La sanción de la Ley 26.052 de desfederalización del microtráfico en 2005, más conocida como “ley de narcomenudeo” prometió una revolución en la lucha contra el narcotráfico. La revolución no llegó, pero los problemas incrementaron. Sobrepoblación carcelaria, obstáculos para avanzar en investigaciones a grandes narcos y mayor persecución a pobres, mujeres cis y trans.
Cuando el fracaso es evidente pero la política se sostiene, no es un error, sino una decisión sistemática. Hay una respuesta posible: pese a la evidencia negativa, la persecución de pequeños vendedores y consumidores permite que las policías provinciales hagan estadística para inflar la demagogia punitiva.
Desfederalizar algunos delitos de drogas implica transferir la responsabilidad de investigar y juzgar los delitos de narcomenudeo —como la venta al menudeo o la tenencia para consumo personal— en la justicia de cada provincia. En términos sencillos, el objetivo era que los jueces y fiscales provinciales se hicieran cargo de la parte más visible del problema, lo que ocurre en los barrios y zonas marginadas, para que la justicia federal pudiera enfocarse exclusivamente en las grandes bandas de narcotráfico, el tráfico internacional y el lavado de dinero. Aunque esto no pasó, como nos van a mostrar las cifras oficiales.
La reciente creación del Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (Pronadem), a través de la Resolución 590/2025, marca un nuevo hito en esta historia. Este nuevo organismo tiene como objetivo principal brindar apoyo económico y logístico a las provincias que adhieren a la ley de desfederalización del microtráfico, la Ley 26.052.
Su creación implica una profundización de la estrategia punitiva y prohibicionista del Estado, reforzando la idea de que la solución al problema de las drogas pasa por la vía de la seguridad y el control policial, en lugar de un abordaje integral desde la salud pública.
El apoyo que el Pronadem brindaría se materializa de varias maneras:
Apoyo Financiero Directo: El programa establece un sistema de transferencias de créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional. Estos fondos están destinados a cubrir los costos de la policía, los servicios penitenciarios y la justicia de las provincias que adhieren a la Ley 26.052. En esencia, el Estado nacional financia a las jurisdicciones locales para que refuercen sus estructuras punitivas, permitiéndoles investigar, detener y encarcelar a los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico.
Soporte Logístico y Operacional: Más allá del financiamiento, el Pronadem implica la provisión de recursos materiales y técnicos. Esto incluye capacitación para el personal policial y judicial, así como la facilitación de equipos de investigación, vehículos y tecnología. La creación del programa busca optimizar la capacidad de las provincias para perseguir estos delitos y generar una “mayor cobertura policial y judicial del fenómeno”.
Un fracaso que cumple 20 años
La ley de desfederalización habilitó a las provincias a perseguir el “narcomenudeo”, buscando liberar a la justicia federal de la carga de los delitos menores para que se concentrara en las grandes organizaciones delictivas. Sin embargo, el resultado ha sido la fragmentación de la respuesta estatal y una escalada en la criminalización de las poblaciones más vulnerables.
Los resultados:
- Buenos Aires: Una de las primeras en adherir, la provincia de Buenos Aires muestra un panorama desolador. El Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, documentó que el encarcelamiento por delitos de drogas creció un 127% entre 2002 y 2014. Además, un informe de Pensamiento Penal de 2023 reveló que, del total de personas detenidas bajo esta ley, el 95.81% lo estaba por comercialización. En marzo de 2025, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) indicó que el 50% de la población carcelaria de la provincia se encuentra en prisión preventiva, sin una condena firme.
- Córdoba: La provincia de Córdoba, con una adhesión temprana en 2014, también evidencia la saturación del sistema. Datos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba citados en Revista Pensamiento Penal muestran que entre 2018 y 2020 ingresaron a las fiscalías provinciales un promedio de 3.529 causas anuales, cifras que contrastan con los escasos avances en la desarticulación de las grandes redes.
- Entre Ríos: en 2018 adhiere a la desfederalización. Según un pedido de acceso a la información pública solicitado por MATE (2023), que analizó los primeros cinco años de vigencia de la norma en la provincia, la Justicia provincial dictó 194 sentencias por venta al menudeo en un período de ocho meses de 2023, la mayoría por comercialización o tenencia con fines de comercialización. Mientras tanto, en ese mismo período, el número de causas iniciadas en la Justicia Federal de Paraná cayó un 75% en comparación con el año 2018. Las causas aumentaron en el fuero provincial, pero sin que las investigaciones asciendan a la persecución de las estructuras criminales más grandes. Las cifras muestran el impacto desproporcionado en la población femenina: dos de cada tres mujeres detenidas en la provincia enfrentan procesos por delitos de drogas.
