No es ninguna novedad. Los feminismos anti prohibicionistas y las organizaciones que los integran lo anticiparon hace rato: la importación de la “guerra contra las drogas” que impulsó EE. UU. es la principal razón por la que mujeres cis, travestis y trans están siendo encarceladas en América Latina.
El recrudecimiento del punitivismo en las políticas de drogas y la estrategia de seguridad militarizada tienen un impacto diferenciado y desproporcionado respecto de los varones. Veamos algunas cifras.
En términos globales, según el Informe Mundial sobre Drogas 2018 de la UNODC, el 35% de la población carcelaria de mujeres en todo el mundo está en prisión por delitos relacionados con drogas, mientras que el 19% de los hombres encarcelados en el mundo lo están por la misma razón.
Otro estudio del Centro de estudios legales y sociales (CELS) confirma que en Argentina la infracción a la Ley de drogas es la principal causa de privación de la libertad de mujeres. Para ser aún más precisos, un informe publicado por la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA) explica que en 2017 en nuestro país el 43% de las mujeres encarceladas lo estaban por delitos relacionados con drogas, mientras que en los hombres esa cifra era de sólo el 11%.
Ahora veamos datos más recientes. Una nota publicada en revista Mate informó que en 2021, de acuerdo a estadísticas de la Subsecretaría de Política Criminal de la provincia de Buenos Aires, el 72% de las mujeres trans y travestis se encontraban detenidas por infracciones a la Ley de Drogas; en el ámbito federal, los números también oscilan entre el 70 y 80% en los últimos años.
Por otro lado, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) destacó que “las mujeres son el único segmento poblacional que creció” en las cárceles federales. Un informe sobre población carcelaria relativo al tercer trimestre de 2022 registró que el número de mujeres privadas de su libertad subió el 8,4% respecto del período anterior. Otro informe del primer trimestre del 2023 indicó un aumento del 2,4% sobre la cifra de los últimos tres meses del 2022.
Todos los informes apuntan a lo mismo: el aumento de los delitos por drogas está ligado a los contextos de vulnerabilidad en los que mujeres cis o travestis / trans se encuentran.
Otro artículo publicado en Mate analiza que tanto los delitos que cometen para obtener sustancias psicoactivas para el uso, como su involucramiento en la producción, distribución, suministro y venta, tienen que ver, casi siempre, con la falta de oportunidades laborales, la exclusión social, la pobreza y la violencia de género.
Hasta acá vimos la dimensión punitiva por delitos de drogas, pero el combo patriarcado-prohibición se compone de dos formas de opresión sistémica que alojan toda una trama de violencias. La experiencia varía enormemente según la identidad de género, las prácticas de uso de drogas, el color de piel, la etnia, la vocación, la salud mental, la religión, la edad, la riqueza, la nacionalidad y los antecedentes penales, entre otros factores.
Ruth Birgin, coordinadora de la Red Internacional de Mujeres y Reducción de Daños dice que incluso sin tener en cuenta las intersecciones entre estos factores, los obstáculos de los servicios de salud y justicia permanecerán, y la discriminación y la exclusión también.
En efecto, el hecho de reconocerse usuaria implica enfrentarse al prejuicio moral de “la mala víctima” o “mala madre”, a diferentes formas de peligro en momentos de ocio y nocturnidad, e incluso a la falta de acompañamiento de algunos sectores más moralistas del feminismo que no reconocen a las usuarias como sujetos de derecho.
Y no nos olvidemos de una arista fundamental que representa una barrera de acceso a la salud: la asistencia en el marco de la salud pública para aquellas identidades feminizadas que tienen un uso problemático de drogas.
Frente a este panorama de fracaso prohibicionista y abstencionista nos preguntamos ¿qué papel juegan las políticas de cuidado y la salud comunitaria en las políticas de reducción de riesgos? ¿Cuáles son los resultados de los espacios que planifican sus estrategias de reducción de riesgos teniendo en cuenta la interseccionalidad?
