Ver plantas secuestradas no es nuevo, pero su devolución sí. En la ciudad de Santa Fe, una pareja de 35 y 36 años fue allanada tras una denuncia anónima al 911. Los vecinos alertaron a la policía sobre el fuerte olor a marihuana que provenía de una vivienda en una casa pasillo. Cuando los uniformados llegaron, los habitantes del domicilio permitieron el ingreso de forma voluntaria, aunque no tenían orden de allanamiento. Confiaban en que estaban haciendo todo legal.
Sin embargo, el número de plantas encendió las alarmas del Comando Radioeléctrico. El operativo escaló rápidamente. Aunque la provincia de Santa Fe adhirió recientemente a la ley de desfederalización para intervenir en delitos “menores” de la ley de drogas, el volumen del hallazgo motivó la intervención de la justicia federal.
“La fiscalía me llamó una semana después, fueron muy rápidos. Ahí pude explicar que esa unidad productiva estaba inscripta formalmente como cooperativa bajo el nombre THC –Tierra, Hierba y Cultivo–, con categoría A del INASE (Instituto Nacional de la Semilla) para realizar tareas de fitomejoramiento”, detalló Rojkin.
“La fiscalía me llamó una semana después, fueron muy rápidos. Ahí pude explicar que esa unidad productiva estaba inscripta formalmente como cooperativa bajo el nombre “THC: Tierra, Hierba y Cultivo”, con categoría A del INASE (Instituto Nacional de la Semilla) para realizar tareas de fitomejoramiento”, explicó a MATE el abogado defensor David Rojkin, integrante de la Red Federal de Abogacía Cannábica y de Conectar Med, que formó la cooperativa y realizó las inscripciones ante INASE.
Gracias a la documentación presentada y a la verificación directa que recibió en comunicación con INASE, la fiscalía decidió no avanzar con la causa. Esto, vale decir, también confirma la vigencia de las licencias hasta el 31 de mayo, una de las preocupaciones de la comunidad cannábica de cara a un retroceso normativo de la industria.
La pareja, que había quedado supeditada a una investigación por la ley 23.737, no fue imputada. El expediente fue archivado sin formulación de cargos y quedaron libres de antecedentes penales.
“Esto marca una diferencia: la justicia federal actuó con rapidez, estuvo abierta a recibir información y prácticamente nos pidieron disculpas. Hoy fuimos al depósito judicial y recuperamos 202 plantas, que estaban a la intemperie pero en buen estado. También les devolvieron más de un kilo de flores secas, plantineras, esquejes celulares, balanzas, parafernalia, y el dinero incautado: alrededor de un millón de pesos y casi tres mil dólares”, detalló Rojkin.
El caso no es aislado. Ayer mismo, otra cooperativa formada por Conectar Med fue visitada por la policía a partir de una denuncia anónima. Esta vez, la fiscalía de atención inicial verificó previamente la inscripción en el INASE. Como la documentación estaba en regla, los policías se retiraron del domicilio sin secuestro de bienes.
“Esto es una muestra de que la comunidad cannábica empieza a ser tomada en serio. La visibilización que logramos como colectivo, la formación legal y la organización están dando frutos. El Poder Judicial está empezando a capacitarse y a respetar derechos que costaron mucho conseguir”, reflexionó el abogado.
El antecedente cobra especial relevancia en un contexto crítico: el próximo 31 de mayo vence la prórroga para las licencias INASE que quedaron pendientes de actualización. “Este precedente confirma que es urgente contar con una regulación que permita trabajar profesionalmente, de manera seria y en paz. Hoy se salvó más del 50% del trabajo de fitomejoramiento de esa unidad productiva. Pero no debería depender de la suerte o de la buena voluntad de una fiscalía”, advirtió Rojkin.
