El 5 de octubre, el Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por Alejandra Monteoliva, anunció, sin reparar en el tono invasivo, que Estados Unidos (EEUU) había creado en Argentina una unidad regional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. En ningún momento, explicó si se trataba del Centro Regional de Información (CRIACO) que ya se había presentado en abril de este año, y que recibió un millón de dólares por parte de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).
La primera pregunta que cualquier observador medianamente avezado podría hacer sin pecar de ingenuo es por qué motivos el Centro no está conducido por la DEA sino por la mencionada INL. Nadie lo explicó. Por cierto, tampoco se informó dónde se encuentra la sede de la flamante unidad, ni cuántos agentes tiene y tendrá ni mucho menos a qué se dedicará explícitamente y cuál es el marco en el que se inscribe su funcionamiento. Sin embargo, como se encargó de subrayar Monteoliva, ya se sabe que multiplicará por diez su financiación para la cooperación en materia de seguridad. La Ministra brindó una información tan escueta que no llegó a señalar quiénes serán los interlocutores locales.
Oficialmente, la pantalla es frágil ya que CRIACO se presentó en dos planos para los que no es necesaria su participación. A nivel nacional, según Seguridad, promoverá la articulación entre fuerzas federales, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y organismos de control. Esto ya ocurre, pero, por otro lado, sería preocupante que quien propiciara esa articulación fuera una unidad creada por otro país. A nivel internacional, cuenta con el apoyo de INL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La justificación se manca ahí. Sigue siendo débil, excepto porque lo que se busca es encolumnar a todos los países que se plieguen detrás de Estados Unidos. El Centro comenzará trabajando con países del Cono Sur, “con proyección de expansión hacia otros socios estratégicos”.
Eterno retorno
Los especialistas consultados indicaron dos aspectos como determinantes para explicar por qué motivos Argentina es la elegida: la actual relación bilateral, que en la gestualidad del presidente de Argentina, Javier Milei, se asemeja bastante a sumisión, y la diversidad de recursos naturales del país con otros elementos a tener en cuenta como la Hidrovía. Obviamente, se da por descontado el temor geopolítico que experimenta Estados Unidos ante el avance de China en la región.
Aunque pasó debajo del radar de la oposición en el Congreso de la Nación, hay una pregunta que se presenta como obvia. ¿Por qué Argentina se convirtió en el centro de esta nueva unidad regional si los reportes internacionales que elabora Estados Unidos año a año sigue situándolo como un país de tránsito? Incluso, ante la amenaza mundial del fentanilo Argentina no aparece en un lugar importante, ya que los casos se encuentran encapsulados en hechos puntuales.
Dato lateral: por primera vez desde su primera aparición en la década del ochenta, la DEA no publicó su informe internacional sobre el estado del narcotráfico en cada uno de los países en los que tiene oficina. Hasta ahora no hay explicación oficial alguna sobre tamaña discontinuación.
Algo no menciona la serie de gacetillas difundidas por Monteoliva: ¿cuál será el marco legal y qué atribuciones tendrán las personas designadas por Estados Unidos en el país? ¿Solo concentrarán información regional? ¿Qué los diferencia de estructuras como Interpol, por ejemplo?
Sin embargo, la foto de abril respecto de la inauguración de CRIACO brinda información paratextual que debe ser tenida en cuenta. En ella, junto a la titular de la cartera de Seguridad aparecen el subsecretario para Seguridad Internacional y Control de Armamento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas G. Di Nanno; el embajador de los Estados Unidos Peter Lamelas; y el secretario argentino de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier. Retegan este último nombre.
Bajo una mirada histórica, no hay nada nuevo bajo el sol: episódicamente, Estados Unidos crea este tipo de redes básicamente para concentrar y acceder a información sin mediaciones criollas. Menem lo permitió, Macri y Milei también. Durante el kirchnerismo se registraron altos y bajos, e incluso una torpe ruptura como nunca se había vivido. Para que funcione el plan de Estados Unidos la condición sine qua non es que su contraparte acate órdenes. En ocasiones, se han topado con gestiones renuentes a mostrarse sumisos a sabiendas de que, por defecto, se desarrollan estrategias de cooptación que se extienden por períodos extensos, incluyendo patrocinio de carreras policiales y judiciales.
