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13 abril, 2024
13 abril, 2024

Tres muertes dudosas en un centro de “rehabilitación”

Estos fallecimientos impulsaron un informe de ARDA sobre los contextos de encierro en los tratamientos de salud mental. Hablamos con sus autores sobre la problemática y abordamos las alternativas que existen desde el paradigma de reducción de daños.

En un informe sobre la comunidad terapéutica “Reencontrarse” de Provincia de Buenos Aires, se denuncian tres muertes sospechosas de las cuales el Estado no ha dicho nada. Sus autores son Pablo Galfré, investigador de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) y Gustavo Zbuczynski, presidente de la asociación.

“En este informe desarrollamos las causales de muerte de Gastón C., Martín G. y Joaquín V., denunciamos la ausencia del Estado y proponemos distintas medidas concretas para que cese la naturalización de las muertes en contexto de encierro en salud mental”, explican sus autores en los primeros párrafos.

Esta investigación se centra en los mecanismos de funcionamiento y los tratamientos que transitan quienes son internados en las llamadas granjas de “rehabilitación”. Se trata de instituciones que ofrecen tratamientos para las adicciones que resultan ineficaces e inhumanos.

En este caso la comunidad “Reencontrarse” de Pilar, como muchas otras de la provincia de Buenos Aires, trabaja sin habilitación del Registro Único de Instituciones de Salud (RUPES).

Sin embargo, el rol del Estado en este contexto resulta nulo. Porque no realiza un control de estas comunidades, sus tratamientos y, sobre todo, las condiciones de vida de las personas allí alojadas.

Un Estado que no escucha

“El 2 de julio de 2021 Gastón C. (43) es asesinado en su casa de Lanús cuando tres personas intentan secuestrarlo de su domicilio para internarlo, en contra de su voluntad, en la comunidad terapéutica Reencontrarse, ubicada en Pilar” es el primer caso analizado.

“En junio de 2022, Martín G. (41) fallece, por una “congestión visceral”, en la sede de Malvinas Argentina de la misma comunidad” es el segundo caso analizado en el cual un halo de duda inunda las pericias.

En diciembre del año pasado, Pablo Galfré, periodista de investigación especializado en el tema, envió un informe sobre estas dos muertes a distintxs funcionarixs judiciales y del Estado. Pero “ninguna secretaría o fiscalía decidió intervenir sobre Reencontrarse”, lamenta el especialista.

A su vez, los autores del informe vienen avisando hace mucho tiempo sobre esta problemática a lxs funcionarixs resposables, incluso reuniéndose con las autoridades nacionales y provinciales de Salud Mental.

Finalmente, en enero de este año, Joaquín V., un pibe de sólo 16 años, se suicidó dentro de la sede de Tortuguitas de “Reencontrarse”, el tercer caso que analiza el informe.

Durante la redacción de este artículo, Pablo y Gustavo se reunieron con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Hoy mismo, tras el encuentro, la CPM realizó una inspección en la sede de la comunidad terapéutica “Reencontrarse” de Tortuguitas.

La ausencia del Estado es garantía de repetición

Entre los asuntos que trata el informe, se destacan tres de vital relevancia para el control del Estado.

  • Se cuestiona la ausencia de mecanismos del Estado para enterarse de muertes dudosas en instituciones de salud mental.
  • Se critica la ausencia de fiscalías de instrucción que motoricen las investigaciones judiciales.
  • Se propone crear, dentro de la Procuración Contra La Violencia Institucional (PROCUVIN) u otro organismo, un equipo interdisciplinario que se dedique a investigar muertes dudosas en instituciones de salud mental.

Viaje al abismo de una granja de rehabilitación

Pablo Galfré, periodista e investigador, hace 14 años se dedica a indagar en estos temas. Comenzó en el 2008 con un artículo que escribió para la revista THC. Luego, publicó el libro “La comunidad. Viaje al abismo de una granja de rehabilitación” (Editorial Sudestada).

“A partir del libro logramos clausurar dos manicomios y elevarlos a juicio y obtuvimos la condena por la muerte de Saúl Rojas”, explica Galfré. En sus años de investigación recopiló un registro de 25 muertes en distintas comunidades terapéuticas de Pilar a lo largo de 10 años.

