En 1975 el musical The Rocky Horror Picture Show soltó “Time warp”, un tema que se burlaba de las canciones con letras que marcan la coreografía de cómo deben bailarse. YMCA, la Macarena, etc. Para algunas personas, se trata de una manipulación del baile como expresión libre.
Desde el 16 de abril de 2016 “Time warp” tiene otros significados, pero para Laura Orellano, madre de Nicolás Becerra, uno de los 5 muertos en la fiesta en Costa Salguero (CABA), remite a la manipulación. En el aniversario número nueve de la fiesta electrónica que cambió las fiestas electrónicas en Argentina, MATE dialogó con ella.
—AA: ¿Cuál es el estado de la causa Time Warp?
—LO: La cerraron. Me enteré el año pasado al pedir un informe al juzgado y me enviaron por correo las resoluciones, donde el fiscal pide sobreseer a las pocas personas imputadas que había. Los peces gordos ya están afuera hace tiempo; quienes quedaban eran unos pocos inspectores del gobierno de CABA.
—AA: ¿Qué argumentos dieron para cerrar la causa?
—LO: Uno de los motivos fue que “nadie estaba interesado en que la causa se sostenga”.
El 4 de diciembre de 2023 el fiscal Ramiro González presentó el pedido de sobreseimiento de Carlos Garat, Carlos Penise, Facundo González, Maximiliano Ávila y Martín Gontad, las últimas personas que quedaban imputadas en la causa, que inicialmente sumó 31 imputaciones.
Entre los argumentos, el fiscal incluyó que la Cámara había decidido anular la elevación a juicio por falta de fundamentación y contradicciones internas; y que no era posible agregar nuevas pruebas o modificar la acusación de manera coherente tras tantos años de trámite.
El argumento que escribió y presentó el fiscal al juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti, fue que no se puede avanzar sin violar garantías constitucionales como el derecho a ser juzgado en un “plazo razonable” para definir la responsabilidad por las muertes de Nicolás Becerra (25 años); Francisco Bertotti (21); Bruno Boni (20); Andrés Valdez (23); y Martín Bazzano (22 años) en el predio de Costa Salguero.
—LO: Fue una causa manejada. No hubo desmanejo. Sabían exactamente adonde querían llegar y cómo tenían que hacerlo. Como padres no teníamos el poder que ellos, que contaban con Burlando o Cúneo Libarona operando a la justicia. A los peces grandes los fueron “sacando” de a poco como Stinfale.
Víctor Stinfale estuvo detenido 70 días y fue procesado por homicidio culposo, lesiones culposas y como supuesto facilitador del lugar donde se vendía droga en Time Warp, algo que no se pudo probar. Sí pudieron comprobar que su empresa, Energy Group cuyo producto insignia es Speed, estaba a cargo de la venta de agua Block, las únicas disponibles para la hidratación en la fiesta.
—LO: Si tu negocio es vender agua, vendé agua. Si entraron 23 mil personas y esperabas menos, trae más agua. Seguro la vas a vender porque en los baños el agua estaba cortada.
—AA: ¿Cuáles crees que fueron los puntos de inflexión en la causa?
—LO: Teníamos muchos elementos para probar las irregularidades en la fiesta, pero nos topamos con irregularidades. El quiebre fueron los informes de las autopsias, que estuvieron mal hechos. Soy médica y al leerlos solo se puede entender que los chicos murieron por una deshidratación feroz. No tenían sobredosis o consumo en exceso de cocaína o ketamina. Tenían éxtasis en proporciones metabólicamente aceptables. No les importó. Actuaron con impunidad e informaron que la muerte había sido por policonsumo.
Una segunda autopsia fue solicitada en septiembre de 2016 por el juez Sebastián Casanello, debido a irregularidades en los estudios toxicológicos previos realizados por la bioquímica Ana María Perkins. Sin embargo, esta contraprueba no se concretó en ese momento por diversas razones, incluyendo la falta de equipamiento adecuado y personal capacitado en la morgue judicial.
En marzo de 2021, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la necesidad de realizar esta contraprueba. A pesar de que el Cuerpo Médico Forense informó estar listo para realizar el estudio en marzo de 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti lo rechazó por considerarla “inconducente”. En su lugar, encargó un informe a la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, que se basó en una lectura de la autopsia previa sin realizar nuevos estudios de laboratorio. Este informe fue utilizado para justificar el sobreseimiento de varios imputados en la causa.
—LO: Contratamos una perito y ellos la esperaban con un informe escrito, donde decían que los chicos tenían el corazón grande por ser adictos y que tenían problemas preexistentes. Meses antes de la fiesta Nicolás se hizo chequeos clínicos de rutina. Incluso en el cardiólogo. No tenía nada de lo que decían que tenía. Lo peor fue que en ese informe de la Policía Científica figuraba un análisis de orina que, según ellos, estaba saturada de cocaína. ¿De dónde habían sacado orina después de tantos años? Ahí entendimos que todo iba a ir para atrás. Mi intención era mostrar quienes fueron responsables del abandono de 23 mil personas esa noche. Que se viera el gran abandono para que no se repita.
