Durante la última semana, un sentimiento generalizado de dolor, bronca e impotencia por la búsqueda y el posterior femicidio de Fátima Florencia Acevedo caracterizó las acciones del colectivo transfeminista local. La agenda estuvo marcada por el pedido de aparición, desde el 7 de marzo y el punto de inflexión paradójicamente fue el 8, día en el que informaron del hallazgo de su cuerpo. Se generó una Vigilia autoconvocada de forma espontánea en la puerta de Tribunales. Ese mismo día, los responsables del Poder Judicial encargados de la búsqueda de Fátima dieron una conferencia de prensa vacía de explicaciones y perspectiva de género, además de realizarla a puertas cerradas, a pesar de que cientos de paranaenses exigieron que se haga de manera pública.
El 9M en Paraná llevó como bandera el pedido de justicia por Fátima, pero también el pedido de renuncia de, entre otres funcionaries, la ministra de Justicia y Gobierno Rosario Romero, una responsable política directa de las negligencias del Estado, quien todavía no han salido a dar explicaciones. Las cifras hablan por sí solas. Se respira un hartazgo colectivo por la falta de herramientas efectivas que logren prevenir la expresión máxima de violencia de género: el femicidio.
Para comprender el trasfondo político y jurídico de la conferencia de prensa brindada por las autoridades judiciales y la importancia de que en los dispositivos estatales se trabaje de manera interdisciplinaria e integral, dialogamos con la abogada feminista Lara Linari, especialista en Derecho de Familia y en temáticas de género, egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente ejerce en Paraná y se encuentra realizando la última etapa de la Especialización en defensa y garantías orientado a derecho penal, familia y menores, que brinda la Universidad Nacional del Litoral. El 9M se encontró marchando junto al movimiento transfeminista local.
Fotografía cortesía de Paula Kindsvater
A raíz de lo ocurrido quedó evidenciado que los dispositivos estatales que se vienen promoviendo no funcionan ¿Pensas que se podría haber evitado el femicidio de Fátima?
Creo que la problemática de la violencia contra las mujeres, en cuya cúspide está el femicidio, evidentemente se puede evitar pero necesitamos que el Estado a partir de los tres poderes proponga otro marco de acción y de modo urgente. Más allá de los mecanismos existentes, hay muchísimas fallas que son del sistema, pero a la vez hay indiferencia de los operadores al abordar esta temática y acá vemos los resultados. En el caso de Fátima creo que no hubo articulación entre el Juzgado de Familia, la Fiscalía y La Casa de la Mujer, donde Fátima se alojaba, aparecen como compartimientos estancos y desincronizados y eso luce claramente no sólo para quienes trabajamos en la temática, sino para la comunidad que se llena de preguntas y no obtiene ninguna respuesta. La pobreza hace que toda situación de violencia sea doblemente compleja. El estado ausente también se evidencia en la inexistencia de subsidios para que una mujer que está en una situación de completa vulnerabilidad psicológica, porque está entrampada en el círculo de la violencia, pueda lograr cierto empoderamiento y cortar esa relación. Es el caso de Fátima y de muchas mujeres que por necesidad y no encontrar otras respuestas terminan por retomar el contacto con sus agresores, porque de otra manera no pueden sostener a sus hijes.
Pareciera que se abordan los casos de manera aislada…
No se aborda la problemática de modo integral, sino que judicialmente se limita la intervención a algunas acciones que sin seguimiento son ineficaces. El cumplimiento de cierto protocolo como ordenar el botón antipánico o el alojamiento en la Casa de la Mujer, no eximen de responsabilidad a los operadores sino hay un seguimiento del caso para contener a la mujer víctima de violencia respecto de todos los efectos de la misma, como un seguimiento de tipo socio judicial del cumplimiento de medidas impuestas al agresor. Fátima había denunciado en muchísimas ocasiones, la última denuncia no era un hecho aislado, se fue dando una escalada de la violencia que termina con el femicidio, y el desprendimiento de responsabilidades indica que no fue instrumentado ningún plan de acción preventivo y articulado real, esto da cuenta de la poca importancia que para el poder judicial tienen los casos de violencia de género. Considero que es sumamente necesaria la creación de juzgados con especialidad en la temática y con operadores especialistas para el abordaje de políticas preventivas en casos de violencia de género.
CABOS SUELTOS
El relato construido desde la gestión estatal, tanto municipal como provincial, en coordinación con el Poder Judicial de Entre Ríos, tiene varias fisuras que quedaron expuestas durante las distintas instancias de difusión del caso. Un análisis político del relato evidenciado durante la conferencia de prensa que brindaron el procurador General, Jorge García, la procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, y el fiscal de Género, Leandro Dato, nos permite comprender el trasfondo de desidia y la forma aislada en la que se trabajó la prevención de la violencia de género ejercida por parte de Jorge Martínez.
¿Qué lectura política hacés de la conferencia de prensa brindada por las autoridades judiciales que deberían haber evitado el femicidio ?
