Esta es la historia de la violenta muerte de Walter Bulacio en manos de la policía. Corre el año 1991 y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota encarnan, quizás, a la banda más popular y transgresora del rock nacional, hoy patrimonio cultural de la Argentina.
Lo que empezó como una kermese caótica de sexo, drogas y rock and roll a fines de la década del ’70 en el Teatro Lozano de La Plata y en un contexto de absoluta clandestinidad, poco a poco se fue convirtiendo en un ritual pagano lleno de fieles que cada vez era más difícil controlar. Sobre todo, para la policía.
El 19 de abril, Los Redonditos iban a presentarse en el Estadio Obras Sanitarias y un joven Walter David Bulacio, de tan solo 17 años, soñaba con poder asistir al que prometía ser un show memorable y su primer recital. El pibe de Aldo Bonzi iba a ver a sus ídolos. La entrada la compró con plata regalada por su abuela Ramona.
Ese día se desató una razzia policial a cargo de la Seccional 35ª comandada por el Comisario Miguel Ángel Esposito. Walter fue detenido junto a 10 amigos por averiguación de antecedentes, junto a más de 100 jóvenes. Los llevaron a la comisaria ubicada en Núñez en un colectivo de la línea 151 entre las 21:00 y las 22:00 horas. No llegó ni a sacar la entrada para un show que se desarrolló con total normalidad mientras afuera ocurría un infierno.
Mucha tropa riendo en las calles
Las razzias eran procedimientos policiales llevados a cabo en grandes eventos culturales donde la policía podía detener impunemente a personas sin haber cometido delito alguno. Incluso en el ingreso o salida de estos eventos había apostados colectivos vacíos que salían llenos de gente a las comisarias más cercanas. Eran de los pocos vestigios que quedaban de la dictadura militar más sangrienta que sufrió nuestro país. La de esa noche fue una razzia planeada previamente, de hecho, los colectivos utilizados eran de la empresa privada “MODOSA” y habían sido requisados la tarde de ese día.
Un centenar de personas detenidas eran más del doble de la capacidad que tenía la comisaría. Por eso en los informes solo figuran algunos, entre ellos Walter. “40 tenían que ser”, canta Fabiana Cantilo en “Anoche soñé con Walter”, la canción que le dedica cariñosamente.
Todas las personas mayores de edad fueron detenidas, según los registros policiales, bajo la causal “para identificar” o como solemos llamarle en la jerga, por averiguación de antecedentes o por “contravención”. No cometieron un delito. La policía recurre a estas causales para detener y demorar personas. Y si hay resistencia, se usa la fuerza por “atentado y resistencia a la autoridad”, pretexto recurrente para justificar graves golpizas, torturas y vejaciones.
Uno de los amigos de Walter, Nazareno, cuando estuvieron encerrados en el calabozo, encontró una lapicera y escribió en la pared el nombre de los 11 del grupo y la frase “Caímos por estar parados”.
La Ley de Patronato de Menores, vigente en ese momento, impedía que un menor de edad sea detenido sin la intervención u orden de un juez competente. Al personal policial no le importó y ese día se lo llevo a la comisaria donde pasó la noche.
No hubo comunicación alguna a sus familiares ni a ninguna autoridad judicial. Los policías se apoyaban en el famoso “Memorándum 40”, una disposición interna que les permitía hacer lo que quisieran con los menores, sin notificación al juez. Una flagrante vulneración de derechos humanos fundamentales.
A la mañana siguiente, Walter fue trasladado al Hospital Pirovano y con su último aliento pudo explicar al personal de salud que había sido golpeado varias veces por la policía presentando traumatismos en el cuerpo y el cráneo. Los amigos que estuvieron detenidos con él esa noche declaran que presentaba fuertes dolores de cabeza, convulsiones tempranas y vómitos que evidenciaban lesiones graves. Tras seis días de agonía, Walter murió el 26 de abril en el Sanatorio Mitre como consecuencia de un aneurisma. Hoy se cumplen 33 años. Tenía hasta quemaduras en los pies.
A partir de este momento transcurren secuencias propias de la impunidad y la burocracia penal que caracteriza históricamente a nuestro país.
Laberintos judiciales
Luego de que múltiples juzgados se pasen la pelota entre ellos, en 1992, el Comisario Esposito fue absuelto por la detención y muerte de Bulacio. Dos años después la CSJN ordenó reabrir la causa, que volvió a divagar hasta que el trabajo conjunto de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) lograron llevarlo al Sistema Interamericano de DD.HH. en 1997.
Gracias a la gestión llevada adelante por estos organismos y después de muchísimos tribunales que se pasaban la causa de mano en mano declarándose incompetentes, la causa llego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que realizó una investigación minuciosa.
El Estado argentino reconoció su responsabilidad por la detención arbitraria seguida de muerte de Walter Bulacio en 2003, mediante un acuerdo amistoso al que llegó junto a estos organismos y los representantes de la familia de Walter. El Estado reconocía su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de Walter y de su familia, quienes habían visto perjudicado su derecho a la accesibilidad a la justicia. El juicio se celebró de todos modos y el tema de debate fue el sistema de detenciones arbitrarias de nuestro país. Pero la cosa no quedó ahí.
El 18 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Argentina a reparar económicamente el daño ocasionado a la familia Bulacio, a que reabra la causa con el fin de identificar a los responsables del hecho y a que modifique las leyes sobre las facultades policiales de detención —más aún en caso de menores de edad— para la cual debía crearse una Mesa Federal donde debían participar los organismos de derechos humanos.
