Para conseguir su segundo trabajo, Ernesto no tuvo que dejar la policía. Según cuenta, el contacto con quienes después le pagaron por transportar drogas comenzó en un allanamiento al que había ido a prestar colaboración.
En abril de este año, el youtuber Nahuel Suárez publicó una entrevista en la que un hombre presentado como integrante en actividad de la Policía Bonaerense cuenta, sin demasiados rodeos, cómo combina el patrullaje con el transporte de drogas para una organización criminal. El relato le pone voz en primera persona a los vínculos entre policías y narcotráfico y, al mismo tiempo, permite asomarse a las condiciones y decisiones que pueden llevar a un agente raso a terminar involucrado en esa trama.
El supuesto oficial describe una vida laboral marcada por jornadas policiales extenuantes, servicios adicionales y un salario que no alcanza para mantener a su familia, mientras el ingreso al negocio ilegal aparece al alcance de la mano a partir de los propios contactos construidos dentro de la fuerza. En el video, que ya superó el millón de reproducciones, se hace llamar Ernesto, dice tener 23 años de servicio, cuatro hijos y cobrar entre 1,1 y 1,2 millones de pesos.
Cuenta que trabaja patrullando la calle y que todo empezó cuando fue convocado para colaborar en un allanamiento dentro de su zona. Después del operativo comenzó a cruzarse con personas vinculadas al lugar. Primero fueron saludos; después, pedidos para conversar. “Una cosa lleva a la otra y cuando te querés acordar, ya está”, resume.
Hoy, según su relato, recibe la ubicación de un vehículo, busca la llave, lo conduce de un punto a otro y lo abandona para que otra persona lo retire. Dice no preguntar qué cantidad transporta. “A mí me dicen: ‘Tomá, hacé esto’. Yo lo hago. Punto”.
Su testimonio debe leerse con cautela. Se trata de una persona anónima involucrada en los hechos que describe, cuyas afirmaciones no pueden verificarse por sí solas. Pero su historia permite ponerle escenas concretas a una pregunta que la explicación de las “manzanas podridas” deja pendiente: ¿qué compran quienes le pagan a un policía y qué condiciones permiten que ese negocio funcione?
Cuánto vale la protección del narcotráfico
Como muestra el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de UNODC, décadas de prohibición no eliminaron la demanda de drogas. Cuando esa demanda no puede abastecerse por vías legales, la provisión queda en manos de mercados clandestinos donde evitar controles, mitigar riesgos y conseguir protección tiene un valor económico.
Ernesto ofrece un ejemplo directo. Cuando Suárez le pregunta qué haría si la policía lo detuviera mientras transporta un vehículo con drogas, una de las alternativas que menciona es el “chapeo”: mostrar su condición de policía y probar si alcanza para atravesar el control. “Si pasa, pasa. Chao. Nos vemos, chicos”, explica.
Ahí aparece una primera clave para entender el negocio, ya que la ventaja que Ernesto puede ofrecer va más allá de transportar el cargamento. Su pertenencia a la fuerza puede convertirse en un recurso para reducir el riesgo de esa actividad ilegal. La organización compra, junto con su trabajo logístico, acceso a un poder estatal.
El relato va más allá. Cuando Suárez menciona la liberación de zonas, Ernesto asiente: “no te das una idea”. Y cuando le comenta que muchas personas detenidas le contaron que la policía les saca el dinero y las deja ir, lo confirma y amplía la lista: “Saca plata, droga, fierro, todo lo que tenga”. También describe el servicio de calle como una posición desde la que pueden conocerse y, eventualmente, despejarse lugares y horarios específicos.
Sus afirmaciones desde el anonimato no son una descripción comprobada del funcionamiento general de la Bonaerense, pero ilustran qué puede significar, en la práctica, vender protección frente a la persecución penal del mercado de sustancias ilegales. Esa persecución se sostiene desde 1989 sobre la Ley 23.737, que este 21 de septiembre cumple 37 años.
El británico Neil Woods, expolicía encubierto e integrante de Law Enforcement Action Partnership (LEAP), pasó años infiltrado en organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. LEAP fue fundada en 2002 por miembros de las fuerzas de seguridad que comenzaron a cuestionar la prohibición a partir de su trabajo aplicando las leyes de drogas y hoy reúne también a fiscales, jueces y otros profesionales del sistema penal que impulsan reformas en política de drogas y justicia criminal.
