Con la actividad económica mayormente suspendida y la obligación de permanecer aislades para cumplir con la cuarentena preventiva, se agudiza un problema de largo arrastre como es el acceso a la vivienda (en alquiler) en Argentina.
La situación actual se caracteriza por creciente aumento de inquilinos, seguido de una reducción de propietarios y una fuerte concentración de las propiedades. Todo esto generó a su vez una creciente asimetría en el poder de negociación de los distintos actores involucrados en el mercado de alquileres. Por un lado, los propietarios y las inmobiliarias. Por otro, las personas que alquilan su vivienda. Aunque los datos escasean, una encuesta realizada a nivel nacional por la Federación de Inquilinos arroja que en rigor, en la provincia de Buenos Aires, alquilar una vivienda se lleva el 48% del salario, mientras que a nivel nacional ese porcentaje casi no varía, y es del 47% en promedio.
En este marco de abuso inmobiliario y de ausencia del estado, nace Inquilinos Agrupados, una Asociación Civil sin fines de lucro que busca representar los intereses del sector, defenderlos y ampliarlos. Parten de la premisa de que en el mercado de alquileres todos los actores están organizados y representados, menos los inquilinos. En este sentido, decidieron organizarse y emprender acciones concretas y progresivas con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda digna en calidad de alquiler.
El domingo 29, el presidente Alberto Fernández decretó un DNU para congelar los precios de los alquileres y prohibir desalojos por 180 días. Sin embargo, desde medios alternativos y desde la propia página de Twitter de Inquilinos Agrupados (CABA) se dio a conocer la noticia de que el 26 de marzo hubo desalojos en barrio de La Boca, a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Dialogamos con Gervasio Muñoz, referente de la Asoc. Civil y presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, acerca de las medidas que se dispusieron desde el gobierno, la situación de quienes alquilan y qué ocurrirá luego de la cuarentena.
Foto de Laura Irene Andrada, 3er premio en el en el concurso “La ciudad alquilada” organizado por Inquilinos Agrupadxs, Tiempo Argentino y Revista Crisis.
Teniendo en cuenta el freno que se generó en la actividad económica a raíz del aislamiento obligatorio ¿en qué situación se encuentra el sector inquilino?
Nosotros venimos peleando por una ley nacional de alquileres desde 2015, por lo tanto, se ha construido un discurso, se ha puesta en la agenda pública la discusión del acceso a la vivienda en alquiler. La realidad es que nosotros venimos desplegando una articulación y una presión sobre el Congreso y la política desde hacer un tiempo y por eso también es que en este contexto pudimos avanzar mucho más en plantear propuestas y en lograr finalmente el decreto que se conoció ayer.
¿Qué estrategias presentaron desde la Federación de Inquilinos al gobierno nacional para afrontar la imposibilidad de producir para alquilar? ¿Qué medidas existen para enfrentar esta problemática? ¿Por qué es necesario que el pago de alquiler se suspenda por 6 meses?
Es fundamental suspender el pago porque el 40% de los trabajadores están en la informalidad, porque quienes están en blanco y trabajan en el sector privado están siendo despedidos, por lo tanto, quien no trabaja, no puede cobrar y si no pueden cobrar no pueden pagar el alquiler y acá hay que proteger, mucho más ahora, pero siempre, el acceso a la vivienda: que todos tengan donde hacer la cuarentena y que todos tengan donde vivir en este momento. Por eso es fundamental la suspensión del pago del alquiler por 6 meses y luego establecer políticas para palear la situación pero también aprovechar este marco para empezar a solucionar estructuralmente el problema del acceso a la vivienda.
¿Cómo se soluciona el pago del alquiler si desde las inmobiliaria rechazan la posibilidad de transferencia bancaria?
Si desde la inmobiliaria rechazan la transferencia lo que hay que hacer es una denuncia en la fiscalía que se hace por teléfono o se hace directamente al 911, es fundamental denunciar. Por supuesto que la tensión, el conflicto, seguirá siendo muy grande porque el Estado no es intermediario, entre los propietarios y los inquilinos, el intermediario es el mercado. Ahí el rol nuestro es fundamental y ofrecemos todos los canales nuestros para que aquellos que no puedan hacer cumplir el decreto se comuniquen con nosotros.
¿Qué ocurrirá con las personas que alquilaron una propiedad y tienen que dejar la propiedad en la que están? Tampoco se pueden firmar contratos y las oficinas están cerradas
Las personas que alquilaron y tienen que dejar la propiedad en la que están, no lo pueden hacer. Porque está prohibida la mudanza, por lo tanto se tienen que quedar en la casa en la que están, si pueden pagar ese alquiler lo pagan, si no pueden, no. Y si ya alquilaron o señaron ese contrato pierde vigencia y les tendrán que devolver el dinero porque en esta situación excepcional no es posible el cumplimiento del contrato pero no por culpa del inquilino sino por causa de terceros y corresponde la devolución de todo el dinero.
Foto de Aymara Pais Negrin. Obra “Del proletariado al propietariado”, primer premio en el concurso “La ciudad alquilada” organizado por Inquilinos Agrupadxs, Tiempo Argentino y Revista Crisis.
¿Se puede hacer algo en casos en que los contratos eran de palabra y les inquilines sufrieron desalojos?
En los casos en donde los contratos son de palabra se supone que hay un contrato tácito en donde la ley tiene la misma implicancia que en los contratos escritos, por lo tanto la ley es ley para todos, estén en la informalidad o no. Con respecto a los desalojos, es fundamental que si los hay se comuniquen con nosotros y nosotros nos comunicamos con la justicia y los gobiernos provinciales y municipales para que esa gente no sea desalojada o vuelvan a restituirle el hogar y esto es central, fundamental y es en lo que nos estamos ocupando todos estos últimos días.
¿Por qué es necesaria la implementación de la Ley de Alquileres?
Para empezar a recuperar la lógica de que la vivienda no es una mercancía sino un derecho y esto es fundamental, por eso el Estado y los gobiernos tienen que legislar sobre este tema. Es fundamental porque hay que terminar con la naturalización de que se puede hacer negocios con la vivienda porque hay que desnaturalizar hablar en términos de mercado con la vivienda, porque no sucede con la salud y la educación, entonces tampoco debería suceder con la vivienda. Creo que esto es central y la ley de alquileres es un primer paso para empezar a discutir en estos términos.
Desde la sede de I.A brindan asesoramiento legal a inquilinos que tengan un conflicto con inmobiliarias y/o con propietaries. Si necesitas hacer consultas sobre tu situación como inquiline, podés ponerte en contacto a través de sus redes sociales o ingresar a https://www.inquilinosagrupados.com.ar/consejos/