—AA: ¿Qué responsabilidad tienen quienes organizaron la fiesta, incluido el sistema de emergencias?
—LO: Alta. Un perito emergentólogo dijo que se hizo todo bien, pero no había ambulancia en el predio. La del SAME tardó una hora en llegar para ver si podían resucitarlos. De los 6 médicos que había en la fiesta, solo uno tenía experiencia en terapia intensiva. El resto venía de trabajar en hospital psiquiátrico, atendiendo a personas con ataques por psicosis. Cuando llegaron los chicos que habían tenido convulsiones les inyectaron un medicamento contraindicado para cuadros de deshidratación. Los inspectores que veían la sobrepoblación en la fiesta deberían haber actuado. Los chicos se murieron a las 6. A las 9 las personas de la organización dieron aviso al juzgado. Cuando entraron ya habían tenido tiempo de arreglar la escena. Como arreglaron la escena, arreglaron la causa. Para hacer estas fiestas tenés que tener habilitaciones y ahí entra el Estado. Se murieron 5 chicos, pero podría haber sido como Cromañón.
El 30 de diciembre de 2004 la tragedia de Cromañón dejó 194 personas muertas, más de 1.400 heridas y 21 condenadas, incluyendo a Omar Chabán, el gerenciador del boliche donde había el doble de personas permitidas por el aforo; Diego Argañaraz, el manager de la banda Callejeros (cuyos integrantes también fueron condenados); un subcomisario; y dos integrantes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Meses más tarde del incendio, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, fue destituido y llevado a juicio político, donde fue encontrado como responsable de mal desempeño de sus funciones.
Cromañón llevó a fortalecer la fiscalización y control estatal, creando la Agencia Gubernamental de Control (AGC) –un ente autónomo encargado de inspecciones, clausuras y habilitaciones que puede cerrar preventivamente locales si detecta faltas graves– e instaurando un sistema de “Infractores reincidentes”, que permite clausuras más rápidas y duras ante repeticiones.
Las inspecciones a eventos masivos y locales aumentaron después de Cromañón. Los cambios apuntaron a crear espacios con aforo adecuado, a través del Registro de Capacidad Máxima (RCM), donde cada evento masivo debe informar el número de entradas vendidas, exigiendo también la presencia de bomberos y personal de Defensa Civil.
Time Warp inició un camino judicial similar a Cromañón, buscando condenas a responsables, pero no consiguió los mismos resultados. Después de años de pedir juicio político al entonces jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en 2022 la Corte Suprema aceptó investigar al ex mandatario por inobservancia de sus deberes de control y fiscalización. Para abril del 2025 no se registraban avances.
El crecimiento de la reducción de daños
Quienes si avanzaron fueron las organizaciones vinculadas a la reducción de daños de Argentina, impulsando cambios en las normativas, en el trabajo con las productoras de eventos y con las personas que asisten a las fiestas.
Juan Martín Belvedere es coordinador del Proyecto de Atención en Fiestas (PAF!) que nació en la organización Intercambios a raíz de Time Warp. “Después de Time Warp las fiestas electrónicas estaban prohibidas. El primer instinto siempre parece ser prohibir. Luego llegó la ley que cambió la normativa de nocturnidad en CABA, que fue un punto de inflexión porque, entre otras tantas modificaciones a la escena, incluyó la reducción de daños”, cuenta a MATE.
“Hoy, después de casi 10 años, vemos que muchas cosas mejoraron y otras no cambiaron. Si, ya no tenemos reportes de que los boliches corten el agua y cada vez más productoras respetan el hecho de poner un puesto de hidratación. Lamentablemente, también nos llegan quejas por los precios del agua y cuesta que las productoras y fiestas más grandes incluyan testeos o compartan mensajes de reducción de daños”, reflexiona Belverde.
El coordinador de PAF! habla de la ley 5.641 que estableció nuevos parámetros para la seguridad y controles en las fiestas de más de mil personas en CABA, creando un Registro Público de Productores de Eventos Masivos, en la órbita de la Agencia Gubernamental de Control que vio la luz post Cromañón, donde deben inscribirse los responsables, para un mejor control.
En la norma también se estableció que se debe garantizar el acceso gratuito al agua potable, instalar un puesto de atención médica, notificar a hospitales cercanos, presentar un plan de acción que contemple asistencia sanitaria, y, sobre todo, debe tener una capacidad limitada con conteo electrónico. Además, se incluyó en la normativa la obligación de que quienes organicen ofrezcan información sobre diferentes consumos.
Joel Silva es parte de Under Club, un espacio para fiestas creado en 2013 en Ramos Mejía, y recuerda que durante los meses posteriores a Time Warp la escena se enrareció. Incluso una vez tuvo que pedirle a un DJ internacional cambiar su set porque inspectores de la ciudad le había dicho que “estaba prohibido pasar electrónica”.