Es así que se empiezan a sumar cada vez más muertes y Pablo siente que tiene que hacer algo más que escribir. “Esto fue lo que nos llevó a escribir el informe, que se dieron tres muertes en una misma institución de salud mental, el Estado no se entera, el Estado no investiga, el Estado no clausura”.

Alternativas de tratamiento 

Si se piensa en que estos centros de “rehabilitación” fuesen clausurados, probablemente cientos de personas quedarían sin un tratamiento. De todas las personas internadas, solo algunas necesitan estar permanentemente en observación, otras solo requieren un tratamiento ambulatorio.

¿Por qué quedarían sin tratamiento? Porque no hay centros idóneos que hagan tratamientos ambulatorios para quienes no necesitan una internación. Tampoco hay espacios de calidad para alojar a personas que requieren una internación.

“Hay personas que sí necesitan internaciones, pero tampoco hay lugares para internar, así que al Estado le son fructíferas estas comunidades, estas granjas, porque no desarrollan centros ambulatorios o lugares de internación públicos donde se respeten los derechos de los pacientes”, analiza Galfré.

Ante la pregunta acerca de cómo tratar estos padecimientos de salud mental por fuera de estos centros de rehabilitación, Pablo Galfré dijo a MATE: “creo que estas instituciones no deberían existir, o deberían existir muy pocas, justamente porque tenemos que adaptarnos a los nuevos paradigmas. Uno de esos nuevos paradigmas es la reducción de daños”.

Gustavo Zbuczynski es licenciado en psicología y tiene una larga trayectoria en profesional en el Centro Carlos Gardel de Asistencia en Adicciones. En diálogo con MATE explicó: “Lo primero que hay que aclarar es que problemas de adicción no es equivalente a problemas de consumo. Tratar a toda persona que consume drogas como adicto es una tergiversación de los conceptos”.

En este sentido, Gustavo comenta: “Si tomamos correctamente el término adicción, debemos restringirlo a aquellas personas en las que el consumo de drogas se ha transformado en la centralidad de su existencia. Hablamos de sujetos que pasan sus días consumiendo o procurando los medios para consumir. Para estas personas, que muchas veces requieren internaciones, los dispositivos deben ser los hospitales Generales”.

En cambio, el licenciado remarca que “Las restricciones de circulación deben ser lo estrictamente necesarias, el menor tiempo posible. Ese es el espíritu de la Ley de Salud Mental. Una vez que el cuadro clínico se estabiliza se deben continuar los tratamientos en dispositivos menos restrictivos de la libertad como lo son hospitales de día o ambulatorios”.

Las comunidades terapéuticas son un producto de la ley de drogas

El presidente de ARDA repasa la historia del movimiento de las comunidades terapéuticas, enmarcando su desarrollo y proliferación como consecuencia de la ley de drogas (23.737). “Se erigieron como la respuesta abstencionista adecuada para dar respuesta al prohibicionismo impulsado por la ley más penalizadora que existe en la región. La ley de drogas promueve el deslizamiento vicioso=adicto=delincuente, penaliza la tenencia de drogas con penas de prisión y las comunidades terapéuticas se crean para permitir que aquellos usuarios de drogas que irían a prisión puedan ‘optar’ por un ‘tratamiento’ compulsivo”.

Las comunidades terapéuticas Se erigieron como la respuesta abstencionista adecuada para dar respuesta al prohibicionismo impulsado por la ley más penalizadora que existe en la región

En su explicación, el licenciado en psicología analiza que la ley de drogas y la Ley de Salud Mental (26.657) pertenecen a tradiciones opuestas en materia legislativa. La primera “abreva en las concepciones tutelares y la Ley de Salud Mental se alinea con la visión del respeto por los derechos de los pacientes”.

Frente a estas tradiciones antagónicas, resulta por lo menos compleja la transición de las comunidades terapéuticas hacia espacios que trabajan acorde a la legislación nacional en salud mental.