“La guerra contra las drogas ha cambiado lo que se suponía que debía ser la labor policial”, señala Woods en su respuesta a MATE. Según su análisis, esa guerra enfrentó a la policía con las comunidades mientras las organizaciones criminales aprendían a adaptarse a cada nueva forma de persecución. “Esto ha generado una corrupción inconmensurable y está destruyendo a la policía desde adentro”, advierte.
Para Woods, los grandes decomisos y las detenciones de alto perfil pueden modificar temporalmente quién controla una ruta, un territorio o una parte del negocio, pero no necesariamente reducen el tamaño del mercado. Cada intervención obliga a las organizaciones a reemplazar personas, modificar métodos y proteger mejor sus operaciones. “Y una parte esencial de esa eficiencia es la corrupción”.
El problema no es menor: si la demanda persiste, la persecución puede modificar la forma del mercado sin eliminarlo. Y cada nueva dificultad que impone el Estado puede aumentar el valor de quien sabe cómo evitarla. Desde esa perspectiva, los vínculos de protección que describe Ernesto no aparecen como una anomalía exterior al funcionamiento del mercado, sino como uno de los servicios que la clandestinidad vuelve rentables.
Cuánta droga aparece sobre una mesa después de un operativo dice poco, por sí solo, sobre la capacidad de una red para reemplazar proveedores, recuperar territorio o conservar contactos dentro del Estado. La pregunta no es solamente cuánto se secuestró, sino qué estructura sobrevivió al procedimiento.
Trabajar en la policía y no llegar a fin de mes
Cuando explica por qué empezó a transportar drogas, Ernesto vuelve una y otra vez sobre la plata. “Mis hijos no tenían para comer”, afirma. Cuenta que tenía dificultades para pagar el alquiler, las cuotas escolares y los gastos cotidianos, y que intentaba compensar el salario acumulando servicios adicionales.
Describe jornadas en las que encadenaba servicio y adicionales casi sin descanso. “Laburaba 24 horas, dormía una hora”, recuerda. Dice que, aun trabajando de esa manera, seguía sin poder cubrir los gastos de su familia. Fue en ese contexto, según su relato, cuando apareció la posibilidad de ganar dinero por otra vía.
La justificación de Ernesto puede resultar incómoda porque habla de necesidades materiales reconocibles para cualquier trabajador, pero esa empatía posible no alcanza para explicar la decisión. El propio Ernesto lo admite cuando Suárez le pregunta por un policía que, además del servicio y los adicionales, trabaja como chofer de Uber para completar sus ingresos: “Ese es mejor vigi que yo”, responde.
Consultado por MATE, el antropólogo José Garriga Zucal, que investiga las prácticas y relaciones dentro de la Bonaerense, introduce una distinción decisiva: “Los bajos salarios, la necesidad de conseguir ingresos adicionales, las desigualdades entre los escalafones pueden ser un condicionante a la hora de ser parte de alguna organización criminal, pero de ninguna manera puede ser un determinante”.
Para Garriga, reducir la corrupción a la precariedad policial corre dos riesgos. El primero es convertir una condición compartida por miles de agentes en explicación suficiente de una conducta que no todos adoptan. “La gran mayoría de los policías hacen actividades legales para conseguir ingresos adicionales”, señala. El segundo es mirar solamente hacia abajo y dejar fuera a quienes, desde posiciones jerárquicas, pueden participar de redes mucho más rentables.
Eso no vuelve irrelevantes los salarios ni las condiciones de trabajo. Un policía exhausto, endeudado o obligado a acumular adicionales tiene un problema laboral aunque nunca acepte una coima. Pero mejorar esas condiciones difícilmente desarme por sí solo una estructura que puede distribuir dinero, información y protección entre distintos niveles de poder.
“Considero que es un error explicar los casos de corrupción policial como casos de decisión individual”, agrega Garriga. Para entender su recurrencia, propone mirar también los controles internos de la fuerza y las formas de corrupción que encuentran distintos grados de tolerancia o legitimidad dentro y fuera de la institución.
En el caso de Ernesto, esa doble condición aparece con particular claridad. Según su propio relato, ocupa un lugar relativamente subordinado dentro de la organización criminal que le encarga traslados, pero sigue teniendo en su trabajo formal la capacidad de detener, requisar, portar un arma y ejercer autoridad sobre otras personas. Dentro del negocio ilegal puede ser apenas un eslabón, pero en la calle sigue ejerciendo el poder que le confiere su condición de policía.
