En el barrio más castigado de Vancouver, un club repartía heroína, cocaína y metanfetamina entre usuarios de drogas con una garantía que ningún dealer ofrece: cada dosis pasaba antes por un laboratorio que descartaba fentanilo, benzodiacepinas y otros adulterantes. Ninguno de sus miembros murió por sobredosis mientras el club funcionó.
Lo hicieron sin permiso. Health Canada se los había negado, en plena emergencia sanitaria: desde que la Columbia Británica la declaró en 2016, más de 18.000 personas murieron en la provincia por un suministro de drogas cuya composición cambia de un día para otro. Detrás del club estaban Eris Nyx y Jeremy Kalicum, fundadores del Frente de Liberación de Usuarios de Drogas (DULF, por sus siglas en inglés).
No castigue, acompañe: la historia del Frente de Liberación de Usuarios de Drogas
En 2020, Nyx y Kalicum abrieron el “club de compasión” de DULF en Downtown Eastside, un barrio atravesado por la falta de vivienda y un sistema de salud colapsado. Seleccionaron a 52 miembros del barrio y les garantizaron acceso a sustancias compradas en la deep web y testeadas antes de cada entrega. “Hicimos hincapié en la acción material por encima de la representación simbólica. Deberíamos servir como recordatorio de que la ayuda directa y la organización basada en la experiencia logran más que las posturas idealistas”, aseguró Nyx. Además, tres de los socios iniciaron un programa de recuperación.
A mediados de la década pasada, en Norteamérica comenzaron a dispararse los casos de muertes por sobredosis de fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más potente que la heroína y que las bandas del crimen organizado utilizan como adulterante de las sustancias que comercializan para incrementar sus márgenes de ganancia. Su uso representa un grave problema de salud pública para Estados Unidos, donde se calcula que murieron alrededor de 80 mil personas por año, desde 2014. La crisis también llegó a Canadá. En febrero de 2023, ambos países firmaron el acuerdo Fuerza de Ataque Conjunto y el entonces primer ministro Justin Trudeau invirtió unos US$200 millones para crear el Comisionado de la Lucha contra el Fentanilo, a cargo de Kevin Brosseau, designado en febrero del año pasado. Pero la guerra contra las drogas no logró disminuir la circulación de las sustancias. Por el contrario, solo repercute en una ramificación de las organizaciones delictivas que se dedican a su comercialización.
“La pureza del fentanilo en el mercado no regulado puede ser del 5% un día y del 50% al siguiente. La sobredosis se vuelve más compleja y peligrosa debido a otros adulterantes, en particular las benzodiazepinas como el etilozam y el bromazolam. Es la volatilidad en el suministro de esta droga lo que está matando a la gente”, aseguró Nyx sobre el fracaso de las políticas punitivistas para atender la emergencia sanitaria en Canadá.
Al año siguiente de la implementación del programa, DULF le solicitó a Health Canada una exención del artículo 56 de la Ley de Sustancias y Drogas Controladas para acceder a un proveedor farmacéutico con licencia estatal que le pueda facilitar la heroína, cocaína y metanfetaminas. Pero la máxima autoridad sanitaria canadiense se los negó en 2022, a pesar de que el club contaba con el apoyo unánime del concejo municipal de Vancouver por el éxito que estaban teniendo en el barrio de Downtown Eastside. Lo que sí les autorizaron fue el permiso para funcionar como un Centro de Análisis de Drogas y Centro de Prevención de Sobredosis (OPC).
Las autoridades gubernamentales justificaron su negativa para la acción de DULF porque la adquisición de drogas a partir de la Deep web no era una “opción viable para promover los objetivos de la Ley de Sustancias y Drogas Controladas”. A Nyx y Kalicum no les importó el rechazo y continuaron su trabajo, mientras se reunían periódicamente con la policía local y elaboraban estudios científicos que demostraban la importancia de esta política de reducción de daños que llevaban adelante. Entre sus publicaciones más importantes, destacaron que “la inscripción al club de compasión se asoció con una menor probabilidad de sobredosis no mortal”, a partir de la observación de 47 participantes del estudio.
DULF funcionaba a paso firme. Las drogas se compraban con dinero recaudado a partir de campañas de financiación colectiva. Además, el club obtuvo unos US$200.000 de parte de la Autoridad Sanitaria Costera de Vancouver para realizar los controles de laboratorio y cubrir otros gastos operativos. Sin embargo, la organización estaba sostenida por los frágiles hilos del apoyo comunitario barrial y unos pocos funcionarios locales. Hasta que, en septiembre de 2023, el medio The Economist publicó un extenso artículo titulado “Los narcotraficantes que lideran una revolución en la salud pública”, el cual provocó la protesta de diferentes grupos conservadores y los políticos canadienses, tanto a nivel provincial, como federal, que recogieron el guante del repudio al paradigma de la reducción de daños. Finalmente, el Departamento de Policía de Vancouver allanó la sede del club y sus fundadores, Nyx y Kalicum, fueron acusados por el delito de la posesión de drogas con fines de tráfico.
