La semana pasada el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, ordenó que se intensifiquen las inspecciones tanto en las cárceles como en espacios públicos, en respuesta al “estado de excepción” en términos de inseguridad que experimenta la provincia.
Entre los anuncios de la primera semana de la gobernación pullarista, se dispusieron operativos de cacheo, averiguación de antecedentes y “requisas aleatorias en la vía pública”. Estrategias ilegales como estas nos condujeron a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a la Argentina en 2020.
El flamante gobernador santafesino publicó videos en su cuenta de X (Antes twitter) que muestran escenas de espectaculares allanamientos. Fueron en los domicilios de sospechosos por balaceras y a “presos de alto perfil” en la unidad penal de Coronda.
Trámite exprés en la legislatura
Pullaro logró aprobar las primeras cuatro leyes de su gestión a días de asumir su cargo con la pretensión de “mejorar los indicadores de inseguridad de la provincia”.
Fue un trámite exprés: los cuatro proyectos fueron votados en la misma tarde por las dos cámaras tras 24 horas de negociaciones.
Las normas aprobadas son sobre la emergencia en seguridad pública, emergencia hídrica, adhesión a la ley nacional que desfederaliza la persecución penal del narcomenudeo y regulación de gastos reservados para investigaciones criminales complejas.
Conocida popularmente como “ley de narcomenudeo”, permite a la Justicia y las fuerzas de seguridad provinciales involucrarse en las investigaciones ligadas al microtráfico.
En los próximos días la mayoría legislativa del oficialismo intentará avanzar con la sanción de otras seis iniciativas.
Cambios a la ley orgánica que regula al Ministerio Público de la Acusación (MPA), modificaciones en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, las modificaciones a la ley de Juicio por Jurados y las reformas al Código Procesal Penal, son algunos de los proyectos que podrían debatirse.
Plan Bandera
Frente a un público integrado por uniformados de diversas fuerzas la Ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentaron el “Plan Bandera”. Una intervención federal que se acopla a la batería de medidas e iniciativas legislativas que impulsa el mandatario santafesino.
En un extenso tuit, la ministra de seguridad explicó que el plan “Atacará de manera letal los cuatro pilares del narcotráfico: la comercialización, la logística, la policriminalidad y la demanda”. Por demanda debemos entender consumo, lo que implicaría desplegar la fuerza pública contra las personas que usan sustancias ilegalizadas.
En palabras de la ministra, el plan tiene como objetivo “recuperar la paz”. Por su parte, Pullaro declaró que apuntan a “mejorar de a poco y de manera sostenida los índices de inseguridad y violencia”.
Cortar por lo más delgado
La Red de Jueces de Buenos Aires caracteriza la ley de desfederalización como “fracasada”, ya que “los cuantiosos recursos utilizados para la llamada ‘lucha contra el narcotráfico’ no generaron ninguna mejora sustancial respecto de la situación precedente”.
Según un Informe de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sólo durante el año 2018, más de un 65% de las investigaciones penales preparatorias resultó por delitos de microtráfico de estupefacientes, y más del 33% estaba referida a simple tenencia o tenencias para consumo personal.
Consultado por Mate sobre las consecuencias de la ley de narcomenudeo, el abogado y profesor de criminología Enrique Font advierte que así “no se avanza en las investigaciones, sino que se cortan. No se puede seguir el dinero, los precursores químicos… algo que tiene que hacer la justicia federal, no la provincial reventando puntos de venta”.
La ley de narcomenudeo permite “Formalizar que la policía provincial defina cuando se allana y cuando no. Esto genera herramientas de extorsión”.
El investigador y profesor de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) entiende que esta ley permite “Formalizar que la policía provincial defina cuando se allana y cuando no. Esto genera herramientas de extorsión”.
En la vecina provincia de Entre Ríos la implementación de la ley provincial de narcomenudeo tuvo como resultado una reducción en las investigaciones contra los grandes narcos y el encarcelamiento masivo de pobres, con alta incidencia de mujeres.
Violencia letal en Rosario
La cantidad de homicidios dolosos durante 2023 en Rosario fue de 215.
Uno de los problemas para entender las cifras de Rosario es que en la provincia de Santa Fe la policía es “la más violenta de la Argentina según Correpi. Es ineficiente, burocratizada y fragmentada. Mal equipada y mal formada”, introduce Font.
Aunque no es exclusivo de Santa Fe o Rosario, la policía “deja hacer”, a cambio de dinero que recauda y distribuye a través de actores claves del sistema político representados en la legislatura, intendencias y administración de justicia.
Algo que sí es particular de la policía santafesina que Font investigó es “la cuentapropización de la gestión ilegal del delito. En paralelo al modo tradicional de administración policial del delito, empezó a suceder que policías, incluso de alta graduación y aquellos que trabajan en fiscalías, son empleados o se integran a las bandas”.
Sin embargo, el investigador señala otro de los problemas: “Los policías condenados por estos hechos tienen condenas muy leves, nunca más de 3 años, vía acuerdos abreviados”. Es decir, no quedan detenidos.
Font tiene su hipótesis para entender por qué los policías implicados no reciben prisión efectiva: “saben demasiado del chiquero del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe”.
