Martín García Ongaro es un abogado especializado en política de drogas e integrante del área homónima en la Asociación Pensamiento Penal. Además es Magíster en Ciencias Jurídicas, profesor de la cátedra de Derecho 1 de la Universidad Nacional de la Pampa, representante de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas en la cátedra de cannabis medicinal y defensor oficial del fuero penal.
En agosto conocimos que Colombia iniciaba un proceso de debate legislativo por la regulación de la hoja de coca y sus derivados a través de un proyecto para regular el mercado local de la hoja de coca y de sus derivados psicoactivos (cocaína) y no psicoactivos (bebidas, alimentos, cosméticos, etc).
Martín está involucrado en la militancia cannábica y promueve un abordaje que abandone el enfoque beligerante sobre el fenómeno de las drogas. En esta entrevista, buceamos en los detalles del proyecto que abordó en un informe que publicó en la Revista Pensamiento Penal y la situación actual de la política de drogas a nivel nacional.
“La provisión será de productos (de coca) de primera calidad, en contraste con los productos que proliferan en condiciones de ilegalidad, permitiendo reducir riesgos y daños”.
¿Cómo caracterizas el panorama actual de las políticas de drogas en Argentina?
Pienso que, por fortuna, existe un contexto legal expansivo y en plena definición en términos de regulación de las drogas, especialmente expresado en la agenda política y económica, dado que su interpelación está formulada desde muchos ámbitos enfatizando el saldo histórico del abordaje punitivista de las políticas de drogas. Podría pensarse que el potencial terapéutico de las drogas prohibidas, por ejemplo el cannabis, pone en crisis la lógica beligerante de abordaje normativo de las sustancias, dado que el principal anclaje ético de la prohibición es precisamente la salud pública. Por otro lado, y en relación con la marihuana específicamente, ha habido un proceso de modificación del estatus legal, que por tradición jurídico-penal se ubicó entre las sustancias restringidas a partir de la década del ‘70 y existe un recupero de legalidad propio de comienzos de siglo XX, fuertemente vinculado al uso clínico y a la farmacopea. Se trata de un fenómeno creciente en todo el mundo y puede esperarse que la regulación del cannabis prolifere y posibilite la paulatina descriminalización de cultivadoras y cultivadores, a quienes el sistema de salud le debe buena parte de la producción de evidencia en condiciones de clandestinidad. Resulta esperable que el repliegue de la persecución penal habilite otros avances que posibiliten la producción científica y que se confirme la irracionalidad de prohibir por razones de salud pública una sustancia con potencial terapéutico. A partir del 2017, con el dictado de la ley 27.350 de cannabis medicinal y su reglamentación parcial, ese proceso quedó estancado, aunque se ha conocido públicamente que serán dictadas normas reglamentarias en una estrategia que abarque separadamente la dimensión de uso medicinal por un lado y el uso adulto por otro.
¿Cómo analizas los cambios normativos con respecto al cannabis en nuestro país? ¿Vamos hacia un esquema regulatorio que inicia como en EE.UU. donde los estados, en nuestro caso provincias, regulan el cannabis?
Es interesante ese paralelismo, aunque es necesario aclarar que esa diversidad legislativa que se observa en Estados Unidos es propia de un esquema institucional confederado, que es difícil trasladarlo a nuestra realidad, donde los estándares de autonomía de los estados locales tiene otras complicaciones normativas. Algo muy similar ocurrió durante la etapa prohibicionista de la ley seca en los años ‘20, donde existían estados que por su cercanía a territorios libres de prohibición, por ejemplo Nueva York con el Estado de Canadá, repudiaba las normativas asociadas a la ley seca porque constituía un componente de enorme valor comercial y en otros casos por su relación con actividades de tipo industrial, que tuvieron que ser reconvertidas, como fue el caso de aquellas instalaciones de fabricación de bebidas alcohólicas que comenzaron a producir derivados para la industria cosmética, farmacéutica, etc. Sin embargo existe un fenómeno que comparativamente es posible asemejar y está relacionado a que las prohibiciones son necesariamente culturales.