Tras la intervención policial contra DULF, el club fue clausurado y su primera consecuencia resultó en la muerte por sobredosis de tres personas que accedían a las sustancias seguras que suministraban Nyx y Kalicum. Además, la Justicia inició contra ellos una extensa causa penal. Catherine Murray, la magistrada a cargo del caso, se encontró en un dilema. Si bien aseguró que los acusados “quieren salvar vidas”, falló en su contra y los declaró culpables de los cargos de narcotráfico que podían implicarle la cadena perpetua en la cárcel. “Las pruebas demuestran que el Sr. Kalicum y la Sra. Nyx eran plenamente conscientes de que sus acciones no estaban autorizadas y de que corrían el riesgo de ser procesados penalmente por tráfico de drogas”, aseguró Murray en su fallo, aunque también los calificó como “agitadores que quieren generar un cambio”.
Después de ser declarados culpables, Kalicum dijo que el veredicto era esperable y que no iban a darse por vencidos. “Esta lucha no es solo nuestra. Podríamos fácilmente llegar a un acuerdo con la fiscalía o rogarle al gobierno que retire los cargos. Pero creemos que esto es importante”, aseguró sobre las condenas que estaban suspendidas temporalmente porque DULF se había anticipado y llevó adelante una ingeniosa estrategia legal.
Una jugada maestra
Cuando en 2021 Health Canada rechazó la solicitud de DULF para suministrar heroína, cocaína y metanfetaminas, Nyx y Kalicum presentaron una impugnación constitucional ante el Tribunal Supremo de Columbia Británica por el artículo 56 de la Ley de Sustancias y Drogas Controladas, la cual le otorga facultades exclusivas a la máxima autoridad sanitaria para aceptar o rechazar el acceso de sustancias a cualquier persona. Como a la organización no le permitieron acceder a la heroína, cocaína ni metanfetaminas de manera lícita para hacerse cargo de la profunda crisis de salud pública, el mismo Estado no les dejaba otra opción que recurrir al mercado negro.
El argumento de DULF se basó en la Carta Magna canadiense, ya que no proporcionar un suministro seguro a las personas en riesgo de sobredosis infringe el artículo 7 y el 15, los cuales que garantiza la vida, la libertad, la seguridad y la igualdad ante la ley y la protección contra la discriminación, respectivamente. Hasta en tanto la Corte no resolviera este asunto, sus condenas por narcotráfico quedarían suspendidas.
Finalmente, el pasado 29 de septiembre, el Tribunal Supremo de Columbia Británica determinó la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Sustancias y Drogas Controladas. “El señor Kalicum y la señora Nyx han asumido la responsabilidad de presentar una impugnación constitucional exitosa, prestando así un servicio al interés público a un considerable costo personal”, dijo la jueza Murray, la misma que los había declarado culpables el año pasado. Además, la magistrada señaló que ambos fueron “altruistas” y se pusieron a un lado por la causa. “Miles de personas han muerto a causa de drogas tóxicas desde que se declaró la emergencia de salud pública en la Columbia Británica, una de las peores crisis de las que se tiene memoria”, dijo en su fallo. “El proyecto de DULF funcionó. En su primer año no hubo sobredosis relacionadas con las sustancias proporcionadas en sus instalaciones”, agregó.
La jueza Murray no solo determinó la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Sustancias y Drogas Controladas que permitió que los fundadores de DULF no vayan presos, sino que también le ordenó al Parlamento canadiense que encuentre una manera de permitir “un camino hacia un suministro más seguro” para los usuarios, en un plazo máximo de seis meses. “Personas como ustedes son las que marcan la diferencia. Acaban de hacerlo y deberían sentirse muy orgullosos”, les dijo la magistrada a Nyx y Kalicum, quienes se quebraron en llanto al escuchar el fallo a su favor.
De todos modos, la causa aún no se encuentra cerrada. El Tribunal Supremo de Canadá tiene un mes para apelar el fallo y se espera que las próximas semanas se produzcan varias objeciones judiciales. “El gobierno federal también debe apelar. Por supuesto que las personas con adicciones necesitan apoyo, pero tenemos leyes sobre drogas por una razón. Esta decisión de la Columbia Británica va a traer graves consecuencias”, dijo Mike Farnworth, exministro de Seguridad Pública local y quien ya anunció que pretende ser el próximo alcalde de la ciudad de Port Coquitlam, ubicada en la menciónada provincia canadiense.
DULF también contará con su propio apoyo, principalmente por parte de los usuarios de drogas a los que asistían en Downtown Eastside y a los vecinos de este barrio que tienen una histórica defensa de las políticas de reducción de daños desde los años ’90. Así se demostró en las masivas protestas que hubo a su favor, cuando el club de compasión fue allanado por la Policía de Vancouver. Hasta el momento, se desconoce si la sede del Frente de Liberación de Consumidores de Drogas volverá a abrir. Lo cierto es que el compromiso de Nyx y Kalicum por salvar vidas puso en jaque a la legislación canadiense sobre sustancias.