Tratamientos desde el paradigma de reducción de daños

Gustavo define a la reducción de daños como algo mucho más complejo que prácticas aisladas. Frente a la consulta por alternativas en tratamiento, Gustavo le dijo a MATE sobre el abordaje desde la reducción de daños que es “una forma radicalmente opuesta de entender el problema de las drogas a como lo hace el prohibicionismo abstencionista. Es cierto que hay dispositivos propios creados para reducir daños como lo son los programas de intercambios de jeringas, las salas de consumo controladas, las prácticas de sustitución de sustancias, los dispositivos de testeos y otros, pero lo esencial en esta forma de preguntarnos nos permite entender que los actuales dispositivos existentes deben transformarse”.

Gustavo sostiene, desde el paradigma de reducción de daños que “los dispositivos preventivos que se llevan a cabo en los barrios y en las escuelas deben transformarse; las internaciones deben transformarse. También deben hacerlo los hospitales de día, los ambulatorios, las casas de medio camino”.

Su propuesta se basa en la creación de hostales de noche y una transformación de los dispositivos territoriales. Es así que propone modificar el enfoque: “Los dispositivos que impulsamos pueden, en algunos casos ser los mismos que existen en la actualidad, lo que indefectiblemente debe suceder es que deben tener una mirada donde el acento esté puesto en los sujetos y no en las drogas. Esa es la forma en la cual podemos devolverle a los usuarios de drogas su condición de ciudadanos de derecho, para los que usan, abusan, para quienes padecen una adicción, para quienes no quieren o no pueden dejar de consumir”.

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Un comentario

  1. Me parece excelente que se investiguen las muertes de estas personas, ya existe una ley que establece una supervisión estatal cercana de las instituciones de salud mental y las comunidades terapéuticas, para garantizar que se respeten los derechos de todos los usuarios, el problema es que no se hace y luego muchos idealistas salen a pegarle a los Psiquiatras como si fueran los responsables de todas las problemáticas estructurales de fondo, cuando en realidad hacen lo que pueden con lo que tienen, y mucho terminan quemados y explotados.

    En cuanto a las adicciones, es un tema aparte dentro del ámbito de la Salud Mental. En la actualidad, la ley 26657 no aborda adecuadamente las dificultades que enfrentan estos usuarios para superar su adicción, y lo digo como médico psiquiatra que trabaja en una sala de internación y en una guardia activa todas las semanas.

    Lo que observo en estas personas (y hablo de personas con abuso y dependencia de sustancias, no consumo problemático) es que sus vidas giran en torno a la sustancia, destruyendo poco a poco todo lo que les rodea y causando un daño enorme, especialmente a sus seres queridos. Ingresan para desintoxicarse, salen y vuelven a consumir, y así continúa el ciclo. Aunque las comunidades terapéuticas ofrecen tratamientos donde los pacientes pueden permanecer de 6 meses a un año, estos tratamientos son voluntarios, lo que significa que los pacientes pueden irse tan pronto como llegan o al día siguiente si no les gusta, y esto es lo que suele ocurrir.

    En mi experiencia, he presenciado cambios en pacientes con décadas de consumo y un deterioro funcional y social significativo. Han logrado alcanzar la abstinencia y mantenerse sin consumir después de completar un tratamiento en una buena comunidad terapéutica. Sin embargo, el riesgo de recaída siempre está presente, y cuando la adicción ha dominado sus vidas, se necesitan tratamientos intensivos.

    El problema es que muchas veces no quieren o no pueden recuperarse al seguir tratamientos ambulatorios, donde vuelven a engañarse a sí mismos o engañan a sus familias y continúan consumiendo hasta que algo desencadena una crisis mayor y vuelven a buscar la internación, repitiendo el ciclo. Veo familias desesperadas y destrozadas todo el tiempo.

    A veces, estas personas cuentan con pensiones por discapacidad y se internan hasta que reciben el dinero, luego salen y lo gastan en consumir, y vuelven a repetir el ciclo. Lo que realmente hace falta es la presencia de un estado que se involucre más, creando más comunidades terapéuticas, casas de transición y salas de internación en hospitales de alta complejidad, con el mismo nivel de inversión que se brinda en una unidad de cardiología. Se necesita inversión en infraestructura y también un cambio en la legislación, ya que hay pacientes que no pueden valerse por sí mismos, mienten y manipulan, diciendo lo que uno quiere escuchar porque están atrapados en su adicción, y en esas circunstancias van perdiendo gradualmente todo hasta que ya no queda nada de lo que la persona era y ya es demasiado tarde, y no hay nada peor que un demasiado tarde.

