Un club de cultivo es, en pocas palabras, un mecanismo de acceso seguro al cannabis. Viene a cumplimentar uno de los principales fines de la Ley de Cannabis Medicinal N° 27.350, que es eliminar barreras para el acceso oportuno al cannabis por parte de la población. Brinda acceso a la sustancia entonces, de manera legítima y legal. En principio porque se ajustan a las normas y reglamentaciones vigentes del Ministerio de Salud de la Nación, pero no solo por ello, sino porque realizan una función que el Estado no se encuentra capacitado para realizar. Y, en rigor, la mayoría de los clubes son Organizaciones No Gubernamentales (ONG) inscriptas en el registro nacional de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la salud. Es decir, tienen un reconocimiento por parte del Estado.
Además, está específicamente previsto en la reglamentación de la ley 27.350 que, una de las formas de acceso al cannabis, funcione con las ONG habilitadas a tal fin. El término club que tanto debate ha generado, resulta, digamos, “caprichoso”. No tiene, en lo formal, una definición normativa. Es un término de uso coloquial. Así como Boca Juniors de Argentina, Peñarol de Uruguay y Barcelona de España son asociaciones civiles y se llaman clubes.
Cultivo de Las Albinas Club
Principio de legalidad
Pero concentrémonos en lo importante. Lo que ocurre en la realidad. Estas organizaciones de la sociedad civil así como el “cultivador solidario” o la persona que cultiva para tercerxs, que encontraron un marco legal en la creación del Registro del Programa Cannabis (Reprocann), se encuentran amparadas en el principio constitucional de legalidad que sostiene que todo lo que no está prohibido, está permitido. O como dice la segunda parte del afamado art. 19 de nuestra Constitución Nacional: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Es con base en este principio de legalidad que vemos la proliferación de estas asociaciones por todo el país —alrededor de 250 de las cuales tenemos constancia— y han logrado, no solo hacerse visibles sino interactuar en forma positiva con el estado.
Como dice la segunda parte del afamado art. 19 de nuestra Constitución Nacional: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Aunque este principio constitucional es desoído generalmente por los operadores de la justicia, la ley 27.669, en su artículo 3, resulta bastante elocuente: “En tanto, los cultivos autorizados dentro del marco regulatorio habilitado para la investigación médica y científica de uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados previstos en la ley 27.350 y el cannabis psicoactivo y derivados, contemplados en los artículos 1, 8, 12 y 25 de la presente, siempre que cuenten con la debida autorización estatal previa, no se considerarán estupefacientes a los fines de la ley penal”.
Entonces, si el Reprocann autoriza y habilita el autocultivo y el cultivo para tercerxs, ¿dónde estaría el impedimento para que cultivadorxs solidarixs se juntasen en grupos y se asocien bajo alguna forma jurídica, para realizar su tarea alivianando costos, compartiendo conocimientos y ayudando a la terapéutica de las personas? Claro, existe la ley 23.737, y de ella nos ocupamos más adelante en este artículo.
Y, solo para citar casos concretos, pensamos en 4 Almas Club de Cultivo Solidario Medicinal en Red ONG, en la provincia de Chubut que ha firmado un convenio con la Municipalidad de Trelew; o Círculo Rojo Club de Cultivo Solidario Medicinal en Red ONG, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ayuda a deportistas de alto rendimiento; o el cannabis “Kosher” certificado que dispensan algunos clubes.
Sede Don Marcelino y los Cocos Club de Cultivo Solidario Medicinal en Red ONG.
Las asociaciones de cultivadorxs, para no ofender al lector insidioso, pueden ofrecer productos de alta calidad principalmente gracias al cultivo controlado. Existen además cuidados referidos a la seguridad, la higiene y el tratamiento de patógenos. Si la calidad fuese la preocupación general, ¿qué quiere decir esto? Que lxs pacientes abastecidxs por clubes saben qué es lo que están consumiendo. Un pedido reiterado por la comunidad médica de nuestro país y que las ONG han sabido incorporar. Y hablemos claro: tanto la trazabilidad como los análisis de laboratorio son costos de producción para lograr ese fin.
Los clubes de cultivo ofrecen la posibilidad de estudiar y dispensar derivados de cannabis de espectro completo —es decir, productos que combinan distintos cannabinoides, terpenos y flavonoides, a diferencia de los cannabinoides aislados— que, por ahora, no se consigue en farmacias.
Este escenario entonces, el de los clubes, genera un acceso seguro al socix/paciente de la asociación. ¿Cómo? Bueno: ofreciendo otra vía de acceso que no es la farmacéutica. Una vía de acceso que tiene que ver con el cannabis artesanal, que puede elegirse de acuerdo a las distintas patologías y requerimientos de lxs profesionales de la salud. Los clubes de cultivo ofrecen la posibilidad de estudiar y dispensar derivados de cannabis de espectro completo —es decir, productos que combinan distintos cannabinoides, terpenos y flavonoides, a diferencia de los cannabinoides aislados— que, por ahora, no se consigue en farmacias.
¿Cómo se sostiene una asociación de cultivadorxs o club?
Dicho todo esto, vamos a lo escabroso: ¿Hay contraprestación dineraria de los pacientes? ¿Se perfecciona la compra venta del cannabis encubierta? ¿Estamos ante casos de comercialización de estupefacientes?
