Desde 1987 y por mandato de Naciones Unidas (ONU), el 26 de junio de cada año se celebra el “Día Internacional de Lucha Contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas”. Una fecha cargada de prohibicionismo que se erige en consonancia con la Guerra contra las drogas, con el objetivo negacionista y utópico de lograr un “mundo libre de drogas”. De fondo, hay una mirada abstencionista y criminalizadora que se plantea en absoluta contradicción con la relación histórica y constante que ha tenido el humano con las sustancias psicoactivas.
Lo cierto es que la comunidad internacional está más lejos que nunca de un “mundo libre de drogas”. Según el último Informe de la propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2020) la producción, la oferta y el consumo mundial de drogas continúa en aumento pese a los crecientes recursos destinados a la represión. Además, el mismo informe indicó que sólo el 13,4% de las personas que usan drogas atraviesan problemas de consumo.
Al calor de la lucha por el respeto de los derechos humanos de las personas usuarias de drogas surge la campaña de acción global Support Don’t Punish, que entiende al abstencionismo como un objetivo imposible e ingenuo. Nuclea alrededor de 260 organizaciones a nivel internacional, que reclaman mejores políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos por encima de la política criminalizante y punitiva. En nuestro país este año se realizó por séptima vez la semana Acompañe No Castigue y se sumaron más de 70 ONGs que se plantaron con el hashtag #SinDespenalizaciónNoHaySaludMental.
Dos días después, recordamos orgulloses la Revuelta de Stonewall como un hito que marcó el inicio de una resistencia al Cis-tema violento y opresor. A 52 años de aquellos días históricos en los que Marsha P. Jhonson se impuso ante el avasallamiento de la policía estadounidense, se vuelve una urgencia interseccionar la lucha por los derechos de las personas disidentes y por los derechos de les usuaries de drogas.
Por políticas de drogas diversas e inclusivas
Si bien la mayoría de las personas usuarias somos hostigadas hasta llegar a lugares marginados de la sociedad, las violencias hacia a nuestras corporalidasdes son distintas según nuestro contexto: en muchos casos, ser una feminidad trans, cis, lesbiana, torta, marika, putx o no binarie magnifica las condiciones de vulneración extremas.
La propuesta estatal de tratamientos para usos problemáticos de sustancias o adicciones, carece de perspectiva de género y formación especializada para abordar las particularidades de las identidades que se corren de los límites del régimen heterosexual. Los dispositivos de abordaje de consumo públicos y privados trabajan con una lógica biologicista y binaria, que deja sin acceso a la salud a personas trans, travestis y no binaries entre otras identidades.
El fracaso de la guerra contra las drogas y sus consecuencias diferenciadas se evidencian por ejemplo en la estigmatización de las usuarias que son madres solteras. Además de asumir el rol completo en una crianza, tienen que dar explicaciones a los señalamientos de la sociedad, el estado que las criminaliza y los medios que reproducen el estereotipo de “la mala madre”.
La violencia de las políticas punitivas está presente en quienes sufren en carne propia la expulsión del ámbito familiar y/o escolar a temprana edad, porque la genitalidad al nacer no se condice con la expresión de ser y habitar el mundo en sociedad. En la prohibición del deseo de compartir el propio cuerpo con otras personas del mismo sexo. En el ninguneo y la subestimación ejercida por la heteronorma. En los abusos intrafamiliares que nadie cree.
Lo dijo Lohana y Sacayán, al calabozo no volvemos nunca más
En Argentina el 95% de las personas Travestis y Trans encarceladas, lo están a causa de la aplicación de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, la mayoría de elles sin condena. La norma representa una herramienta ideal para que el Estado justifique la persecusión y criminalización de trabajadorxs sexuales y personas travestis y trans que subsisten gracias a la venta al menudeo.
En Argentina el 95% de las personas Travestis y Trans encarceladas, lo están a causa de la aplicación de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, la mayoría de elles sin condena.
A una semana de la aprobación de la Ley de Cupo Laboral Trava Trans y teniendo en cuenta la inmensa deuda que el estado y la sociedad en su conjunto continúan teniendo con este colectivo, abrazamos la lucha de las compañeras travas, muchas de ellas migrantes que escapan de la persecución sexista donde no existen leyes que las contengan.
Día a día denuncian ante la indiferencia social que son encarceladas y acusadas de “narcotravestis” por estar sometidas a una vida de violencia que las lleva a no poder elegir el trabajo que desean realizar. Son excluidas de los trabajos formales y obligadas a estar en situación de prostitución: si la brecha laboral es grande para mujeres cis, se vuelve un abismo para las mujeres y varones trans. El caso reciente que resuena es el de Tehuel de la Torre, un varón trans que desapareció luego de asistir a una entrevista de trabajo.
Para analizar estos temas, conviene tener a mano los datos de la realidad: según un estudio publicado recientemente por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) la gran mayoría de las mujeres encarceladas, lo están por delitos de drogas. Algunas estimaciones son: entre 65 y 80% en Argentina, entre 75 y 80% en Ecuador, 64% en Costa Rica; y 60% en Brasil.
Las mujeres encarceladas sufren un fuerte aislamiento en términos de contacto con sus familiares y allegados: muchas no reciben ninguna visita durante su detención (44%) o las reciben de manera muy esporádica (55%). Además, suelen ser sometidas a formas de violencia específicas como violación y abuso sexual ejercido por el personal del penal y la falta de atención a los problemas de salud mental.
A quienes se sientan interpelades por la intersección de ambas luchas, les invitamos a cuestionar lo establecido, a poner en palabras y criticar los mecanismos provenientes del régimen heterosexual y patriarcal, que naturalizan las violencias por motivos de género y refuerzan la estigmatización de las mujeres y población LGTBNBIQ+ que usan drogas.
