Desde los últimos años, en Argentina no paran de florecer los clubes de cannabis. Pero este modelo asociativo en el que se tiene un cultivo comunitario y luego se comparte la cosecha fue creado hace más de dos décadas en España. Más precisamente en la ciudad de Barcelona, cuando un grupo de jóvenes hizo la primera plantación cooperativa, en 1991.
En la actualidad, casi la mitad de las asociaciones registradas en este país europeo se encuentran en la región de Cataluña. Pero el nuevo Gobierno de Barcelona anunció recientemente el inicio de una guerra contra los clubes de cannabis y prometió cerrarlos a todos.
Estas organizaciones civiles fueron pioneras en el mundo no solo como un sistema de abastecimiento anticapitalista. También son una trinchera que combate al crimen organizado y defiende el derecho al consumo responsable de la planta. Revista Mate viajó a la ciudad de Gaudí para averiguar cómo resisten las aso a la ofensiva prohibicionista.
Cerrarlos y hacerlo bien
“(El club de cannabis) es un modelo que no queremos en nuestra ciudad. Hay que cerrarlos y hacerlo bien”.
Las palabras son de Albert Battle, teniente de Prevención y Seguridad de Barcelona. Aunque su apellido parece una ironía, las amenazas de batalla fueron reales durante la última sesión parlamentaria del año pasado en el Ayuntamiento municipal, el 22 de diciembre.
Las declaraciones no sorprendieron a la comunidad cannábica. Resulta que el actual oficialismo de Barcelona está liderado por Jaume Collboni del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). Se trata de la rama catalana del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que dirige el Presidente del Gobierno nacional Pedro Sánchez. Si bien esta formación está más cerca de las políticas progresistas, es un ferviente opositor a la regulación del cannabis porque no deja de ser un partido tradicional fundado en 1879.
“Parece que hablar de regulación es una caricatura del fumeta para ellos y eso los limita. Entiendo que pueda afectar a su electorado más longevo porque lo ve como una extravagancia”, analiza Jorge Moruno, sociólogo y diputado de la Asamblea de Madrid. La opinión de Moruno es relevante para entender por dentro la postura del PSOE porque él forma parte del grupo parlamentario Más Madrid que, a nivel nacional, conforma Sumar: el segundo partido de mayor importancia en la alianza de Gobierno.
Tanto el PSC, como Collboni, son viejos conocidos para la comunidad cannábica de Barcelona que hace meses es consciente de la ofensiva que preparaba el nuevo alcalde desde que fue electo el año pasado.
“Es una situación tensa, enmarcada en el espíritu prohibitivo del señor de Seguridad Ciudadana (Battle). No es solo contra los clubes cannábicos; también es contra manteros y graffiteros”, afirma en diálogo con Mate Eric Asensio, Secretario de la Federación de Asociaciones de Cannabis de Cataluña (CatFAC).
Asensio dice que “dentro de las 233 licencias (de aprobación de asociaciones y sedes) de clubes de cannabis en Barcelona, se realizaron 190 inspecciones y se abrieron diligencias contra 85, de las cuales más de la mitad ya subsanaron sus deficiencias por tanto quedaron cerrados los expedientes. Sabemos que alrededor del 25% tienen expedientes abiertos y tenemos conocimiento que cuatro corresponden a consumo dentro del club. Esto no lo consideramos como un criterio para cese de actividad”, asegura Asensio.
“Hay preocupación por la imagen de la ciudad, ante la proliferación de clubes, tiendas de CBD y comercios que tienen una hoja de marihuana. Esto es una política municipal que no tiene réplica en otros municipios de Cataluña ni de España”, sostiene Asensio. Ante esta situación, cuenta que la estrategia de los clubes será la no confrontación.
“Como federación, nuestra estrategia está trazada en dos pilares: reconocimiento de los clubes como alternativa de acceso seguro y lograr el marco regulatorio que nos permita realizar la actividad con total legalidad. Hemos recibido reconocimiento de países como Alemania o República Checa.
Nuestra idea es mantener nuestra relación con el Ayuntamiento con los grupos de trabajo que se han creado”, dice Asensio sobre espacios de colaboración que existen entre las autoridades políticas y el activismo desde el 2021, cuando el Parlamento de Cataluña realizó una declaración en la que no solo reconoce a los clubes de cannabis como espacios claves para la reducción de daños, sino también a realizar cambios legislativos para que las asociaciones sean lugares de consumo controlados y permitidos por el código penal.
