La Ley de Drogas N° 23.737, que hoy sopla 34 velas, no nace del vacío. Más bien, se trata de la expresión local de una política internacional de fuerte anclaje moral y puritanista, basada en criterios abiertamente racistas y con beneficios concretos para todo un andamiaje médico, policial, financiero, militar, farmacéutico e industrial.
Esta política global se corporiza en el régimen internacional de control de drogas, compuesto por una serie de convenciones y tratados internacionales impulsados por la ONU, que construyen el complejo entramado del prohibicionismo transnacional. Desde la primera convención, Estados Unidos estableció su hegemonía en el régimen internacional, haciéndose de una gran herramienta de intervención y presión política a nivel global.
Hablamos de la Convención Única sobre Estupefacientes (1961), que reordenó y agrupó los instrumentos internacionales para el control de drogas, de la Convención de Sustancias Psicotrópicas (1971) y de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988). Estas últimas se ocuparon de ampliar el número de sustancias bajo fiscalización primero y luego de crear instrumentos para contener una de las principales consecuencias del prohibicionismo: el narcotráfico.
Volvemos al plano nacional y a una fecha particular: 21 de septiembre de 1989, el día en que se sancionó la Ley de Estupefacientes 23.737. ¿Paradójico? Claro. ¿Casualidad? Quién sabe. Lo que sí sabemos, es que la ley se sancionó un año después de la convención de 1988, por la que fue influenciada para avanzar en la penalización de la persona usuaria de drogas.
En lo concreto, la 23.737 introdujo algunos cambios:
- Creó la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).
- La sanción de la tenencia de drogas para uso personal incluso con penas privativas de libertad, lo que cosechó críticas de expertos por legislar con mayores restricciones que las sugeridas por las convenciones internacionales.
- Mantuvo las “medidas de seguridad” de la normativa penal anterior, dando una opción “curativa” a las personas “dependientes” y una opción “educativa” para “principiantes o experimentadores” como “alternativa” para evitar la privación de la libertad. Así, cristalizó el estigma hacia las personas usuarias ubicándolas en la doble condición de delincuentes y enfermas.
- Aumentó las penas por tráfico de estupefacientes y sumó la polémica figura penal de la “tenencia simple”.
- Invirtió la carga de la prueba, obligando a las personas a probar que no son delincuentes, a contramano del principio de inocencia y exigiendo que de las pruebas deba surgir “inequívocamente que la tenencia es para uso personal”.
Además de estos cambios, la 23.737 hoy sostiene un paradigma prohibicionista-abstencionista que orienta los recursos del estado a la persecución de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, judicializa a personas por conductas privadas de consumo personal que deberían ser ajenas a cualquier criminalización, dispone cárcel para personas que no cometieron delitos violentos y persigue principalmente a personas pobres, trans, migrantes y racializadas.
Imagen de Adriel Radovitzky.
1. No cumple con sus objetivos.
La Ley de Drogas debería ocuparse de la Salud Pública, el bien jurídico que nació para tutelar. Sin embargo, la criminalización como riesgo, los prejuicios y el estigma ponen barreras de acceso al sistema sanitario y al pleno goce del derecho a la salud.
La ley de drogas apunta a disminuir la oferta (comercialización, transporte, producción, etc) y la demanda (el uso de drogas en la población) de drogas. Un indicador que se tomó como referencia de éxito en disminución de la oferta es el precio de calle de las drogas, pero desde que se declaró oficialmente la guerra contra las drogas en los ‘70, las sustancias se volvieron cada vez más baratas y accesibles.
Respecto a la demanda, podemos comparar datos de la prevalencia del consumo mensual de marihuana, la droga ilegal más consumida en Argentina. En 2017 fue el 7,8% de la población y según la última encuesta de Sedronar, en 2022 fue de 13,8%.
2. No respeta los derechos humanos.
Nuestra Constitución Nacional otorga rango constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero tanto a nivel global como en Argentina, la legislación sobre drogas no respeta los derechos humanos.
La 23.737 obstaculiza el ejercicio de derechos como el de elegir y desarrollar libremente tu proyecto de vida, el derecho a la salud y el derecho al acceso y la difusión de información, entre muchos otros.
3. Prohíbe educar sobre drogas.
Entre el conglomerado de conductas que la ley de drogas penaliza, se encuentran una serie de figuras penales que limitan la difusión y el acceso a información clave sobre drogas, que podrían marcar la diferencia entre un uso responsable y uno problemático.
Concretamente, hablamos de la “preconización” (Art. 12 inc. A) que se reprime con penas de 2 a 6 años de prisión y la difusión de instrucciones para la “producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes” (Art. 28), con penas de 2 a 8 años de prisión.
4. Aumentó el encarcelamiento con penas desproporcionadas direccionadas selectivamente hacia personas pobres, mujeres y disidencias sexuales.