    Estas personas que sufren deberían recibir un seguimiento constante por parte del estado. El órgano de supervisión actual es un “cómo si”, donde nos interrogan a los psiquiatras como si fuéramos represores, sin estar presentes en el día a día. En la pandemia desaparecieron y solo regresaron mucho después de que esta había finalizado, viendo algún paciente de manera virtual, eso no es velar por nadie. Cuando les planteas un problema real, desaparecen, y ojo, entiendo que están inmersos en una cultura del trabajo del menor esfuerzo. El idealismo es hermoso en teoría, pero es necesario estar en la trinchera de las guardias y las salas de internación, conocer la realidad de estas personas y de sus familias para tener una visión completa de la situación y comprender lo que realmente se vive allí. Veo muchas ideólogos de red social hablando mal de las salas de internación o de que las enfermedades mentales no existen y me dan mucha tristeza, los invitaría un día a que vean la cantidad de sufrimiento que hay en salud mental. Hace falta un estado presente que se involucre de verdad con las problemáticas de las personas.

    ChatGPT
    Aquí tienes una mejora del texto:

    Es alentador que se investiguen las muertes de estas personas. Existe una ley que establece una supervisión estatal cercana de las instituciones de salud mental y las comunidades terapéuticas, con el objetivo de proteger los derechos de todos los usuarios. Sin embargo, lamentablemente esta supervisión no se lleva a cabo adecuadamente, lo cual lleva a que algunos idealistas culpen injustamente a los psiquiatras por las problemáticas estructurales subyacentes. En realidad, los psiquiatras hacen todo lo que pueden con los recursos disponibles y muchos de ellos terminan agotados y explotados.

    En cuanto a las adicciones, es un tema aparte dentro del ámbito de la Salud Mental. La ley actual, la 26657, no aborda de manera adecuada las dificultades que enfrentan los usuarios para superar su adicción. Lo afirmo como médico psiquiatra que trabaja en una sala de internación y participa en guardias activas todas las semanas.

    Lo que observo en las personas con abuso y dependencia de sustancias (no consumo problemático) es que sus vidas giran en torno a la sustancia, lo cual va destruyendo gradualmente todo lo que les rodea y causando un daño enorme, especialmente a sus seres queridos. Ingresan para desintoxicarse, pero luego reinciden en el consumo y el ciclo se repite una y otra vez. Aunque las comunidades terapéuticas ofrecen tratamientos de seis meses a un año, estos tratamientos son voluntarios, lo que significa que los pacientes pueden abandonarlos en cualquier momento si no les convence, y esto suele ocurrir con frecuencia.

    En mi experiencia, he presenciado cambios en pacientes con décadas de consumo y un deterioro funcional y social significativo. Han logrado alcanzar la abstinencia y mantenerse sin consumir después de completar un tratamiento en una buena comunidad terapéutica. Sin embargo, el riesgo de recaída siempre está presente, y cuando la adicción ha dominado sus vidas, se requieren tratamientos intensivos.

    El problema radica en que muchas veces estos pacientes no desean o no pueden recuperarse al seguir tratamientos ambulatorios, lo que les permite engañarse a sí mismos o a sus familias y continuar consumiendo hasta que ocurre una crisis mayor y buscan nuevamente la internación, volviendo así al ciclo. Observo constantemente familias desesperadas y destrozadas.

    En ocasiones, estas personas cuentan con pensiones por discapacidad y se internan hasta que reciben el dinero, luego salen y lo gastan en consumo, repitiendo el ciclo nuevamente. Lo que verdaderamente se necesita es una mayor presencia del estado, que involucre la creación de más comunidades terapéuticas, casas de transición y salas de internación en hospitales de alta complejidad, con una inversión equiparable a la que se destina a las unidades de cardiología. Se requiere inversión en infraestructura y también un cambio en la legislación, ya que hay pacientes que no pueden valerse por sí mismos y recurren a la mentira y la manipulación para satisfacer su adicción, perdiendo gradualmente todo lo que alguna vez fueron, hasta que es demasiado tarde. Y no hay nada más triste que un demasiado tarde.

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