Quién gobierna a quienes administran el crimen
La entrevista vuelve a cambiar de escala cuando Suárez le pregunta si esas prácticas alcanzan también a las jerarquías policiales. Ernesto sostiene que sí y afirma haber presenciado situaciones en las que superiores intervinieron directamente para frenar procedimientos.
Relata un episodio en el que, según su versión, un procedimiento había interceptado una camioneta con varios kilos de droga. Un superior llegó al lugar, le retiró el teléfono donde tenía fotos y videos y le ordenó que se fuera. El episodio no puede comprobarse a partir de su testimonio, pero introduce una pregunta distinta de la que plantea el agente que acepta dinero. Un policía raso que cobra por mover un auto vende un servicio. Un jefe que levanta un procedimiento en curso decide qué va a existir como delito y qué no. O sea, no participa del negocio sino que lo administra.
Ahí la explicación de las “manzanas podridas” empieza a quedar todavía más corta. Garriga ya advertía que mirar solamente a los subordinados deja afuera a jefes que pueden participar de organizaciones criminales. Para esta nota, MATE también consultó al politólogo Marcelo Saín, especialista en seguridad pública y crimen organizado, exinterventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y exministro de Seguridad de Santa Fe. Su mirada desplaza la pregunta un nivel más arriba: no sólo hacia las jerarquías policiales, sino hacia los gobiernos que deciden cuánto poder delegar en ellas.
En su libro La regulación del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, Saín desarrolla el concepto de “doble pacto”. Por un lado, los gobiernos delegan en las cúpulas policiales buena parte de la conducción de la seguridad. Por otro, sectores de esas fuerzas establecen acuerdos con organizaciones criminales, protegen actividades ilegales y participan de sus beneficios. Según Saín, esa regulación puede ser tolerada políticamente mientras permita mantener la conflictividad dentro de márgenes que no comprometan la gobernabilidad.
En ese esquema, perseguir determinados negocios y tolerar otros no necesariamente son conductas opuestas: pueden formar parte de una misma administración de la ilegalidad. Hablar simplemente de ausencia del Estado resulta insuficiente cuando son agentes estatales quienes deciden, intervienen o venden protección alrededor de un negocio.
Saín cuestiona, sin embargo, que esa matriz pueda explicarse únicamente por la política de drogas. “Una cosa es la política de drogas y otra muy diferente es el tema narcotráfico”, advierte en su respuesta a MATE. La primera incluye dimensiones de salud, consumos y cultura que no deberían reducirse a un problema de seguridad.
También señala que las policías intervienen en circuitos clandestinos de productos legales. “Por ejemplo, regula también el contrabando y el mercado ilegal de cigarrillos, y el cigarrillo no está prohibido”, explica. Para Saín, cambiar la legislación sobre drogas no alcanza para desmontar una matriz de delegación policial del manejo de ilegalidades que considera mucho más antigua.
Su observación obliga a separar dos problemas que suelen aparecer mezclados. La prohibición crea un mercado clandestino enorme y, con él, recursos para comprar protección policial. Pero la capacidad de agentes estatales para vender esa protección depende también de instituciones, jerarquías y formas de conducción política que pueden sobrevivir aunque cambie la regulación de un mercado determinado.
Regular los mercados y recuperar el gobierno de la seguridad
Woods pone el acento en la primera parte del problema. “La única manera en que podemos vencer al crimen organizado es mediante la regulación legal. En la práctica, necesitamos regular cada droga según su riesgo relativo”, sostiene.
Su propuesta no supone aplicar el mismo modelo a todas las sustancias. Para drogas como la heroína plantea sistemas de provisión médica por prescripción; para otras, esquemas diferentes según sus riesgos y patrones de uso. La lógica es económica además de sanitaria, porque trasladar una parte de la provisión hacia circuitos legales implica disputarles mercado e ingresos a las organizaciones clandestinas y reducir los recursos que pueden reinvertir en otros delitos, incluida la corrupción.
Ahora bien, descriminalizar a quienes consumen y regular un mercado tampoco son la misma política. La primera modifica la respuesta penal frente a las personas usuarias; la segunda interviene sobre quién produce y distribuye las sustancias. Las políticas de reducción de daños, por su parte, buscan reducir riesgos y garantizar cuidados independientemente del régimen legal.
