El miembro de un grupo de los mal denominados narcoterroristas que operan en Rosario es condenado, probablemente no por narcotráfico, pero sí por algún delito vinculado a su accionar habitual como amenazas, tentativa de homicidio u homicidio propiamente dicho. Una imagen que el gobierno provincial quiere transmitir en todo su esplendor.
¿A dónde va si lo sentencian con una pena privativa de la libertad?
Va a “El infierno”. En medio de un ambiente opresivo rodeado de medidas extremas de seguridad y con una inversión de más de $109.000 millones, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe comenzó la construcción de una nueva cárcel en Piñero “para narcos y sicarios”, detrás de donde hoy se ubica la Unidad Penal 11. Allí el Gobierno provincial expropió 80 hectáreas para desarrollar tres penales, este y dos más para reclusos de “bajo perfil”, que están próximos a licitarse. “El año que viene este lugar va a estar terminado y en pleno funcionamiento”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni a Aires de Santa Fe.
El Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (CERIAP) contará con un doble muro perimetral de 1.800 metros de largo por 10 metros de alto, con torres de vigilancia cada 70 metros y una torre central de 36 metros. El complejo estará dividido en cuatro “mini penales”, cada uno con pabellones de celdas individuales. En total habrá 288 celdas por mini penal y 1.152 plazas en todo el CERIAP.
Cada mini penal tendrá su patio de uso individual restringido. También contará con boxes individuales para comunicarse por medio de un vidrio blindado que evita el contacto físico entre presos y visitantes. “Tendrá sistema de salud a través de atención intramuros para minimizar el traslado, una sala de conferencias y un helipuerto”, describieron desde provincia.
El diseño está pensado para limitar la comunicación entre los internos, con pabellones pequeños y distribuidos para dificultar la interacción. Las visitas serán extremadamente restringidas, con un sistema de seguridad que incluye barreras físicas y escaneos completos, modernas torres de vigilancia e inhibidores de drones haciendo fuerte hincapié en impedir la introducción de cualquier tipo de dispositivo electrónico por parte de los reclusos o de quienes los visiten.
El infierno está encantador
La Secretaria de Asuntos Penales de la provincia de Santa Fe, Lucrecia Damasneri, declaró públicamente que la nueva unidad penal se llamará, literalmente, El Infierno. “El nombre tiene que ver con una explicación muy específica, que nos remite a un lugar donde no van a aterrorizar más a la población santafesina”, declaró en Infobae En Vivo en marzo de este año. Las declaraciones de Damasneri reflejan la perspectiva del gobierno provincial buscando una vez más acercarse a las políticas del mandamás salvadoreño Nayib Bukele, popular por sus políticas de mano dura extremas.
No es la primera vez que un miembro del equipo de Maximiliano Pullaro declara en esta dirección. Sin ir más lejos, en febrero de este año en Rosario, cuando se abrieron los pliegos para la licitación de la construcción de El Infierno, Pullaro fue muy claro: “Si ganamos en la elección por la Reforma, no habrá un solo concepto garantista en la nueva Constitución”. Y ganaron.
El gobernador se refiere a las elecciones del pasado domingo, donde Santa Fe eligió convencionales constituyentes para lo que será una reforma de una constitución vieja y vetusta. Pullaro logró una victoria por márgenes menores a los esperados, así que necesitará generar consensos para elaborar, aprobar e implementar su modelo de Constitución Provincial.
Resultados del recuento provisional de los convencionales constituyentes a nivel provincial.
No es la primera vez que Pullaro declara en este sentido. Durante el 2024 criticó la Ley Anti Mafias, que MATE interpreta como una “luz verde para el abuso policial”, porque estaba dotada de un “exceso de garantismo”, dijo.
En un acto donde presentó nuevos patrulleros lo criticaron por el incumplimiento de derechos y garantías en cárceles y respondió: “Mentira. A nosotros la ley nos faculta hacer lo que estamos haciendo en la cárcel y lo que hacemos es que se cumpla con la ley y que se cumpla la Constitución. Eso no lo vamos a dejar de hacer nunca”. “Los que caigan allí (en El Infierno) no van a salir”, dicen a La Política Online desde el gobierno de Santa Fe.
Una Constitución sin garantismo, ¿Respeta y consagra los derechos humanos fundamentales de los santafesinos y santafesinas? ¿Es una Constitución democrática? ¿Es lo que pide la gente? ¿Es justicia o venganza?
El crimen organizado en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario, ha experimentado un desarrollo complejo y preocupante en las últimas décadas.
