El gobierno nacional viralizó una supuesta amenaza narco. Se trata de un video donde 4 individuos con armas largas dicen que van a “dejar muertos” en Buenos Aires y Santa Fe. Los denominados “narcoterroristas” por el gobierno nacional, acusan de “mafiosos” a Patricia Bullrich, ministra de seguridad, y Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe.
“Primero que nada comentarle a la gente este arreglo que hiciste para que se calme Rosario y darle más poder a tu banda”, dice quien habla en el video, y sigue: “Hiciste matar a gente inocente, armaron todo para tapar a tu banda, gobernador mafioso de Santa Fe”.
Se refieren al presunto pacto entre el gobierno provincial y las bandas criminales que explicaría el marcado descenso del 70% en los homicidios vinculados a organizaciones narco de Rosario. El pacto es la principal hipótesis que esgrimen periodistas y especialistas en temas de seguridad para explicar la baja de asesinatos, aunque aún sin pruebas concretas.
Para conocer más de este tema, podés escuchar nuestro podcast Sobredosis de Guerra.
El origen del video de la amenaza
Se trata de un video con desconocida circulación antes de la difusión del gobierno nacional. Aunque sí apreció en algunos medios antes de un comunicado que compartió el propio presidente.
En el comunicado de la Oficina del Presidente publicado anoche, se dice que el video fue enviado por los criminales al gobierno nacional y provincial. Sin embargo, el gobierno provincial nunca lo recibió, sino que se enteró de su existencia por las autoridades nacionales.
La Oficina del Presidente publicó a las 22.58 de ayer sobre la recepción del video. Pero 45 minutos antes ese video ya circulaba en medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires, con referencias al “narcoterrorismo” que utiliza el escrito oficial.
En una conferencia de prensa de hoy, el ministro de seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reconoció que desconoce cómo inició la circulación del video. Sin embargo, su par a nivel nacional, Patricia Bullrich, declaró que el video “no fue enviado a ninguna cuenta, sino puesto en las redes para que nosotros podamos detectarlo, que no era muy difícil”.
Los funcionarios de Santa Fe declararon que se enteraron de la situación a través del Ministerio de Seguridad de la Nación. Distintas fuentes consultadas por el periodista santafesino José Curiotto coincidieron en que esto sucedió aproximadamente a las 20:00 de ayer.
Narcoterrorismo hasta en la sopa
El diputado provincial e investigador del narcotráfico Carlos del Frade, advirtió en A24 que este hecho comunicacional del gobierno nacional inflama la narrativa del “narcoterrorismo” y refuerza la voluntad del control social sobre el Gran Buenos Aires y la provincia de Santa Fe.
“Más allá de repudiar y pedir la investigación sobre el origen del extraño video, es necesario subrayar el contexto, marcar el inicio de un mes sensible como diciembre y apuntar la preocupación que generan estas amenazas frente a las cuales, desde la excusa del combate contra el narcotráfico, se responde desde el poder político más como herramienta de disciplinamiento que de multiplicación de ayuda social para tanta gente que la está pasando muy mal”, dijo Del Frade.
El comunicado presidencial introduce un apartado sugerente: “Reafirmamos nuestro compromiso con las fuerzas de seguridad, el sistema de inteligencia nacional, y nuestras fuerzas armadas, que cuentan con todo nuestro apoyo para enfrentar esta amenaza“.
La referencia a las fuerzas armadas, que por ley todavía no pueden involucrarse en temas como el narcotráfico, apunta a impulsar el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Interior que habilitaría su participación en tareas contra el “terrorismo” y ya fue presentado en el congreso.
Con la difusión de este video, la ministra de seguridad también reavivó la discusión de la “Ley Antimafias”, que ahora será discutida en sesiones extraordinarias en la Cámara de Senadores, luego de su media sanción en Diputados. Esta ley establece cambios en el Código Penal y Procesal Penal, introduciendo la figura de la “asociación ilícita” con criterios laxos pero una pena de 8 a 20 años.
Como comunicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el pilar de este proyecto de ley es “el concepto de “Zona Sujeta a Investigación Especial”: espacios geográficos donde funcionarios judiciales y policiales tendrán mayores márgenes de actuación, por ejemplo, para hacer allanamientos. En pocas palabras: zonas de excepción. No resulta muy aventurado especular que estas zonas no serán las rutas por las cuales ingresa el dinero generado en los mercados ilegales a la economía legal, sino los barrios populares empobrecidos donde es sencillo encontrar un puesto de microtráfico, a donde los consumidores se dirigen a comprar drogas”.
El avance de la investigación a cargo de María Servini de Cubría permitirá contar con pruebas para saber qué pasó, pero por ahora, podemos preguntarnos a quién beneficia políticamente la difusión del video.
