Raúl Reynoso fue un juez federal que se presentaba como paladín de la lucha contra el narcotráfico por delante, mientras por atrás cobraba coimas para vender la libertad a los imputados en sus causas por drogas. Se desempeñaba en Salta, específicamente en la localidad de Orán, situada a 30 kilómetros de Bolivia, una de las principales vías de ingreso de cocaína al país.
Ricardo Ragendorfer, cronista de policiales, dice que “si no arreglas con la cana, no hay porro ni merca que circule”. Matilde Bruera, defensora oficial durante más de una década señaló que “La policía regula al narcotráfico a través del Poder Judicial”. Según lo acreditado en la justicia, ¿cómo es la intervención de algunos judiciales en la regulación ilegal de los mercados de drogas?
El judicial daba notas como especialista en narcotráfico a medios de comunicación. En una nota de Perfil publicada en 2014 señaló que los colombianos buscaban instalarse para manejar el negocio del narcotráfico en nuestro país y exigió al gobierno nacional que se instale una delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en Orán para controlar mejor el “ingreso ilegal de extranjeros”.
En la antesala de las elecciones presidenciales de 2015, Reynoso disertó en el Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en la ciudad de Mar del Plata frente a candidatos presidenciales, al embajador de Estados Unidos y otros integrantes de la planta permanente y temporaria del establishment.
Raúl Reynoso fue promovido por el entonces presidente Eduardo Duhalde para ocupar, desde el año 2002 al 2016, la titularidad del Juzgado Federal N°2 de esta ciudad salteña.
Por su rol en la política federal de persecución penal, hizo amistades con los partícipes de las actividades ilegalizadas en los territorios bajo su jurisdicción: narcotraficantes de diferentes jerarquías, sus abogados y abogadas que los representaban, agentes policiales.
Una vez que se destapó la olla, fue procesado y hasta condenado por diferentes delitos en el marco de sus funciones.En marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta lo halló culpable de concusión (exigir sobornos abusando del cargo) y prevaricato (dictar resoluciones contrarias al derecho), por al menos siete hechos de concusión y seis de prevaricato, cometidos entre 2010 y 2015. Le dieron 13 años de prisión y en marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esta condena.
En junio de este año se confirmó otra condena a Reynoso por beneficiar al narcotraficante Delfín Castedo “El Patrón del Norte” con eximiciones de prisión a cambio de dádivas. Fue hallado culpable de cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público (adulterarlo) y concusión. La Cámara Federal de Casación Penal lo condenó a 5 años de prisión por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión por participar en hechos delictivos en diciembre de 2013;
Pero veamos qué formas asumieron estas figuras penales en las prácticas delictivas de un magistrado federal. ¿La justicia aplicó todo el peso del sistema penal contra uno de sus integrantes?
“No hay forma de sacarte sin poner plata”
Así le explicaba una abogada a su defendido, imputado por una causa de drogas en el Juzgado Federal de Orán a cargo de Reynoso, cuál era la manera para sacarlo del penal. El textual surge de una comunicación telefónica que engrosó el acervo probatorio utilizado por el fiscal Eduardo Villalba y el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, en el primer proceso judicial contra el entonces juez federal.
La investigación comenzó a partir de una noticia publicada por el Diario Hoy en agosto de 2014. En esta nota, se denunciaron pedidos de coimas en esta ciudad salteña y la participación de integrantes del Juzgado Federal N°2. A mediados del año siguiente, otra nota publicada en la edición digital de Radio A 92.3 el abogado David Leiva denunció que en el juzgado “se vende la libertad a los presos por narcotráfico, trata de personas o tráfico de divisas, y que existe un grupo de abogados que apañan este delito, actuando como mediadores en el trato económico entre el juez y los delincuentes”. Esta nota se titulaba “Los procedimientos para la libertad”.
Durante la investigación, se le imputó a varios acusados formar parte de una asociación estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular diferentes actividades ilícitas, con Raúl Reynoso a la cabeza, al menos, desde el año 2010 y con soporte territorial en la ciudad de Orán. Según señalaron Villalba e Iglesias, esta asociación se dedicaba a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho para favorecer a personas imputadas en delitos de drogas que tramitaban en el Juzgado de Reynoso.
Los “favores” consistían en excarcelaciones, arrestos domiciliarios o sobreseimientos durante la etapa de instrucción, que en ese entonces estaba a cargo del juez federal: las sumas dinerarias comenzaban en 50 mil dólares, también alguna camioneta 4 x 4. Libertad, detenciones en sus cómodas casas o inocencias a cambio de bienes y/o dinero para robustecer el ya abultado patrimonio de un juez federal, un cargo que justamente no se caracteriza por tener salarios por debajo de la línea de pobreza.
Según la fiscalía, debajo de su señoría, la organización también estaba integrada por cuatro abogados de la matrícula, funcionarios y empleados judiciales del Juzgado en cuestión. Finalmente, resultaron condenados dos abogados particulares, María Elena Esper y Ramón Antonio Valor, como partícipes necesarios del delito de concusión: Esper en cinco hechos y Valor en uno. Reynoso fue condenado, como anticipamos, a 13 años de prisión. El resto de las personas imputadas zafó. En este caso, la imputación fiscal por asociación ilícita no tuvo lugar.
Un magistrado con características de duque
Luego de pasar 8 años detenido por esta primera condena –entre su alojamiento en la cárcel de Güemes y la prisión domiciliaria– Reynoso está en libertad desde 2024. Puede moverse por donde quiera pero no le permiten salir del país.