Coincido plenamente con Rita Segato cuando expresa que hay problemas con la forma en que los jueces y fiscales perciben la violencia contra las mujeres en general. Un feminicidio no surge de la nada, surge de una sociedad violenta, cuyas relaciones de género son violentas y dentro de ese hábito violento de la sociedad, en la punta de esa pirámide aparece el feminicidio. Nos encontramos en un orden jerárquico, desigual, donde la mujer es siempre encaminada a una posición de subordinación y sobre ella cae una sospecha moral permanente. Algo que durante la conferencia de prensa pareció desconocerse pero realmente es gravísimo porque convierte al Estado en un Estado femicida. La evidente falta de perspectiva de género, desde el hacer y desde el discurso de la fiscalía nos indica que no estarían al tanto que es obligación capacitarse en género conforme a la Ley Micaela.
Hay una frase que emitió el procurador García en particular, aludiendo a que “las leyes no pueden evitar la maldad”. En realidad desde el sistema penal sí hay cuestiones preventivas que se pueden trabajar, porque sino no tendríamos todo lo referido a las medidas de restricción. Creo que un alojamiento en la Casa de la Mujer con un seguimiento y contención profesional efectiva en el plano judicial, podría haber determinado que esto no suceda. No es tomar determinadas acciones, sino tomarlas en el momento oportuno y con un seguimiento adecuado y políticas públicas que acompañen, por supuesto.
Por otro lado, el Fiscal García evidenció su falta de formación en género cuando dijo que “por cada perverso o psicópata que somete a una víctima, igual que en los casos de abuso sexual, hay víctimas que están predispuestas a estas situaciones” responsabilizando y revictimizando nuevamente a Fátima por su femicidio, como ella misma fuera la culpable. Volviendo a Segato, queda demostrado que no existe un entendimiento real por parte de la autoridad máxima fiscal de lo que es esta problemática.
Respecto de lo que afirmó la Fiscalía, creo que hubo muchas incongruencias. Por ejemplo lo manifestado por Cristina Ingleson, SubSecretaria del Área de la Mujer y diversidad, y responsable a cargo de la Casa de la Mujer, cuando informa que el mismo domingo que Fátima no volvió a la residencia, ella dio conocimiento a la Fiscalía. Durante la conferencia de prensa la Fiscalía afirma que elles se enteraron el martes a las 8 de la mañana. ¿Qué pasó desde el domingo hasta el martes?
Otra observación importante es que durante la conferencia se habla de que los hechos que se imputan a Martínez estaban marcados por violencia sexual, física y psicológica. No mencionan la violencia económica, de la que hablábamos anteriormente. Recordemos que al presunto femicida le encuentran una tarjeta de débito a nombre de ella. Es importante que se visibilice este factor porque la víctima es doblemente estigmatizada: por mujer y pobre. Es un factor clave que no mencionaron desde Fiscalía.
Teniendo en cuenta que los tres poderes del Estado están obligados a formarse en perspectiva de género por la Ley Micaela, a raíz de la conferencia de prensa quedó demostrado que no hubo un abordaje desde allí, sino que se tomaron ciertas medidas aisladas.
¿qué ocurre con medidas como el botón antipánico? Se supo que aunque Fátima disponía de esa medida, cuando quiso accionarlo no funcionó porque no contaba con datos en su celular.
Acá tenemos otro claro ejemplo de la doble opresión. Vamos a suponer que la persona que dicta la medida trabaja en el poder judicial y cobra un muy buen sueldo, quizás es impensable para esa persona no tener datos en el celular. Pero tenemos que poder ver que el botón sirve, está bien que esté, pero no te asegura nada si no lo podes usar. Tenés que proveerle a la víctima de ciertos medios para que el botón sea efectivo, por ejemplo cargarle crédito en el celular que utilizará para activarlo. Forma parte de la cuestión social y económica porque cuando las mujeres víctimas de violencia además son pobres no cuentan con ciertas herramientas de base y esto es un doble flagelo. De todas formas sirve para algunos casos concretos, pero si voluntariamente la mujer va al domicilio del agresor por una necesidad económica, evidentemente no va a activar el botón, ahí hablo de la desprotección económica de mujeres con hijos y la falta de respuestas estatales.
Quizás también haga falta un mayor control de las medidas que se dictan. El 14 de febrero Fatima denunció que Martínez estaba merodeando cerca de la casa de la mujer y no se tomó una medida respecto a eso…
En varios casos que he tenido, cuando se denuncia el incumplimiento de una orden de restricción, desde la Fiscalía exigen testigos como para corroborar que realmente sea así. Si bien hay garantías para aquel denunciado por violencia de género, el seguimiento no va en contra de la merma de sus derechos fundamentales, el seguimiento del caso es ver si realmente esa persona está trabajando sobre los hechos de violencia que cometió, si está asistiendo a la terapia que se ordena judicialmente, informes socioambientales. Hay muy poco control de eso. Formalmente podemos ordenar muchas cosas, pero realmente no hay continuidad ni un seguimiento de los casos.
¿Qué te pareció el tratamiento mediático?
Coincido con Segato en que la mayoría de los medios generan una espectacularización morbosa que lo único que hace es perpetuar la violencia. No hay un trabajo de sensibilización y concientización en absoluto, por el contrario se consolidan las estructuras de poder. No se evidencia en los medios una reflexión que permita entender de dónde surge esa violencia, cuáles son las bases de esa violencia que termina en un femicidio. El trasfondo social de la desigualdad de género poco se trata en los medios. Incluso ocurrió en este caso también, que se demonizó al movimiento feminista por hacer una vigilia en Tribunales para pedir justicia por Fátima.