En 2021 el Parlamento de Cataluña hizo una declaración reconociendo a los clubes de cannabis como espacios claves para la reducción de daños, y se comprometió a realizar cambios legislativos para que las asociaciones sean lugares de consumo controlados y permitidos por el código penal.
Sin embargo, Mate pudo averiguar que existen algunos clubes que podrían despegarse de la estrategia de la CatFAC y estarían en condiciones de demandar al Ayuntamiento por daños y perjuicios.
“Hay 180 asociaciones que están en situación de demandar de forma individual”, explica el abogado Oriol Casals, quien ya recibió a algunas organizaciones interesadas en judicializar el conflicto. Pero él asegura que aún no tomó ningún caso. Casals fue uno de los promotores de una iniciativa legislativa que buscaba en 2017 obtener una regulación de los clubes de cannabis y que fue negada por el Tribunal Constitucional de Cataluña.
El abogado cuenta que el Gobierno de Barcelona se sostiene de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, de 2021, en donde dice que el Ayuntamiento no tiene competencia para regular los clubes de cannabis, ni siquiera como vertiente urbanística porque es materia estatal. Desde ese momento, Barcelona dejó de aprobar a nuevas asociaciones. Pero Casals asegura que no se pueden revocar las que ya fueron entregadas.
“El Ayuntamiento ha hecho creer con ese fallo del Tribunal Supremo que se pueden anular las licencias, pero no. Las 180 licencias siguen funcionando y si quisieran cerrarlas todas tendrían que hacer 180 expedientes de revisión de licencia. En ese caso, cada una de las asociaciones podría iniciar demandas por daños y perjuicios por todo el dinero que han invertido en infraestructura e inspecciones administrativas”, dice Casals sobre un dinero que calcula entorno a los 100 mil euros por cada club. Si todas las asociaciones iniciaran un juicio, el Ayuntamiento podría pagar hasta unos 18 millones de euros.
El laberinto jurídico
En España existen alrededor de 1800 clubes de cannabis y 720 de ellos se encuentran en Cataluña. El primero de ellos se fundó en Barcelona, en 1991. Sin embargo, hasta el momento no existe una regulación específica para estas asociaciones que conviven con la tensión policial, laberintos jurídicos y una enorme resistencia del activismo.
Los pioneros fueron un grupo de jóvenes que se agruparon en la Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC), quienes solían fumar el hachís proveniente de Marruecos y decidieron tener un cultivo comunitario para dejar de depender del narcotráfico.
El principal promotor del cultivo fue Jaime Prats, también fundador de la mítica revista Cáñamo en 1997: la primera publicación de cannabis en habla hispana.
“En aquella época debíamos ser cien socios. Decidimos la creación de un cultivo colectivo y le enviamos una carta al fiscal antidrogas, José María Mena, comentándole la jugada”, cuenta Prats.
El fiscal contestó: “la referencia para el consumo especifica que se acota exclusivamente a la producción concreta del autoconsumo, que debe entenderse como individual, no punible”. Prats cuenta que “no resolvió dudas, pero nos animó a seguir”. Así que cultivaron 200 plantas en Tarragona, pero nunca cosecharon porque la policía arrasó el proyecto y la Justicia los condenó a seis meses de prisión. El sendero ya había sido trazado y la ARSEC no solo fue creciendo, sino que se crearon nuevas asociaciones a lo largo de España.
El activismo fue presionando cada vez más hasta que entre 2001 y 2003 el Tribunal Supremo de España dictó varias resoluciones a favor de la despenalización de la posesión de cannabis y su consumo, siempre y cuando no exista un fin lucrativo. Entonces, hacia el año 2008, al calor de la crisis económica llamada Gran Recesión y el movimiento de los indignados, nacieron nuevas asociaciones de cannabis que se fundaron con una clara posición anticapitalista.
Estas nuevas asociaciones siguieron el modelo y la experiencia previa de ARSEC, pero con algunas vueltas de rosca. En primer lugar, el derecho a crear cualquier tipo de asociación civil. Luego, descubrieron que en 1974 –un año antes de la muerte del dictador Francisco Franco–, el Tribunal Supremo dictaminó que el consumo de drogas no era un delito contra la salud pública mientras se realizara en el ámbito privado. Bajo estas dos normativas podrían funcionar porque la asociación tendría un espacio propio para usar cannabis. Algunos protagonistas de este modelo fueron Martin Barriuso, Jose Afuera y Eric Asensio, entre otros.