Sin embargo, en agosto de 2024, Reynoso fue condenado nuevamente por otro tipo de “favorcito”. En este caso, la maniobra involucraba a Delfín Castedo, uno de los mayores líderes de las organizaciones criminales de la región, y a su abogado particular, Luciano Ciscato. Se pudo comprobar que, en diciembre de 2013, se presentó un “doble” de Castedo a prestar declaración indagatoria y logró que el juez, a cambio de dádivas, ordenara la eximición de prisión para el verdadero Castedo, aunque sobre él pesaba un pedido de captura nacional e internacional por el crimen de Liliana Ledesma, ocurrido en septiembre de 2006.
Liliana Ledesma había denunciado en los medios de comunicación locales que narcotraficantes estaban cerrando caminos vecinales y comprando tierras a través de extorsiones y amenazas para generar una zona liberada en la frontera, y así poder entrar y salir sin controles de ningún tipo: “le cortaron la boca de arriba hacia abajo, además de apuñalarla varias veces, para indicar que su muerte fue como consecuencia de haber hablado”, cuentan en un artículo de Anfibia.
Delfín Castedo no era un cuentapropista, ni tampoco un improvisado en el mercado de drogas ilegalizadas de nuestro país: era la cabeza de un clan familiar, una organización transnacional, ocupada del tráfico nacional e internacional de cocaína en el Norte argentino. Su pantalla era la actividad económica rural: contaban con fincas sobre la frontera argentino-boliviana en la localidad de Salvador Mazza para tener una zona liberada y así poder llevar adelante con tranquilidad el contrabando de cocaína.
La organización liderada por Castedo funcionó desde 1999 hasta el año 2016 y llegó a mandar hasta 4 mil kilos de cocaína por mes al continente europeo, como probó la justicia federal. En los últimos años de funcionamiento, el clan de Castedo contó con el patrocinio letrado del Juzgado Federal de Reynoso.
Finalmente, Reynoso fue condenado a 5 años de prisión por los favores a Castedo. Durante el juicio, el fiscal interviniente Carlos Amad, había manifestado que Reynoso había convertido el juzgado en un “ducado”, donde nada se hacía sin que él lo ordenara.
Y el prontuario de Reynoso sigue: en marzo de este año, fue procesado por otro hecho junto al ex fiscal federal, José Luis Bruno. A Reynoso se le imputa que, en mayo de 2012, resolvió revocar de oficio un procesamiento ya dictado por otro juez para modificar la participación de Federico Rojas, de necesaria a secundaria, en el delito de transporte de estupefacientes agravado, y de esa manera, poder revocarle la prisión preventiva y otorgarle la tan preciada libertad.
Al ex fiscal Bruno, se le endilga no apelar esta resolución de Reynoso y consagrar “ilegítimamente un estado de impunidad”: una vez en libertad, Rojas siguió participando en el narcotráfico e incluso fue condenado por otro hecho. En esta investigación, aportó datos como arrepentido (imputado colaborador), el narcotraficante Barakat Barakat, que confesó el pago de 150 mil dólares. Barakat es un ciudadano de nacionalidad siria radicado en la ciudad de Salvador Mazza, que fue señalado como intermediario de 150 mil dólares entre la dupla de traje y corbata, Reynoso y Bruno, y un imputado por narcotráfico, René Antonio Arancibia junto a su abogado Arsenio Eladio Gaona, cuñado de Reynoso -estaba casado con su hermana- y nunca pudo ser juzgado porque se fugó.
Según señala la investigación, Arancibia le entregó los 150 mil dólares a Barakat y éste se los pasó al abogado Gaona, quien le facilitó 130 mil a Reynoso y 20 mil a Bruno. Barakat narró que el acuerdo inicial era que los 20 mil dólares iban a ser para él, por su intermediación, pero Gaona le dijo que necesitaba 20 mil para sobornar al fiscal Bruno, que tenía la posibilidad de apelar esta resolución.
Que no se note
En mayo de 2015, tanto Raúl Reynoso como José Luis Bruno, se animaron a exponer ante el Centro de Información Judicial (CIJ) —la agencia de noticias de la Corte Suprema— que eran víctimas de “severas amenazas de muerte con el único fin de amedrentar el ánimo y afectar” sus funciones por parte de un imputado por narcotráfico.
Así como paseaba por foros y conferencias hablando sobre narcotráfico, Reynoso y su colega también llegaron a posicionarse como víctimas, aunque lo fueran producto de sus propios vicios.
Probablemente, estos procesos judiciales tan solo representan una mínima parte de la participación de este ex juez federal en el entramado relacional que gestionaba el narcotráfico en el noroeste argentino. Toda una trama relacional dedicada a regular de alguna manera, pautar, que es una palabra que muchas veces se utiliza para definir los diferentes verbos que puede llevar adelante tanto la policía como el sistema judicial, para definir qué es lo que persigue y qué es lo que no persigue.
No es un marco binario, se persigue o no se persigue, muchas veces se pauta, se tolera, se acuerda, se permite, una multiplicidad de verbos complementarios que permiten definir lo que sucede con el funcionamiento de este tipo de agencias y con las políticas de efectividad que llevan adelante.
Su señoría Reynoso no lidiaba con lúmpenes o cuentapropistas de los mercados ilegalizados que son quienes pueden abarrotar las cárceles provinciales y federales: se asociaba con los pesados de este negocio: agentes que participaban en organizaciones nacionales y transnacionales dedicadas a traficar precursores químicos, a la exportación e importación de drogas ilegalizadas y verdaderos empresarios de la criminalidad económica. Ningún zonzo. Y no es la manzana podrida del cajón: esta serie de narcos de trajes, corbatas, privilegios y sueldos millonarios continuará.
