Cuando hablamos de Reparación histórica nos referimos al resarcimiento de una determinada comunidad que ha sido vulnerada diferencialmente a lo largo de la historia. Implica la responsabilización del estado ante una problemática puntual mediante la reparación del daño causado a los derechos de dicha comunidad.
Al pensar en la reparación histórica en el campo del cannabis se torna inevitable remitirnos a la ética, las lógicas y las políticas que el paradigma prohibicionista ha construido e impuesto en razón de la determinación de los modos de ser y de estar en el mundo a través de la opresión y la vulneración de los derechos humanos. Así, el reconocimiento de una problemática ante la cual se hace la vista gorda, aun durante los avances regulacionistas, fundamenta el primer paso: el acto mismo del reconocimiento. Se trata de elaborar una reparación histórica en Argentina que parta de dicho reconocimiento en razón de reordenar las posiciones políticas de poderes y resistencias, construyendo autonomía y salud a partir de una dialéctica que posibilite y no obture los procesos de emancipación.
Un reclamo actual
La Reparación histórica es un reclamo presente en el movimiento cannábico organizado. La organización de la Marcha Mundial de la Marihuana de este año acordó una serie de puntos comunes, entre los que se exige:
“Indulto y reparación histórica a las personas perseguidas y afectadas. Siendo las mujeres, población trans, travesti y no binaria, migrantes, afros y pobres las principales víctimas del prohibicionismo, ya que este también es una expresión del patriarcado que avanza sobre nuestros cuerpos y territorios”.
Los daños que ha generado el prohibicionismo van desde la incertidumbre jurídica hasta la vulneración directa de derechos como el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al debido proceso, el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a la no discriminación.
Es clave comprender que el reconocimiento no se reduce a un proceso de elucidaciones sin marcar responsabilidades. Dicho reconocimiento implica fundamentalmente la reivindicación de grupos sociales afectados en forma desproporcionada, donde se incluyen no solo consumidorxs, cultivadorxs, productorxs clandestinxs y/o otrxs trabajadorxs de la economía popular cannábica en general, sino específicamente a las mujeres cis y trans, las disidencias, lxs negrxs, lxs inmigrantes latinxs y lxs pobres.
México y Estados Unidos: ¿reparan?
México y Estados Unidos han dado el primer paso en el plano propositivo en cuanto a la reparación histórica. Ambas experiencias nos brindan elementos para reflexionar sobre las políticas públicas que necesitamos en nuestro contexto actual.
Por su lado, la propuesta de México hace hincapié en facilitar el proceso de integración social de las personas cuyos derechos han sido violentados, a la par de la excarcelación de las personas que estén privadas de la libertad (con y sin sentencia) por delitos que ya no estén tipificados. De ahí, el enlace se vuelve inevitable, el eje ya es recurrente: la necesidad de la modificación de la ley de drogas, en Argentina: la 23.737 sobre Tenencia y tráfico de estupefacientes. A su vez, se propone hacer retroactiva la reducción de penas, resultado de la necesaria reforma al Código Penal, para las personas que se encuentren sentenciadas con penas desproporcionadamente altas por delitos relacionados con drogas; priorizando el uso de medidas como la disminución de la pena, la liberación anticipada, la semi-libertad, el trabajo para la comunidad y la sustitución de días en prisión por jornadas trabajadas. Y fundamentalmente se pone sobre la mesa la necesidad de garantizar la inclusión (en los mercados regulados de cannabis) de las personas que fueron afectadas por el modelo prohibicionista actual.
En consonancia con los ejes de arriba, el estado de Nueva York pronto anunciará sus planes para inaugurar sus primeros puntos de venta minorista de cannabis, vinculando a lxs solicitantes con los agricultorxs locales y ofreciendo facilidades como nuevos dispensarios alquilados por el Estado. Para esto hay una única condición: para ser uno de los primeros minoristas con licencia del estado, la persona solicitante o un miembro de su familia debe haber sido condenado por un delito relacionado con la marihuana. Resulta relevante marcar que la mitad de todas las licencias están destinadas a mujeres, minorías vulneradas, veteranos y “personas que han vivido en comunidades desproporcionadamente afectadas” por la guerra contra las drogas.
En Nueva York, para ser uno de los primeros minoristas con licencia del estado, la persona solicitante o un miembro de su familia debe haber sido condenado por un delito relacionado con la marihuana.
Perspectivas de reparación histórica
Retomando el artículo “La regulación cannábica que esperamos”, publicado en este medio, es vital considerar que una regulación que promueva y garantice los derechos humanos no puede dejar de lado la reparación histórica, esta debe contemplar todas las prácticas culturales y los diferentes usos alrededor del cannabis, permitir el autocultivo sin limitaciones absurdas y apoyar a los clubes de cultivo y a las cooperativas (nacionales) por sobre las empresas multinacionales.
La justicia social no deja de ser el horizonte de la lucha contra el prohibicionismo, esta pone en juego la necesidad de regular el mercado en pos de promover y garantizar la igualdad social, política, cultural y económica; sosteniendo como factor transversal el cuidado del ambiente. Este momento histórico implica la oportunidad y la amenaza; se bifurcan los caminos ante la posibilidad de transformar lo establecido o de continuar en el sentido de la mortificación de la cultura. Es decir, si la regulación y los mercados son capturados por intereses políticos-económicos corporativos y neoliberales, esta podría perpetuar o intensificar los problemas causados por el prohibicionismo.
El término Mortificación de la cultura, que va de la mano con la cultura de la mortificación, es un desarrollo teórico del psicoanalista Fernando Ulloa. No remite a la muerte en términos de inexistencia, sino en términos de anulación, de destrucción respecto de la disputa de poder, de cosificación, de coerción y de manipulación en razón de determinados intereses que atentan justamente contra la salud o, en cierto sentido, contra la justicia social en sentido general.
Durante nuestros días, las ideas de “apoyar en lugar de castigar a las personas que usan drogas” y “reparar los daños de la prohibición” son cada vez más fuertes desde las bases hasta los organismos intergubernamentales. El proceso de regulación que estamos viviendo es una oportunidad para revertir los daños causados por el prohibicionismo. Es fundamental tener en cuenta que dicha regulación encastra en la mamushka de la geopolítica internacional, y no meramente de la política de países aislados. La política prohibicionista está siendo revisada.
“Para salvaguardar esta reforma como una que mejore la vida de las personas y proteja el planeta, es esencial que la política de regulación legal se diseñe desde la plena participación de las comunidades afectadas”
“Para salvaguardar esta reforma como una que mejore la vida de las personas y proteja el planeta, es esencial que la política de regulación legal se diseñe desde la plena participación de las comunidades afectadas y las partes interesadas relevantes, equipadas para ejercer una influencia real y hacer que los reguladores rindan cuentas”, explica el Instituto RIA en su informe sobre la “Regulación legal de las drogas a través de una lente de justicia social”.
En este sentido, se vuelve vital considerar el rol del estado en la prevención del abuso de poder económico, para garantizar no solo el acceso equitativo de los pequeños y medianos productorxs a los nuevos mercados, sino también el cuidado del ambiente y los derechos laborales en oposición a los modelos extractivistas que explotan la naturaleza y la humanidad en busca del mayor rédito económico posible.
