Por Emilio Ruchansky* para Tiempo Judicial
La puesta en marcha de la desfederalización de los delitos menores de drogas en Entre Ríos, también conocida como ley de “Narcomenudeo”, tomó más de 10 años. Rige desde mayo de 2018 e implicó tres leyes provinciales, una de ellas declarada inconstitucional. Como se verá, el factor económico y la “buena prensa” de este tipo de iniciativas en el marco de la supuesta guerra a las drogas tuvieron mucho que ver con los rodeos legales y políticos que debió sortear la implementación. Sus resultados no fueron distintos al de otras provincias, más hostigamiento y persecución a quienes consumen y sobre los eslabones vulnerables y reemplazables en las redes de comercialización minorista.
Tal como se desprende de las recientes estadísticas del Tribunal Superior de Justicia entrerriano sobre parte de lo actuado entre febrero y octubre 2019, más de la mitad de las causas iniciadas (el 54%) respondieron conductas asociadas al consumo, como la tenencia simple, para uso personal o el suministro gratuito. Estas estadísticas no incluyen, aclararon desde el Tribunal Superior, “aquellos casos iniciados ante el Ministerio Público que no se judicializan”. Muchas detenciones, generalmente contra personas claramente consumidoras, directamente son archivadas en las fiscalías locales.
Las estadísticas del Superior fueron publicadas a fines de abril por el periodista Juan Cruz Varela en el sitio entrerriano paginajudicial.com, en un informe titulado “El fracaso de la ley de narcomenudeo”. En respuesta a la nota, y en el mismo medio de comunicación, el jefe de la Dirección de Toxicología de la policía provincial, Lucio Villalba, aseguró que la Policía de Entre Ríos está “empoderada” en el cumplimiento estricto de esta nueva ley.
“Nuestra Dirección de Toxicología tuvo una importante reestructuración ya que previo a la ley existía una estructura mínima en cada departamental y en la actualidad hay una División de Toxicología en cada una de ellas, lo que nos permite realizar operativos regionales donde se han realizado hasta 20 allanamientos en simultáneo lo que nos otorga un factor sorpresa que desbarata las organizaciones delictivas”, puntualizó en un artículo titulado: “Ley de narcomenudeo, dos pasos adelante en materia de seguridad”.
Sin embargo, esta estructura no se replica en las ya existentes fiscalías de “respuestas rápidas”. Como explica el abogado entrerriano Andrés Bacigalupo: “Reciben estas causas de drogas que suman las de robos y hurtos que ya tenían. Como son delitos relativamente leves no suelen llegar a juicio oral porque se resuelven con probations o juicios abreviados, son delitos de flagrancia que no requieren mucha investigación”. “No tuvieron ninguna preparación”, advierte este letrado, coordinador del área de Políticas de Droga de la Asociación Pensamiento Penal.
Los datos estadísticos fueron procesados hace algunas semanas desde Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, integrado por más de 50 ONGs, sindicatos y defensorías públicas: “De los 153 casos resueltos por el poder judicial entrerriano en 2019, el 17% fue elevado a juicio oral y el 22% recibió condena efectiva y el 61% implicó una condena condicional o sobreseimiento. Menos del 5% de los casos iniciados por la ley de ‘Narcomenudeo’ presentan indicios de violencia. Este escenario demuestra que las políticas represivas tienen poca efectividad para minimizar el mercado clandestino de drogas”. Por otra parte, el 16% de las causas iniciadas por la justicia federal también fue por estas conductas asociadas al consumo.
Sede del poder judicial de Entre Ríos
La tercera es la vencida
El primer intento por adherir a la ley desfederalización transcurrió en 2007. Ese año se promulgó la ley provincial 9783 pero a los pocos días se detuvo su aplicación. El entonces gobernador Jorge Busti, que había impulsado la iniciativa, debió frenarla a través del decreto Nº 4387, “hasta que se obtengan los créditos a los que alude el artículo segundo de la misma y quinto de la ley nacional y se incorporen al presupuesto general de la Provincia, conforme lo exige nuestra Constitución Provincial”. En ese momento solo la provincia de Buenos aplicaba la desfederalización sin recursos nacionales. De hecho nunca los recibió: un informe del ministerio de Justicia bonaerense calculó el monto de la deuda, actualizada, en 29 mil millones de pesos.
Muchos años después, en 2016, el intendente de Concordia, Enrique Cresto, sostuvo que “se habrían salvado miles de vidas” si no la hubieran suspendido. Busti se explayó al respecto en una carta pública, donde citó la acordada del Superior Tribunal de Justicia, en pleno, apoyando la decisión porque no estaban en condiciones de “absorber semejante transferencia de competencia”. Busti iba a terminar su mandato y no quería seguir un criterio demagógico “promulgando la ley y que se arreglara como pudiera el gobierno que me sucedía”.
Siete años después de la primera norma, se relanzó la ley narcomenudeo adhiriendo “parcialmente”. Esta vez se incorporó un párrafo respecto de la obtención por parte del ejecutivo provincial de los recursos del presupuesto nacional: “Hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos enunciados precedentemente, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley”.
El articulado de la norma, la 10329, también planteó que las fiscalías y juzgados locales se aboquen a “medidas urgentes” (allanamientos, traslados y detenciones) para acumular evidencias que nutran una “futura acusación y juzgamiento” en los juzgados federales y no en los provinciales, como ocurre en el resto de las jurisdicciones que adhirieron.