Durante la gestión de Macri, Patricia Bullrich dio pie a otra experiencia que fue presentada con bombos y platillos, y en los hechos no brindó ningún tipo de resultado para la Argentina. Sí para Estados Unidos, que financió ilegalmente a los Grupos Operativos Conjuntos. En boca de la actual senadora libertaria, iban a ser el cénit en la inteligencia para desarticular a las bandas dedicadas al narcotráfico. No sucedió. Lo que sí pasó, como se demostró en el libro “La DEA en Argentina. Una historia criminal” (Planeta 2022), es que los agentes estadounidenses condujeron esos grupos compuestos por integrantes de las fuerzas federales de seguridad sobre la base de dólares que no aparecían en ninguna contabilidad oficial y llegando a cortar cualquier comunicación entre los oficiales argentinos y sus fuerzas de origen. Esas irregularidades se advirtieron por medio de informes clasificados internos, pero se hizo caso omiso.
¿Quién era el hombre que debía controlar el vínculo entre la DEA y los agentes locales? Sí, adivinó: Martín Verrier, quien eligió mirar para otro lado ante cada violación de la soberanía.
En el caso de los agentes de la DEA, que tienen como residencia laboral el segundo piso de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, su accionar en el país se encuentra acotado a compartir información, actividades formativas y la donación de tecnología y móviles. ¿Cumplen? No, sin embargo la mayor responsabilidad en ese caso corresponde a los sucesivos gobiernos locales que les permitieron hacer a discreción, lo que incluyó la financiación de “cajas negras” de las fuerzas federales y provinciales de seguridad como parte del proceso de cooptación.
Los agentes estadounidenses que intervienen en el territorio argentino están cubiertos por la inmunidad diplomática, que en el caso de que lo juzgue oportuno podrá ser levantada por la Corte Suprema de Justicia. Hubo centenares de ejemplos en lo que ello podría haber sucedido, pero el Máximo Tribunal del país nunca se atrevió a tanto.
¿Por qué?
Sin enterarse de que cada una de estas iniciativas de Estados Unidos siempre son en función de lo que puede afectar a su propio país, recientemente, Monteoliva hizo hincapié en la inversión del mencionado nuevo centro. “Del total de los fondos asignados, 7,5 millones de dólares estarán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros 5,85 millones de dólares financiarán iniciativas para el conjunto de la región, de las que también participará nuestro país”.
Entonces, la pregunta es inevitable nuevamente: ¿por qué? ¿Qué tipo de excepción representa Argentina donde los índices del crimen organizado no son superiores al resto de los países de la región e, incluso, nadie se atreve a afirmar que haya siquiera una banda que merezca ser considerada un cartel?
El último reporte internacional sobre drogas que publicó Estados Unidos fue en 2025. En él, se recorren los lugares comunes que año a año se reiteran sobre el país, como que sigue siendo un país de tránsito de drogas, no hay cárteles y se detectan avances y retrocesos legislativos. Sin embargo, en ese informe aparece una rareza: la mención a Tierra del Fuego.
“Las 10 zonas francas de Argentina y un área aduanera especial en la provincia de Tierra del Fuego carecen de controles suficientes para prevenir el contrabando de grandes cantidades de efectivo y el tráfico de drogas”, dijeron. Llamativamente o no, este reporte no tuvo lugar en la discusión pública relacionada con la seguridad.
Por otra parte, el interés de Estados Unidos en la Hidrovía quedó plasmado en el informe, financiado por el Departamento de Estado, de Global Organized Crime Index. En el capítulo sobre la Argentina señala: “Rosario, con su puerto fluvial sobre el río Paraná, sigue siendo un importante centro de redistribución. El tráfico regional de cocaína está controlado en gran medida por grupos internacionales de tipo mafioso, mientras que las bandas locales rosarinas, como Los Monos y Alvarado, se encargan de la distribución interna”. A esta altura, sobra decir que a Estados Unidos le interesa menos la distribución interna que los grupos internacionales que mueven los cargamentos.
Ante este estado de situación, se abre un interrogante: ¿convocará el Congreso a la ministra Monteoliva para que explique los alcances de esta nueva unidad de Estados Unidos en el país?
