Hace dos semanas, Carlos Zamirri perdió la vida, esa misma vida que tanto había luchado por recuperar. Tenía 49 años y muchos de ellos habían transcurrido en la calle. Hacía más de cuatro su camino se había cruzado con La Casita de Luján, un espacio de abordaje de consumos problemáticos y situación de calle. Según relata Gabriela Campins, coordinadora de la organización, el acompañamiento era integral: “Desde 2020 vivía en la casa, donde generó amistades y pudo dar lugar a muchos anhelos personales. Tenía conocimientos en el rubro textil y en gastronomía, estaba formándose como operador de problemáticas de consumo y en octubre de 2021 había recibido su título de Operador socioterapéutico en adicciones. A una persona de su edad le cuesta muchísimo encontrar un empleo, y por ende se dedicaba a la venta ambulante de bolsas de residuos”.
En enero de este año, Carlos había podido mudarse a su propia casa, aunque seguía yendo a La Casita de Luján para estar con sus compañeros y participar de las actividades cotidianas. “Fue una situación significativa, cuando un pibe egresa y puede llevar adelante lo que se propone, es un mimo al alma”, nos cuenta Campins. Pero hace unos días, una sobredosis de cocaína y psicofármacos terminó truncando su vida, un desenlace al que lamentablemente las organizaciones ya se han acostumbrado, aunque no por eso dejen de denunciar el carácter evitable de muertes como la de Carlos: “Responsabilizamos al Estado por el libre acceso a sustancias de cualquier índole, por la complicidad policial con los narcos, por sus 15 años en situación de calle, por la ausencia de políticas públicas para abordar los consumos problemáticos, por un sistema de salud insuficiente, por la falta de oportunidades laborales, por este ajuste que siempre repercute en los que menos tienen”, enfatiza, con el dolor de saber que tanto esfuerzo no alcanzó para torcer un destino que, en una sociedad profundamente desigual y violenta, ya estaba signado.
“Aumenta el consumo problemático de sustancias, disminuye la política pública”
La muerte silenciosa y silenciada de Carlos Zamirri no es un caso aislado, sino que refleja la agudización de un escenario que las organizaciones vienen denunciando hace rato. A fines del año pasado, un comunicado denunciaba el incesante aumento de los consumos problemáticos de sustancias en la provincia y, al mismo tiempo, la retracción de la política pública para abordar el problema. En el texto, quienes acompañan los trayectos vitales de más de 9.000 pibas y pibes de barrios populares o de la calle resaltaban la insuficiencia de las partidas presupuestarias en materia de salud mental, al mismo tiempo que señalaban la vinculación entre el aumento del consumo problemático y los incrementos del desempleo y la pobreza: sólo en el Gran Santa Fe viven 210 mil personas pobres —42 mil de ellas bajo la línea de indigencia— y unas 60 mil tienen problemas para acceder al empleo, especialmente las jóvenes. “Son principalmente las juventudes populares quienes tienen en jaque su presente, su futuro y el derecho a un proyecto de desarrollo personal”, expresaba el escrito.
“Desde que publicamos el comunicado, la situación continúa igual”, nos comenta Sofía García, Licenciada en Trabajo Social y una de las coordinadoras de Red Puentes, cooperativa de trabajo de la organización social y política Nuestramérica e integrante del programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario del Sedronar y de la Red Provincial de Abordaje de los Consumos de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones de la provincia (Aprecod). Para García, “los incrementos del consumo y los padecimientos en salud mental” tienen que ver con la precariedad de las condiciones de vida y la falta de perspectivas laborales y económicas del grueso de la población. En particular, destaca el aumento de lo que llama “drogas de exterminio, sustancias de una composición muy precaria, sumamente destructivas y adictivas, consumidas por sectores populares o personas en situación de calle”. Entre ellas, resalta la enorme popularidad del pipazo, “la resina de la cocaína y otros componentes, con efectos parecidos al paco”.
“Vos hablás con los pibes y te dicen ‘no tengo la posibilidad de pensar un mañana’: los problemas de salud mental están ligados a la angustia que generan estas situaciones”, argumenta Scotta.
Según Gisela Scotta, Licenciada en Trabajo Social y coordinadora de El Rincón Cultural, casa de atención y acompañamiento comunitario que acoge a entre 100 y 120 jóvenes en sus dos espacios, “estamos atravesando una pandemia social de consumo”: “El problema ha crecido, pero parece que se desconoce su magnitud. Hace muy poquito los profesionales del Hospital Cullen denunciaron que en el último tiempo en la guardia se triplicaron los casos de jóvenes de 18 a 30 años que ingresaban por consumo de sustancias”. Para Scotta, la crisis se asienta en tres factores: la vulnerabilidad de la población, producto de la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos, empleo y vivienda digna, el narcotráfico y “la cultura consumista, tóxica e individualista”. “Vos hablás con los pibes y te dicen ‘no tengo la posibilidad de pensar un mañana’: los problemas de salud mental están ligados a la angustia que generan estas situaciones”, argumenta.
