Por Santiago Sánchez Acosta y Tabaré Echeverría
Esta es la regulación que esperamos, una que contemple todas las prácticas culturales y usos alrededor del cannabis, que permita el autocultivo sin limitaciones arbitrarias, los clubes de cultivo y las cooperativas también. Una legislación que ponga el foco en la reparación histórica de las comunidades impactadas por la política de drogas prohibicionista que violó de manera sistemática los derechos humanos de, principalmente, las personas pobres.
Esta es una nota para ser propositivos, pero no estamos escribiendo política pública, eso lo dejamos para les cientistas polítiques o para les legisladeres. Tomamos de base los 5 puntos del Acuerdo por la Regulación, que nuclea a más de 50 organizaciones diversas, agregamos otros puntos que nos parecen esenciales para una regulación integral que sea realmente de vanguardia para la región, aprovechando los aprendizajes que se desprenden de la regulación de Uruguay, EE.UU. y Canadá.
1.La regulación legal del cannabis en la Argentina para personas mayores de 18 años es una medida necesaria y urgente, que debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales. Esta regulación busca minimizar las secuelas del narcotráfico y proteger la salud pública, no promover el consumo.
-Disminuir la carga punitiva del sistema penal a les pequeñes vendedores, que son el último eslabón que comercializa por necesidad o coerción; envuelto en una situación estructural de pobreza y marginación.
-Formación obligatoria en protocolo integral de abordaje de las prácticas de uso de sustancias, para todas las fuerzas de seguridad del país, tendiente a reducir finalmente el hostigamiento de las fuerzas de seguridad hacia les usuaries y principalmente las personas pobres, por la figura típica de la “portación de rostro”
2.Tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados como su acceso en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades constituyen el principal objetivo de las políticas públicas en la materia. Restricciones similares a las vigentes para el tabaco (y alcohol)¨ podrían aplicarse al cannabis.
-Que el estado invierta una cantidad proporcional de dinero en (A) la “lucha contra el narcotráfico”, es decir, reducción de la oferta de drogas, y en (B) la prevención sobre los riesgos y daños así como las medidas para gestionar el placer de forma responsable con une y terceres.
-Crear un área de producción de contenidos audiovisuales, interactivos y transmediales que sean informativos y educativos. Utilizar canales y lenguajes que se adecúen a los perfiles de consumos digitales de las personas usuarias de sustancias. Poner el foco en la edad de inicio de uso de la sustancia para desanimar el consumo en menores de edad pero sin dejar de brindar información sobre reducción de daños para quienes ya hacen uso de cualquier sustancia. Hablamos de algo como Drugs Lab, un contenido realmente pensado para la juventud que pueda llevar un mensaje de responsabilidad, autocuidado y conciencia. Y por qué no, que salga por Encuentro y la TV Pública.
-Implementación de un plan integral de prevención y educación en las escuelas, hablamos de una ESI, pero de drogas, LA EID: Educación Integral sobre Drogas. Los módulos que comprenda deberán ser enseñados por docentes formados en la temática que enseñen sobre riesgos y daños asociados a cada sustancia pero también sobre formas seguras de consumo para la gestión del placer.
3. El cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y del tabaco. Las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y comercialización a gran escala que cubra la demanda existente y sea lo suficientemente estricto para resguardar los fines sanitarios de la regulación.
-Se debe utilizar una nomenclatura precisa de los productos cannábicos que no simplifique según las segmentaciones que genera el mercado, sino que se presente a través de una taxonomía basada en información sobre el perfil de cannabinoides, terpenos y flavonoides que componen la esencia química del cannabis y otorgan precisión sobre sus posibles efectos al usuarie.
-Que la planta sea aprovechada en todos sus posibles uso, no solo los de consumo, sino también los fines industriales que permite el cáñamo como material para múltiples utilidades como la construcción, el papel y la industria textil. Además, debe ser garantizado el acceso a diversos productos cannábicos y no solo flores, es decir: comestibles de todo tipo, extracciones con diferentes métodos, concentrados de cannabinoides o sinergias específicas para distintas patologías, etc.
-En cuanto al uso del cannabis, no se deberían establecer cantidades máximas de consumo mensual o semanal. Ya que esto no sucede ni con el alcohol ni con el tabaco. Además, este tope a la cantidad de consumo requiere un registro de consumideres de cannabis que podría ser un arma de doble filo ante la llegada de gobiernos que intenten volver atrás con la regulación y puedan hacerse de esos datos con fines persecutorios.
-En cultivos industriales que exporten más de cierta cantidad razonable, se impondrá un impuesto cuya recaudación se destinará a la reparación histórica de las personas y comunidades impactadas directa o indirectamente por la política prohibicionista que rige en nuestro país. Hablamos de pibis encarcelades por tenencia para consumo personal, hablamos de cultivaderes y también de pequeños vendedores.
4. El autocultivo y los clubes sociales o las formas cooperativas para producir cannabis deben ser protegidos por la regulación, al igual que la disponibilidad de semillas. Son prácticas amparadas constitucionalmente que además posibilitan el acceso democrático y equilibran el precio de mercado.
-Plan “ProCultivo”: Talleres mensuales destinados a la formación de cultivaderes y provisión gratuita de semillas medicinales certificadas por el estado. Además, que contemple la enseñanza de métodos agroecológicos de cultivo que sean amigables con el ambiente. O al menos, sumar al cannabis a la lista de plantas que se enseña a cultivar desde el programa ProHuerta del INTA.
-Que no haya un límite en las dimensiones o la cantidad de plantas para el autocultivo, hasta el momento en que puedan obtenerse resultados certeros de investigaciones que determinen la cantidad de plantas necesarias para todos los tipos de usos del cannabis.
-Para asegurar la calidad de lo producido a través del autocultivo con fines medicinales se deberá garantizar de parte del estado que los extractos puedan ser testeados en cromatógrafos y con asistencia del personal calificado de las Universidades Nacionales. Con el fin de obtener datos concretos sobre las distintas concentraciones de cannabinoides, terpenos y flavonoides de la planta analizada.
5. La regulación legal del cannabis presupone no criminalizar conductas asociadas al consumo. Esto también aplica al resto de las sustancias psicoactivas, como sostiene el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De lo contrario, se seguirán coartando derechos humanos de lxs usuarixs de estas sustancias.
-Sobre las vías de acceso: además del autocultivo y los clubes de cultivo cannábico, esperamos la habilitación de dispensa en farmacias abastecidas por industrias y cultivos aprobados por ANMAT y también coffeeshops o dispensarios abastecidos principalmente por cooperativas de cultivo aprobadas por ANMAT.
-Habilitación de espacios preparados para el consumo en la vía pública y al aire libre, así como sucede con el tabaco, sin molestias a terceros.
