¿Qué tienen en común la guerra contra las drogas, la desinformación y el fascismo? Más de lo que parece. Con esa premisa llega “Hackeando el fascismo: desinformación, salud y políticas de drogas”, un curso en línea diseñado para analizar, entender y deconstruir las narrativas dominantes sobre drogas, y su relación con la militarización, el fascismo y su impacto en los derechos humanos. Comenzará el 25 de agosto y es organizado por La Testería y El After, junto a la red Barbies Testeadoras del Bajío.
Este laboratorio de pensamiento crítico busca brindar herramientas para entender las narrativas en torno a la prohibición de las drogas de manera crítica, y el impacto que estas han tenido en las comunidades y territorios. Pero no es solo teórico, sus organizadorxs buscan que quienes participen puedan utilizar las herramientas adquiridas en la creación de narrativas que promuevan un sentido común crítico ante el fascismo relacionado con la prohibición y combate a las drogas.
“Como mujeres latinas y mexicanas, nos fue inevitable pensar en el momento político que atraviesa no solo la región, sino el mundo, en relación a las medidas estilo mano dura que el gobierno de México ha tomado frente al tema del fenómeno de las drogas” cuentan en un diálogo con MATE las organizadoras, Rebeca Calzada y Mariana Mora, quienes además serán docentes en el curso.
La propuesta surgió a inicios de este año, cuando la administración de Trump cerró la United States Agency for International Development (USAID), la principal agencia estadounidense encargada de administrar ayuda internacional trabajando en salud global, desarrollo, educación, asistencia humanitaria y fortalecimiento de democracias.
“Esto representó un golpe muy muy duro para las organizaciones que brindan servicios de salud, incluyendo de reducción de riesgos y daños en diferentes regiones del mundo, pero principalmente en el Sur Global. Estas decisiones tuvieron un acompañamiento muy fuerte de narrativas anti derechos: no hay derechos para quienes migran, para el apoyo internacional, para la comunidad LGBTIQ+, para mujeres y personas de la disidencia, para quienes usan drogas, para aquellas con VIH, entre otras” expresaron las docentes.
Otro hecho que motivó la organización del curso ocurrió en el mismo período, cuando la administración de Trump calificó a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas y el gobierno mexicano desplegó 10 mil elementos militares en la frontera norte para el supuesto combate al tráfico de fentanilo.
Para Calzada y Mora “este despliegue no es algo reciente, estas campañas y narrativas en torno al fentanilo y al consumo de drogas se vienen haciendo desde el sexenio anterior. Abonando al retroceso en el avance y protección de los derechos humanos que se han logrado gracias a las luchas sociales y no solo en materia de salud, reducción de daños o derechos de las personas que usan drogas, sino también para perpetuar la legitimidad y continuación de la militarización en nuestros territorios, endurenciendo la criminalización de ciertas poblaciones que usan drogas”.
Salud pública pero ¿para quiénes?
Las especialistas vienen observando cómo la crisis de salud, principalmente por fentanilo en el mercado ilícito de EEUU, es instrumentalizada para reforzar narrativas que justifican políticas de mano dura para quienes usan drogas. El objetivo final es evitar proveer servicios de salud o reconocer los esfuerzos y beneficios de proyectos de reducción de daños, como La Testería y las Barbies Testeadoras de Bajío.
“Sin duda, la desinformación ha sido una herramienta esencial para sembrar pánicos morales que ayuden a mantener esa legitimidad”, aseguraron.
En el curso proponen pensar el derecho a la salud en tiempos de autoritarismo. Pero ¿qué pasa cuando se usa la protección de la salud pública como excusa para criminalizar? “La prohibición de las drogas se creó para cuidar de la ´salud física y moral´ pero ¿qué hemos visto? Daños profundos entre las poblaciones que usan drogas: falta de información, atención médica y educación sobre sobredosis, mercado no regulado, violencia, estigmatización”, señalan desde la organización.
Pero también en quienes no las usan, a través del crecimiento de tareas militares en espacios civiles, desapariciones, y medidas antiderechos de vigilancia. Aunque se justifique que la prohibición beneficia a las personas, la evidencia demuestra que esto no viene siendo así. “La salud es un derecho que debe garantizarse para todas las personas y no se puede condicionar. Los Estados están adscritos a tratados internacionales que lo sustentan. Las Naciones Unidas empiezan a reconocer el derecho a la salud en quienes usan drogas”, recordaron.
Para Rebeca y Mariana la respuesta se construye desde la reducción de daños: “hemos sido las mismas comunidades de reducción de daños quienes hemos llenado ese vacío a partir de la empatía y el reconocimiento de la agencia y la autonomía de las personas usuarias. Testeamos para resistir, porque creemos que nadie merece arriesgar su integridad o morir por su consumo. Compartimos información porque creemos que hacerlo es también luchar por la autonomía de los cuerpos y las conciencias”.
Nuevas narrativas frente a discursos obsoletos
La militarización y la mano dura suelen ser muy inteligentes en términos de difusión: apelan a sentimientos e identidades que mueven mucho como el nacionalismo, como la idea de proteger la comunidad política contra todo aquello que podría poner en jaque los valores “tradicionales” que representan a tal país o comunidad.
“Hackear el fascismo es proveer los recursos con los que contamos para incidir y retomar nuestra agencia individual y colectivamente frente a las diversas formas en que las narrativas autoritarias quieren avanzar, frente al algoritmo que favorece este pensamiento” reafirman las organizadoras y recuerdan que “las resistencias se pueden tejer a partir de la evidencia y los derechos humanos, pero desde lo creativo, lo sensible, los cuidados (no más castigos!!) y lo comunitario”.
En ese sentido apuestan al tejido entre movimientos, colectivos y redes de personas organizadas que puedan evidenciar los vínculos entre las políticas de drogas y el racismo, el clasismo, la violencia de estado, la violencia de género, la criminalización de la pobreza, la xenofobia, el calentamiento global, la falta de protección de los territorios indígenas, entre otros.
El curso está dirigido a personas usuarias, periodistas, activistas, educadorxs, profesionales de la salud y cualquier persona interesada en repensar lo que damos por sabido. “Creemos que las personas jóvenes son actores clave en la disputa de narrativas. Aunque están igual de expuestas a la desinformación y los discursos de odio, tienen más herramientas críticas y una cultura que ha normalizado el consumo en muchas formas.”
Pero el curso no se cierra a juventudes: “También creemos que personas de distintas edades tienen ganas de incidir y no siempre saben cómo o por dónde. Para nosotras eso es hackear el fascismo: proveer recursos para retomar nuestra agencia individual y colectiva frente a las formas en que las narrativas autoritarias quieren avanzar”.
Frente al algoritmo creado por tecnócratas, este curso propone el contagio de ideas en espacios cotidianos: “Queremos que otras narrativas se diseminen fuera de la digitalidad: en los salones de clase, en los espacios de fiesta y ocio, en los medios que hablan de drogas y entre las otras luchas que a veces no se sienten tan conectadas con la reforma a la política de drogas”.
