Es cada día más común vivir en una atmósfera de guerra. El odio, la violencia y la estigmatización se incrementan de modo vertiginoso alrededor del planeta hasta que se normalizan por completo. En nuestro caso, atravesamos la guerra contra las drogas hace más de 50 años pagando en el presente un altísimo precio por sus secuelas. La tecnología en los medios de comunicación ha avanzado mucho y las redes sociales replican y potencian las eternas enemistades en la sociedad.
Si podemos admitir que en estas últimas cinco décadas la humanidad ha logrado disminuir el avance de la violencia estatal hacia las poblaciones de usuarios de sustancias ilegalizadas, manifestándose en el viraje en varios países occidentales tendientes a la regulación legal de las sustancias, o a la implementación de dispositivos de reducción de daños. Sin embargo, esta guerra se sigue librando descarnadamente casa por casa y esquina por esquina en los barrios más vulnerables y en los rincones de nuestro país a la vez que el narcotráfico aumenta a ritmo galopante gracias a las estrategias del prohibicionismo clásico y represivo. Así, las sustancias cada vez más adulteradas aumentan su circulación y los grandes mercaderes responsables del negocio salen aún más victoriosos e impunes.
La Argentina se hace eco en gran medida de este fracaso a nivel local y global. Ejemplos son que nuestra Corte Suprema de Justicia ha declarado que el consumo de estupefacientes en la esfera privada no es delito; el Poder Ejecutivo y Legislativo avanzaron en la amplia regulación del cannabis con fines medicinales y en el, por ahora, incipiente desarrollo de su industria. También la sociedad civil propone protocolos de actuación y jornadas de capacitación a las fuerzas de seguridad. La reducción de daños es abrazada en algunos municipios y provincias como estrategia de intervención. Estos ejemplos nos muestran un primigenio cambio de abordaje, develando que las cosas no son iguales que al comienzo del estallido de la guerra.
A pesar de estos logros, sus beneficios no llegan a todos los rincones del país, las redes sociales nos muestran con evidencia una dura y preocupante resistencia por parte de algunos sectores de las fuerzas y uno que otros gobiernos comunales.
Peor aún, desde perfiles de dudosa procedencia y financiamiento, se incrementa el sentimiento de odio y desprecio hacia las personas usuarias de drogas, marrones y/o pobres mediante la ironía y la ridiculización explícita que además alaba la labor policial. Son el remanente de una lógica represiva y estigmatizante que remite a las épocas más crueles e inhumanas de este conflicto histórico.
Para ver una foto más completa, viajamos digitalmente a la Provincia de Corrientes para analizar una misteriosa cuenta de perfil, donde la burla, la humillación y la deshumanización nutren a diario a los aplaudidores del punitivismo más exacerbado.
Discurso de odio detected: El caso de “Policías trabajando”
Vivimos una realidad innegable: sentencias en juicios que revisten interés mediático, el triunfo de un candidato político y hasta golpes de estado son posibles gracias a los discursos reproducidos en redes sociales. Detrás de cada like se construye el consenso sobre los temas de la actualidad, y en ocasiones no somos enteramente conscientes de lo que cristalizamos al compartir un determinado discurso.
Lucas, no es ni más ni menos que la representación de cientos y miles de muchachos marrones, pobres y usuarios de drogas. La combinación no podría ser peor para los ojos de la autoridad policial. Con 30 mil seguidores “Policías trabajando” es una cuenta de Instagram que publica noticias (o lo que podríamos llamar acontecimientos random) desde una perspectiva punitivista y clasista. Se presentan como un “Sitio web de noticias” y se trata de un perfil que se sustenta en la pata punitiva más alevosa de la policía.
Administradores y policías formando una extraña sociedad fructífera para ambas partes: una se nutre de la información que –mediante la redacción ridiculizante– legitima el accionar de la otra.
Su accionar agresivo hacia la ciudadanía más empobrecida deja mucho que desear respecto de lo que debería ser la labor policial establecida por las leyes. Resulta importante decir que la cuenta no pertenece oficialmente a la Policía de la Provincia de Corrientes. Sin embargo, nos preguntamos: ¿Cómo se accede a esa información si no es desde adentro? La respuesta es bastante sencilla, y es obvio que detrás de todo esto se encuentran sus administradores y la policía formando una extraña sociedad fructífera para ambas partes: una se nutre de la información que –mediante la redacción ridiculizante– legitima el accionar de la otra.
