Juan es un paranaense de 19 años. El 15 de septiembre alrededor de las 20:00 fue a la plaza Elio Leyes para inyectarse lo que le quedaba de Ketamina. Al día siguiente planeaba iniciar un tratamiento para terminar su adicción a la sustancia. En su mochila llevaba frascos con flores de marihuana, también ketamina, una jeringa y un blister de ansiolíticos que su psiquiatra le indicó para tratar la adicción. Esa noche fue víctima de un procedimiento policial ilícito pero muy común: una requisa ilegal. Juan no es el verdadero nombre de este joven, pero lo llamaremos así para preservar su identidad.
En su declaración a la Fiscalía, el joven contó que tiene una adicción a la ketamina hace 2 años y que desarrolló a la par un consumo de marihuana que le ayuda a dormir y comer. “Estoy yendo a psicóloga hace más de 1 año y tuve la primera consulta con una psiquiatra. Tengo la intención de dejar la ketamina y que mi consumo de marihuana no sea problemático”.
Cuando salió de la consulta con la psiquiatra acompañado de su madre, le dijo que esperaba a un amigo en la plaza Elio Leyes y se separó de ella. Era mentira. Quería inyectarse lo último que le quedaba y decidió hacerlo escondido ahí. Su madre se dio cuenta y comenzó a mensajearlo por whatsapp. La tranquilizó cuando le dijo que era la última vez antes de empezar su tratamiento a rajatabla.
Ah, ¡sos vivo!
Cuando llegaron los uniformados de la Comisaría 8°, Juan acababa de inyectarse y estaba solo en la oscuridad de la plaza. “Yo estaba viajado y no sabía qué responder. Me costaba hablar porque cuando te inyectás ketamina es peor que si estuvieras en pedo”, explica.
Los oficiales le pidieron que abra la mochila, pero Juan se negó. “Ustedes no pueden hacer eso si yo no estaba haciendo nada”, les dijo y profundizó: “ahí me dicen ‘ah, ¡sos vivo!’ y me empiezan a maltratar y me sacan el celular. Yo drogado accedí y no lo contuve porque estaba en un lugar oscuro y básicamente me querían cagar a palo. Me empezaron a tratar sobradamente. Me piden la clave del celular, se las doy y me empiezan a preguntar groseramente ‘¿qué estás haciendo? ¿estás vendiendo?”.
Lo esposaron contra la pared y comenzó la requisa ilegal de la mochila de Juan “empezaron a revisar la mochila y a sacar las cosas diciéndome ‘no mires, no mires”, relata el joven. “Yo les dije que llamen testigos y se negaron, los llamaron después de que me sacaron las cosas de la mochila”.
En su mochila Juan llevaba frascos con flores de marihuana, también ketamina, una jeringa y un blister de ansiolíticos.
Cuando encontraron las cosas en la mochila la cosa se puso más picante. Sigue Juan: “empezaron a decirme ‘ah sos vivo, sos vivo’. Me tiraron al piso, me preguntaban ‘¿para qué tenés esto?’. Intentaba responderles bien y ellos siempre con falta de respeto hacia mí. Me decían ‘dale pendejo, estás drogado”.
“Me golpearon en la cara y también en las rodillas”, relata Juan mientras muestra las heridas que, oh casualidad, el parte médico no informaba. El kit completo de la violencia institucional: maltrato policial y complicidad interna para ocultarlo.
Yo les preguntaba qué me iban a hacer. Y ellos me extorsionaban diciéndome ‘depende si colaboras o no’.
Juan continúa su relato. “Ahí empezaron a preguntarme para quién vendía. Yo les decía que no vendía para nadie, que lo tenía para mi consumo. Me insistían con que les dé un nombre: ‘si hablas te va a ir bien, sino no’. Yo les preguntaba qué me iban a hacer. Y ellos me extorsionaban diciéndome ‘depende si colaboras o no’. Yo trataba de colaborar y ser sincero pero todo el tiempo me sobraban”.