- Santa Fe: A un año de su adhesión, los primeros datos confirman la tendencia. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que, en el primer año de vigencia de la ley 14.239, se investigó a 5.700 personas, se imputó a 833 y solo se logró la condena de 100, lo que demuestra baja efectividad y un enorme caudal de recursos consumidos para la fragmentación investigativa y la saturación de la población carcelaria.
Víctimas de la desfederalización
La desfederalización del microtráfico impactó de manera desproporcionada en los sectores más excluidos de la sociedad. Los informes del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) confirman que las mujeres, jóvenes y personas en situación de pobreza son las principales víctimas.
- En provincias que han desfederalizado, el 45.6% de las mujeres privadas de la libertad lo están por delitos relacionados con estupefacientes. En Buenos Aires, esa cifra alcanza a 3 de cada 10 mujeres.
- Gran parte de estas mujeres, según el CELS, no completaron el secundario, estaban desempleadas y carecían de antecedentes penales. Se trata de los eslabones más débiles, a menudo cooptados por las grandes redes como “mulas”. Para conocer mejor los roles de mujeres y disidencias en las bandas criminales pueden profundizar en esta entrevista a la antropóloga Eugenia Cozzi.
- La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) ha denunciado que una gran mayoría de los detenidos por delitos de drogas no tienen condena firme. En 2017, ese porcentaje era del 67%, lo que evidencia el uso abusivo de la prisión preventiva, una práctica que choca de frente con los principios constitucionales de un estado garantista.
Mucha inversión en seguridad, nada para salud pública
La Resolución 590/2025 y el programa que crea no son otra cosa que una nueva muestra de cómo el Estado, en su conjunto, sigue apostando por un sistema prohibicionista que prioriza la inversión en seguridad por sobre la salud pública.
El Pronadem busca “asistir” a las provincias para que sigan invirtiendo en policías, fiscales y jueces que persigan el microtráfico, lo que demuestra una negativa a abordar el consumo de drogas desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños. Este enfoque, considera al usuario como un sujeto de derechos y prioriza la prevención, el acceso a la salud y el tratamiento, en lugar de la criminalización y la cárcel.
Tras dos décadas de una política que ha demostrado ser un fracaso rotundo, la creación del Pronadem está llamada a profundizar esta situación y el balance es inequívocamente negativo.
Los objetivos iniciales no se cumplieron. El sistema judicial está fragmentado, las cárceles están superpobladas con vendedores de poca monta y la capacidad del Estado para investigar a los verdaderos líderes del crimen organizado disminuyó. La creación de Pronadem ignora esta evidencia y redobla la apuesta por una estrategia ineficaz e injusta.
Priorizar la persecución del “narcomenudeo” refuerza la penalización de personas en situación de vulnerabilidad social y económica, sin generar ningún impacto en las verdaderas redes de poder que mueven el negocio del narcotráfico.
Especialistas en la materia sugieren una reorientación estratégica hacia una estructura federal integrada que combine la inteligencia criminal, la investigación financiera y un enfoque de salud pública. Este cambio de paradigma requiere, en primer lugar, despenalizar la tenencia para consumo personal, algo que se apoya en la experiencia internacional. Ejemplos como los de Portugal o Uruguay, evidencia que una aproximación centrada en la salud es mucho más eficaz para mitigar los daños del consumo y los delitos conexos.
Habiendo pasado solo un año de la sanción de la 26.052, el ex presidente de de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta, decía “Sin perjuicio de las profundas discrepancias de fundamento que necesariamente debemos señalar con una visión del problema que apela a la “droga” como razón de estado, que sugiere una idea de “guerra” y con ello de “enemigo” y que reafirma la respuesta punitiva como solución excluyente para estos problemas, resulta cuanto menos difícil suponer que los autores de esta iniciativa estén convencidos de que a través de ella podrá mejorarse la performance investigativa y dar lucha eficaz al “flagelo de la droga”. Tamaña suposición luce, cuanto menos, ingenua. Especialmente si se advierte que la historia de la legislación sobre droga constituye en nuestro país un modelo paradigmático de la ineficacia preventiva de la ley penal, así como de su enorme potencial y capacidad para aumentar los riesgos y daños individuales y sociales.”
Dos décadas después de la sanción de la ley 26.052, Argentina continúa debatiendo el camino a seguir. Sin embargo, los datos y la realidad de los barrios y tribunales demuestran que las soluciones simples crean problemas más complejos. El desafío pendiente es construir una política criminal que priorice la problemática de salud sobre la lógica del control territorial.