En los últimos años, tanto el Parlamento de Cataluña como la Justicia han reconocido a los clubes de cannabis como espacios claves para la reducción de daños y el consumo responsable de cannabis. Sin embargo, y a pesar que se ha intentado sancionar una ley a nivel nacional que regule la actividad, aún no se ha logrado la legalidad plena. Por ese motivo, las asociaciones conviven en un espectro gris que les permite a las autoridades policiales actuar con impunidad.
Una diferencia sustancial del modelo de clubes con Argentina, donde la regulación permite que las asociaciones se inscriban en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) y puedan proveerles cannabis a sus integrantes, luego de cumplir algunos requisitos como la inscripción al Sistema Integrado de Información Sanitaria.
En el marco normativo argentino las asociaciones no pueden tener ánimos de lucro y las personas deben contar con una indicación médica, aunque no haya discriminación de cannabinoides ni formas de consumo.
La figura jurídica de club de cannabis aún no existe como tal en Argentina, aunque es una promesa que aún incumple la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Un porrito por Barcelona
“Tío, esta genética es una cruza nuestra. Venga, a ver qué os parece”, dice Eduardo Vidal que comparte uno de los cogollos más frosty jamás visto por este autor al comenzar la entrevista. Edu tiene un banco de semillas y es Presidente de Satpath, un club de cannabis con diez años de trayectoria en Barcelona y que forma parte de la CatFAC.
“En aquel momento, venía con una crisis personal porque estudiaba publicidad y no veía mi futuro en ese arte de vender algo que la gente no necesita”, recuerda Vidal sobre una época en la que florecían las asociaciones de cannabis y se sintió cautivado.
“Hablé con un amigo, apasionado por la planta igual que yo, y dijimos de crear un club. Hoy vivimos de nuestro sueño, de lo que amo y mucha gente diría que es imposible”, dice Edu.
“El club lo defino como el comedor de mi casa. Somos una asociación pequeña de 400 socios donde nos conocemos entre todos. Por la mañana, vemos las noticias políticas y debatimos. Por la tarde podemos jugar al ajedrez o a las cartas. Es un lugar en el que te encuentras con amigos y fumas cannabis sin molestar a nadie”, cuenta Vidal, que sigue la línea de trabajo fundada por los pioneros de ARSEC. Y también sufrió el hostigamiento policial.
“Nuestra última inspección fue hace dos años y nos pusieron una multa por no facilitarles el acceso a un cajón. Fueron 3.700 euros. Es mucho dinero para una asociación pequeña. Nosotros abogamos por colaborar con la policía, que vean que hacemos las cosas bien. Hemos tenido inspecciones amables, pero otras en las que decían que no se podía consumir cannabis y no estoy de acuerdo. El Parlamento de Cataluña entiende que hacemos un consumo seguro”, cuenta Vidal.
Luego, el Presidente de Satpath dice que la actual ofensiva del Ayuntamiento se entiende por una mala imagen que dan algunos clubes. “Las inspecciones están destinadas a aquellas que llevan una mala praxis e incitan el turismo cannábico. En la zona del centro hay captadores que buscan turistas para llevar turistas y se llevan un dinero a cambio”, dice Vidal sobre una situación que sucede en el barrio de El Raval. Mate constató que es cierto y que estas asociaciones manejan precios desorbitados. La afiliación cuesta alrededor de treinta euros y cada gramo se comercializa a partir de quince.
Mientras que en los clubes que pertenecen a la CatFAC, hacerse socio suele valer diez euros y cada gramo de cannabis se ofrece entre cinco y siete euros. “Yo defiendo mi modelo que se basa en los que iniciaron las asociaciones, quienes se unían para un cultivo colectivo y se hacían cargo de los gastos para salir del mercado negro. No es que no creamos que los turistas no tengan derecho a acceder al cannabis. Pero no se puede adaptar el cultivo a una persona que viene quince días. Estas asociaciones nos dan una mala imagen a los demás”, sostiene Vidal.
Otro problema que tienen las asociaciones es la producción del cannabis que luego se reparte entre los socios. “Un cultivo que no afecte a terceros no es ilegal. Si tienes plantaciones pequeñas, sin que ningún vecino lo vea o huela, se puede. El asunto está en el transporte: si la persona encargada del traslado es pillada se tiene un problema”, dice Vidal. Por ese motivo, en Sarpath tienen pequeños cultivos en condiciones de interior.
Vidal crea sus propias genéticas para ofrecer a los socios. Esto es un verdadero diferencial entre las asociaciones de Barcelona y que Edu continuará defendiendo, al igual que el club que fundó hace diez años.
