Las estadísticas dicen que la participación de los chicos es ínfima. Son formas de encubrir el delito, no de perseguirlo. Hay una trama compleja de encubrimiento y protección del negocio que siempre apunta a los eslabones más débiles y estos chicos son el chivo expiatorio.
Cada vez que le preguntan por la discusión de garantismo versus punitivismo, es Bruera la que se agarra la cabeza.
–Decir garantismo está mal. Estamos en un sistema democrático y las garantías constitucionales son parte de ese sistema, tienen que estar garantizadas. Desde los sectores democráticos no se puede abordar el tema del microtráfico como un tema penal. Es un problema económico porque es un negocio y es un problema de salud.
Pero además se hace una pregunta.
–Con la guerra contra las drogas y el discurso punitivo: ¿bajó el consumo problemático? ¿Terminó la organización de las bandas? No, les dieron más herramientas. Entonces, ¿por qué le preguntan al garantismo que van a hacer? ¿Por qué no le preguntan a los que dicen que no son garantistas por qué insisten con algo que viene fracasando? Las bandas y el lavado de dinero crecieron bajo esas prácticas y esas leyes. Tanto peleamos por despenalizar a los consumidores de este lado y ellos lo que terminaron despenalizando es a los grandes traficantes.