Lo único que pedía Juan era que avisen a su mamá. “La policía me boludeaba, me decían ‘sí, ya le avisamos’, después otro me decía ‘no, no le avisamos, tenés para rato’. Yo les decía, por favor, déjenme llamar a mí mamá porque se muere si me pasa algo”.
Mientras me revisaban las cosas otro oficial me puso el buzo en la cabeza. Yo le decía ‘no veo nada, por favor, sacamelo’ y él me decía ‘no tenés que ver nada, solo tenés que respirar’. Yo quería mirar lo que pasaba y cada vez que lo hacía me agarraban la cabeza y me la tiraban para abajo, cada vez más. Me decían ‘dale, chupate la verg… ¿Te gusta ser vivo?”, cuenta Juan.
Los números de las requisas ilegales
El de Juan no es un caso aislado. Según datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad, entre 2011 y 2020, el 82% de las causas por tenencia de estupefacientes para consumo personal fue iniciada por “Prevención de las Fuerzas de Seguridad”.
Por otro lado, conforme describe Florencia Corbelle, antropóloga e investigadora del CONICET en su artículo “La Ley de drogas en números”, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) de la Dirección de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el período 2014 – 2019 “los hechos presuntamente delictuosos” vinculados a la ley de drogas se triplicaron pasando de 32.884 en 2014 a 61.746 en 2018 y 98.037 en 2019.
Sin embargo, como explica Corbelle: “Argentina, al igual que muchos otros países, no posee un diagnóstico integral sobre el fenómeno de las drogas y, en particular, la producción de información sobre la aplicación de la ley de drogas ha sido históricamente escasa”. En concreto, las requisas ilegales o los casos de violencia policial no terminan siendo registrados en las estadísticas.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la Argentina “Fernandez Prieto y Tumbeiro”, obliga a detener las requisas ilegales fundadas en el “olfato policial”
¿Exhibición voluntaria o contexto intimidatorio?
La causa que inició por venta de drogas se cerró cuando la Justicia declaró la nulidad por la requisa sin orden judicial a la mochila de Juan. Así lo había pedido su defensor, Andrés Bacigalupo. En consecuencia, la Fiscalía ordenó informar esa resolución a las autoridades policiales de la provincia para que capaciten al personal sobre cómo realizar un procedimiento acorde a las leyes y la Constitución.
Entre los argumentos que presentó el defensor en la audiencia para solicitar la nulidad, se encuentra el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la Argentina “Fernandez Prieto y Tumbeiro”, que obliga a detener las requisas ilegales fundadas en el “olfato policial”. Andrés Bacigalupo, columnista legal de MATE, aborda extensamente el fallo en su artículo “Argentina deberá capacitar a funcionarixs policiales y judiciales”.
El defensor de Juan también explicó la voluntad de la policía de ocultar la requisa ilegal: “En el parte de novedad pareciera que no hubo una requisa personal. El cliché de exhibición voluntaria de las pertenencias es muy utilizado. Se solicitó de manera coercitiva la apertura de la mochila. Los policías, queriendo justificar un poco, empiezan a divagar en los típicos clichés: nerviosismo, aceleró la marcha… la mochila termina siendo abierta frente a un contexto intimidatorio, en un acto de coerción, donde la fuerza denodadamente exige que muestre sus pertenencias”.
El abogado penalista analiza: “el Estado argentino no resuelve el problema del consumo de las drogas de una manera eficiente, porque el primer contacto que tiene el Estado argentino con las personas que usan drogas es a través del derecho penal y no de programas sanitarios”, como debería ser si lo que se intenta resolver es una cuestión de salud.
Continuando su declaración, afirma: “La requisa personal es algo que requiere un Juez, por imperio de la constitución. Sin embargo, uno de los funcionarios policiales dijo que lo que hicieron fue parte de un protocolo porque no sabían si no corría riesgo la salud del sospechado o de un tercero. Curioso… porque otro funcionario policial dijo que nunca sintió que corría riesgo la salud de alguien”. Como explicó Andrés en su artículo , si se admiten las requisas ilegales se produce el absurdo de que lxs funcionarixs policiales tienen menos deberes que un juez o jueza, pero muchas más facultades para restringir derechos.