El entonces gobernador Sergio Urribarri la promulgó el 18 de noviembre de 2014, junto a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, una de las firmantes de aquella Acordada. También estaban el defensor General, Maximiliano Benítez y el procurador General. El ex mandatario sostuvo que el objetivo de la adhesión a la desfederalización era el combate de la comercialización en pequeña escala. “En todo este tiempo, entendimos que por un clamor de la sociedad entrerriana, nosotros debíamos tomar decisiones políticas”, dijo.
Las declaraciones de la magistrada y el procurador, quienes flanqueaban al gobernador durante esa conferencia, fueron premonitorias. Esta ley, dijo Mizawak, va a “dar respuesta de tratamiento, a aquellos que son pequeños consumidores o víctimas del consumo de estupefacientes” y perseguir, “también de otra manera” a quienes venden. “El narco llegó a la Argentina para quedarse, y le va a disputar al Estado, a la República, las garantías individuales de todos.”, dijo García. La nueva norma fue declarada inconstitucional por el juzgado federal 1 de Paraná el 29 de noviembre de ese año. Estuvo en vigencia solo 11 días.
El fallo del juez federal Leandro Ríos refiere a una causa con tres detenidos, que no eran los buscados en la orden de allanamiento. Les secuestraron 29 bolsitas de cocaína y un envoltorio con marihuana “que no arrojó peso”. En el legajo que le enviaron desde la justicia provincial no estaban ni lo informes policiales que llevaron a ordenar el allanamiento ni la propia orden de allanamiento. Sobreseyó a las tres personas detenidas y declaró la inconstitucionalidad, entre otras cosas, porque los “procesos híbridos” propuestos por la ley incumplían la forma federal de gobierno al quebrar la “potestad jurisdiccional” (nada menos el artículo 1 de la Constitución), además de dañar garantías como el “debido proceso”, la “defensa en juicio” y el “juez natural”.
Decomiso de drogas por fuerzas federales
Para la foto
Y entonces llegó la tercera norma, la 10566, que derogó expresamente las dos anteriores. Fue sancionada el 13 de marzo de 2018. El gobierno entrerriano solicitó nuevamente los recursos al Estado nacional “sin perjuicio de ello y hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos enunciados previamente, el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente Ley”. Esta vez, la provincia finalmente afrontaría los gastos.
Como consuelo, esta tercera norma estableció que las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados se distribuirían entre tres reparticiones provinciales: 40 por ciento para Ministerio de Salud, otro 40 para la policía y el 20 restante para el Ministerio de Desarrollo Social. La Dirección de Toxicología informó que lo recaudado en poco menos de dos años ascendió a 5.225.579,20 pesos. Esto equivale a 275.030,48 pesos por mes para dividir entre tres. Los vehículos obtenidos no se repartieron proporcionalmente: la Policía se quedó con dos camionetas, dos autos y seis motos, los ministerios de Salud y Desarrollo se hicieron con una camioneta cada uno.
A diferencia de otras provincias como Córdoba o Buenos Aires, en Entre Ríos no se crearon fiscalías especializadas en drogas, las causas las absorbió el sistema vigente. De todas formas hubo cambios. Así lo explica un fiscal: “En Paraná quedamos totalmente saturados con la ley de Narcomenudeo. Volaron las “fiscalías de Respuestas Rápidas” que atendían estos casos al principio. Se estableció un filtro previo para causas menores como lesiones leves, hurtos o delitos de autor desconocido en una Unidad de Atención Primaria y todo el tema drogas se repartió en 15 Unidades de Investigación y Litigación, que además llevan causas de homicidios, abuso de armas y otras”.
Según este funcionario judicial, los casos suelen ingresar por denuncia anónimas de ONGs o asociaciones vecinales, por operativos policiales hechos a partir de requisas ilegales y en conexidad con casos. “De cada diez causas de drogas que ingresan, cinco se suelen archivar por tratarse de consumo personal, siguiendo el criterio de oportunidad. Tres y medio son causas donde fueron a buscar, por ejemplo, un arma y encontraron drogas y el uno y medio restante empezó con un estado de sospecha”, señala.
Si se logra avanzar con un caso, en general se llega a un acuerdo con la defensa a través de un juicio abreviado. No hay forma de elevarlo a juicio oral porque “no alcanzarían los días del año para hacer los juicios”. Además, el código procesal entrerriano admite tres meses para la investigación penal preparatoria, prorrogable por otros tres meses “cuando para peritar un celular se tardan seis meses”. En la última reunión del Consejo de Fiscales de la provincia en septiembre pasado, asegura, se acordó que las causas por cantidades menores de drogas se archiven directamente.
“Acá hay un problema de falta de capacitación de la policía que ve todo blanco o negro, por lo que si encuentran drogas detienen aunque no haya indicios de comercialización. Pero también hay que decir que la policía realiza procedimientos y allanamientos para hacer estadísticas y de esa forma sostener todas las Divisiones de Toxicomania que se abrieron en la provincia”, dice el fiscal. Con suerte, pueden investigar una o dos causas de drogas por trimestre, agrega. “No damos abasto”.
En los dos primeros años de vigencia de la ley de Narcomenudeo fueron detenidas al menos 676 personas, según informó la policía. Consultado para esta nota, un defensor público de la ciudad de Diamante advirtió que además de incrementarse su trabajo en las 12 causas en las que intervino notó que se trataba siempre de los últimos eslabones de la venta de drogas. “Veo personas en un estado muy vulnerable. Son detenciones que no impactan en el negocio porque enseguida las reemplazan. Este es un problema más amplio que el derecho penal no va a solucionar”, advirtió.
*Emilio Ruchansky es periodista especializado en política de drogas, Editor adjunto de la Revista THC y redacttor para numerosos medios. También es uno de los principales impulsores del Acuerdo por la Regulación Legal del canabis.