No hay reducción de riesgos sin políticas de cuidado
Mate dialogó con Ingrid Farías, Investigadora del Observatorio Feminista del Noreste y co-fundadora de la Escuela Libre en Reducción de Daños de Brasil, quien se reconoce como reductora de daños, educadora y articuladora política.
En el encuentro “Intervenciones desde la Reducción de Daños: perspectivas y desafíos actuales” realizado en 2016 en Argentina, Ingrid puso el foco sobre el movimiento antiprohibicionista en Brasil y la dificultad que viene teniendo para conectar con las subjetividades de las poblaciones afectadas por la prohibición. “El movimiento por la reforma de la política de drogas aún no consigue dialogar con las subjetividades de las poblaciones afectadas: mujeres, jóvenes, población negra, LGBT…No es posible la Reducción de Daños sin lucha anticapitalista, feminista, antirracista” manifestó.
Consultada sobre cómo podemos pensar el cuidado en las políticas de drogas explicó que dentro de las políticas públicas de reducción de daños es notorio que las mujeres e identidades feminizadas no se sienten abordadas en los espacios de cuidado o de asistencia.
En Brasil existen espacios de cuidado para usuarixs de drogas como parte de una política de salud pública, pero las mujeres dicen que no llegan porque están muy masculinizados.
“Cuando miramos los datos de las mujeres en los refugios, en el diseño de políticas sociales, vemos que tienen menos acceso a estos espacios. Hablamos de un grupo específico de mujeres que tiene una demanda de cuidado porque están en situación de calle, son trabajadorxs sexuales, mujeres que están en contextos de uso abusivo de drogas. Esas mujeres tienen una dificultad histórica de pedir políticas públicas” contó la investigadora.
La investigadora apuntó que en Brasil existen espacios de cuidado para usuarixs de drogas como parte de una política de salud pública, pero las mujeres dicen que no llegan porque están muy masculinizados. “Esos espacios no están pensados para sus cuerpos y las necesidades de su cuerpos, no tienen en cuenta a sus hijos ni sus edades. No piensan en los cuidados de las cuidadoras” dijo y recordó que crear espacios acogedores requiere prestar atención a las particularidades.
¿Quién cuida a las que cuidan?
La guerra contra las drogas tiene un impacto en las mujeres, incluso a través de los hombres. La especialista recuerda que aunque no sean ellas mismas las usuarias, aunque no sean ellas las vendedoras, siempre están involucradas en las violencias que sufren sus hijos, sus parejas o personas que están en su familia. Por ejemplo, cuando un varón es encarcelado siempre hay una mujer que está allí garantizando sus derechos, y los derechos de la familia.
Volviendo a los datos en Argentina, en una entrevista realizada por LatFem a Andrea Casamento, presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos, ella cuenta que solo el 4% de la población penitenciaria es femenina, pero todo el universo que rodea a ese 4% y al otro 96% está formado por mujeres. El cuidado de la población detenida es una tarea feminizada por completo.
Wanda Pietro Paolo es psiconauta y activista de la reducción de riesgos y daños y de la salud mental. Hace tres años integra el Colectivo de Reflexión sobre los Consumos y actualmente trabaja en el programa “La salud mental es entre todos y todas” que surge de la Subsecretaría de salud mental, consumos problemáticos y violencia de género de la provincia de Buenos Aires.
A raíz de su experiencia trabajando en espacios de abordaje de consumos, explica que la población feminizada es la que acompaña a las masculinidades con consumo problemático, sobre todo en el momento de las internaciones y enfatiza que a la hora de pensar en los tratamientos, las barreras de género afectan el acceso. “Por ejemplo las mujeres, al ser cabezas de familia, tienen más dificultades para acceder a los servicios, tienen responsabilidad de familiares o directamente temen al estigma social, hemos escuchado la frase “si en un hombre está mal, en una mujer se ve peor”.