Por su parte, el fiscal de la causa, Santiago Alfieri, defendió el accionar de la policía alegando que los efectivos solicitaron la apertura de la mochila para evitar el conflicto. También afirmó que el procedimiento se legitima porque los policías divisaron una persona que al verlos, caminó rápidamente hacia la oscuridad de la plaza.
Luego, el fiscal reconoció que las discrepancias entre lo descrito en el acta y lo que luego declararon los policías, es algo normal por las dificultades formativas de los efectivos. “El acta de novedad es pésimo, como el 90% de los partes de novedad que tenemos, que luego a pulso de testimoniales tenemos que reconstruir, no lo que se quiso decir o se omitió, sino lo realmente ocurrido, porque es un problema formativo de las fuerzas policiales, lo que impregnan en las actas. Realmente se expresan mal”, dijo Alfieri.
Descarto que la exhibición haya sido voluntaria
Durante la sentencia emitida por la Jueza de Garantías n°7, Carola Bacaluzzo, la magistrada expuso sus inquietudes: “Me llamó mucho la atención que el joven imputado denuncia además de malos tratos, haber recibido golpes por parte de la policía, que se visualizan en el video de su declaración. Me llama la atención que al confrontar el legajo, en el informe médico del doctor Juan Pablo Bertozzi, consta que revisó al imputado el 16 de septiembre de 2021 a las 21.50 y no consigna ninguna lesión. Resulta llamativo.”
A raíz de los golpes que relató Juan y aparecen en el registro audiovisual de su declaración, se abrió un legajo en la Fiscalía especializada de Violencia Institucional, para investigar si fue víctima de vejaciones.
“Repiten como algo aprendido de memoria que la exhibición (de la mochila) fue voluntaria, pero la verdad creo que había un contexto absolutamente intimidatorio”
“Advierto al menos 3 diferentes posturas en las declaraciones de los funcionarios policiales sobre cuál fue el motivo que generó la necesidad de requisarlo sin orden judicial”, declaró la jueza de garantías. Detalló que en sus testimoniales, los oficiales participantes del episodio repitieron un discurso aprendido. “Repiten como algo aprendido de memoria que la exhibición fue voluntaria, pero la verdad creo que había un contexto absolutamente intimidatorio… un chico frente a 5 policías… que además denuncia lesiones y malos tratos… por lo que descarto que la exhibición haya sido voluntaria”.
Luego de escuchar a la jueza, el fiscal Alfieri pidió la palabra: “Solicito que se envíe copia de la sentencia del resolutorio al Jefe de la Policía de la Provincia y al jefe de la Dependencia de la Comisaría 8va, a los efectos de que adopten las medidas necesarias de capacitación respecto del momento de la novedad al Ministerio Público Fiscal en turno cuando sucedan procedimientos análogos”.
Capacitación a fuerzas de seguridad
El presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos presentó a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, una propuesta de un Plan de Capacitación sobre Cannabis Medicinal con fines médicos, terapéuticos y/o paliativos, en todos los institutos de formación policial.
Desde el Colegio se ofrecieron recursos humanos y técnicos a fin de llevar adelante el Plan de Capacitación de manera conjunta con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. La capacitación a las fuerzas está prevista en el art. 18 de la Ley de Cannabis Medicinal de Entre Ríos N° 10.894 y remarca la participación de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la materia.
La capacitación fue elaborada por Alejandro Canavesio, Flavia Martínez Aquino, abogada y docente de DD.HH. en la Tecnicatura en Seguridad Pública, con orientación a la formación policial, de la Esc. Sup. De Oficiales “Dr. Salvador Maciá” y Andrés Bacigalupo, abogado penalista, coordinador del Área Drogas en la Asociación Pensamiento Penal y asesor legal de la Agrupación Paranaense de Agricultorxs Cannábicxs.