Violencia identitaria
El criminólogo describe un panorama muy volátil donde la violencia no es solamente instrumental o necesaria para la gestión de negocios criminales, sino que “sobre todo es una violencia identitaria”.
Según explica, la violencia identitaria “dice quien sos, habla de tu nombre, genera tu llamado cartel”.
Cartel es el capital que acumulan los integrantes de las bandas a través de hechos violentos y visibilización mediática, pero no refiere a las estructuras de las organizaciones criminales que no son cárteles sino bandas barriales.
En situaciones así, para el investigador de la UNR, la política de seguridad “tiene que ser sobria, silenciosa, de bajo perfil. ¿Por qué? Porque vos nunca jamás querés subirle el cartel a aquellos que dependen de ese cartel”.
Intervención federal
El escenario da cuenta de los problemas estructurales que dan contexto y causas a la situación que acarrea la ciudad de Rosario. “La policía, un quilombo, el MPA, un quilombo. La administración de justicia federal en Rosario también funciona mal y las investigaciones no avanzan en la cadena del delito”, resume el criminólogo.
Resulta lógico pensar en la intervención federal frente al escenario de cuentapropización policial, gestión ilegal del delito, investigaciones que se quedan en los eslabones reemplazable y una suma de ineficiencias judiciales.
Pero en realidad, estas intervenciones son parte de una espectacularización de la política criminal que no va a las causas de fondo. Font sugiere que las intervenciones federales “se deberían aprovechar para hacer una reforma policial, ahí sí se afectan intereses y es útil tener el apoyo de las fuerzas federales”.
La justicia provincial de Santa Fe tiene un porcentaje de esclarecimiento de homicidios de los más bajos del país. Mientras en el país el esclarecimiento está por encima del 85%, en Santa Fe, “siendo muy generoso, es menos de 5 de cada 10”, dice el investigador. Esto quiere decir que los sospechosos de homicidio no reciben prisión preventiva.
“Si querés vender cocaína andar a los tiros no es negocio, porque te quedas sin gente, excepto en Santa Fe. Los integrantes de bandas pagan a la policía para que no los identifiquen”, explica el docente.
Fuerzas armadas para combatir el narcotráfico en Rosario
Durante su discurso en la presentación del Plan Bandera, Patricia Bullrich anunció que junto a Luis Petri, Ministro de Defensa, intentarán impulsar modificaciones para desplegar a las Fuerzas Armadas en Rosario.
En Argentina hay pocas políticas de estado sostenidas en los 40 años de democracia, una es la diferencia entre seguridad interior y defensa. Las fuerzas armadas se encargan de la defensa nacional y nada tienen que hacer en la seguridad interior.
Hay tres leyes que son muy claras en términos de esta divisoria: la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Defensa y la Ley de Inteligencia Nacional.
Esta política se sostuvo con un consenso democrático transversal a los partidos. “A pesar de las presiones norteamericanas con el discurso de las nuevas amenazas: el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, incluso los daños ambientales, que se usan como excusa para meter a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad”, señala Font.
Bukelización, espectáculo y construcción de hipervillanos
Cuando hablamos de bukelización nos estamos refiriendo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Asumió en 2019 con gran apoyo social y logró un poder sin límites, sostenido por la imagen positiva más alta de la región: 88%.
Su política contra las pandillas, que en El Salvador denominan “Maras”, consistió en la construcción de una mega cárcel para 40.000 detenidxs, donde los reclusos no pueden hablar sin autorización, por ejemplo. Bukele es el nuevo emblema de un manodurismo que atrae a líderes políticos latinoamericanos que buscan copiar al millenial ex publicista que promete soluciones contundentes para la inseguridad.
Bukelización refiere entonces, al proceso de endurecimiento de la acción represiva del estado contra el crimen organizado, pisoteando garantías procesales y derechos humanos.
“Hay un aprovechamiento político de una situación catastrófica que es la violencia letal”, interpreta el criminólogo.
“Convirtieron a los monos en los hipervillanos de ciudad gótica y los señalan como los responsables de la criminalidad en Rosario. La espectacularización termina convirtiendo la fantasía en realidad”. Tratando a los integrantes de estas bandas como hipervillanos “les regalas un cartel más grande. Eso luego les sirve para aumentar su poder de extorsión”, concluye el especialista.
Para Font las intervenciones que se vienen realizando amplifican el fenómeno de violencia que intentan resolver. Haciendo nombres propios, espectacularizando y villanizando le das mayor cartel y relevancia a los delincuentes.
Font describe un proceso de Bukelización que se manifiesta en diversas medidas. Una es el proyecto que Pullaro envió a la legislatura para desarmar el sistema de administración de justicia penal.
En palabras del criminólogo, “Pullaro quiere acabar con la defensa pública”, poniéndola en desigualdad de recursos respecto a los fiscales.
El flamante gobernador de Santa Fe también intenta aprobar una iniciativa para que los fiscales puedan decidir prisiones preventivas por 30 días. “Corriendo a los jueces del medio, que hoy son los encargados de tomar esas decisiones”.