En nuestro país se advierte que cada provincia, por su particular realidad y sus singularidades, tuvo que avanzar según sus necesidades y eso se debió a la ausencia de una política sanitaria nacional que contuviera un reclamo masivo de acceso al cannabis. En ese marco, es que desde lo personal observo el fenómeno de las ordenanzas municipales como un emergente espontáneo de respuesta, que corresponde analizar con mucho más detalle, porque no todas las ordenanzas regulan lo mismo: algunas delegan en el intendente la posibilidad de cultivos públicos, otras crean un registro de usuarios y usuarias, etc.
“En el país cafetero se hicieron erradicaciones con glifosato entre los años 2005 y 2015, 10 años. Esos 10 años, las políticas de erradicación le costaron al Estado 88 billones de pesos colombianos”
¿Cuáles son las consecuencias de “la guerra contra las drogas” en Colombia?
En Colombia la guerra contra las drogas tiene consecuencias muy singulares, dado que ha sido este país el escenario y campo de batalla de una guerra que se ha dado con una participación financiera y política enorme de los Estados Unidos. Esa guerra no solamente deja un saldo de muertos y de destrucción institucional y social, sino que ha dejado pérdidas fiscales significativas. Por ejemplo, debido al alto costo de los programas de erradicación, en parte financiados por los Estados Unidos, pero mayoritariamente con recursos colombianos. En el país cafetero se hicieron erradicaciones con glifosato entre los años 2005 y 2015, 10 años. Esos 10 años, las políticas de erradicación le costaron al Estado 88 billones de pesos colombianos. Sin embargo en esos 10 años, los cultivos no disminuyeron sino que aumentaron. Además el costo por las erradicaciones es equivalente al presupuesto del Ministerio de Agricultura por 55 años. Es decir, ese dinero que se invirtió en erradicaciones con glifosato, puesto al lado de lo que se invierte en el desarrollo del campo, su infraestructura y la producción de bienes agrícolas, es de 1 a 55. Comparado con la compra de la cosecha completa de la hoja de coca a los precios del mercado (tal como propone el proyecto de ley presentado al Congreso) le costaría al Estado Colombiano 2.6 billones de pesos, mientras que la campaña de erradicación de cultivos enmarcada en la guerra contra las drogas estará costando 4 billones de pesos.
¿Cómo se está planteando el debate de regulación de la coca en Colombia?
Este proyecto de ley, tiene su matriz en un proceso histórico de más de 40 años: el narcotráfico en Colombia, que tuvo serias consecuencias a nivel social, económico, político y cultural. Hay un actor principal del proyecto, el senador Ivan Marulanda Gomez del partido Nuevo Liberalismo, que tuvo sus inicios en el escenario político colombiano a finales de los años ‘70, con dos referentes centrales: Luis Carlos Galan y Rodrigo Lara, ambos asesinados como consecuencia de estas tensiones con el tráfico ilícito. Eso implicó un enfrentamiento contra el narcotráfico con un resultado trágico de asesinatos, exilio, atentados, etc. Ese espacio político es el que ha tomado a su cargo liderar este nuevo enfoque, reductor de violencia, integrador de las comunidades indígenas, promotor de los derechos humanos y un abordaje de las políticas de drogas que abandone el paradigma beligerante. La idea es muy sencilla: con un objetivo similar al de Uruguay, el propósito es disputar la materia prima a las organizaciones criminales, para asumir el control del mercado. Para esto el Estado debe asumir la producción y regulación de la producción y el consumo de la hoja de coca y sus derivados.
Actualmente Colombia está exportando el 90% de la cocaína que se consume en el mundo, lo cual representa una gran industria, tan poderosa como criminal, que implica en la realidad colombiana el dominio de hecho de la organizaciones de tipo militar-político de zonas extensas del país (el pacifico colombiano, la amazonia colombiana, la orinoquia, el catatumbo, bajo cauca, el huraban, el nudo de paramillo, los montes de Maria), lo cual implica la afectación de unas masas territoriales gigantescas donde el Estado no ejerce soberanía. Se trata de organizaciones criminales armadas que son las que dictan la ley que se cumple en esos territorios, que por supuesto se caracterizan por la violencia, el fortalecimiento de las diferencias de clase, de género, y un universo victimológico que es necesario que termine. Debe recalcarse que este proyecto comenzó hace aproximadamente dos años, con un proceso de construcción política muy silencioso, porque en Colombia es muy difícil sacar a la luz pública un plan de estas características, por los intereses económicos en juego, pero principalmente porque contraria un paradigma de guerra contra las drogas, de fuerte tradición histórica, política, militar, etc. En diciembre de 2019, a partir de un borrador preparado por el equipo de trabajo del Senador Marulanda, el proyecto creció en consenso y fue involucrado un sector social muy importante en Colombia referido a este tema que son las comunidades indígenas, que han sido las que conservan el cultivo de la hoja de coca a lo largo de siglos y que tienen toda una cultura y una ritualidad y unos valores alrededor de esta planta y su cultivo. Y por otra parte, este colectivo ha sido la principal víctima del despojo, la criminalización, la desatención del estado, y todo ello propiciado por las políticas estatales (principalmente auspiciadas por los Estados Unidos), de lucha y guerra contra el narcotráfico. En ese contexto se incorporan al proyecto las comunidades indígenas con una fuerte representación política en el senado, liderada por el senador Feliciano Valencia, que es el senador indígena que representa de la manera más profunda a las comunidades. Ello fue puesto a consideración de las autoridades indígenas, que finalmente consensuaron un texto que se está discutiendo en el seno del congreso, con el aval de más de 22 congresistas.