Podría decirse que durante la década de los 90 y principios de los 2000, el mercado de drogas se desarrollaba de forma polarizada y en pequeñas cantidades. Hasta el surgimiento de las primeras bandas locales popularizadas por su accionar violento en la disputa por el negocio. Para mayor profundidad, se puede escuchar Sobredosis de guerra, el podcast de MATE sobre la violencia vinculado al mercado de drogas ilegalizadas en Rosario.
La detención de los líderes de estas bandas durante los últimos diez años llevó a una fragmentación de las organizaciones criminales, generando disputas internas y un aumento de la violencia. Mientras tanto, se han revelado conexiones entre el crimen organizado y sectores del poder judicial, político y económico, lo que dificulta la desarticulación de estas organizaciones.
A modo de ejemplo podemos citar el caso del Juez Federal de Rosario Marcelo Bailaque, investigado en múltiples causas, entre ellas por presuntos vínculos con el capo narco Esteban Lindor Alvarado,
También han surgido investigaciones sobre las conexiones entre el crimen organizado y el lavado de dinero, que involucran a empresarios y otros actores importantes, por ejemplo de la industria de la construcción y el rubro inmobiliario en la zona norte de la ciudad cuna de la bandera, los más recientes provienen de la información que ha estado brindando el “arrepentido” ex jefe de la AFIP, Carlos Vaudagna.
Con el argumento de reducir el margen de acción de los líderes de estas bandas que operan desde adentro de las cárceles a través de múltiples estrategias, es que se decidió la creación en tiempo récord de esta nueva unidad carcelaria prevista para ser finalizada en septiembre de 2026.
¿Es la solución? ¿Es una respuesta genuina a la demanda de seguridad o una estrategia para ganar apoyo político? ¿Es por hacer justicia o venganza?
¿Justicia o venganza?
Piñero ya cuenta con algunos antecedentes de lo que se encuadra menos en la justicia que en la venganza.
Marzo de 2024: Los internos denunciaron torturas durante requisas en pabellones de la UP11, incluyendo golpes, picana y “submarino seco”. El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal presentó denuncias detalladas con informes médicos forenses que constataban lesiones compatibles con torturas.
Septiembre de 2024: Se imputó a agentes penitenciarios de Rosario por denuncias de torturas generalizadas a presos, algunas de las cuales habrían ocurrido en Piñero.
Diciembre de 2024: Se informó que había 11 empleados con denuncias por delitos de vejaciones, apremios ilegales y abuso de armas, de los cuales 9 estaban imputados.
Desde una perspectiva jurídico-legal podemos decir que, de movida, promover una institución carcelaria con estas características va en contra de: La Constitución Nacional Argentina:
- El artículo 18 prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- La CN garantiza el derecho a la integridad física y moral de los detenidos.
Múltiples Tratados Internacionales:
- La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisprudencia muy clara sobre los derechos de las personas privadas de su libertad, y el estado es garante de esos derechos.
La Ley de Ejecución Penal:
- Establece los principios y normas para la ejecución de las penas privativas de libertad, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos de los reclusos.
Se debe prestar especial atención a las críticas relacionadas con el aislamiento prolongado, las condiciones de detención extremas y la posible vulneración de derechos fundamentales.
“El infierno” será una cárcel de máxima seguridad que debe estar bajo la lupa de los organismos de control, ya que el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos es muy alto.
Es importante analizar el contexto en el que se creó “El Infierno” y los objetivos que se persiguen con su implementación. Pero sin dejar de lado la proporcionalidad de las medidas implementadas en relación con los delitos cometidos por los reclusos. El debate público informado sobre la necesidad de equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos de los reclusos es clave.
¿Reinserción social?
Las medidas extremas de aislamiento y restricción de contacto pueden dificultar la reinserción social de los reclusos, al limitar sus oportunidades y mantenerlos desconectados del mundo exterior. El enfoque punitivo y de aislamiento puede generar un ambiente de hostilidad y violencia, lo que dificulta aún más la reinserción social. La falta de programas de educación, trabajo y apoyo psicológico puede aumentar el riesgo de reincidencia.
La seguridad pública es una preocupación legítima, es importante equilibrar la necesidad de proteger a la sociedad con el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la reinserción social. El enfoque exclusivo en el aislamiento y la seguridad puede generar un ciclo de violencia y exclusión, en lugar de promover la reinserción social.
El discurso de Pullaro se centra en la idea de que es necesario priorizar la seguridad de la población por encima de lo que considera un “exceso” de garantías para los delincuentes. Está en el lector de esta nota considerar si se trata de justicia o de venganza.