Abordajes mediáticos de estas características ponen de manifiesto la vulneración, sobre todo, del derecho humano a la dignidad. La dignidad, en los términos que lo plantea la Declaración Universal de Derechos Humanos, refiere al respeto de las personas (en todos sus aspectos) por parte de los Estados. En su artículo 1ero, sostiene que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Esta norma internacional redactada en 1948 no tenía en miras otra cosa que evitar nuevos genocidios- por raza, color, edad, género, religión o condición- como los vividos por la humanidad pocos años antes. Las ridiculizaciones del perfil, operarían en este caso, según lo dispuesto por dicha declaración, como una forma de vulneración a los mismos, a través de conductas humillantes.
En este caso, la policía detuvo a quien identificaron como Lucas. El texto, sin embargo, no muestra mayores motivos que justifiquen su detención y mucho menos la exposición del caso. En definitiva, los medios de comunicación, incluso los no hegemónicos, se reducen a la posibilidad de obtener clicks y potenciar la morbosidad social.
Imaginarse a un Lucas “drogado y borracho” apunta a la construcción, por un lado, del uso de drogas como algo negativo, con alta carga peyorativa y por otro, a la posibilidad de que esa persona se convierta en una amenaza para otras. Caso contrario, ¿por qué detenerlo?
Los edictos policiales habilitan la posibilidad de detener a una persona por motivos no asociados al delito necesariamente, sino por el sólo de hecho de merodear, o encontrarse en ebriedad en la vía pública, por lo cual el hecho de hacer uso de drogas y sustancias en la vía pública podrían ser potenciales disparadores de una detención.
La humillación de la persona detenida opera, a su vez, como estrategia de desentendimiento social. La otredad se construye desde el no reconocimiento con el otro. En este caso, la no identificación con el muchacho detenido potencia la falta de involucramiento comunitario y por ende la justificación de malos tratos a aquellos que al final del día podrían calificar como “no personas” para el común de la sociedad. ¿Consecuencia? La deshumanización.
Estas estrategias aportan a la construcción del enemigo desde la perspectiva que niega para con él cualquier forma de empatía.
“Cuando llegó la policía todos corrieron menos Lucas, que estaba más doblado que grulla de origami, y encima le pintó el renegado”. ¿Quién acepta sin más una detención cuando no existe delito aparente? “Rompió una botella y se le paró de mano a los policías, que por supuesto apelaron al palito exorcizador”. La cachiporra, mal llamada “palito exorcizador”, es una herramienta (arma) de control y reducción utilizada por policías. Su uso es agresivo por consistir en golpear a la persona hasta su neutralización (siempre que se detenga en esa instancia, caso contrario podría exceder ese objetivo y constituirse cómo una forma de maltrato o tortura). El eufemismo para referirse a un arma no le quita gravedad al asunto.
Los posteos compiten entre sí para mostrarse cada vez más burlescos y humillantes. Sin tapujos insultan de modo grotesco a personas que son requisadas por los “Muchachos del GRIM” (nombre que se refiere a las patrullas motorizadas). Mezclando un humor de pésimo gusto con una suerte de poesía improvisada: “Tony andaba duro como corazón de padrastro”, mientras relatan cómo terminó encarcelado un joven que poseía cocaína en su bolsillo, todo en clara violación y desprecio a las normas constitucionales en materia de requisas policiales y lo contemplado en nuestra ley de salud mental.
En definitiva, por voluntad o simple consecuencia, se ridiculiza a la persona detenida y se empodera al agente policial, aún actuando fuera de la ley. La lógica eterna de los vencedores y los vencidos. El héroe y el villano. El punitivismo tiene características paralíticas: tanto uno como el otro son condenados a pertenecer a un lado del mundo. La bondad o la maldad. A su vez, ambas carecen de objetividad (como todo, seguramente) y se afianzan en ideas comunes con raíz en el racismo, el machismo y el clasismo.
Ser la mala víctima podría justificar la consumación, incluso, de un asesinato. Un linchamiento que termine en la muerte, una atropellada post robo que termina en la muerte, un disparo por la espalda que termina… en la muerte. Todas esas situaciones hipotéticas tienen una cuota de verdad y de factor común: el color de piel y la realidad socioeconómica de la víctima fatal.
El racismo estructural queda a la vista rápidamente. Los agentes policiales se guían no solo por la concreción de un delito determinado solamente, sino por la persecución sistemática de las personas marrones y pobres.
El caso de este perfil lo deja evidenciado. Si bien, tal como lo aclaramos anteriormente, no se trata de una cuenta oficial, cumple objetivos específicos: construir a un enemigo lo suficientemente fuerte para justificar su detención —muchas veces explícitamente ilegal y discriminatoria— y posterior maltrato, algo bastante frecuente.