“derogar averiguación de antecedentes, detención para identificar, detenciones por faltas y contravenciones y terminar con las prácticas no normadas, como las razzias y la detención de menores, por el sólo hecho de serlo”, dice el fallo de la CIDH.
Las razzias son absolutamente violatorias de derechos humanos fundamentales garantizados por tratados de jerarquía constitucional: a la vida, la salud, la intimidad, la libertad ambulatoria, o el principio de inocencia, entre otros. La CIDH fue muy clara con la responsabilidad internacional que le corresponde a nuestro Estado.
Y exhortó a “que se tomen las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos, y darles plena efectividad”.
En los recitales, producto de la sentencia contra el Estado argentino, se impuso el retiro permanente de las fuerzas de seguridad como modo de vigilancia en los conciertos y, por cierto, las detenciones permanentes en el entorno de los shows.
Qué pasó después
Nada de lo que la CIDH ordenó se cumplió. En su lugar, se dictaron múltiples fallos judiciales en todo el país justificando el accionar policial al momento de detener personas, basados en polémicos criterios como el famoso “olfato policial”.
En numerosas ocasiones la actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó desde distintos roles estatales, dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas discrecionales que justifiquen estas medidas.
La represión, la tortura, la detención injustificada, el encierro y las golpizas, entre otros vejámenes ocurridos, son el remanente de los tiempos de terrorismo de estado, pero aún persisten en democracia y por eso deben visibilizarse para alcanzar la erradicación total de estas prácticas represivas.
“Las detenciones arbitrarias, además de ser la puerta de entrada a las torturas, nos cuestan vidas. Porque más de la mitad de las personas detenidas en las comisarías desde 1983 hasta hoy estaban allí por una contravención, para identificarlas o por una razzia. No eran detenidos por una orden judicial o por un delito flagrante. Por eso cuando denunciamos la práctica sistemática y exigimos su eliminación, no estamos simplemente exigiendo el derecho de caminar tranquilas y tranquilos por la calle. Es, sobre todo, la defensa de nuestra vida y la de nuestros pibes”, explicaba la dirigente de la CORREPI, María del Carmen Verdú, también abogada de la familia Bulacio en una entrevista que le realizaron en 2021 por el 30 aniversario de la muerte de Walter en manos de la policía.
Esas vidas a las que hace referencia Verdú, muchas veces se tratan de personas usuarias de drogas y son más cercanas de lo que creemos. Ejemplo de ello son los recientes casos de Julián Castillo en Santa Fe y Ariel Goyeneche en Paraná, ambos detenidos por personal policial en situaciones confusas, presentando problemáticas de consumo y finalmente muriendo en circunstancias aun sin esclarecer y, por supuesto, sin ningún responsable.
¿Qué pasó con el Comisario Espósito? Fue juzgado recién en 2013, 22 años después de la muerte de Walter. Pero el ex policía fue condenado a la insignificante pena de 3 años de prisión en suspenso, es decir, sin cumplimiento efectivo. La condena fue solo por el delito de privación ilegítima de la libertad.
El Águila Esposito, su padre, era un comisario muy respetado, tenía conexiones con la última dictadura militar y se decía que había fundado una cofradía secreta dentro de la fuerza llamada Los Arcángeles. Su hijo, el Aguilucho, no era tan lúcido como él. La federal le soltó la mano y terminó pidiendo su jubilación anticipada. No soportó la presión.
Ningún otro agente de la Comisaria 35ª fue juzgado. Tres meses después murió la abuela Ramona. La que le dio la plata a Walter para su primer recital. Un detalle no menor es que la CIDH consideró que el delito del que fue víctima Walter, y por extensión, todo crimen policial, es un crimen de Estado, y como tal, no prescribe.
La facultad de aprehender y pedir DNI fue repuesta en 2016, violando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la actualidad, es moneda corriente ver pibxs siendo detenidos en la vía publica en calles que van camino a la militarización como consecuencia de las políticas de seguridad que despliega este gobierno. Pibxs detenidos por portación de cara.
El legado de Walter sigue vigente en recitales y estadios de futbol, pero sobre todo en las calles, donde podemos ver su foto en las marchas que, más de 30 años después, siguen pidiendo justicia por él y por todas las personas que han sufrido y visto vulnerados sus derechos fundamentales producto de la violencia policial institucionalizada.
Mientras el Estado sigue sin cumplir su sentencia internacional, el legado de Walter sigue vivo en espacios como la CORREPI, que se ocupan de visibilizar casos de violencia institucional llevando registros, manifestándose en marchas y reivindicando la memoria de muchos que ya no están.
“¡YO SABÍA, YO SABÍA, QUE A WALTER LO MATÓ LA POLICÍA!”, se puede escuchar en movilizaciones antirrepresivas y recitales de rock.
Según la CORREPI, la mitad de las personas detenidas en comisarias, lo está sin una acusación penal y la mitad de las muertes ocurridas en comisarias desde el regreso de la democracia fueron personas detenidas por averiguación de antecedentes.
Desde 1983 hasta hoy murieron más de 3.000 personas producto de la violencia policial institucionalizada, casos como el de La Masacre de Budge, Luciano Arruga o Sonia Colman, casos como el de Julián y Ariel que siguen sin responsables, que siguen clamando Justicia.
Bulacio y su familia son una más de las tantas víctimas del gatillo fácil, la tortura y la violencia del aparato represivo del Estado.
A 33 años del asesinato de Walter Bulacio, que nunca más un pibe sea víctima de la brutalidad policial. Ni en el primer recital de su vida ni en ningún otro contexto. Es imperioso democratizar las políticas de seguridad, detener el accionar discrecional y la violencia policial violatoria de derechos humanos fundamentales.
