Vas al supermercado y en la góndola está lleno de opciones de yerba mate. Con y sin palo. Con hierbas digestivas o serranas. De tipo barbacuá, tradicionales o suaves.
Ves un paquete de la marca que compras siempre y su empaque te recuerda una noticia:
Comprobas que la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) no prohibió la marca que elegís siempre, así que agarras el paquete con confianza. Mientras haces la fila del supermercado entras al grupo de Telegram a ver quién puede tener marihuana cerca tuyo.
Ves un mensaje que dice: “Tengo gramo premium a $5.500. Hago envíos y acepto transferencia. Zona centro”.
Estás en el centro y elegís creer que lo de “premium” tiene algún nivel de verdad. Le escribís un mensaje por privado, no podés ver su número de teléfono y no tiene foto de perfil.
“Esperame en la esquina de Corrientes frente a la escuela Normal”, te dice. Cuando llega, 20 minutos tarde, la transacción es rápida.
Volvés a tu casa, abrís el envoltorio hecho de un pedazo de nylon y ves la calidad. “Esto no es premium”, identificas rápido. Las flores tienen unos puntos amarronados. Tu amigo cultivador te confirma que las flores tienen hongos.
Revisemos el recorrido. Estamos describiendo la experiencia de compra de dos drogas psicoactivas. Una regulada de forma legal, la otra ilegalizada. En el mercado ilegal aparecen riesgos asociados a la salud y a la seguridad adicionales a los que la sustancia en sí conlleva.
Qué es la regulación legal
La regulación legal implica un control sobre toda la cadena de producción, distribución y comercialización, incluyendo el uso. Los controles pueden ser de precios, fiscales, publicitarios, de calidad, de consumo en zonas habilitadas o de restricciones a menores de edad.
Se trata de la reaparición del estado para controlar una actividad comercial que anteriormente dejó vacante para el desarrollo de lucrativos negocios clandestinos. Estos controles sólo son posibles en un mercado legalizado. Pero si hablamos de legalización, hagamos algunas distinciones.
“La legalización, entendida como una medida sin control y con promoción comercial, deriva en el aumento del consumo, esto se notó mucho con el tabaco”, dice Emilio Ruchansky, periodista especializado en políticas de drogas, siguiendo el gráfico que diseñó John Marks.
“La legalización genera miedos que son razonables”, dice Ruchansky, que también integra la coordinación del Acuerdo por la Regulación Legal. “La preocupación reside en los modelos de supermercado, donde los controles son mínimos, hay publicidad de las sustancias y eso puede derivar en un aumento del consumo”, completa.
Se habla de regulación legal, porque en la práctica, en el mercado de drogas ilegalizadas “son las fuerzas policiales federales, a través del Poder Judicial, las que regulan la actividad del narcotráfico eligiendo, quién vende y quién no vende”, aclara el periodista.
Zara Snapp es una politóloga mexicana que dirige el Instituto RIA. Consultada para este artículo plantea que “La legalización es el proceso de pasar algo que fue ilegal a la legalidad, pero no es la política pública con reglas claras que necesitamos”.
Haciendo foco en la dimensión económica y de reparación histórica, Zara apunta: “Yo busco una regulación legal en México porque tenemos comunidades cultivadoras que tienen que poder comercializar sus productos”.
La regulación también implica tener conocimiento sobre los productos. Tener información del porcentaje de THC o CBD del cannabis. Conocer el grado de pureza del clorhidrato de cocaína. O saber si la yerba mate viene con hierbas serranas.
Por su parte, Ruchansky opina que uno de los beneficios de la regulación es poder hablar abiertamente de drogas y hacer campañas más realistas. “La prohibición siempre cerró todo tipo de acceso a la información. Regular es tener información: monitorear los consumos, las tendencias y también dar consejos desde un lugar no paternalista, dejando atrás la idea del “No te drogues”, señala.
Impacto en la salud, seguridad y derechos humanos
Si hablamos de los efectos de la regulación en la reducción de la violencia y nos enfocamos en la seguridad, Zara propone pensar el ejemplo de la cocaína. Lo primero sería “regular la producción de coca que hacen comunidades cultivadoras, que podrían venderla al laboratorio de una universidad pública que la transforme en cocaína, para luego exportarse a otros países”, desarrolla Snapp.
En este modelo la regulación “quitaría el problema de seguridad y violencia que actualmente hay en los países de tránsito”, dice la activista por la reforma de la política de drogas.