“Fuimos uno de los primeros lugares donde trabajó PAF! Siempre vi y analicé lo que pasaba en otros países, desde las agendas de los clubes y las políticas de «no video, no VIP» hasta las de reducción de daños que hoy vemos en algunas fiestas de Argentina –con promotores de reducción de daños, un stand, golosinas, frutas, etc–. Y también los testeos de pastillas”, cuenta a MATE y agrega: “Siempre me pareció raro que las grandes productoras le den la espalda a la reducción de daños. Incluso que en los cacheos la Policía, que está cargo del operativo, le quite los protectores auditivos a las personas porque no saben qué son”.
El testeo de pastillas en fiestas existe en Argentina, pero encuentra resistencia en quienes organizan los eventos. Principalmente, por la ley de Drogas. Es que algunos de los precursores necesarios para hacer los reactivos que indican si una pastilla fue “cortada” con alguna sustancia no están reguladas. No existe, como en Chile o Colombia, legislación que permita los testeos. De hecho, es desde Chile que llegan algunos reactivos para hacer los testeos en Argentina.
Hoy la información de las pastillas testeadas en fiestas en Argentina está en la plataforma de ToxiBot de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), que desde 1999 mantiene diferentes estrategias de cuidado, información y disputa de sentido en torno a los consumos y las políticas de persecución y cuidado de las personas.
Serena Suárez, secretaria de juventudes de Arda, explica a MATE: “A principio de los 2000, los promotores de reducción de daños no tenían ningún tipo de amparo de las productoras. Muchas veces, tenían que pagar entrada para poder volantear –con materiales que informan sobre efectos de sustancias, riesgos de combinaciones y demás consejos para evitar experiencias difíciles–. Estaba mal visto. Hoy en día eso cambió un montón”.
ARDA mantiene desde hace años espacios para formar promotores en reducción de daños que vinculan a profesionales de la salud, personas de la cultura clubber o bien que integran organizaciones de personas usuarias de drogas ilegalizadas en Argentina, entre otras. Por eso, y ante cada noticia sobre problemas en fiestas masivas, ARDA es convocada para responder entrevistas y, en muchos casos, ayudar a productoras independientes o del under a mejorar sus espacios y estrategias de cuidado. En parte, porque los organizadores saben que es mejor para la sostenibilidad de su negocio.
“Hay un reconocimiento a nuestra militancia y un aval para desarrollar nuestra tarea en las mejores condiciones posibles, coordinados con el sistema de salud y de seguridad. Las fiestas under son las que entienden que hay que cuidar el ambiente y que no es un gasto tener presencia de promotores de reducción de daños, que no es un gasto garantizar el agua toda la noche”, explica Suárez, pero advierte: “Las fiestas masivas no suelen respetarlo mucho y siguen pasando todos esos casos de fallecimientos por aforo descontrolado o por uso de sustancias y no tener el acceso al agua potable o un lugar respirable o un área de descanso”.
La federalización de los dispositivos de reducción de daños
Por fuera de Buenos Aires, el rastreo de las normativas sobre espectáculos masivos es breve. Meses después de Time Warp, la muerte de Guiliana Maldovan, de 20 años, y Lucas Liveratore, de 34 años, en una fiesta en el boliche Punta Stage de Arroyo Seco, donde faltó bebidas no alcohólicas y un operativo sanitario llevaron al procesamiento del intendente de esa ciudad santafesina.
Un poco más tarde la provincia emitió el decreto N.º 96 para regular los eventos musicales nocturnos y masivos, obligando a quienes organizan, entre otros requerimientos, a mantener “pabellones sanitarios con provisión de agua potable y fresca para consumo gratuito y libre, tanto en baños como en puestos de expendio de bebidas, con información clara y precisa de la disponibilidad y ubicación”. Incluso, en el artículo 15, insta a la “difusión de información para concientización y para reducción de conductas de riesgo asociadas a consumos problemáticos de sustancias psicoactivas”.
La capital santafesina también sancionó ordenanzas al respecto en 2017, al igual que en Rosario, donde hasta se propuso el testeo de pastillas, pero el municipio solo acompañó en la seguridad, hidratación y divulgación de escuetos mensajes de reducción de daños. No hubo testeos.
Donde sí se realizaron este tipo de pruebas de prevención fue en la capital santafesina en 2023, dentro del Complejo Complot, entre otras experiencias por fuera de Buenos Aires, donde algunos hábitos parecen no cambiar. Fue una intervención de la Asocación Conectar junto con ARDA, que luego se replicó en Jujuy y Entre Ríos, donde ARDA también hace dispositivos en fiestas.
En noviembre de 2024 condenaron por facilitación de lugar para consumo de estupefacientes doblemente agravada y homicidio culposo a los responsables de Buenas Noches Producciones (BNP). La sentencia incluyó una exhortación judicial insólita: prohibir estos eventos por su ‘altísimo riesgo para la salud’. Fue por la muerte de Tania Abrile, en una fiesta electrónica de Córdoba que organizó BNP, tres meses después de Time Warp, el 24 de julio de 2016. Podés leer al respecto en esta nota de Dalila Tealdi.
—LO: Hoy en día mis sobrinos van a fiestas electrónicas. Algunas veces me da un poco de miedo de que se vuelva a repetir. No es justo que otros padres pasen lo mismo que pasé. Agradezco que, a diferencia de ese momento, existan experiencias de reducción de daños.