“Se pretende que la hoja de coca que producen los campesinos, la van a seguir produciendo bajo la protección del Estado y el Estado se las va a comprar a los precios del mercado”.
¿En qué sentido, la producción de cocaína en manos del Estado, podría ser una política pública de salud y seguridad pública al mismo tiempo que un tema de derechos humanos?
Un dato saliente, que parece importante, es que Colombia tiene mucha experiencia en materia de monopolios. Colombia tuvo el monopolio de la sal durante siglos, también el del alcohol y tiene el monopolio de las armas, que produce y vende. Son monopolios que le dan una experiencia y hay experiencias colaterales parecidas que pueden tener ciertas similitudes interesantes, como por ejemplo el mercadeo del café, que se hizo durante mucho tiempo, en los tiempos de los pactos internacionales del café a través de una organización única que tenía el monopolio de ese comercio y que estaba vinculada estratégicamente al Estado. Las estimaciones sobre las cuales el proyecto planifica su abordaje, cuantifica en 200 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca, (donde habitan cerca de 170 mil familias) que se tiene en miras arrebatar a las organizaciones criminales y que se incorporarían a la institucionalidad del Estado. Se pretende que esa materia prima que ellos hoy producen, la van a seguir produciendo bajo la protección del Estado y el Estado se las va a comprar a los precios del mercado. Esto no implica que va a desaparecer la violencia, ni que van a desaparecer esas fuerzas criminales, lo que pasa es que el encuadre estratégico sobre el territorio, ya va a ser distinto. Con la aprobación del proyecto, serían territorios que producen hoja de coca legamente, o sea campesinos que cultivan hoja de coca en esos territorios legalmente, es una hoja de coca que tiene un comprador que va a pagar los precios justos en una transacción comercial legal y quedarán aisladas las organizaciones criminales.
Por otra parte, se intenta abordar la problemática del consumo adulto de cocaína, que se estima que ronda los 260 mil usuarios de acuerdo a los propios censos del gobierno, que se prevé que puedan comprar la cocaína en condiciones de legalidad. También se estima que el universo de personas con consumos problemáticos, es la mínima parte de los consumidores, se calcula que es menos del 10% de los usuarios, pero igual se les va a asegurar una atención sanitaria, sin contar que la provisión será de productos de primera calidad, en contraste con los productos que proliferan en condiciones de ilegalidad, permitiendo reducir riesgos y daños.
¿Qué puntos del proyecto de regulación de los derivados de la coca en Colombia te parecen los más sobresalientes en materia de derechos, salud o seguridad?
Son varios y muchos de ellos tienen puntos de contacto con las iniciativas regulatorias de otras drogas ilícitas. Una primera aproximación de fundamentos está ligada a la necesidad de avanzar en la investigación científica, que registra antecedentes de uso farmacológico a comienzos del siglo XX, pero que actualmente no puede desarrollarse cabalmente porque no se consigue cocaína legal que pueda servir de materia prima para la investigación científica. En ese sentido el proyecto planifica el aprovisionamiento a los centros de investigación científica no solamente de Colombia sino del mundo que necesiten ese material para poder investigar sus ventajas en el uso terapéutico y sus condiciones para el uso medicinal. Esa investigación, se va a ver favorecida por el hecho de que habría una oferta de cocaína de primera calidad producida legalmente por un Estado. La cocaína producida por el Estado asegurará la calidad y principalmente que no haya rastro de sangre.
