¿Se acuerdan cuando la Marcha Mundial de la Marihuana de la Argentina era un evento masivo que año tras año multiplicaba su convocatoria? ¿Todavía guardan en la memoria las fotos aéreas de las ediciones pre-pandemia, con cientos de miles reclamando la derogación de la Ley de drogas 23.737? ¿Qué pasó con aquella fuerza movilizadora que convertía cada primer sábado de mayo en una demostración de resistencia política y cultural contra el prohibicionismo?
Argentina tiene uno de los marcos legales más punitivos de América Latina sobre drogas. Y, paradójicamente, también supo tener una de las movilizaciones más potentes en reclamo de su modificación. Sin embargo, en los últimos años, algo rompió esa dinámica. La calle se enfrió, la bronca se dispersó, la marea bajó. Y no creo que se deba a que el movimiento logró sus objetivos. ¿Por qué, entonces, el movimiento cannábico argentino parece desmovilizado?
Esta nota nace desde ahí: desde la necesidad de entender el origen del desencanto, pero también desde el deseo de recuperar la potencia colectiva que alguna vez supimos construir. El REPROCANN fue y es una herramienta útil para muches. Permitió cultivar con más seguridad, habilitó espacios laborales en ONGs y clubes, y ofreció cierto alivio en el acceso a usos terapéuticos. Pero al mismo tiempo, creó una falsa sensación de “misión cumplida” que terminó enfriando la lucha por la reforma integral de las políticas de drogas. Su existencia desplazó el foco político hacia un terreno administrativo, individualizado y vulnerable. Reconocer su valor no debería impedirnos cuestionar su fragilidad ante un cambio de gobierno ni la forma en que estrechó el horizonte de la disputa política.
Creo que una parte significativa del problema radica en la narrativa excepcionalista que parte del propio movimiento cannábico ha instalado sobre la marihuana. Me refiero al discurso que pretende convencernos de que el cannabis es una planta casi mágica, medicinal y, sobre todo, una “droga buena” y distinta a otras sustancias ilegales, químicas y supuestamente peligrosas. Esta narrativa, que surgió como un recurso de algunos actores para enfrentar prejuicios, engendró un error de diagnóstico funcional a la prohibición, que fractura solidaridades y es uno de los factores que limitan nuestro horizonte político.
El artículo de Evan Nison publicado en 2022 por la revista Rolling Stone explica bien este fenómeno: el excepcionalismo del cannabis es esa idea de que la marihuana merece ser diferenciada del resto de las drogas y merece ser legalizada porque es “natural” o porque es “menos peligrosa”. Pero al defenderla en esos términos, lo que hacemos es legitimar la prohibición de todas las demás. Creamos una falsa línea divisoria entre “drogas buenas” y “drogas malas”. Y así, mientras una parte del movimiento pide permiso para que la planta sea tratada como medicina, otras personas siguen presas, incluso con credencial de Reprocann, por el solo hecho de cultivar o portar cannabis.
El caso argentino es un ejemplo clarísimo de los límites de la estrategia excepcionalista. Después de años de lucha, conseguimos un registro estatal, regulaciones provinciales y nacionales, y la promesa de una industria legal. Pero la ley 23.737 sigue intacta, continuando la persecución policial y judicial tanto de quienes producen y/o consumen cannabis y sus derivados como de cualquier otra sustancia.
De hecho, los datos recientes de la PROCUNAR muestran claramente que la persecución penal por cultivo y tenencia no disminuyó, sino que se intensificó. El aumento de las causas por cultivo “con fines de comercialización”, una figura que se usa sistemáticamente para criminalizar cultivadores, demuestra que el Reprocann es insuficiente para proteger realmente nuestros derechos.
Pero más allá de los datos, lo que revela esta situación es una estrategia discursiva que está fallando. Hoy, el problema no es el Reprocann como herramienta, sino su elevación a máximo horizonte político posible. En lugar de exigir la derogación o reforma urgente de la ley 23.737 (que la Corte Suprema declaró inconstitucional hace quince años) gran parte del movimiento parece enfocado exclusivamente en defender la continuidad de ese registro. Pero en una negociación nunca es buena estrategia pedir lo mínimo indispensable, porque que vas a terminar con menos que el mínimo.
El excepcionalismo del cannabis, disfrazado de estrategia pragmática, fragmenta a quienes estamos afectados por las mismas leyes, refuerza estigmas y debilita los avances conquistados desde una lógica de ampliación de derechos. Si no apuntamos más alto (a una reforma integral del régimen punitivo y a una política de drogas basada en derechos humanos) no habrá ni justicia social, ni industria inclusiva, ni libertad para todxs.
No podemos permitirnos la ingenuidad de pensar que es posible desarrollar una industria cannábica floreciente sin despenalizar la tenencia de drogas. Si el acceso legal va a estar restringido a un pequeño grupo de pacientes, asociaciones y ONG aprobadas, nunca vamos a tener la escala de demanda para la industria pujante que se prometió. Y mientras tanto, la violencia del narcotráfico y del sistema penal sigue cayendo sobre los más vulnerables: jóvenes pobres, mujeres, trans y travestis criminalizadas por su uso de drogas.
¿Cómo puede ser que estemos cerca de tener una industria legal y, al mismo tiempo, más desorganizadxs que nunca para pensar una estrategia que incluya a todas las personas afectadas por la guerra contra las drogas? El movimiento cannábico fue vanguardia durante años, pero hoy da la sensación de que retrocedimos varios casilleros. Las marchas son más chicas y la energía de base parece haber sido absorbida por la promesa de un mercado que no terminó de desarrollarse. Incluso el documento oficial de este año menciona la necesidad de reformar la ley 23.737, pero no convierte esa exigencia en un reclamo central.
Por eso, estas líneas son ni más ni menos que un llamado a recuperar una identidad política común entre quienes usamos drogas. A dejar de mirar con desdén al que consume otra cosa. A enfrentar la tibieza que se impuso. A entender que el deseo humano de alterar la conciencia y expandir los límites del cuerpo y la mente, es parte del ejercicio de nuestra soberanía psicoactiva: el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos sin que el Estado se entrometa.
La planta de marihuana no es mágica ni diabólica. Al igual que el resto de las sustancias creadas por la naturaleza o por la mano humana, puede brindar placer, aliviar, conectar, calmar, curar, estimular y también dañar. Pero, como venimos sosteniendo desde hace décadas, el problema no está en las drogas sino en su prohibición. Lo que daña no es la sustancia, sino la ignorancia, la hipocresía y la injusticia que genera un régimen cuyo objetivo es castigar a las personas y comunidades más desprotegidas mientras alimenta negocios millonarios sostenidos por el crimen organizado y la connivencia estatal.
En este contexto de ajuste, violencia institucional y retroceso de derechos, la salida es con más organización y más calle. Necesitamos recuperar la llama política del movimiento cannábico para volver a impulsar un reclamo claro y urgente: la derogación de la ley 23.737 y la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal.
Es momento de volver a tejer alianzas, de reconocernos entre consumidores de distintas sustancias, de reconstruir una identidad política común. Porque si la marihuana logró abrir una grieta en el muro del prohibicionismo, no es para que sólo algunos pocos puedan pasar: es para que podamos tirarlo abajo entre todxs y para siempre.
Solo un movimiento unido, diverso y radical en su amor por la libertad podrá torcer el rumbo de estas políticas que nos condenan. Este sábado, ocupemos las plazas con alegría, con convicción, con memoria y con futuro. Porque la historia de la despenalización en Argentina todavía está por escribirse, y depende de nosotrxs.