En cuanto al impacto de la regulación legal sobre la salud, Zara nos invita a pensar en las personas que usan drogas. Hoy el acceso a sustancias adulteradas o suplantadas es facilitado por la prohibición, pero con políticas de regulación, se controla la calidad y circula “mejor conocimiento sobre la potencia y mayor información de la dosificación”.
En cuanto a los derechos humanos, la autora del libro Diccionario de drogas señala que con regulación legal no tendríamos excusas para sostener “la justificación de violaciones a los derechos de personas usuarias y evitamos repetir todo lo que hizo la prohibición”. Lleva tiempo, aclara, pero llevamos años con la prohibición y “vemos que no funciona”.
En el plano social, México tiene a la coalición Regulación por la paz, que luego de muchos años de propuestas al Senado, lograron elaborar conocimiento colectivo sobre una regulación con criterios de justicia social.
Instituto RIA es parte de la coalición y Zara nos cuenta los cuatro aspectos de mayor importancia para pensar la regulación hoy:
- Reconocer la opresión y privilegio que ha sufrido cada país con la prohibición.
- “Y ese reconocimiento, pues también tiene que pensar cómo ha sido esa opresión hacia grupos históricamente vulnerados”. Hay que identificar cuáles son estos grupos.
- Acciones afirmativas que nivelen el balance de justicia y de poder, lo que implica redistribuir los recursos en las cadenas de producción.
- La regulación como una forma de reparar el daño. Esto puede ser la inclusión de personas cultivadoras en el mercado legal, acceso a capital o infraestructura para comunidades cultivadores. Excarcelación y reintegración de personas privadas de la libertad por delitos de drogas. Uso de los impuestos de estos mercados para la reparación del daño incluyendo, en México, por ejemplo a las brigadas de madres buscadoras.
Regulaciones diferenciadas por sustancias
Cuando le preguntamos a Zara Snapp en qué consiste una regulación legal, lo primero que señala es la dificultad de la generalización en este campo. En su visión la regulación legal y su impacto “depende mucho de la sustancia. En cada país, las sustancias tienen un impacto diferenciado, entonces se tendría que regular de forma distinta”.
La directora del Instituto RIA advierte que “las sustancias más complejas son las que más requieren regulación legal. No nos podemos quedar en la cannabis como si, entre comillas, fuera la más fácil de regular”.
Puntualizando en la regulación del cannabis, Snapp no cree que sea necesario “crear un monopolio de Estado, tenemos que impulsar pequeñas y medianas empresas nacionales que tengan apoyo del Estado y favorezcan las conexiones entre comunidades cultivadoras y empresas”.
“Yo quiero comprar de una cooperativa de mujeres cultivadoras de Guerrero, lo imagino perfecto, porque es lo que vemos en el mercado del mezcal aquí en México”, marca Zara.
Así también lo entienden organizaciones como la corporación Acción Técnica Social de Colombia, que trabajó en el “Estudio prospectivo para la construcción de políticas públicas anticipatorias sobre la regulación del mercado recreativo de la cocaína en el año 2034”
“el verdadero problema de drogas para el continente es el mercado ilegal de la cocaína para el uso recreativo, que ha sido el combustible de la economía de guerra de los últimos 50 años”.
En la investigación señalan que “el verdadero problema de drogas para el continente es el mercado ilegal de la cocaína para el uso recreativo, que ha sido el combustible de la economía de guerra de los últimos 50 años”.
En el norte global, la fundación Transform Drugs de Reino Unido desarrolló guías de regulación para estimulantes, cannabis y psicodélicos.
En cuanto al cannabis, proponen “desarrollar e implementar una estrategia eficaz de regulación, para construir un mundo en el cual la legislación de las drogas promueva la salud, proteja a los más vulnerables y priorice la seguridad”.
Cuando se centran en las políticas para la regulación legal de los psicodélicos clásicos (LSD, DMT, cactus con mescalina y hongos con psilocibina) apuntan a un modelo de 4 niveles:
- Uso privado, autocultivo y regalos o donaciones sin fin de lucro.
- Asociaciones sin fines de lucro basadas en membresías.
- Modelos de licencias flexibles para producción y venta minorista.
- Regulación del uso comercial guiado o supervisado.
En cuanto a los estimulantes, donde reúnen MDMA, anfetaminas y cocaína, la guía de regulación separa las aguas y propone distintas medidas para cada sustancia.
