El 6 de octubre las ONG’s integrantes del CCH se reunieron con las organizaciones civiles que actualmente se encuentran inscriptas al Sistema Integrado de Salud Argentina (SISA), en cumplimiento de los requisitos para abastecer de cannabis a sus asociades. El objetivo es “establecer las condiciones necesarias para poder garantizar de manera regulada y segura el acceso de nuestros asociades a la planta de Cannabis sativa L. y sus derivados; tal como lo reconoce el decreto reglamentario 883/20 en su artículo 8”, indican en el comunicado.
En este primer encuentro participaron 11 ONG’s que esperan abastecer de cannabis a sus asociades mediante el REPROCANN: Qurativa, Misiones Activa, Acción Cannábica, Cogollos de Córdoba, Aupac, Cannabis Medicinal Bahía Blanca, Cannabis Medicinal Río Negro, Cameda, Ciencia Sativa, Mamá Cultiva Argentina e Incamed.
Estas organizaciones manifestaron su malestar “porque seguimos a la espera de una sesión donde podamos avanzar en los puntos que quedaron pendientes desde abril del 2021: conformación de mesas técnicas, capacitaciones a las fuerzas de seguridad y operadores judiciales, reforma del Anexo 2, consentimiento informado bilateral, etc”.
En el documento difundido por las ONG’s explican que “La idea central fue poner en común las acciones que venimos realizando, así como las dificultades con las que todavía nos encontramos respecto de la producción, la seguridad, el abastecimiento y la demora en la implementación eficaz del decreto reglamentario”.
El acceso a cannabis terapéutico vía ONG’s
En diálogo con MATE la presidenta de Ciencia Sativa, Gabriela Calzolari, manifestó: “No queremos que por la ley productiva quede sin autorizarse la posibilidad de que las ONG’s podamos cultivar y abastecer a nuestros asociades”.
El decreto reglamentario 883/20 dice textualmente: “Los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la Autoridad de Aplicación.”
“Queremos que se cumpla la legislación vigente”, explica Calzolari.
Otro de los puntos abordados en el encuentro fue el proyecto de desarrollo productivo impulsado por el Ejecutivo Nacional. Sobre esto las ONG’s acordaron que debería ser la autoridad de aplicación de la ley 27.350 quien regule el abastecimiento de cannabis a asociades que las organizaciones sociales realizan hace más de una década con más de 30.000 usuaries terapéuticos de nuestro país.
Con la discusión en el Congreso de la ley productiva presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, aparece el tironeo: ¿quién regula a las organizaciones que abastecen a sus asociades? ¿Sería el Ministerio de Salud como la autoridad de aplicación de la ley 27350? ¿O sería la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME)?
“Hay que diferenciar los proyectos productivos que van a comercializar de aquellos cultivos que las organizaciones reclamamos y son meramente de abastecimiento a nuestros asociades en un círculo cerrado. El decreto reglamentario de la ley de cannabis medicinal ya contempla que las ONG’s podamos cultivar, pero no lo estamos pudiendo hacer con autorización”, expresó la presidenta de Ciencia Sativa.
“Se debería habilitar a las ONG a tener sus cultivos y poder seguir abasteciendo a nuestros asociados pero de manera legal y ordenada para evitar cualquier problemática con la legislación penal actual”, cierra Gabriela.
Si formas parte de una organización que quiere sumar su adhesión por el reclamo de convocatoria a una sesión del CCH, hacelo en este link.