La cocaína legal, de primera calidad, en manos del Estado, podría servir para implementar políticas de salud en países que quieran cambiar su política de guerra contra las drogas para, en vez de perseguir a los consumidores de droga, asegurar una política de salud pública y de derechos humanos, garantizando el suministro seguro de la sustancia. Y al mismo tiempo se arrebata ese mercado a organizaciones criminales y a las redes del narcotráfico en las ciudades. Y esa realidad debe ser cotejada con el hecho de que numerosos países no pueden implementar una política de salud pública con la cocaína por una razón muy sencilla: un país, cualquiera, no puede celebrar contrataciones con organizaciones que comercializan drogas prohibidas. Este enfoque apunta no solamente en el ámbito de la salud pública, sino bajo el marco de los derechos humanos, porque son muchos los factores de respeto a los derechos humanos que cubre una política como la del proyecto. También apunta a los derechos: a la salud y también al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida y a la vida digna, a la libertad, a la democracia y principalmente el derecho a la información.
Además debe ponerse en valor el enorme significado geopolítico que implica para Colombia un cambio de estas características, dado que el orden jurídico del país se encuentra implicado con un acuerdo de paz, firmado en 2016, entre el Estado y las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), para terminar con una guerra de 53 años. Se hizo un acuerdo de paz con un capítulo dedicado especialmente al tema de la hoja de coca y de los cultivos de uso ilícito. Porque esas organizaciones armadas se financiaron siempre con la hoja de coca y con el narcotráfico. El ex presidente Juan Manuel Santos, que fue el gestor de ese proceso de paz, le dio un respaldo concreto al proyecto de ley y también el Dr. Humberto de la Calle, que fue el representante personal del ex presidente Santos en las negociaciones de paz, o sea que el proyecto cuenta con el aval de los más importantes gestores de estos procesos en Colombia.
“los tratados y los convenios de Naciones Unidas, todos están bajo un marco superior que es la Carta Universal de los Derechos Humanos. Esa es la base doctrinaria que posibilita las iniciativas regulatorias”.
¿Qué complicaciones de orden geopolítico presenta una regulación de sustancias prohibidas, en función de las convenciones internacionales en la materia?
Se puede ver en las legislaciones que avanzaron en la regulación de drogas ilícitas como las de Canadá, Uruguay, Portugal o Italia, que toda la legislación de derecho interno de las Naciones Unidas, incluidos los tratados y los convenios, todos están bajo un marco superior que es como la gran constitución de Naciones Unidas: la Carta Universal de los Derechos Humanos. Esa es la base doctrinaria y jurídica, digamos, desde la cual se desprende toda la legalidad que emana de los Tratados que gestiona Naciones Unidas. Y esa base doctrinaria sí posibilita las iniciativas regulatorias, aunque, por supuesto, depende de la decisión política que involucre una perspectiva de respeto por el derecho a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, al buen nombre, a la democracia, a la libertad, a la vida, a la información, entre otras varias libertades implicadas
¿Qué falta para hablar de regulación de los derivados de la coca en Argentina?
En primer lugar resulta necesario rediscutir la validez constitucional de los tratados internacionales donde se funda la persecución penal por drogas, que debe reverse a la luz de las modificaciones que ha tenido la marihuana. Además de la evidencia palmaria de los graves daños que provoca la guerra contra las drogas en términos de vidas humanas, narcocriminalidad asociada, además de los trastornos asociados a la salud, la baja de la edad de inicio en el consumo de drogas licitas e ilícitas, como así también la proliferación de nuevas drogas, con efectos menos conocidos y la multiplicación de riesgos y daños. En algunas regiones de nuestro país, sobre todo del norte argentino, el uso de la coca tiene un arraigo muy similar al de Bolivia por su vinculación cultural y territorial que permite pensar que la regulación de la coca podría ser de suma utilidad para la reducción de las violencias en ese marco focalizado de abordaje, que guarda enormes similitudes con el proyecto colombiano, como así también con algunas regulaciones incipientes en Bolivia y Perú. En el plazo inmediato el panorama no es auspicioso, no es para nada optimista, aunque son tiempos de fortalecer el espacio de la reflexión y la información, para colocar el tema en el debate público.