En los últimos años, la situación se agravó con el avance cada vez más agresivo del narcotráfico, que con su violencia trastocó por completo la vida cotidiana de muchos barrios populares y con el poder seductor de su poderío económico se enquistó de forma cada vez más profunda en las estructuras gubernamentales, policiales y judiciales. 2022 fue el año con más homicidios en la provincia desde el 2015, con 406 casos: el 58,8% de ellos se inscribió en un contexto de economía ilegal/organización criminal. Los tiroteos en los barrios son cada vez más, y se dan a la luz del día, en las mismas veredas por las que los chicos vuelven de la escuela. En agosto del año pasado, en una publicación de La Garganta Poderosa, un testimonio anónimo afirmaba: “yo nunca usé una pistola, pero son tantos los tiroteos que, a esta altura, puedo reconocer de qué calibre es el arma con sólo escuchar los disparos”.
“No hay proyección de vida, es mucho más rentable para un pibe ser soldado de un transa que poder acceder a la educación y tener una proyección laboral que le permita desear, sentir, pensar desde mantos de salud y no sobrevivir”
El negocio narco florece con la complicidad del Estado en todos sus niveles, a pesar de que la gran mayoría del presupuesto que se invierte apunta a combatirlo, es decir, a disminuir la oferta, en lugar de atacar la demanda con políticas de prevención, reducción de daños y tratamiento. Muchas veces, el “combate al narcotráfico” suele ser una excusa para la criminalización de pibas y pibes de sectores populares en situación de extrema vulnerabilidad. Según la Procuraduría de Narcocriminalidad, entre 2011 y 2020 se iniciaron 212.223 causas judiciales por drogas: el 47% fueron por tenencia simple y tenencia para consumo personal, el 46% por tenencia para comercialización o comercialización y sólo el 3% por contrabando. “No hay proyección de vida, es mucho más rentable para un pibe ser soldado de un transa que poder acceder a la educación y tener una proyección laboral que le permita desear, sentir, pensar desde mantos de salud y no sobrevivir”, indica Sofía García. Ahí, en esos barrios donde el Estado no llega nunca, el narcotráfico teje redes paraestatales que le confieren inmunidad y le permiten multiplicarse, reclutando entre sus filas a pibes cada vez más chicos.
Aprecod trabaja bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Una de sus principales líneas de trabajo, la articulación con los movimientos territoriales, se concentra en la Red Provincial de Abordaje de los Consumos, conformada por unas ochenta instituciones que brindan tratamiento, contención y acompañamiento integral a todas aquellas personas que no cuentan con obra social. El abordaje integral implica trabajar las situaciones de manera particular, desde múltiples aristas y a partir de todas las esferas que hacen a la persona como sujeto de derecho. “En nuestros dispositivos hay equipos interdisciplinarios, psicólogas, trabajadoras sociales, facilitadoras de la convivencia, abogadas, terapistas ocupaciones y talleristas”, señala Sofía García, que enumera los espacios con los que cuenta Red Puentes, que acompaña diariamente a más de 150 personas: uno de mujeres y disidencias –que alberga también a las infancias-, otro para varones jóvenes, una panadería y una constructora de bloques de cemento. Además entregan alimentos y asesoran legalmente a personas en situación de calle y trabajan con personas en contexto de encierro y con sus núcleos socioafectivos, “porque es importante brindar acompañamiento a quienes acompañan”.
El Ministerio de Desarrollo Social, que tiene bajo su órbita a Aprecod, no sólo deriva hacia los dispositivos de las organizaciones sociales, también realiza derivaciones a comunidades terapéuticas fuera de la provincia y sin habilitación oficial.
“Somos el brazo ejecutor de la política de la agencia”, explica, y sintetiza en pocas palabras la esencia del trabajo comunitario, que realiza –casi siempre de forma precarizada— el trabajo que el Estado debería hacer y no hace, en los lugares donde el Estado debería estar y no está. “La solidez de todos estos años nos ha llevado a tener muchísimas derivaciones de organismos estatales, porque el Estado no tiene espacios que puedan alojar a estas personas”, expresa García; Las derivaciones son a partir del 0800 de la propia Aprecod, que recibe las consultas y las redirige hacia las instituciones. El Ministerio de Desarrollo Social, que tiene bajo su órbita a Aprecod, no sólo deriva hacia los dispositivos de las organizaciones sociales, también realiza derivaciones a comunidades terapéuticas fuera de la provincia y sin habilitación oficial, como reveló el diario La Capital.
Santiago Tobías Hellman Suárez de 17 años, que atravesaba un consumo problemático de drogas, fue trasladado al Centro de adicciones "Soltar", que no contaba con habilitación oficial y a los días apareció ahogado.