La respuesta a todas las preguntas precedentes, es claramente negativa. El Reprocann vino a evitar la “tenencia sin autorización”, puesto que se trata de una habilitación estatal para tener, cultivar y entregar cannabis, pero, además, la circunstancia de que sea terapéutico invalida la idea de “destino ilegítimo”, ambas figuras previstas en la ley 23.737. Aunque siguen vigentes los artículos de la ley de drogas que penan la siembra y la tenencia (Art. 5 inc. a y Art. 14), hoy existe un marco legal con la ley 27.350 que autoriza estas conductas. Sin embargo, no deja de ser un escollo para el pleno desarrollo de estas actividades que la criminalización y persecución judicial puedan ocurrir por voluntad de funcionarixs judiciales, aún en este contexto.
Vamos a explicarlo sencillamente: El cannabis no se puede vender. Lo que el paciente hace es colaborar con una cuota social solidaria. Esta cuota o aporte surge del Código Civil y Comercial de la Nación y está pensada para que pueda cumplir su objetivo. La naturaleza jurídica, en rigor, como las expensas comunes en un consorcio de propiedad horizontal, encuentra su fundamento en la solidaridad y en la necesidad de sostener la finalidad principal de la asociación. En este caso particular, hablamos de sostener económicamente la gestión y control de un cultivo de cannabis para repartir su producido entre los miembros de la asociación, de acuerdo a la prescripción médica y la inscripción en el registro. Esta cuota o aporte sirve para afrontar los costos de producción, entre otros menesteres (alquiler, luz, salario de los cultivadores, insumos y una larga lista de etcéteras).
Pensemos un momento: ¿Cómo se accede al cannabis hoy en día? Se hace a través de un mercado paralelo, que incluye precios especulativos, relaciones al menos riesgosas, escasez en períodos estivales y el miedo constante a sufrir la criminalización que implica la Ley Penal.
4 Almas Cannabis Club.
Los clubes de cultivo y el narcotráfico
Lo sabemos: existe un mercado del cannabis y es informal. Entonces, las asociaciones de cultivadores, clubes, ONG, o el nombre que prefieran, devienen en un modelo deseable para eliminar ese mercado ilegal. Y algo que no es menor: ayudan en la lucha contra el narcotráfico. Que resulta necesario para separar el cannabis del “narcotráfico”, para no confundir una actividad legítima y legal con una que involucra, en una buena parte de los casos, un negocio informal ejercido con violencia.
Las asociaciones de cultivadorxs tienen plena conciencia del mal funcionamiento del sistema en general y militan por la legalización de la planta para todos sus usos. No solo saben que existen los presos por cannabis, sino que colaboran desinteresadamente con colectas o con aportes económicos para la realización de las marchas. Sin embargo, y muy a pesar de algunos, se autoperciben “clubes”, aun aceptando la normal relación con el uso lúdico/recreativo que suele traer aparejado el término y están convencidos que, mientras mejor estén organizados, mientras la prolijidad sea la regla, y mientras más colaborativo sea el trabajo entre ellos, tendrán marcos más propicios para pelear por sus derechos. En fin, entienden que la salida es colectiva. Y es que la industria del cannabis no es posible mientras sigan existiendo personas presas por cultivarlo o mientras siga siendo incorporado en la lista de sustancias prohibidas.
Y volvamos al Artículo 19 de la Constitución Nacional. Estamos mencionando a la piedra angular de todas las libertades. La que le impone al Estado una limitación. En cuestiones de moral privada, el Estado no tiene nada que hacer ni decir.
Por lo tanto, frente al uso adulto del cannabis, el Artículo 19 propicia una libertad: el consumo de sustancias psicoactivas queda dentro de la esfera personal. Así las cosas, en ejercicio de su libertad, un individuo puede asociarse con otros para favorecer derechos individuales de manera colectiva.
En suma, los clubes de cultivo o agrupaciones de cultivadorxs democratizan el acceso al cannabis, en tanto eliminan costos que son absorbidos por una mayor cantidad de personas, y por ende, hacen que un bien sea menos costoso. Queda a mano: siendo menos costoso, es más fácil acceder.
Asimismo, buscan reivindicar el trabajo y el conocimiento de un tendal de cultivadorxs perseguidxs y estigmatizadxs durante muchos años. Que quede claro: No hay industria sin trabajadorxs. La sindicalización de los mismos es fundamental para evitar errores que nos muestra la experiencia comparada. Por eso una vez más: la salida es federal y asociativa.
Los clubes de cultivo abogan por la solidaridad y la libertad; por la igualdad de oportunidades y el respeto; por el diálogo y la cooperación; por la regulación integral y responsable del cannabis, así como por el desarrollo de la educación e investigación. Por todo ello es que creemos que los clubes de cultivo, asociaciones de cultivadores u ONGs de la salud, constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo del ecosistema cannábico nacional.
*Socio fundador de Don Marcelino y los Cocos Club de Cultivo Solidario Medicinal en Red ONG
Un comentario
Me parece espectacular que la ley esté amparando el cultivo de los clubes, sobre todo por el uso médico con receta, me alegra que con la nueva regulación en chile, que permite el cultivó con receta médica, este cambio permitirá viajar con cannabis con receta, así como de argentina a España, pronto debiéramos poder recibir de argentina a Chile y viceversa ingreso y salida con cannabis medicinal ❤️