La evolución de las regulaciones en torno a la cannabis ha generado numerosas ventajas para los empresarios del sector, lo que significó un verdadero game changer —cambio en las reglas de juego—. Sin ir más lejos, podemos citar el caso de Sañogasta, en La Rioja, que cuenta con la primera finca de turismo cannábico.
Esta finca abarca una extensión de 8 hectáreas, distribuidas en 6.000 metros cuadrados de nogales y un área de 2.500 metros cuadrados destinados al cultivo experimental de cannabis medicinal.
La firma detrás de este mega emprendimiento se define a sí misma en Linkedin como un equipo interdisciplinario de profesionales dedicados y capacitados para brindar servicios integrales de Management y Gestión de cultivos de Cannabis y sus derivados, a la vez que ofrecen la dirección en proyecto de investigación y desarrollo en tratamientos no convencionales.
Si bien la empresa tiene un background —experiencia— más ligado a la implementación de buenas prácticas de cultivo, seguramente logrará hacer branding —marca— al ofrecer soluciones innovadoras y cutting-edge —posicionadas en la vanguardia de la innovación, tecnología o desarrollo para satisfacer las demandas del mercado.
El eje está en abordar la cannabis desde una perspectiva agronómica y ecológicamente sostenible, a través del pitch —discurso para vender algo— de que la planta es un recurso valioso para la educación y una fuente de atracción visual para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de explorar un cultivo de cannabis medicinal.
Por fuera del mundo de los anglicismos de la mercadotecnia, las personas de sectores sociales específicos que también promocionan, publicitan, venden o gestionan productos o servicios relacionados con el cannabis —pero fuera del marco legal vigente— son perseguidas como viles delincuentes que atentan contra la seguridad y el futuro de nuestra Nación.
El doble estándar cannábico
Los procesos acelerados de cambio en la normativa cannábica que atravesamos en Argentina dejaron un escenario de ambivalencia. Mientras que lxs usuarixs individuales de marihuana son detenidxs y sometidxs a proceso, las empresas nacionales y extranjeras hoy tienen la oportunidad de beneficiarse económicamente a través del cultivo y comercialización de los derivados de esta planta.
Las conductas por las que la ley penal criminaliza, procesa y encarcela, hoy son posibles para algunxs, a través de autorizaciones o licencias. El delito de siembra de cannabis que el Reprocann permite a quienes se encuentran registrados para fines medicinales, continúa siendo fuertemente perseguido a nivel federal. Los datos que reflejan esto son de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que muestran un claro aumento en 2021 y 2022 en lo que respecta a la persecución de cultivadorxs, como vemos en el gráfico de abajo.
En 2021, año que el Reprocann entró en funcionamiento, hubo un aumento del 171,6 % en las causas por siembra, cultivo o guarda de semillas respecto al año anterior. Fuente: PROCUNAR
En estos días se visibilizó el caso de Tomás Correas, un cultivador inscripto en Reprocann e Inase que sufrió un allanamiento en virtud de una de las tantas polémicas y dudosas denuncias anónimas. El cultivador no sólo se encuentra detenido hace varios días, sino que incluso se le niega el ingreso del aceite a la cárcel en una suerte de interrupción arbitraria al ejercicio de su derecho humano a la salud reconocido previamente por el estado al otorgarle la autorización.
Desalentando el consumo a la fuerza
Un curioso episodio policial se vivió en Chaco el pasado 22 de Julio y quedó registrado en las noticias locales. Bajo el rótulo Cocaína y Marihuana en la noche de Resistencia, nos enteramos de un operativo a cargo del Departamento Antinarcóticos Metropolitano que demoró a trece personas en cuestión de minutos, todas consumidoras con ínfimas cantidades de marihuana y cocaína.
El operativo motivó al Comité para la Prevención contra la Tortura de Chaco a enviar una recomendación reservada al gobernador y a la ministra de seguridad observando el procedimiento. Con la intención de “desalentar el consumo en los jóvenes” se cometió una clara y abierta violación a las normas que rigen las detenciones y requisas corporales sin orden judicial, así como se obviaron las garantías de privacidad e intimidad que el fallo “Arriola” de la Corte Suprema ordenó respetar hace ya casi 14 años.
Mientras se insiste en la persecución de perejiles, o mejor dicho: personas que usan drogas, los peces gordos nadan en otras aguas. No fue hace mucho que en aquella Provincia se desbarató una banda narco-policial encabezada por el ayudante Fiscal Ariel Peña de la Fiscalía Antidrogas, cuyo modus operandi consistía en quedarse con las incautaciones de drogas secuestradas en allanamientos para su posterior comercialización.