Con todo ese laburo sobre sus espaldas, y con los saberes acumulados a partir del mismo, las organizaciones reclaman voz y voto en la toma de decisiones. “Nosotros damos una respuesta política y social a un sector que de otra manera tendría como destino asignado la muerte o la cárcel: entendemos que esta articulación con el Estado tiene que tener un correlato en formar parte de la construcción y de la transformación de las políticas públicas, y un presupuesto acorde”, enfatiza García. Al respecto, si bien reconoce que al inicio de su gestión Aprecod buscó propiciar una política más participativa, “a partir del segundo año eso no se dio en los mismos términos, y empezamos a tener un presupuesto demasiado escaso”.
La respuesta de Aprecod
Camila Bettanin preside la Agencia y reconoce que “siempre es necesario seguir haciendo más para poder abordar la problemática en su complejidad”. En conversación con MATE, destaca que uno de los objetivos para el 2023 es generar, en articulación con los gobiernos locales, más infraestructura, rubro en el cual “hay una deuda muy grande”: “Propusimos la creación de centros de día y lugares de atención ambulatorios donde las personas puedan hacer un tratamiento y ser asistidas por equipos profesionales”. Según indicó, se proyectan aperturas en Villa Constitución, Venado Tuerto, Casilda, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco y Esperanza. En la ciudad de Santa Fe el convenio fue anunciado a finales del año pasado, y contempla un aporte de $25 millones por parte del gobierno provincial.
“Hay una deuda muy grande en infraestructura. Propusimos la creación de centros de día y lugares de atención ambulatorios donde las personas puedan hacer un tratamiento y ser asistidas por equipos profesionales”, afirma la responsable de Aprecod.
“En nuestros espacios trabajan psicólogos, psicólogos sociales, agentes sanitarios, enfermeros y talleristas”, dice Gisela Scotta sobre El Rincón Cultural, donde se dictan talleres de boxeo, ajedrez, apoyo escolar, zumba, música y literatura para mujeres y disidencias. Todo este trabajo requiere de una movilización enorme y cotidiana de recursos, tanto humanos como materiales. Las organizaciones cuestionan la unilateralidad en la toma de decisiones por parte de Aprecod, en particular a la hora de designar los montos y las condiciones de los convenios, sin tener en cuenta las necesidades particulares de cada espacio. Dice Scotta: “Algunos atienden personas en situación de calle, otros están abiertos las 24 horas, otros son centros de día; son distintos los profesionales, cómo están constituidos los equipos de salud. No es sólo una cuestión de montos, sino también de conocer la especificidad de cada espacio y hacer convenios de acuerdo a cada realidad. El otro problema es que no se tuvo en cuenta la inflación: ya renovamos dos acuerdos con el mismo monto”.
Al ser consultada por este punto, Bettanin remarcó que “se está trabajando” para formalizar y actualizar los convenios y poder dar un tratamiento diferenciado a los distintos dispositivos.
Scotta marca como puntos positivos de la actual gestión de Aprecod la profundización de la red, que consolidó el vínculo y el conocimiento mutuo entre las organizaciones, y las capacitaciones realizadas con los equipos de trabajo, pero, de todas formas, el balance le deja “sabor a poco”: “Creemos que la agencia debería tener otro rol, tienen un equipo pero no es tratante, cuando se dirige una persona no la atienden sino que evalúan la situación y nos la derivan a nosotros, al centro de salud o al hospital. Lo otro es que con esta gestión la agencia pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, y eso le dio un carácter más asistencialista y le hizo perder esa mirada integral”. Además, menciona: “el año pasado nos informaron que la Dirección de Salud Mental estaba trabajando en un Plan Provincial de Salud Mental y nos iban a convocar a ser parte de una mesa donde dialogar, pero hasta el día de hoy no nos han llamado”. Durante 2022, ella y Gabriela Campins, de La Casita de Luján, fueron las representantes de las organizaciones sociales en el Consejo Consultivo que integran junto a Aprecod y a funcionarios de diversos ministerios. Según Bettanin, es un espacio “donde se plantean necesidades y se va trabajando a lo largo del año”; sin embargo, según comenta Scotta, el año pasado el consejo se reunió sólo tres veces, “y por lo general son pocos los funcionarios de primera línea que participan”.
Sofía García vuelve a recordar a Carlos Zamirri, y coincide en señalar que su muerte era evitable. “Si las voces de las personas que atraviesan los consumos fueran parte activa y sostenida en el tiempo de la construcción de la política y el presupuesto que el Estado brinda, hubiéramos evitado su muerte y la de muchos otros”, afirma, y agrega que “en algún punto saturamos nuestra capacidad de acompañar dignamente porque no tenemos la estructura, porque el Estado no la brinda, porque se necesitan espacios físicos más grandes, equipos más contundentes, y eso es imposible sin presupuesto”. Hay allí una pregunta que, a esta altura, el Estado ya debería haber respondido: ¿quién cuida a les que cuidan?