La cantidad de personas presas por delitos de drogas creció exponencialmente en los últimos años y con un criterio selectivo a la hora de encarcelar a personas pobres, mujeres y disidencias sexuales.
De hecho, la cantidad de personas presas por infracción a la ley de drogas se incrementó en un 338% en 2019 respecto al 2002. Y la cantidad de personas trans presas por drogas también se incrementó, en un 445% en el período 2015-2019. En Argentina, el 43% de las mujeres cis encarceladas lo están por delitos relacionados con drogas, mientras que en los varones esta cifra es del 11%.
Analizando datos sociodemográficos vemos con claridad que quienes pueblan las cárceles son personas empobrecidas. En 2017, el 61% de las personas en prisiones por delitos de drogas no había terminado el nivel primario de educación, y el 85% no había completado el secundario.
Hablamos de penas desproporcionadas porque a los delitos de drogas le corresponden penas privativas de libertad, aún tratándose de crímenes no violentos. Si comparamos, por ejemplo, autocultivar tiene la misma pena mínima que abusar sexualmente.
5. Criminaliza y patologiza a las personas que usan drogas, causando problemas a personas que no los tienen.
La criminalización de la tenencia aún para consumo personal promueve la detención de personas usuarias de drogas y en muchos casos el inicio de una causa judicial, con las consecuencias que esto acarrea en la vida de una persona.
Aunque las convenciones internacionales sobre drogas marcan los lineamientos normativos a seguir por los países miembros de la ONU, Argentina fue más papista que el papa y decidió penalizar la tenencia para consumo personal. Nadie nos pidió tanto.
Por eso, uno de los principales daños que puede ocasionar el uso de drogas, es que podés terminar preso. ¿Un consumo problemático se resuelve con criminalización? ¿Aporta a un usuario responsable o no-problemático la patologización que implican las medidas de seguridad curativa o educativa? Pues no.
6. Proliferaron negocios clandestinos asociados a los tratamientos por consumos problemáticos
Los tratamientos que la ley 23.737 impone a usuarixs judicializadxs, obligándolos a realizar “medidas curativas” para lograr su “reinserción social”, ha colaborado a la saturación actual de las instituciones destinadas a los tratamientos por consumos problemáticos.
Sea que atraviesen realmente una problemática de consumo o que simplemente hayan sido judicializadas por tenencia para consumo personal, muchísimas personas quedan expuestas a ser víctimas de las redes de explotación y encierro encubiertas en “centros de rehabilitación” que abundan en todo el país.
Esta situación, sumada al magro presupuesto dedicado a la aplicación de la Ley de Salud Mental 26.657, generó el ambiente propicio para la aparición de estas organizaciones. Sólo durante julio de 2023, más de 400 personas víctimas de explotación laboral en “centros de rehabilitación de adicciones” fueron rescatadas en 5 provincias.
7. Provocó la adulteración generalizada en los mercados ilegales
Al prohibir la producción de ciertas sustancias, la ley de drogas ha generado un mercado ilegal en donde el crimen organizado es quien establece los estándares y controles de calidad, resultando en un aumento de las muertes y problemas de salud para los consumidores.
Las casi 30 muertes durante febrero de 2022 en la localidad de San Martín del conurbano bonaerense asociadas a la adulteración de cocaína, agrandan la enorme y creciente lista de personas que perdieron su vida como consecuencia del abordaje de la 23.737.
8. Incrementó la violencia y la corrupción
La disputa por el control de los mercados de drogas ilegalizadas por la ley 23.737 ha incrementado los conflictos y enfrentamientos violentos entre grupos involucrados en el tráfico ilegal.
En nuestro país pero también a escala global, este proceso también se ve reflejado en el aumento de los niveles de corrupción política, policial, judicial y del sistema financiero, fundamentales para amparar el funcionamiento y reproducción de los mercados de drogas prohibidas.
9. Entorpece la elaboración de estadísticas de calidad
El estigma social y el temor a las consecuencias legales disuaden a las personas usuarias de drogas de participar en encuestas o de hacerlo brindando información precisa.
Por otro lado, las barreras legales, el escaso apoyo financiero para investigación sobre drogas limita la capacidad de recopilar y analizar datos de manera adecuada, a la vez que desalienta la formación de expertos en la materia.
De esta manera, se crea un vacío en nuestra comprensión de los mercados de drogas y de las personas que las consumen, socavando la calidad de las estadísticas.
10. Retrasa la investigación científica sobre usos terapéuticos de sustancias ilegalizadas
El enfoque punitivo de la ley de drogas, basado en negar dogmáticamente cualquier utilidad terapéutica de las sustancias que ilegaliza, ha constituido durante décadas un obstáculo para la investigación científica de las propiedades potencialmente aprovechables para la salud.
De esta manera, no sólo se dificulta el acceso a estas sustancias a quienes las necesitan, sino que también se bloquean importantes avances en áreas como la medicina y la psicoterapia, donde algunas de estas sustancias podrían tener aplicaciones.
