Por Romina Vázquez*
Es fundamental contemplar alternativas a la combustión que eviten enfermedades de tipo pulmonar o cardiovascular, así como distintos tipos de cáncer.
Contexto legislativo en México
Desde el año pasado, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informaron sobre los supuestos riesgos a la salud derivados de los productos denominados Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN) y Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN). Por esa razón, el actual Gobierno prohíbe su venta, distribución, exhibición, promoción o producción, según el Art. 16, Fr. VI de la Ley General para el Control de Tabaco.
Asimismo, dentro de las obligaciones que propone el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS (del cual México es parte), el artículo 12 recalca la importancia de adoptar medidas para promover un amplio acceso a programas de educación y sensibilización del público sobre los riesgos que el consumo y exposición al tabaco acarrea para la salud, sin embargo, el organismo hace caso omiso a las estrategias de reducción de riesgos y daños que representan mejoras significativas en la calidad de vida de aquellas personas que no pueden o no tienen interés en abandonar su consumo.
Por otro lado, durante el transcurso de una conferencia matutina, le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador si continúa en vigencia el decreto que prohíbe la eliminación de la importación de los dispositivos conocidos como cigarrillos electrónicos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Nación (DOF) el 19 de febrero del 2020. Su respuesta fue que, a pesar de las discrepancias que se suscitaron al interior de la Secretaría de Salud y de que se haya firmado un decreto anteriormente que contemplaba una alternativa a los productos de nicotina convencionales, en la actualidad sostiene la decisión de no regular dichos aparatos, afirmando que confía plenamente en las decisiones que ha tomado la Secretaría responsable en la materia.
Los casos de Reino Unido y Nueva Zelanda
Por el contrario, autoridades sanitarias del Reino Unido y Nueva Zelanda han manifestado su rechazo ante la postura anti-vapeo que sostiene la OMS.
Al interior del Reino Unido, profesionales de la salud aconsejan el uso de cigarrillos electrónicos que contienen nicotina como una alternativa viable para dejar de fumar y, actualmente, se encuentran financiando las investigaciones pertinentes para evaluar los efectos a largo plazo de estos dispositivos. Durante el último lustro, la nación se ha posicionado como un modelo internacional a seguir en términos de reducción de riesgos y daños de esta sustancia legal, proporcionando estos cigarrillos de forma gratuita a cientos de personas que viven en calle y presentan altos niveles de consumo de nicotina.
Recientemente, Nueva Zelanda aprobó un marco regulatorio con el objetivo de brindar un trato diferenciado a las distintas vías de administración de nicotina, y así facilitar la transición de la población fumadora a los productos que pueden reducir significativamente los riesgos y daños a su salud. Esta nueva ley, invierte los impuestos recaudados en campañas de sensibilización que proporcionan información precisa sobre las distintas opciones, además de buscar evitar el consumo en menores de edad. Asimismo, las tiendas minoristas tienen autorizada la publicidad que invite a las personas usuarias a sustituir su cigarrillo por un vapeador.
Panorama en Colombia
En Colombia, gracias al eco que ha tenido Acción Técnica Social en materia de políticas de drogas, se lanzó la Plataforma para la Reducción de Riesgos y Daños en el uso de Nicotina, con el objetivo de informar y educar a las personas usuarias de esta sustancia, con datos precisos y objetivos sobre las distintas vías de administración, los riesgos asociados, y cómo mitigarlos. Asimismo, se diseñó para brindar opciones a personas usuarias que desean reemplazar los productos de combustión de nicotina por otros que tengan un menor impacto en su salud y calidad de vida. La apuesta de esta plataforma es respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas usuarias, además de promover su participación en la planificación, implementación y evaluación del marco regulatorio.
Dentro de las acciones que se impulsan desde la plataforma se encuentran:
- Buscar la incorporación del enfoque de reducción de riesgos y daños.
- Proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes como el objetivo principal de la regulación del uso de nicotina.
- Reconocer e incluir a las personas usuarias de nicotina mayores de edad.
- Que las acciones de intervención en salud pública, políticas públicas y legislación, transiten hacia la regulación y el estudio de la nicotina.
- Sustituir la administración de nicotina por medio de la combustión de tabaco en cigarrillos y pipas, por vías de menor riesgo.
- Debatir desde la evidencia y la exposición de la mayor cantidad de argumentos técnicos y científicos.
- Promover el desarrollo de la ciencia, tecnología, política pública y salud pública.
- Buscar articular el mundo científico, técnico, académico, privado, público, sociedad civil, ciencias de la salud y personas usuarias de nicotina.
El objetivo de nuestra sinergia en la plataforma nicotina es aprender de la experiencia en Colombia y trasladar ese conocimiento al contexto mexicano. Como mencionó Julián Quintero en nuestra más reciente transmisión en vivo: las alternativas no pueden reducirse a dejar de consumir o morir consumiendo, es momento de desarmar la narrrativa prohibicionista. La participación en el debate legislativo ha sido prácticamente nula por parte de las personas usuarias, se necesita una articulación de distintos actores, involucrando a legisladores, la comunidad médica y la sociedad civil. La adopción del enfoque de reducción de riesgos y daños, así como las estrategias de información, educación y acompañamiento no deben implementarse únicamente a nivel Colombia o México, la idea es que sea a nivel regional, de acuerdo a las necesidades de cada país.
Llegó el momento de conversar sobre los nuevos dispositivos, la diversidad de usos, la herencia de los pueblos originarios. Dejemos de sostener la lógica de prohibición y enfoquémonos en educar sobre la frecuencia, las dosis, la calidad y las dinámicas de consumo para aminorar efectos adversos.
*Romina Vázquez estudió Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana. Es coordinadora en el Instituto RIA e investiga sobre centros de reclusión, paz y política de drogas.
Fuente: Artículo publicado originalmente en Animal político el 23 de septiembre de 2021.