La advertencia de Saín opera en otro nivel. Una regulación puede quitarle una fuente gigantesca de ingresos al crimen organizado sin garantizar que desaparezcan estructuras policiales acostumbradas a administrar ilegalidades. Mientras que Woods discute principalmente de dónde sale el dinero, Saín obliga a preguntar quién controla a quienes tienen capacidad para cobrar por dejarlo circular.
Por eso, las dos discusiones no necesariamente se excluyen. Reducir la renta que genera la clandestinidad puede achicar una fuente de poder criminal; transformar las condiciones que permiten vender protección estatal requiere, además, modificar la forma en que se gobiernan las fuerzas de seguridad.
Para Saín, eso supone que los gobiernos tengan capacidades que suelen quedar delegadas en las propias policías, tales como producir información sobre qué delitos ocurren y cómo, decidir para qué debe actuar la fuerza y diseñar estrategias distintas según el tipo de criminalidad. “Pero si no se fortalece una estructura gubernamental, no se puede reemplazar a la policía en el gobierno de la seguridad pública”, sostiene.
Además, su planteo incluye otra dificultad al entender que una mayor capacidad política no garantiza por sí sola que la política sea mejor. “Se debe fortalecer el núcleo central para pactar con la policía o para conducirla”, resume. Un gobierno con poder suficiente puede utilizarlo para romper acuerdos criminales o para administrarlos desde arriba. La cuestión no es solamente cuánto poder conserva frente a la policía, sino qué hace con él.
Dos trabajos, el mismo uniforme
Hay un momento de la entrevista en que Suárez le pregunta a Ernesto cómo conviven sus dos trabajos. Si mientras transporta drogas para una organización ve que alguien está siendo asaltado dentro de su jurisdicción, ¿actuaría como policía?
Ernesto responde que sí. Dice que sacaría el arma e intentaría salvar a la víctima aunque eso pusiera su propia vida en riesgo. “Una cosa no quita la otra”, afirma. Poco antes, sin embargo, había admitido que mataría para proteger ese segundo trabajo, ya se tratara de otro policía o del propio narcotraficante que lo emplea. “Es mi vida y mi libertad”.
Cuando le preguntan cómo se vive con esas dos identidades, responde: “La calle te lo hace. La calle te hace de un lado y del otro”. Aun así, más tarde insiste en que se considera un buen policía.
Hay algo tentador en resolver esa contradicción como un problema moral individual. Ernesto podría ser simplemente un policía que decidió cruzar una línea. También sería fácil invertir la explicación y convertirlo en una víctima inevitable de su salario. Pero ninguna de las dos lecturas alcanza.
Su historia reúne en una misma persona precariedad laboral, decisiones individuales, acceso privilegiado a oportunidades ilegales y poder estatal. Las respuestas de Garriga, Woods y Saín permiten mirar cada una de esas dimensiones sin convertirla en explicación única: el salario puede condicionar sin determinar, la persecución puede hacer más valiosa la protección, y la corrupción puede involucrar tanto a un agente raso como a las jerarquías policiales y a la forma en que la política decide gobernarlas.
Para quienes miramos las políticas de drogas desde la reducción de daños, ahí aparece una discusión que no debería quedar encerrada ni en la comisaría ni en la conducta individual de Ernesto. Si una demanda persistente sólo puede abastecerse en mercados clandestinos, evitar controles, conseguir información y comprar protección seguirá teniendo valor económico. Y si las fuerzas conservan autonomía para administrar esas ilegalidades, cambiar la regulación de las drogas tampoco alcanzará por sí solo.
Ernesto dice que de su segundo trabajo sólo se sale de dos maneras: retirándose o en un cajón. De la guerra contra las drogas, en cambio, se puede salir por decisión política. Un país que pretende construir una sociedad más justa, pero no se anima a discutir una política de drogas que lleva décadas reproduciendo clandestinidad, persecución y mercados ilegales, sigue enfrentando el futuro con herramientas del pasado.
Y mientras el precio de la protección y la impunidad pueda pagarse con poder estatal, la corrupción policial será bastante más que el problema de unos pocos policías corruptos.
*Las citas de Neil Woods fueron traducidas del inglés por el autor.