El perfil comentado no abunda mucho más que en la exhibición de fotografías de personas detenidas con una pequeña leyenda escrita en forma de prosa literaria, plagada de errores ortográficos e insultos como “ratas”, “alimañas”. Como condimento, de tanto en tanto se elogian las palizas ocasionadas en los arrestos o posteriores al mismo, o bien las provenientes de duros linchamientos vecinales, una suerte de meme violento que sale en una furiosa cacería de los likes de sus seguidores.
Desde luego que el perfil no se alimenta exclusivamente de las personas usuarias de sustancias, sino que es una verdadera vidriera de humillaciones a ladrones de bicicletas y garrafas que son deshumanizados por completo con la prosa irónica del administrador. Pero aquí debemos prestar una especial atención: en el propio relato de las noticias surge de manera clara que las detenciones operan de modo arbitrario y selectivo. Esta práctica policial nos llevó a ser condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2020 en el antecedente “Fernández Prieto y Tumbeiro”, es decir, arrestan en masa a ciudadanos mediante prácticas policiales que deben terminar en nuestro país. 
Salud mental y Derechos Humanos
La página en cuestión visibiliza una de las problemáticas sociales más sensibles en el campo de la salud y las políticas de drogas: el consumo de sustancias en la vía pública de los grupos más vulnerables y la respuesta estatal.
El tema es tan delicado e involucra tan de cerca los derechos humanos más básicos que en noviembre del año pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación junto con la SEDRONAR elaboraron un protocolo de actuación titulado: “Pautas de intervención para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en situaciones que involucran a personas con crisis de salud mental y/o con consumos problemáticos en el espacio público”.
Este protocolo dirigido a las Fuerzas de Seguridad Federales, es una herramienta muy útil para abordar de manera eficiente los casos que son materia de burla en “Policías trabajando” y en los que se vulneran los derechos humanos básicos garantizados en la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.667. Entre sus pautas, se establece el modo de abordar una situación de consumo problemático o crisis mental indicando las medidas para evitar que se agudice el problema; estableciendo la derivación a los centros de salud como primera medida, indicando expresamente que “Las personas con crisis de salud mental tienen derecho a la dignidad y al pleno respeto de su integridad física y emocional.”
Leyendo el posteo de arriba resulta fácil inferir que la solución a esta situación provino de una golpiza al ciudadano alcoholizado, seguida de las celdas de la Comisaría. Algo muy distinto al protocolo de Sedronar que busca humanizar y racionalizar a la fuerza policial, intentando que la resolución de casos de crisis por intoxicación no sea equivalente a propinar una golpiza al ciudadano intoxicado.
Policías trabajando en la deshumanización del Otro
Atribuirle la calidad de “medio de comunicación” al perfil analizado es una falta de respeto hacia el periodismo serio, incluso hacia aquellos que, anoticiando episodios policiales, evitan caer en la ridiculización y el agravio explícito hacia las personas detenidas. Pero, en definitiva no deja de ser un “medio” que “comunica” tristes realidades, y nos demuestra que existen verdaderos “nichos digitales” que ofrecen un lugar cómodo para emitir discursos de odio saltándose toda ética profesional y esquivando eventuales responsabilidades por su accionar tendencioso gracias al anonimato.
También nos muestra la falta de control de las empresas globales de redes sociales sobre el contenido discriminatorio, generador de odio y racista de sus usuarios, a diferencia de la férrea restricción que presenta a cualquier contenido sobre drogas, aún cuando sus fines son la educación o el periodismo. Esto nos hace pensar que en un futuro próximo y por la propia dinámica de la sociedad que consume cada vez más episodios violentos con el menor tiempo posible, traiga aparejado replicadores de este estilo. La exacerbación de las políticas punitivistas y el desentendimiento social hacia la pobreza, la marginación y los consumos problemáticos solo garantizan mayor violencia del Estado o de la sociedad linchadora, quien llegue primero.
La guerra contra las drogas es, desde los 80, tal vez la pieza clave en los países que establecieron paulatinamente la militarización de la institución policial. En el afán de mostrar a la vecinocracia correntina una mayor “eficacia” contra el crimen, este perfil ignoto, pero cada vez más poblado y peligroso, nos conduce a pensar que en Argentina conviven realidades muy distintas según la ubicación geográfica. Por ello resulta necesario insistir con el diálogo entre las instituciones civiles y los gobiernos locales para profundizar las capacitaciones a las fuerzas de seguridad con la mayor urgencia posible.