Centrados en el MDMA señalan que la baja escala de producción de esta sustancia implica que “los problemas de desarrollo son menos graves”. La escala comparativamente pequeña respecto a la cocaína o las anfetaminas dicta que bastaría con pocos actores con licencia para satisfacer la demanda del mercado. Aunque aclaran que debe evitarse la concentración de la producción en pocas manos o, en sus palabras: “la captura corporativa excesiva y asegurar una distribución equitativa de las licencias”.
En la regulación legal de las anfetaminas la cosa se pone más compleja debido a los diferentes mercados y formas de anfetamina que se demandan alrededor del mundo, presentando un desafío único para las políticas regulacionistas.
Las cuestiones más importantes para la regulación estarán en relación con las anfetaminas producida para el consumo en otras partes del mundo, señala la guía. Y también apunta a una regulación de la producción por fuera de los países consumidores que “no elimine el salvavidas económico para quienes dependen de la producción de anfetaminas en los mercados ilegales existentes”.
Finalmente, respecto de la cocaína, la guía de regulación legal de Transform propone un esquema diferente al del MDMA y las anfetaminas que se producen con síntesis química. La cocaína todavía se produce exclusivamente a partir de la hoja de coca, porque aunque la síntesis química es posible, aún no es económicamente viable.
“Los pequeños agricultores no podrán competir de manera realista con las empresas agrícolas de gran escala”, advierte Transform y también propone ”algunas formas de proteccionismo” para estas economías campesinas, que presentan una oportunidad para aplicar ideas de comercio justo bien establecidas.
Ejemplos de regulación y transición al mercado legal
Hay un ejemplo acá nomás, al ladito de Argentina: ¡Uruguay nomá!
Para conocer el modelo pionero en Latinoamérica de regulación legal del cannabis que ya cumplió 10 años, contactamos a Diego Olivera, Magíster en Políticas Públicas, integrante del Frente Amplio (la coalición de izquierda que impulsó la regulación) y ex-secretario nacional de la Junta Nacional de Drogas en Uruguay entre 2016 y 2020.
Para empezar, en Uruguay estamos frente a una regulación del cannabis de alcance nacional y que contempla usos médicos, de investigación científica, fines industriales y uso adulto, mal llamado recreativo. Todo esto se establece en la ley N° 19.172, aprobada en diciembre del 2013.
En el uso adulto, el cannabis psicoactivo tiene un modelo centrado en el control estatal, con tres vías de acceso “altamente reguladas por el estado”, señala Olivera. Las vías son el cultivo doméstico, los de clubes de membresía y la venta al público a través de la red de farmacias comunitarias, excluyendo otros establecimientos comerciales.
Es un modelo centrado en minimizar daños, ya que, como señala Diego “está mucho más basado en criterios de salud pública y no tanto en criterios de libre mercado”.
En cuanto a los resultados a 10 años de la regulación legal, hay varios puntos positivos que inclinan a la población uruguaya a una aceptación mayoritaria. “Aquellos miedos que razonablemente existían respecto al aumento de adicciones o del consumo en menores de edad no se comprobaron”, dice el ex-funcionario de drogas de Uruguay.
El estado uruguayo monitorea el precio del cannabis, igualándolo al del prensado que viene de Paraguay. “Eso hizo que la captura del mercado sea más efectiva”, dice Ruchansky. Diego Olivera reconoce el vaso medio vacío y señala que aproximadamente la mitad de las personas usuarias “tiene como principal fuente de abastecimiento el mercado ilegal, ya sea de marihuana prensada ingresada ilegalmente al país o del denominado mercado gris de flores”.
Pero el periodista argentino especializado en política de drogas suma un dato más para contextualizar este vaso medio vacío. “Más del 80% del mercado de Uruguay hoy son flores, no todas son del mercado legal, sino del mercado gris, es decir: autocultivadores que venden lo que les sobra… pero en todo caso, no se trata de un mercado cartelizado”, apunta Ruchansky. Esto es un avance en términos de la calidad del producto que consumen en Uruguay.
Cerrando su balance, Olivera entiende que “una regulación del cannabis excesivamente estricta puede dejar a una parte importante del mercado por fuera”. Y esto se debe a múltiples factores: “son personas que no desean registrarse, son personas que no tienen un punto de venta cerca de su casa o bien que no encuentran los productos que acostumbran consumir en el mercado legal, todo eso se está revisando”.
Un aprendizaje que el ex funcionario de drogas uruguayo extrae es que “la regulación uruguaya quizás sea una buena regulación para sustancias con mayores niveles de riesgo, como la cocaína o los opiáceos”.