En espacios de mucha vulnerabilidad o espacios sociales de uso de drogas, siempre hay un componente de violencia sexual, física, psicológica o simbólica. “Las usuarias de drogas son juzgadas por la sociedad: se dice que tienen menos capacidad, que son mujeres que no tienen compromiso, que no saben desenvolverse, que no tienen relación con la comunidad”, amplía la Farias.
El estereotipo que se refuerza vuelve aún más necesaria la mirada feminista y antiracista, para construir una política que haga sentido en las comunidades afectadas.
El estereotipo que se refuerza vuelve aún más necesaria la mirada feminista y antiracista, para construir una política que haga sentido en las comunidades afectadas. Relacionar el paradigma de la reducción de daños con las políticas de cuidado es garantizar que el cuidado sea para todas las personas y no solamente para algunas.
Tampoco hay reducción de daños sin salud comunitaria. Sobre los aportes que hace la salud comunitaria para pensar la reducción de riesgos, Pietropaolo explicó que esta visión nos habla de una comunidad de manera integral, desde una perspectiva inter-territorial. “En salud comunitaria no hablamos de pacientes sino de consultantes. Las personas no toman un papel pasivo sino que traen los conocimientos de su territorio, volviéndose agentes totalmente activos. Muchas veces, los conocimientos se imparten desde el territorio hacia nosotros y se genera una relación bidireccional, totalmente horizontal, resultado de la interdisciplina”.
Una alternativa al fracaso de la guerra contra las drogas
Para Ingrid Farias, pensar cualquier política de transición o de cambio requiere que las identidades feminizadas estén involucradas, porque ellas ya vienen ensayando respuestas antipunitivas a las consecuencias directas de la actual política de drogas, sean intelectuales o prácticas.
“Es muy importante hablar desde una perspectiva feminista y de salud comunitaria para pensar el cuidado y una política de respuesta. No queremos hablar más de la guerra, queremos hablar de la respuesta. Y las identidades feminizadas son un grupo que tiene mucho para contribuir en esa construcción” manifestó.
Además puso sobre la mesa que las personas trans también son un grupo fundamental para pensar esta respuesta, porque la política de drogas también está basada en un fundamento moralista “Considera los derechos básicos de este grupo como transgresiones a la sociedad, y es lo que buscamos. Un cambio radical que garantice la democracia para los grupos afectados”.
En este sentido Pietropaolo cuenta que hace un tiempo fueron al Centro Cultural JJ a charlar sobre cómo podía proceder el equipo de trabajo del centro, a raíz de un brote que había sucedido en una de las fiestas. “Escuchamos activamente, llevamos la perspectiva de reducción de riesgos y fue muy bien recibida”, aseguró. Una línea de acción de los feminismos que retomaron fue replicar los carteles del tipo “Si te sentís incómoda, acércate a la barra”, pero crearon unos que decían “Si estás teniendo un mal viaje o si tu amigo está mal, acércate a la barra, lo podemos ayudar”, generando un espacio de contención más seguro a la hora de ir a disfrutar la nocturnidad.
Por último contó que “en el marco de un taller para promotoras de cuidados en consumos que hicimos con el área de salud de la Fundación igualdad e Irma Carrica, fuimos al sindicato de las trabajadoras sexuales. En el encuentro fortalecimos las estrategias para abordar de manera integral los consumos problemáticos y fue espectacular ver el conocimiento que ya tenían. Las y les trabajadores sexuales están empleando estrategias de reducción de riesgos aunque sea de forma práctica sin tener la información sistematizada”.
Para cerrar con soluciones, o al menos propuestas, desde el ámbito jurídico conviene revisar un informe que publicó la PROCUNAR en 2022 para reflexionar sobre el modo de intervención del sistema de justicia penal en estos casos.
Además de citar fallos con perspectiva de género, describe situaciones como la de mujeres que trafican en un contexto de trata de personas, en extrema vulnerabilidad económica, o en un contexto de violencia de género y engaño.
